TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 223/2019

Fecha: 07 de marzo de 2019 

Expediente:         O-3418-S

Partes: Alicia Ramírez Manuel c/Arturo Rolando Peñarrieta Mirones y Mary

            Angélica Cabrera de Peñarrieta.

Proceso: Usucapión decenal o ex traordinaria.

Distrito: Oruro.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 406 a 409, interpuesto por Alicia Ramírez Manuel; contra el Auto de Vista Nº 117/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 397 a 403, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro dentro del proceso ordinario de usucapión decenal o extraordinaria seguido por la recurrente contra Arturo Rolando Peñarrieta Mirones y Mary Angélica Cabrera de Peñarrieta; la contestación cursante a fs. 416 y vta.; Auto de concesión Nº 61/2018 de 31 de julio, cursante de fs. 417; el Auto Supremo de Admisión Nº 780/2018-RA de 16 de agosto, cursante de fs. 427 a 428; los antecedentes del proceso; y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I: 

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

El Juez Público en lo Civil y Comercial 6º de la ciudad de Oruro, emitió la Sentencia Nº 58/2016 de fecha 05 de octubre, cursante de fs. 332 a 334 vta., declarando: IMPROBADA la demanda de usucapión cursante de fs. 7 a 8 vta., complementada de fs. 41 y 46 interpuesta por Alicia Ramírez Manuel; IMPROBADA la excepción perentoria de falta de legitimación activa interpuesta por Alberto Rivera Murillo en representación de Rolando Peñarrieta Mirones y Mary Angélica Cabrera de Peñarrieta; con costas.

Resolución de primera instancia fue recurrida en apelación por Alicia Ramírez Manuel mediante memorial, cursante de fs. 338 a 339 vta. y por Norma Susana Flores Pérez por Ingrid Carmen Peñarrieta Cabrera y Cecilia Teresa Peñarrieta Cabrera mediante memorial, cursante de fs. 341 a 342, en mérito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 117/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 397 a 403, donde el Tribunal de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

Por previsión expresa de la Ley Nº 439 en su art. 257.II., se tiene que no se considerarán como causales de apelación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva de la sentencia, infiriendo que la falta de numeración o consignación de un número erróneo acusado por la apelante no puede invalidar la Sentencia, más aun si estos supuestos errores no afectan al fondo de la resolución, también indicó que según lo previsto por el art. 16 de la Ley del Órgano Judicial y art. 105 y 217 del Código Procesal Civil, la sentencia es legalmente válida, más allá que haya sido pronunciada fuera de plazo, hecho que tampoco ha sido probado con prueba idónea por la apelante.

Se manifestó que de las declaraciones testificales de cargo, se tiene que la demandante y su hijo viven en el lugar, empero los testigos no precisan desde que año viven, a excepción del primer testigo, que dice, que la apelante vive por más de 15 años, por otro lado estos testigos manifestaron que la demandante realizó mejoras en el lote de terreno, que no conocen a los demandados y en el caso de dos testigos no conocen a Mario Ajata, de lo que expresó que si bien se tiene certeza que la parte actora ocupa el bien inmueble motivo de litis, empero, no se tiene certeza desde que fecha ocupan dicho inmueble y si anteriormente lo ocupaban con Mario Ajata, por lo que al no ser conducentes estas declaraciones sobre el tiempo exacto de ocupación, solo son referenciales y no generan mayor convicción.

Que por las literales cursantes de fs. 353 a 357 relativas a un proceso de divorcio, se tiene que su sentencia fue dictada el 19 de octubre de 2015, ejecutoriada el 11 de noviembre de 2015, además que como dicha sentencia refleja que la apelante junto a Mario Ajata vivieron hasta el año 2006, fecha en la que nació su hijo, por lo que dicha posesión que alega haber tenido con sus hijos desde el año 2000 no resulta congruente con los datos del proceso. Con relación a la prueba pericial manifestó que no se demuestra con fundamento técnico y científico la antiguedad de la construcción que debía probarse, limitándose a señalar que las construcciones datarían de 30 años atrás por sus características, sin explicar cuáles son esas características por lo que no aporto ningún dato importante al proceso, con relación a los pagos de la Alcaldía, cursante de fs. 28 a 29 vta. de obrados, que corresponden al contribuyente Mario Ajata Capia con C.I. 641317, sobre el pago de impuestos de una vivienda, por consiguiente los mismos no demuestran ningún hecho de posesión por parte de Alicia Ramírez Manuel.

Concluyendo que ninguno de los medios probatorios que merecieron análisis, demuestran de manera precisa, cuando hubiera comenzado la posesión de la apelante, ya que si bien se probó su posesión actual no se demostró desde cuándo ya que los medios de prueba ofrecidos demuestran incongruencias que van desde los 30 años hasta los 15 años y periodos más cortos que no pasan de los 3 años en consecuencia no se demostró de manera fehaciente e idónea desde que fecha existiría esta posesión personal sin la presencia de Mario Ajata Capia hecho por lo que no demostró los extremos de su demanda. Fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II núm. 2 del Código Procesal Civil CONFIRMÓ la Sentencia No. 15/2016 de 05 de octubre, cursante de fs. 332 a 334 de obrados. Con Costas.

Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Alicia Ramírez Manuel interponga el recurso de casación, cursante de fs. 406 a 409, el mismo que pasa a ser analizado.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la recurrente Alicia Ramírez Manuel mediante memorial de fs. 406 a 409 de obrados, se extrae lo siguiente:

1. Acusó que en el Auto de Vista en su punto B) respecto a la apreciación de las pruebas se puede observar la falta de un poder de discernimiento real sobre las declaraciones testificales de cargo y de descargo que ratifican el hecho que la recurrente habita el bien inmueble de forma permanente, aspecto que no fue refutado por los testigos de descargo, más al contrario con las construcciones de los muros así como de la vivienda, los cuartos; la confesión provocada se demostró que el inmueble solo era un lote y a la fecha ya es considerado un domicilio habitable, así también refiere que dentro de la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada no consideró el informe pericial ni la construcción de murallas, aportes a la zona como vecina activa y sobre todo su habitabilidad a la fecha de la demanda de usucapión, argumentos probados no solo con la prueba documental sino también con el pago de obligaciones tributarias y servicios públicos, planos, declaraciones testificales, mismos que fueron corroborados por medios probatorios como la inspección judicial e informe pericial.

2. Manifestó que el Tribunal de Alzada se limitó a copiar el fundamento esgrimido por la recurrente y que concluyó erradamente al afirmar la falta de cuidado en la foliación del expediente por parte de la auxiliar del juzgado, llamándole la atención, por lo que no ha realizado la labor de subsunción de la concurrencia de tipicidad o la falta de adecuación del caso o relación circunstanciada del hecho.


3. Aduce que se violó de forma flagrante el principio de comunicación, veracidad; y sobre todo una legitimidad del documento ya que en la apelación se hizo énfasis a estos hechos, pero en el Auto de Vista sólo se adhirieron a una manifestación de artículos que no están relacionados con el tema de discusión como es la comunicación en tiempo oportuno, haciendo solo meras descripciones de causales de nulidad que de nada solventó la apelación formulada.


4. Indicó que la respuesta al motivo del recurso de apelación es insuficiente ya que a partir de su propia redacción ingresaron primero a una consideración sobre argumentos basados en la Ley del Órgano Judicial, sin abordar la falta incurrida en cuanto a la forma ni ofrecer respuesta concreta y coherente.


5. Manifestó que en la apelación se realizó una observación al debido proceso, ya que no se emitió una correcta sentencia, expresando las razones por las cuales se habría vulnerado el debido proceso, empero se hizo caso omiso a esta observación.


6. También manifestó que la motivación en los fallos para ser completa debe referirse al petitum y al derecho, expresando las conclusiones a las que arribo luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, por lo que es inadmisible una fundamentación por remisión como lo realizo el Tribunal de Alzada.


Por lo expuesto solicitó se case el Auto de Vista y se declare probada la demanda principal.


De la respuesta al recurso de casación.

Conforme a la revisión de obrados se puede establecer que por memorial, cursante a fs. 416 y vta., Norma Susana Flores Pérez por Arturo Rolando Peñarrieta Mirones, Ingrid Carmen Peñarrieta Cabrera y Cecilia Teresa Peñarrieta Cabrera contestaron al recurso de casación bajo los siguientes argumentos:

Manifestaron que en el inciso B) del Auto de Vista se puede advertir un examen detallado de la prueba, que supuestamente no habría sido valorada empero nunca demostró lo que afirmo en su demanda.

Alegaron que la recurrente no cumplió con lo dispuesto por el art. 105.I del Código Procesal Civil ya que no se cumplió con expresar donde radica la infracción y que disposición la sanciona con la nulidad de obrados, al margen que dichos actos no causan indefensión a la recurrente puesto que ella hizo los uso de los recursos y medios necesarios para su defensa de manera oportuna, por lo que no se cumplió con lo establecido por el art. 17.III de la Ley del Órgano Judicial realizando el reclamo oportuno como lo señala el Auto de Vista.

Por lo que solicitan se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.- De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMENTARIOS Y CONCORDANCIA, señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “LA PRUEBA JUDICIAL” (TEORÍA Y PRÁCTICA), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.   

En relación a la prueba pericial el art. 1333 del Código Civil señala: “(Eficacia). El juez no está obligado a seguir las conclusiones de los peritos, pero debe fundar las propias”, la norma permite al Juez alejarse de la conclusión del informe pericial, sin embargo de ello dicha facultad al ser exclusiva de la autoridad judicial-  lo obliga a fundar conclusiones propias, en base a las reglas de la sana critica, exponiendo argumentos técnicos para sustentar sus conclusiones, obviamente que para fundar el fallo necesariamente deberá tomar en cuenta todo el elenco probatorio admitido en el desarrollo del proceso.

Dicho criterio tiene soporte dogmático, conforme al criterio de Hernando Devis Echandía, quien en su obra COMPENDIO DE LA PRUEBA JUDICIAL, Tomo II, pág. 13 señala: “Naturalmente, el rechazo por el Juez del dictamen de los peritos debe basarse en razones serias, en un análisis crítico tanto de los fundamentos como de las conclusiones que lo llevan al convencimiento de que carece de los requisitos examinados en los números anteriores. Pero, si por el contrario, el juez considera que los fundamentos y las conclusiones del dictamen reúnen todos los requisitos de lógica, de técnica, de ciencia, que para el caso pueden exigirse, por lo cual queda convencido de la certeza de esas conclusiones, no puede rechazarlas sin Incurrir en arbitrariedad. Muy útiles para el juez serán los estudios de los expertos que asesoren a las partes para la crítica del dictamen, que deben autorizarse como ocurre en Francia y en Colombia…

En cuanto al art. 441 del Código de Procedimiento Civil y el art. 202 del Código Procesal Civil en ambas normas se aprecia que sus contenidos literales son similares y existiendo una diferencia en el nuevo adjetivo civil, el aditamento de que la autoridad judicial no está obligada u obligado a seguir criterio del perito y podrá apartarse del dictamen mediante una resolución fundada. 

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.2.- En relación al “per saltum”.

El per saltum (pasar por alto), es una locución latina que significa pasar por alto las formas regulares de impugnación de las resoluciones judiciales, saltando etapas en las cuales correspondía hacer valer el derecho a la impugnación respectiva, toda vez que los reclamos deben ser acusados en forma vertical, este entendimiento ya fue vertido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem”. 

III.3.- De la Congruencia en las Resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

III.4.- De la Motivación y Fundamentación.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación. 

1. Del análisis del recurso de casación se desprende en el punto 1, que está enmarcado a observar del Auto de Vista en el punto B) sobre la apreciación de las pruebas se evidencia la falta de un poder de discernimiento real sobre las declaraciones testificales de cargo y de descargo que ratifican el hecho que la recurrente habita el bien inmueble de forma permanente, aspecto que no fue refutado por los testigos de descargo, más al contrario con las construcciones de los muros así como de la vivienda, los cuartos; la confesión provocada se demostró que el inmueble solo era un lote y a la fecha, ya es considerado un domicilio habitable, así también refiere que dentro de la valoración de la prueba el Tribunal de Alzada no consideró el informe pericial ni la construcción de murallas, los aportes a la zona como vecina activa y sobre todo su habitabilidad a la fecha de la demanda de usucapión, argumentos probados no sólo con la prueba documental sino también con el pago de obligaciones tributarias, pago de servicios públicos, planos, declaraciones testificales, inspección judicial e informe pericial.

Al respecto y conforme se evidencia de la revisión del Auto de Vista, se tiene que el Tribunal de Alzada realizó un correcto análisis y valoración de los medios probatorios adjuntos en el proceso, aspectos reclamados por la recurrente en el recurso de apelación, concluyendo que si bien dichos medios probatorios evidencian que la recurrente en la actualidad vive con sus hijos en el bien inmueble motivo de litis, empero no existe certeza hasta que fecha ocupó el inmueble junto a su ex esposo Mario Ajata y desde que fecha lo ocupa sola junto a sus hijos, considerando que los testigos de cargo presentados por la recurrente hacen referencia a la posesión actual que tiene, empero, no indican desde cuándo; a excepción de un testigo que señala que ella vive en el inmueble por más de 15 años; con relación a la confesión provocada expresa que existe contradicciones con lo referido en  la demanda por la demandante ahora recurrente, ya que ella indica que desde el año 2000 no sabe nada de Mario Ajata, sin embargo, contrariamente se puede evidenciar el nacimiento de su último hijo en fecha 23 de marzo de 2006, motivo por el cual se presume que hasta esa fecha ella vivía con Mario Ajata, más aun si consideramos que su sentencia de divorcio es de 15 de octubre de 2015, prueba con la que se acredita que hasta esa fecha se encontraban vinculados en matrimonio civil; el Tribunal de Alzada hizo hincapié en el informe pericial, donde se observa que es contradictorio con lo afirmado por la demandante ya que dicho informe señala que la ocupación está realizada por más de 30 años, al margen dicho informe fue observado por la parte demandada, empero esas observaciones no fueron aclaradas por el perito, por otro lado el objeto de la prueba pericial fue demostrar los años de construcción del inmueble, sin embargo, el informe refiere a un avaluó que refleja costos de construcción, y que estas construcciones datarían de 30 años atrás por sus características sin explicar cuáles son esas características, lo que hace que el informe pericial no cumpla con lo requerido por su presentante, menos pueda aportar algún dato relevante al proceso en el que pueda respaldarse el órgano jurisdiccional.

Haciendo referencia a los certificados de los pagos de la alcaldía, indicó que estos corresponden al contribuyente Mario Ajata Capia sobre el pago de impuestos del inmueble motivo de litis desde la gestión 2001 al 2012 en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, impuestos que se habrían pagado entre el año 2008 y el 2013, prueba que no tiene coherencia con lo sostenido por la demandante en el hecho de que se la conoce como única propietaria, ya que dichos pagos no fueron realizados por la recurrente por consiguiente los mismos no demuestran la posesión señalada de Alicia Ramírez Manuel, en consecuencia, este informe es impertinente a la pretensión de la demandante.

En ese contexto en atención a lo desglosado en la doctrina aplicable del punto III.1, se tiene que toda prueba ofrecida por las partes y admitida por la autoridad jurisdiccional conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no solo para una de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba, no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, tal cual aconteció en el caso de autos, en ese entendido este Tribunal establece que el Ad quem valoró de forma correcta todas las pruebas presentadas en el proceso llegando a  determinar que si bien actualmente la demandante ocupa el bien inmueble motivo de litis, sin embargo no se específica desde que fecha realizó tal ocupación, ya que la prueba en su totalidad es contradictoria, al tener fechas diferentes de ocupación de la recurrente, en ese entendido se tiene que su reclamo deviene en infundado.

2. Continuando con la dilucidación del recurso de casación se tiene en el punto 2, que está enmarcado en observar que el Tribunal de Alzada se limitó a copiar el fundamento expuesto en el recurso de apelación por la recurrente, llegando a una errada conclusión al señalar la falta de cuidado en la foliación del expediente por parte de la auxiliar del juzgado, llamándole la atención, en consecuencia no realizó la labor de subsunción de la concurrencia de tipicidad ni realizó una relación circunstanciada del hecho.

Al respecto de la lectura de este punto se puede evidenciar que el mismo es ambiguo sin embargo tratando de absolver este reclamo se tiene a bien manifestar que si bien en el Auto de Vista se llama la atención a la auxiliar del juzgado, respecto al orden y foliación de los escritos y actuados procesales, este aspecto no perjudica a la recurrente mucho menos le causa indefensión, al ser aspectos de forma que no cambian el fondo del decisorio, en consecuencia se debe aclarar a la recurrente que del análisis de fondo en el Auto de Vista recurrido, en su conclusión se encuentran en los puntos A, B, C y D, anteriores a la llamada de atención realizada a la auxiliar de juzgado, razón por la cual no es evidente lo acusado en casación en el entendido, de que la llamada de atención es la conclusión errada del Auto de Vista, motivo por el cual se puede establecer que su reclamo no tiene asidero legal, al no ser evidente lo manifestado.

3. Del análisis del recurso de casación se desprende en los puntos 3 y 5, que están enmarcados en observar que se violó de forma flagrante el principio de comunicación, veracidad, y sobre todo una legitimidad del documento ya que en la apelación se hizo énfasis a estos hechos, pero en el auto de vista solo se adhieren a una manifestación de artículos que no están relacionados con el tema de discusión como es la comunicación en tiempo oportuno, haciendo solo meras descripciones de causales de nulidad que de nada solventa la apelación formulada, así también manifiestan que en la apelación se realizó una observación al debido proceso al no emitirse una correcta sentencia, expresando las razones por las cuales se habría vulnerado el debido proceso, empero se hizo caso omiso a esta observación.

Al respecto se debe señalar que en relación a lo fundamentado en el punto III. 2 de la doctrina aplicable y el análisis del recurso de apelación, cursante de fs. 338 a 339 vta., en contrastación con el Auto de Vista Nro. 117/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 397 a 403 ahora recurrido, se tiene que los reclamos que la recurrente trae en los puntos 3 y 5 no fueron acusados en apelación, razón por la que no existió pronunciamiento del Ad quem al respecto, quedando este Tribunal de casación por el principio de per saltum impedido de entrar al análisis de los reclamos descritos supra que se encuentran en los puntos 3 y 5 del contenido del recurso de casación,  que se entiende precluyeron al no ser acusados por el recurrente en apelación, por lo que no corresponde realizar mayores consideraciones al respecto, considerando que no es viable traer nuevas causales de casación que no fueron observadas en las etapas correspondientes, en ese entendido es que sus reclamos devienen en infundados.

4. Del análisis del recurso de casación se desprende en el punto 4, que está enmarcado en observar que la respuesta al recurso de apelación es insuficiente, ya que el Tribunal de Alzada, ingresó a una consideración sobre argumentos basados en la Ley del Órgano Judicial, sin abordar la falta incurrida en cuanto a los agravios presentados sobre la forma, ni otorgar una respuesta concreta y coherente al recurso de apelación.


En atención a este punto se establece que el reclamo de forma que la recurrente presentó en apelación refiere a las supuestas irregularidades en las que incurrió la sentencia como ser que la misma no tenía número de resolución, ni número de partida en la que hubiera sido registrada en el libro de tomas de razón, ya que la fecha de registro es de 05 de octubre de 2017 y su notificación es de 21 de marzo de 2017, además de que la sentencia fue dictada fuera de los 40 días estipulados por ley; respecto a este reclamo de forma presentado en apelación el Tribunal de Alzada señaló que por la previsión expresa de la Ley Nº 439 en su art. 257.II., señala que no se considerarán como causales de apelación los errores de derecho que no afectaren la parte resolutiva de la sentencia, norma por la cual se tiene que la falta de numeración o la consignación de un número erróneo no puede invalidar la sentencia, si estos supuestos defectos no afectan el fondo de la misma, aspecto que se observa en el presente caso, en razón a que ni la numeración de la sentencia, ni en el libro de tomas de razón, menos la consignación errónea de un año por parte de la auxiliar hace el fondo de la decisión de esta Sentencia, por lo tanto concluyó que el reclamo respecto a la forma resulta intrascendente para la apelación, al margen de considerar que la sentencia es válida más allá de que haya sido pronunciada fuera de plazo, aspecto que tampoco fue probado con prueba idónea por la apelante.

En ese contexto diremos que de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.3, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, toda vez que la resolución de segunda instancia, debe responder a la expresión de agravios, presentados por el apelante, en ese entendido de la revisión de los reclamos de forma presentados por la apelante ahora recurrente descritos supra, en contrastación con el auto de vista recurrido en casación se puede establecer que el Tribunal de Alzada resolvió los agravios presentados en contra de la sentencia,  infiriéndose que el Auto de Vista es congruente con el recurso de apelación, no siendo evidente lo manifestado por la recurrente respecto a que el Ad quem no ofreció una respuesta coherente y concreta a los reclamos de forma realizados en el recurso de apelación, motivo por el cual cumplió con el principio de congruencia, aspecto que llevo a dicho Tribunal confirmar la sentencia, en ese entendido este tribunal establece que su reclamo deviene en infundado.

5. Del análisis del recurso de casación se tiene en el punto 6, que está enmarcado en observar que la motivación en los fallos para ser completa debe referirse al petitum y al derecho, expresando las conclusiones a las que arribo luego de un examen sobre la veracidad de las denuncias formuladas, por lo que es inadmisible una fundamentación por remisión como lo realizó el Tribunal de Alzada.

Al respecto tenemos a bien señalar que conforme el Auto de Vista, cursante de fs. 397 a 403, se tiene que el Tribunal de Alzada realizó una correcta relación de los hechos, motivando y fundamentando su decisión con norma jurídica así como con autos supremos referentes al caso, exponiendo de tal manera las razones tanto jurídicas como fácticas que lo llevaron a confirmar la sentencia apelada, en ese entendido y tomando en cuenta lo manifestado en la doctrina establecida en el punto III.4, se tiene que la fundamentación y motivación, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario debe ser concisa y clara y debe integrar todos los puntos demandados, conforme concurrió en el caso de autos, ya que el tribunal de alzada para fundamentar su decisión realizó una valoración integra de los medios probatorios cursantes en obrados, arribando a la conclusión de que si bien se demostró que en la actualidad la recurrente ocupa el bien inmueble motivo de Litis, empero no se precisa desde que fecha estaría ocupando dicho bien ya que los medios probatorios adjuntos por ella son incongruentes respecto al inicio de la posesión que van desde los 30 años según el informe pericial, por los 15 años según la declaración de un testigo y no pasan de los 3 años según la prueba literal en consecuencia manifestó que la recurrente no logró demostrar de manera fehaciente e idónea desde que fecha estaría en posesión personal sin la presencia de Mario Ajata Capia; en ese contexto y de la revisión de los fundamentos que llevaron al Tribunal de Alzada a confirmar la Sentencia Nº 58/2016, los mismos que son claros precisos y concisos,  se tiene que no es evidente lo acusado por la recurrente en su recurso de casación respecto a que en el Auto de Vista se realizó una fundamentación, por remisión, motivo por el cual se puede establecer que el reclamo planteado por la recurrente deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación, cursante de fs. 406 a 409, interpuesto por Alicia Ramírez Manuel contra el Auto de Vista Nº 117/2018 de 29 de mayo, cursante de fs. 397 a 403 pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

Con costos y costas. 

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.