TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A  C I V I L 




Auto Supremo: 222/2019

Sucre: 07 de marzo de 2019

Expediente: SC 94 18 - S

Partes: Carmiña Marlene Bustamante Vargas por si y por su hijo menor de edad,

            ambos representados legalmente por Roberto Eduardo Barrientos Ruiz c/

            Carmelo Soleto Palacios.

Proceso: Cumplimiento de Contrato, pago de obligación, resarcimiento de daños y

              perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 227 a 231 vta., interpuesto por Carmelo Soleto Palacios contra el Auto de Vista Nº 105/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 221 a 223, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Domestica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario sobre Cumplimiento de Contrato, Pago de obligación, resarcimiento de daños y perjuicios seguido por Carmiña Marlene Bustamante Vargas por sí y por su hijo menor de edad ambos representados legalmente por Roberto Eduardo Barrientos Ruiz contra el recurrente, la contestación cursante de fs. 236 a 239, la concesión de fs. 240, el Auto de admisión del recurso de fs. 245 a 246 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:


ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Publico en lo Civil Comercial 28º de Santa Cruz pronunció Sentencia Nº 34/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 192 vta. a 195, declarando PROBADA la demanda de fs. 44 a 50, en virtud a lo cual ordena al demandado Carmelo Soleto Palacios el pago al tercer día a favor de la demandante de la obligación que asciende al monto de Cuarenta Mil 00/100 Dólares Americanos, establecidas en los puntos 7 y 8 de la cláusula primera del documento privado transaccional de 8 de noviembre de 2013 cursante a fs. 7 vta., en caso de incumplimiento se procederá a la ejecución, al embargo y remate sobre todos los bienes que se reconozcan ser de propiedad del demandado hasta alcanzar el monto adeudado, el resarcimiento de daños se calificara en ejecución de sentencia, y se declara IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 83 a 86 incoada por Carmelo Soleto Palacios. Sin costas por ser juicio doble.

Asimismo, el juez de la causa mediante auto de 13 de marzo de 2018 cursante a fs. 199 emite auto de complementación y enmienda en el que se corrigió la fecha de realización de la audiencia preliminar.

Contra la referida Resolución Carmelo Soleto Palacios mediante memorial cursante de fs. 202 a 204, interpuso recurso de apelación, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, violencia intrafamiliar, doméstica y publica Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 105/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 221 a 223, donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

Del análisis del recurso de apelación de 21 de marzo de 2018 cursante de fs. 202 a 204 interpuesto por Carmelo Sotelo Palacios se evidenció que no menciona ni demuestra en forma expresa que medios de defensa se ha visto privado de oponer o que medios de defensa no ha podido ejercer con la amplitud debida, de igual forma se tiene que tampoco señaló cual es el perjuicio cierto, concreto real y grave que le ha causado la manera de proceder del juez A quo, debiendo el apelante en su solicitud señalar concreta, clara y precisa la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado, por lo cual llegó a la conclusión que el recurrente al no haber establecido en el recurso de apelación lo mencionado en líneas arriba, no se torna viable dar curso a la nulidad denunciada en el recurso de apelación. Fundamentos por los cuales el tribunal de alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II num. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de 7 de marzo de 2018 saliente de fs. 192 y vta. a 195. Con costas y costos al apelante.

Contra el Auto de Vista el demandado Carmelo Soleto Palacios interpuso recurso de casación, mediante memorial cursante de fs. 227 a 231 vta., mismo que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae en calidad de resumen las siguientes: 

1.- Acusa la violación del art. 265.I del Código Procesal Civil, debido a que el Tribunal de Alzada habría emitido una resolución incongruente al no otorgar una respuesta puntal a los agravios contendidos en su memorial de apelación, en particular en lo referente a la incongruencia interna de la Sentencia apelada, y respecto a la vulneración del art. 365 de la Ley Nº 439.

2.- Manifiesta la vulneración del art. 108.I del Código Procesal Civil, porque el Tribunal de Alzada en ningún momento se habría pronunciado sobre las nulidades acusadas en apelación, tales como la nulidad de la sentencia por contradicciones internas y la violación del art. 365.II de dicha norma, limitándose a indicar que el apelante ahora recurrente no explicó el perjuicio que causan defectos insubsanables de la sentencia.

3.- Aduce la transgresión del art. 17.II y III de la Ley Nº 025, en razón de que las nulidades procesales reclamadas en apelación fueron oportunamente alegadas, por lo que el Tribunal de Alzada no tenía por qué eludir su obligación de resolver los motivos de su recurso de apelación.

4.- Indica la carencia de motivación y fundamentación del Auto de Vista, porque dicha resolución en ningún momento habría citado la norma legal que sirve de sustento a la parte resolutiva, y por el contrario se restringiría a la mención de la SC 0731/2010-R, sin explicar el por qué ésta Sentencia Constitucional sería aplicable al caso de autos por lo que el auto de vista no cumplió los requisitos esenciales de un pronunciamiento de segunda instancia.

5.- Manifiesta la vulneración del art. 365.II del Código Procesal Civil, al no haberse considerado que el Juez de instancia al suspender la audiencia preliminar por la no asistencia de la parte demandada, debió otorgar un término de tres días para que este justifique la fuerza mayor de su incomparecencia en cuyo entendido señalar nuevo día y hora de audiencia, y no emitir directamente sentencia como aconteció en el presente caso, motivo por el cual el Tribunal de alzada debió anular obrados hasta el estado de que se realice nuevamente la audiencia preliminar violando también lo establecido por el art. 38.II del Código Procesal Civil.

6.- Expresa que el memorial de apelación si contiene la expresión de perjuicios, por lo que no es evidente y no responde a la verdad material el pretexto del Tribunal de alzada sobre la inexistencia de agravios, para no pronunciarse sobre los mismos, sin embargo alega el recurrente que de la lectura del memorial de apelación se puede acreditar el perjuicio que le causo el modo en el que se aplicó el art. 365 del Código Procesal Civil.

Motivo por el cual solicita se anule el Auto de Vista y se dicte una nueva resolución con la debida motivación y congruencia.  

De la Respuesta al Recurso de Casación. 

Conforme a la revisión de obrados se puede establecer que mediante memorial cursante de fs. 236 a 239 Carmiña Marlene Bustamante Vargas contestó al recurso de casación bajo los siguientes argumentos:

Indica que el recurso de casación no cumple con los mínimos elementos de admisibilidad para su atención y consideración por incumplimiento manifiesto de los requisitos exigidos por el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, siendo el recurso solamente una expresión de disconformidad que no contiene una verdadera expresión de agravios que los administradores de justicia pudieran haber provocado.

Manifiesta que es deber del recurrente citar en términos claros, concretos y precisos la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente y especificar en qué consiste la violación falsedad o error ya sea del recurso de casación en el fondo,  en la forma o en ambos, bajo conminatoria de declararse improcedente el recurso de casación, ya que la cita de normas violadas no satisface el requisito exigido por el art. 258 num. 2) del código de Procedimiento Civil.

Expresa que cuando se alega incongruencia omisiva en la resolución impugnada, la falta de pronunciamiento de algún reclamo, al afectado corresponde previamente a utilizar el recurso de apelación o casación hacer uso de la facultad establecida por el art. 226.III del Código Procesal Civil.

Fundamentos por lo que solicita se declare improcedente el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la incongruencia omisiva y de la trascendencia o relevancia de la incongruencia

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado en sentido que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.

Del lineamiento Jurisprudencial extractado se puede establecer que este Tribunal bajo un criterio de logicidad en aplicación del principio de razonabilidad, determinó que si bien debe respetarse el debido proceso en su elemento congruencia, empero, ese criterio no debe ser sustentado o interpretado bajo paradigmas estricta y rigurosamente formales, sino que la interpretación de legalidad que realizan las autoridades Jurisdiccionales  debe ser desde y conforme al Bloque Constitucionalidad donde la finalidad del debido proceso, sea la preeminencia de los derechos sustantivos, sobre los adjetivos es por eso que cuando se solicite la nulidad de una resolución por incongruencia, esta resultara viable cuando se advierta que corrigiéndose ese error o defecto formal como resulta ser la incongruencia u otro derecho inherente al trámite del proceso, ha de repercutir en la decisión de fondo, poseyendo en ese caso  la decisión de anular obrados un fin sustancial con relevancia en el proceso, pues a contrario sensu, o sea en el hipotético de disponer una nulidad por un defecto formal que no ha de incidir en el fondo de la causa, simplemente se ha de satisfacer meros pruritos formales, lo cual no va en consonancia con el nuevo modelo constitucional de derecho que pregona una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.

Es por dicho motivo que al momento de analizarse una nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta la trascendencia de la misma, a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico, un entendimiento antagónico implicaría desconocer los principios que rigen la nulidad de obrados  como ser el de trascendencia, criterio que también asumido por Tribunal Constitucional bajo el denominativo de -relevancia constitucional-, el cual orienta en sentido que la tutela constitucional en tema de infracciones procedimentales es  acogida cuando: “esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (SCP Nº1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”.

El entendimiento expuesto supra como se dijo, resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva u otra vulneración al debido proceso, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar y demostrar que en el supuestos de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal; criterio que igualmente debe ser observado y analizado por las autoridades jurisdiccionales previamente a disponer una nulidad procesal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascedente.

III.2. Sobre el principio de trascendencia

La doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Entendimiento que también se encuentra plasmado en el Código Procesal Civil boliviano promulgado por Ley Nº 439 en los arts. 105 a 109 en el que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades, donde resaltan los principios que rigen este instituto procesal, entre los que se encuentra el principio de trascendencia, de la cual la jurisprudencia de este Alto Tribunal de Justicia en su A.S. Nº 212/2016 de 11 de marzo, señaló: “Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: ... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale…”. (El subrayado nos pertenece).

Entonces bajo ese contexto jurisprudencial se puede concluir manifestando que el error o defecto procedimental solo tendrá trascendencia, cuando esta sea lesiva del derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos, de tal manera que deje al sujeto procesal en una situación de indefensión material, que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones y que ese error procesal de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en el error, pues de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista, dejando de lado las viejas prácticas con la que se han venido tramitando los procesos judiciales con predominio de nulidades y en el mayor de los casos innecesarias e intrascendentes que solo ocasionaron retardación de justicia a lo largo del tiempo en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir a partir de estos conceptos.

CONSIDERANDO IV:  

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Antes de expresar los fundamentos que motivan la presente resolución, corresponde tener presente que de la revisión del recurso de casación interpuesto por Carmelo Soleto Palacios, se colige que todos sus argumentos (expuestos en los puntos 1), 2), 3), 4), 5) y 6) extractados en el Considerando II) son coincidentes en su proposición, es decir, expone con diferente redacción un mismo reclamo, por lo que en aplicación del principio de concentración que en materia de argumentación permite abordar en un solo punto varios reclamos convergentes, se optará por integrar los mismos a efectos de no ser reiterativos en su consideración.  

En ese contexto, se entiende que a lo largo de la redacción de los diferentes argumentos del recurso de casación, el recurrente acusa la vulneración de los arts. 265.I, 108.I, 365.II del Código Procesal Civil y art. 17.II y III de la Ley Nº 025; observando básicamente la incongruencia al no otorgar una respuesta puntual a los agravios contenidos en el recurso de apelación tales como el reclamo que refiere sobre las nulidades procesales acusadas en apelación, careciendo el auto de vista de fundamentación y motivación, al no citarse norma legal que respalde su fundamentación, así también hace referencia a que a la violación del art. 365.II ya que al no haber suspendido la audiencia preliminar por la no asistencia de la parte demandada el juez A quo debió otorgar un término de tres días para justificar la inasistencia de la audiencia, y no dictar sentencia como erradamente lo hizo, motivo por el cual el Tribunal de alzada debió anular obrados hasta la audiencia preliminar,  en ese entendido el recurrente manifiesta que el recurso de apelación presentado contiene la expresión de perjuicios por lo que no es evidente lo manifestado por el Tribunal de alzada en el auto de vista. 

Sobre este reclamo, resulta pertinente tomar en cuenta que la congruencia, como un elemento del debido proceso, importa la  coherencia procesal que debe existir entre lo demandado, lo considerado y lo resuelto por los juzgadores; de ello desprende que el art. 265.I del Código Procesal Civil, marcan el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieren sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Tribunal Ad quem, no puede omitir pronunciarse sobre los puntos apelados como tampoco ir más allá de lo pedido, en ese entendido, este principio informador del proceso encuentra su desarrollo a partir de dos acepciones: la congruencia interna y la congruencia externa; a tal efecto, la congruencia interna, referido a que si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión; y en lo que respecta a la congruencia externa, se la debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución), y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes, pues de incurrir en tal extremo la resolución pecaría de incongruente, empero se debe comprender que esta definición no es contundente, ya que al momento de analizarse una nulidad por incongruencia, se deberá tener en cuenta también la trascendencia de la misma, a efectos de evitar formalismos excesivos que únicamente han de tener consecuencias dilatorias en la causa, y por ende perjuicio a las partes que van en búsqueda de una solución al conflicto jurídico, por lo que los justiciables se ven compelidos de fundamentar y demostrar que en el supuesto de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea una con un carácter netamente formal.

En el presente caso, de la lectura del fallo recurrido, se puede observar que evidentemente el Tribunal de alzada omite expresar el pronunciamiento concerniente al reclamo de referencia (es decir que la sentencia adolece de nulidad tomando en cuenta el art. 365.II del Código Procesal Civil puesto que en vez de suspender la audiencia y darle el plazo de tres días para justificar su inasistencia decidió continuar con la misma hasta dictar sentencia, vulnerando lo establecido por el art. 365.II del Código Procesal Civil, ya que a la hora de dictar la sentencia el juzgador aplica el art. 368 del Código Procesal civil que se refiere a la audiencia complementaria, violando directamente su derecho a la defensa consagrada en el art. 115.I de la Constitución Política del Estado), pues dicho fallo centra su análisis en lo relativo a que el recurso de apelación de fecha 21 de marzo de 2018 cursante de fs. 202 a 204 interpuesto por el recurrente ya que él no menciona ni demuestra en forma expresa que medio de defensa se ha visto privado de oponer o que medios de defensa no ha podido ejercer con la amplitud debida, manifiesta también que no ha señalado cual es el perjuicio cierto, concreto real y grave que le ha causado la manera de proceder del juez A quo, dado que actualmente se está denunciando la nulidad de la sentencia empero para que surja la nulidad debe cumplir condiciones que deben ser explicadas por el apelante en su solicitud señalando concreta clara y precisa la existencia del perjuicio que le haya causado el acto impugnado, por lo que llegó a la conclusión que el recurrente al no haber establecido en el recurso de apelación lo mencionado no se torna viable dar curso a la nulidad denunciada, en cuyo entendido si bien estas omisiones generan que el fallo impugnado adolezca de incongruencia externa, y que ello lógicamente acarrearía su nulidad, previamente a determinar tal situación, corresponde examinar si los reclamos omitidos, revisten de trascendencia como para asumir dicha decisión, ello considerando que el régimen de nulidades procesales encuentra su sustento en un conglomerado de principios que orientan la actividad de este órgano jurisdiccional, pues se debe tener presente que conforme lo expresado en el punto III.2 de la doctrina aplicable, no hay nulidad sin daño o perjuicio, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tomar en cuenta el perjuicio real que se ocasionó al justiciable, de tal manera que se lo haya dejado en una situación de indefensión material, que le impida toda posibilidad de hacer valer sus pretensiones y que el error de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en el mismo, pues de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales, resumiendo ello en la trascendencia del vicio acusado.

Ahora bien, retomando el análisis del recurso de casación, se infiere que el argumento central del recurrente, recae en la omisión de pronunciamiento sobre la vulneración de los arts. 265.I, 108.I, 365.II del Código Procesal Civil y art. 17.II y III de la Ley Nº 025; observando básicamente la incongruencia al no otorgar una respuesta puntual a los agravios contenidos en el recurso de apelación tales como el reclamo que refiere sobre las nulidades procesales acusadas en apelación, careciendo el auto de vista de fundamentación y motivación, al no citarse norma legal que respalde su fundamentación, así también hace referencia a la violación del art. 365.II ya que al no haber suspendido la audiencia preliminar por la no asistencia de la parte demandada el juez A quo debió otorgar un término de tres días para justificar la inasistencia de la audiencia, y no dictar sentencia como erradamente lo hizo, motivo por el cual el Tribunal de alzada debió anular obrados hasta la audiencia preliminar.

Al respecto de la lectura del memorial de apelación cursante de fs. 202 a 204 se tiene que él recurrente centra su recurso en el entendido de que el juez de la causa no cumplió con la norma establecida en el art. 365.II del Código Procesal Civil puesto que en vez de suspender la audiencia y darle el plazo de tres días para que justifique su inasistencia continuó con la audiencia hasta dictar sentencia, en ese entendido se tiene que si bien es cierto lo aseverado por el recurrente respecto a la suspensión de la audiencia por tres días, sin embargo de la revisión de actuados en primera y segunda instancia se puede evidenciar que dicho recurrente no adjuntó, ni mencionó algún elemento o prueba que respalde y justifique su inasistencia a la prórroga de audiencia preliminar pese a que tenía conocimiento y fue legalmente citado, limitándose solamente tanto en el recurso de apelación así como en el recurso de casación a manifestar cómo debió actuar el juez, empero no indicó de qué manera este actuar le perjudicaría o de qué manera vulneraria sus derechos, situación que permite comprender que el error acusado por el recurrente no reviste de trascendencia como para asumir la nulidad procesal solicitada, máxime si consideramos que en el proceso no ofreció prueba que desvirtué la pretensión principal o respalde su demanda reconvencional, restringiéndose a ratificarse en la prueba aportada por la parte actora, consistente en el acuerdo transaccional de 8 de noviembre de 2013, copia legalizada del memorial de desistimiento firmado por Carmiña Marlene Bustamante Vargas en favor de Carmelo Soleto Palacios y copia legalizada del acta de audiencia cautelar cursante de fs. 9 a 10 vta.

En ese entendido si hubiese asistido a la prórroga de audiencia preliminar dicho aspecto no hubiese modificado el decisorio emitido por el Juez de primera instancia confirmado por el Tribunal de segunda instancia, toda vez que el documento base de la presente acción no fue desvirtuado en su eficacia o legalidad por el demandado ahora recurrente, por ningún medio probatorio, así tampoco acreditó el cumplimiento total o parcial de la obligación pactada, ni cumplió con la carga de la prueba que la ley le asigna para demostrar la causal de violencia argumentada para que proceda la demanda reconvencional de anulabilidad, por lo que no se observa la transgresión de algún interés jurídico que afecte al recurrente, razón por la cual y siendo que los fallos de instancia se encuentran enmarcadas en los principios regidos bajo el manto del nuevo modelo de Estado Constitucional de Derecho, irradia de contenido todos los ámbitos de la vida jurídica, no se advierte la vulneración de los arts. 265.I, 108.I, 365.II del Código Procesal Civil y art. 17.II y III de la Ley Nº 025, razón por la cual no amerita realizar mayores consideraciones al respecto.            

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 227 a 231 vta., interpuesto por Carmelo Soleto Palacios contra el Auto de Vista Nº 105/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 221 a 223, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Sea con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.