TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                   S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 221/2019

Fecha: 07 de marzo de 2019

Expediente: SC-106-18-S

Partes: Mauricio Ventura Polo c/ Casiano Algarañaz Huari.

Proceso: Reivindicación.  

Distrito: Santa Cruz.


VISTOS: El recurso de casación de fs. 140 a 143, interpuesto por Mauricio Ventura Polo, contra el Auto de Vista N° 92/2018 de 12 abril, cursante de fs. 127 a 129 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de reivindicación, seguido por el recurrente contra Casiano Algaranaz Huari; el Auto Supremo de Admisión N° 769/2018-RA de 8 de agosto, de fs. 155 - 156, todo lo inherente, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Público en lo Civil Comercial de Partido, Laboral y Seguridad Social de Puerto Suarez, del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dictó Sentencia  N° 17/2017 de 30 de noviembre, de fs. 103 a 110, mediante la cual declaró PROBADA la demanda de reivindicación, interpuesta por Mauricio Ventura Polo. Con el fundamento principal que el demandante tiene derecho propietario del inmueble ubicado en la zona Sud Oeste, Localidad Puerto Quijarro, Registrado en Derechos Reales  bajo la matrícula computarizada 7.14.1.06.0000796. Y que se pudo precisar que el objeto de la litis es el mismo que es reclamado por el demandante y demandado.

Declaró IMPROBADA la demanda reconvencional de usucapión quinquenal u ordinaria, incoada por Casiano Algaranaz Huari, con los fundamentos principales que su derecho propietario deriva de una adjudicación municipal y la usucapión reclamada por el reconvencionista se torna en posesión viciosa conforme lo determina el art. 135 del Código Civil, por lo que no es viable la usucapión.

Disponiendo en consecuencia que Casiano Algarañaz Huari, haga entrega del bien inmueble objeto de la reivindicación ubicado en la zona Sud Oeste de Puerto Quijarro de una extensión superficial de 300 m2, registrado en la oficina de Derechos Reales bajo la matrícula 7.14.1.06.0000796 a Mauricio Ventura Polo en el plazo de 15 días de ejecutoriada la sentencia.

Resolución que fue recurrida en apelación por Casiano Algarañaz Huari de fs. 113 a 116 vta., mereciendo el Auto de Vista N° 92/2018 de 12 de abril, por el cual la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz REVOCÓ la Sentencia de 30 de noviembre de 2017 y deliberando en el fondo, declaró IMPROBADA la demanda principal y también declaró IMPROBADA la demanda reconvencional; bajo los principales fundamentos de que Mauricio Ventura Polo tiene su título de propiedad sin ubicación y al margen de ello sostuvo que entre el actor y el demandado, se atribuyeron el derecho propietario sobre el mismo bien inmueble objeto de la litis y siguiendo el lineamiento jurisprudencial 88/2016 de 4 de febrero, la controversia debe ser resuelta a través de la acción de mejor derecho de propiedad, determinándose con precisión la ubicación exacta del inmueble y origen lícito del derecho propietario y no a través de la demanda de acción reivindicatoria. En lo que respecta a la demanda reconvencional de usucapión quinquenal señalaron que Casiano Algarañaz Huari según el folio real N°  7142010000584 tiene registrado su derecho propietario, sobre el inmueble objeto de la litis, sin embargo el nombrado propietario no acreditó su posesión sobre el inmueble, conforme exige el art. 134 del Código Civil.

Contra la referida determinación Mauricio Ventura Polo interpuso recurso de casación de fs. 140 a 143, admitido por Auto Supremo de Admisión 769/2018-RA de 8 de agosto, de fs. 155 a 156, recurso que se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Acusó que el Ad quem interpretó erróneamente los arts. 105 y 1453 del Código Civil, señalando que el Auto Supremo Nº 666/2016 de 27 de junio definió que: Por la acción reivindicatoria el autor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que posee; en consecuencia, manifiesta que el criterio del A quo resultaría ser el correcto, en contraste con lo expresado por el tribunal de alzada.

Reclamó que el Tribunal de Alzada no consideró los elementos de prueba, que fueron ponderados por el Juez A quo que determina que la documentación presentada por el demandado Casiano Algarañaz Huari, resultaría de mala fe y no sería oponible a su persona, prueba de ello es que el demandado interpuso acción reconvencional de usucapión quinquenal, constituyendo una confesión por parte del demandado de que no tiene títulos de propiedad o derecho propietario consolidado, y por ello pretende ampararse en el instituto de la usucapión para adquirir el derecho propietario.

Manifestó que el principio de verdad material establecido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, permite verificar que la documentación presentada por el demandado no le otorga derecho propietario por las graves falencias que se demostraron en fase de juicio.

Solicitando en definitiva se case el Auto de Vista de 12 de abril de 2018 y se mantenga subsistente la sentencia de primera instancia.

Respuesta al recurso de casación.

Manifiesta que el recurso de casación no se ajusta a los requisitos previstos por el art. 271.I y II, del Código Procesal Civil, debido a que la recurrente no establece o identifica la existencia de violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, en la que haya incurrido el Tribunal de Alzada al emitir el Auto de Vista, tampoco señaló si el recurso planteado lo hace en la forma o fondo.

Señaló que el recurrente expuso como agravio que no se valoró la prueba, sin embargo, no precisa cuales serían tales elementos no considerados y cuál sería la norma infringida que provocaría el agravio. Acusó que los títulos de propiedad presentados por su persona serían de mala fe y no oponible al contrario, sin detallar cuales son esos documentos. Asimismo, aclaró que sus títulos de propiedad no fueron tachados de falsos.

Manifestó que tratar de utilizar como precedente el Auto Supremo N° 666/2016 de 27 de junio, es una interpretación incorrecta, por cuanto la demanda de reivindicación procede contra el demandado que no ostenta título de propiedad sobre el mismo bien que no es el caso, porque en el presente caso se demostró el título de propiedad.

Solicitando en definitiva declare improcedente el recurso de casación y ejecutoriada la resolución de instancia recurrida.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.  De los requisitos de la acción reivindicatoria

Respecto a los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria corresponde citar el contenido del Auto Supremo 193/12 de 6 de septiembre de Sala Liquidadora en ella se señaló lo siguiente: “Luego de la sustanciación de la causa, el A-quo declaró improbada la demanda fundamentando su determinación esencialmente en el hecho de no haberse probado que el lote de terreno, que los actores pretenden reivindicar estuviera dentro del lote de terreno amurallado de propiedad de los demandados. Apreciación que fue confirmada por el tribunal de alzada.

En ese marco corresponde precisar que, la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Al respecto Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que: "la reivindicación es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión". En otras palabras la acción de reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario.

La acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola.

Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado.

Al respecto el autor "Arturo Alessandri" señala que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida (...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar (...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee.

En ese sentido, resulta impertinente pretender se declare probada una acción reivindicatoria cuando únicamente se ha probado dos de los tres elementos que se exigen, en virtud a que los tribunales de instancia, correctamente establecieron como hechos probados únicamente el derecho de propiedad que tiene el actor sobre un lote de terreno (…), debidamente registrado en Derechos Reales, así como el derecho de propiedad que tienen los demandados sobre un lote de terreno (…), también ubicado en la zona (…) registrado igualmente en derechos Reales; la posesión de la cosa por la parte demandada y; no así la determinación o identidad de la porción del inmueble en litigio, o lo que es lo mismo la identificación de la cosa que se pretende reivindicar, pues, es evidente que en obrados no cursa ninguna prueba que acredite que el lote de terreno que reclama el actor se encuentre efectivamente sobrepuesto en el terreno de los demandados. Asimismo, la certificación a la que alude el recurrente cursante (…), no demuestra ese aspecto, pues únicamente refiere que de la revisión de archivos de la Unidad de Catastro (…), se constató que el predio se encuentra en el radio urbano, conclusión que resulta insuficiente para establecer la ubicación exacta del inmueble de titularidad del actor y cuya reivindicación pretende…”

De acuerdo a una interpretación sistemática del art. 1453 del Código Civil que describe doctrina sobre la singularidad de la cosa que debe tomarse en cuenta lo descrito en los arts. 6 y 72 del Decreto Supremo 27957 de 24 de diciembre de 2004, las que refieren los requisitos de fondo del título a ser inscrito y de folio real; el primero de los artículos descritos describe lo siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 6º de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, concordante con los Artículos 1548 y 1556 del Código Civil, todo título cuya inscripción se solicite deberá designar con absoluta claridad el nombre, apellido, estado, nacionalidad, profesión, cédula de identidad y domicilio de las partes; los bienes sujetos a inscripción con especificación de su naturaleza, situación, ubicación, limites, superficie, planos aprobados legalmente y otras circunstancias que sirvan para identificarlos clara y distintamente; además de respetar las formalidades legales establecidas por los artículos 491 y 1421 del Código Civil”. También corresponde citar el contenido del art. 72 de la misma disposición, que refiere: “el folio real comprende los siguientes elementos: en la parte superior: datos del dominio sobre el inmueble, tales como número de la Matricula, fecha de emisión, código catastral, ubicación, designación según el titulo (lote, casa, urbanización, etc.), superficie, medidas y linderos o colindancias, con relación a los puntos cardinales (este, oeste, norte y sur). También consignara los antecedentes dominiales de Libros o Matriculas, que identifiquen el derecho propietario…”

De acuerdo a la cita de las normas descritas, se tiene que el derecho de propiedad, para surtir efecto con relación a terceros, debe identificar ubicación exacta, los límites, colindancias, superficie del derecho de propiedad, estos requisitos identifican el derecho de propiedad en base al cual el titular del mismo puede ejercer su derecho en los términos que describe el art. 105 del Código Civil, previsiones que describen la singularidad del derecho de propiedad.


III.2. De la función compleja de la acción reivindicatoria


Este Tribunal de Casación a través de sus diversos fallos ha orientado que en los procesos de reivindicación donde dicha acción adquirió una función compleja, debido a que las partes que discuten la posesión de determinado bien inmueble, alegan o demuestran tener derecho propietario, la acción no podrá ser de mera condena sino que previamente se tendrá que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, realizando un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En este antecedente se ha orientado a través del Auto Supremo N° 122/2012 de 17 de mayo que: “Expuestos los antecedentes del proceso, corresponde precisar que, la acción reivindicatoria, prevista en el art. 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Doctrinalmente se dice que la acción reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario. En ese sentido Puig Brutau, citado por Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que la reivindicación "es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión".

Ahora bien cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción reivindicatoria adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no puede ser de mera condena sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras, deberá previamente hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación y por lo tanto sin controversia sobre el derecho propietario, el resultado será una sentencia de simple condena en la faz petitoria.

Entablada la acción reivindicatoria podrá entonces presentar los siguientes supuestos: a) El actor presenta título de su derecho y el demandado no lo presenta; b) Tanto el actor como el poseedor demandado presentan títulos.

Para el caso que se resuelve, nos interesa analizar el segundo supuesto, es decir aquel en el que tanto el actor reivindicante como el poseedor demandado presentan cada uno títulos de propiedad, en cuyo caso la resolución del litigio pasa necesariamente por determinar a quién le corresponde el mejor derecho a poseer, lo que conlleva necesariamente el juicio declarativo de mejor derecho de propiedad, siguiendo para ello los criterios establecidos en la ley.” (Negrillas y subrayado es nuestro)

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. El recurrente acusó que el Ad quem realizó una mala interpretación del art. 105 y 1453 de Código Civil y el criterio del A quo sería el correcto.

A tal reclamo corresponde señalar que la acción reivindicatoria descrita en el art. 1453 del CC., tiene la finalidad de que el propietario de un bien pueda recuperar la posesión del mismo, y tratándose de una propiedad inmueble la misma debe estar acreditada en cuanto a su singularidad; Conforme a la doctrina aplicable los presupuestos de la acción reivindicatoria son: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado. El segundo requisito exige que el inmueble sea específico.

La singularidad del derecho de propiedad se basa en que el derecho de propiedad, para surtir efecto con relación a terceros, debe identificar la ubicación exacta, los límites, colindancias, superficie del derecho de propiedad, estos requisitos identifican el derecho de propiedad en base al cual el titular del mismo puede ejercer su derecho en los términos que describe el art. 105 del Código Civil.

En este caso el Ad quem en el Auto de Vista Nº 92/2018, estableció que: a) Mauricio Ventura Polo por folio real acreditó ser propietario del inmueble ubicado en la zona Sud Oeste, con una superficie de 300.- m2., (sin identificar ubicación de la unidad vecinal, manzano y número de lote) b) Casiano Algarañaz Huari a través del testimonio, folio real, acredita ser propietario del inmueble ubicado en la zona Sud Oeste, c/Y-7 del Barrio Cristo Rey Puerto Quijarro con una superficie de 291,75 m2. c) Que durante la tramitación el demandando Casiano Algarañaz Huari se encuentra en posesión del bien inmueble objeto de la litis y reclamado por el demandante Mauricio Ventura Polo.

Señalando en definitiva que tanto demandante Mauricio Ventura Polo como el demandado Casiano Algarañaz Huari, se atribuyen derecho propietario sobre el mismo objeto de la litis, y que la controversia entre aquellos debe ser resuelta a través de la acción de mejor derecho de propiedad, determinándose con precisión la ubicación exacta del inmueble y origen ilícito del derecho propietario y no así a través de la demanda de acción de reivindicación.

Ahora de la revisión de antecedentes se concluye que es cierta la existencia de dos registros de propiedad en oficinas de Derechos Reales, sin embargo, es evidente que el Ad quem no pudo aplicar la función compleja del derecho de acción reivindicatoria porque el demandante pretende hacer valer su pretensión con base en título carente de precisión, de la prueba adjuntada al proceso se tiene:

a. Folio real N° 7.14.1.06.0000796, en el que consigna lote en la zona Sud Oeste, sin especificar barrio unidad vecinal o urbanización, manzana y número de lote, con superficie de 300 m2.

b. Escritura Pública N° 226/2011, de 12 de agosto, en la cláusula primera establece la transferencia de un lote de terreno de 300 m2, ubicado en la zona Sud Oeste, de la ciudad de Puerto Quijarro, capital de la segunda sección de la provincia Germán Busch, sin especificar, barrio, unidad vecinal o urbanización, manzana y número de lote.

c. Plano de ubicación de uso de suelo otorgado por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro de fs. 12, donde establece como ubicación zona Sud “B”, barrio Cristo Rey “P.Q”, lote 6, manzana 16 y conforme al plano se observa que el inmueble estaría sobre la calle Y-7. (Ubicación que no es uniforme ni con el certificado sobre la propiedad de inmueble, emitido por el Gobierno referido)

d. El Certificado sobre la propiedad inmueble emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Quijarro, cursante a fs. 13, establece como ubicación zona Sur “B”, barrio El Cristo, en la Calle Robore, entre calle Proyecto y Avenida El Cristo. (Datos nada uniformes en relación a las pruebas descritas y principalmente al plano de ubicación de fs. 12).

Consiguientemente los 4 medios de prueba describen una ubicación distinta respecto al derecho propietario del demandante, por lo que se concluye que el actor no acreditó la ubicación precisa del derecho de propiedad, no cumplió en acreditar la singularidad de su derecho, máxime si en la Escritura Pública de compra venta describe la ubicación del predio zona Sud Oeste, de la ciudad de Puerto Quijarro, capital de la segunda sección de la provincia Germán Busch, sin efectuar ubicación exacta del derecho propietario.

Las acciones reales en las que se reclama la propiedad o el ejercicio de esta deben ser específicas acreditadas mediante documentación fehaciente, exigencia con la cual el órgano jurisdiccional puede otorgar seguridad jurídica entre las partes contratantes y los causahabientes de estas, para ello la jurisprudencia emitida por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia desarrolló la doctrina de la singularidad del derecho propietario, conforme se expuso en el tópico III.1 de la doctrina aplicable.

Por lo descrito el Ad quem con criterio correcto, llegó a observar la falta de singularidad del derecho propietario del actor, criterio que no fue enervado en el recurso de casación, tampoco los medios de prueba descritos, permiten observar la decisión de alzada.

Consiguientemente no se evidencia infracción del art. 1453 y 105 ambos del CC, ambos del Código Procesal Civil como acusó en su escrito de casación.

2.- Referente al reclamó que el Tribunal de Alzada no consideró los elementos de prueba que fueron ponderados por el A quo; prueba que determinaría que lo presentado por el demandado resulta de mala fe y no sería oponible a su persona, y por ese motivo el demandado hubiese planteado demanda de usucapión quinquenal.

Al respecto es importante aclarar que este reclamo no merece consideración porque no se está ingresando a analizar la función compleja de la acción reivindicatoria, en consideración a que el título del actor no cumple con la singularidad de Derechos Reales, es decir la ubicación exacta del predio reclamado por el actor.

Sobre la respuesta del recurso de casación.

Con referencia a lo alegado en su contestación al recurso de la parte demandada nos remitimos a los argumentos explanados en la fundamentación de la presente resolución.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución acorde a lo determinado en el art. 220.II del Código Procesal Civil


POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010,  en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 140 a fs. 143, interpuesto por Mauricio Ventura Polo contra el Auto de Vista Nº 92/2018 de 12 de abril, pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizu.