TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 218/2019 

Fecha:  07 de marzo de 2019      

Expediente: CB-41-18-S.

Partes: Betsabe María López de Contreras. c/ Álvaro Eduardo Numbela Tejada

            otros.

Proceso: Usucapión.  

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 481 a 487 vta., interpuesto por Betsabe María López de Contreras contra el Auto de Vista Nº 2/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 470 a 473 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de usucapión seguido por la recurrente contra Álvaro Eduardo Numbela Tejada, David Aguilar Aguilar y presuntos interesados, la respuesta cursante a fs. 494 y vta., el Auto de concesión de fs. 501, Auto Supremo de Admisión de fs. 508 a 509 vta., todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. En base a la demanda cursante de fs. 33 a 36, subsanada a fs. 39 y vta., 42, 44 y vta., 47, 52, 54 y 64, Betsabe María López de Contreras inició proceso ordinario de usucapión; acción que fue dirigida contra Álvaro Eduardo Numbela Tejada, David Aguilar Aguilar y presuntos interesados,  quienes una vez citados, por memorial cursante de fs. 120 a 122 vta., Álvaro Eduardo Numbela Tejada, purga rebeldía, se apersona y asume defensa en el estado en que se encuentra la causa oponiendo excepciones perentorias de falsedad e improcedencia y falta de acción y derecho. Por memorial cursante a fs. 127 y vta., Paola Cecilia Terán Marca en su condición de defensora de oficio de David Aguilar Aguilar y presuntos interesados, se apersona y responde la demanda y opone excepciones perentorias de falta de acción y derecho e improcedencia. Por Auto de 5 de marzo de 2013 cursante a fs. 147, se califica el proceso como ordinario de hecho y se abre el plazo probatorio de cincuenta días; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictar la Sentencia de 27 de julio de 2016, cursante de fs. 425 a 429 vta., donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 2 de Quillacollo, declaró PROBADA la demanda interpuesta por Betsabe María López de Contreras e IMPROBADA la excepción de improcedencia, falta de acción y derecho opuesta por la defensora de oficio.

2. Resolución de primera instancia que al ser recurrida en apelación por Álvaro Eduardo Numbela Tejada mediante memorial cursante de fs. 431 a 432; la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista Nº 2/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 470 a 473 vta., por el cual REVOCÓ en forma total la sentencia impugnada declarando IMPROBADA la demanda de usucapión decenal. Sin costas.

El Tribunal de alzada revocó la sentencia con los siguientes argumentos; si bien la demandante ingresó a ocupar la totalidad del inmueble objeto de litigio a partir del mes de marzo de 1998, no fue con el ánimo de poseer la totalidad del inmueble, sino en su condición de copropietaria a consecuencia del documento de compromiso de venta sobre el 50 % del inmueble que ambas partes reconocen que efectivamente suscribieron, pues como señaló el demandado en su confesión y además se advierte de los documentos presentados, en ellos no se llegó a determinar qué parte o que sector del lote de terreno era objeto de la venta, señalándose tanto en el documento de compromiso de venta, como en el de venta que se otorga en esa calidad el 50 % de la totalidad del lote de terreno, entonces se entiende que fue un acto de tolerancia del copropietario del inmueble ahora demandado- a la otra copropietaria la ocupación física de la totalidad del inmueble, porque nadie suscribe un compromiso de venta por el 50 % del total de un inmueble e ingresa al mismo pretendiendo ser propietario del 100 % del inmueble.

Si bien es cierto que la usucapión entre copropietarios es posible, sin embargo para que aquella opere, conforme ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia es necesario que el con dominio intervierta su título de co poseedor a único poseedor, surgiendo la necesidad de precisar cuándo realmente los restantes comuneros o coherederos fueron excluidos como para considerar que el único que quedó en posesión del bien puede llegar a adquirir por usucapión la integridad de la cosa poseída, en este caso no se tiene demostrado con prueba fehaciente a partir de cuándo la actora llegó a poseer la totalidad del inmueble de manera exclusiva, no pudiendo tomarse como fecha de referencia el año 1989.

Del análisis de la prueba de cargo y descargo se tiene que la demandante no demostró de manera fehaciente que tuvo una posesión exclusiva del inmueble por más de 10 años con la intención de ser la única propietaria de la totalidad del inmueble. Puesto que los testigos de cargo Patricio Flores Ortiz, Reina Moscoso Michel, coincidentes con las atestaciones de descargo, que no fueron tomados en cuenta en sentido que el demandado concurría al inmueble objeto de litis y que realizó la construcción de parte del amurallado del lote, concluyéndose que Álvaro Numbela también ejerció actos de posesión sobre el inmueble, pues de otro modo no se hubiera permitido el ingreso al inmueble, o a la inversa. Valoradas las testificales en forma integral con la prueba documental de fs. 49 y 51, de la que se advierte el registro del derecho propietario a favor de Álvaro Numbela en las oficinas de Derechos Reales sobre la totalidad del inmueble al año 2000, se puede concluir que el demandado también realizó actos civiles destinados a poseer el inmueble en calidad de copropietario, al dar publicidad a su derecho.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

1. Denunció que el Tribunal de alzada efectuó errónea interpretación del art. 87 del Código Civil, al valorar incongruentemente la prueba de cargo y de descargo que cursa en el proceso.

2. Acusó que el Auto de Vista realizó aplicación indebida del art. 90 del Código Civil, al adecuarlo forzadamente a su fundamentación por la deficiente valoración de la prueba.

3. Refirió que el Tribunal de apelación cuando argumenta que son coincidentes las declaraciones testificales de descargo, en sentido que el demandado concurría al inmueble y que realizó la construcción en parte del amurallado ejercitando actos de posesión, no señala cuál ha sido la declaración testifical que funda su convicción efectivamente.

4. Sostuvo, que el Auto de Vista vulneró los arts. 145 del Código Procesal Civil y 1286 del Código Civil, al no considerar toda la prueba testifical, pericial, documental, de la confesión judicial provocada, de la inspección judicial sobre la posesión ejercida de su parte desde el año 1998.

5. El Tribunal de alzada omitió considerar que el propietario no acreditó la posesión sobre el inmueble objeto de la usucapión, que el propietario demostró la dejadez, es más actuó de mala fe al haber rechazado su firma en el documento de 3 de marzo de 1998, cuando pericialmente su firma fue declarada como auténtica.

6. El Auto de Vista no consideró que la recurrente y su esposo ingresaron en posesión del inmueble objeto de la litis no como detentadores ni por tolerancia sino en mérito a un documento de compromiso de venta desde el año 1998, como establece el art. 87 del Código Civil.

Petitorio.

En definitiva, solicitó casar el Auto de Vista, ordenando cancelar el registro de derecho propietario de Álvaro Numbela Tejada, disponiendo la inscripción como propietaria a la actora del inmueble objeto de litis. 

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandada contestó manifestando que para usucapir es necesario que un inmueble esté abandonado y se debe poseer con el ánimo de dueño (buena fe), sin olvidar que la compradora, exhibe un compromiso de venta. Por lo tanto, ella no ignoraba a tiempo de poseer, quien era el dueño. Realidades que no sustituyen las causales que señala la ley para la procedencia de la usucapión. Haciendo suyos los fundamentos de jurisprudencia y doctrina expresados en el Auto de Vista.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la usucapión entre coherederos o copropietarios.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal orientó en el Auto Supremo Nº 567/2014 de 8 de septiembre que: “…es posible la usucapión entre coherederos o comuneros, pero para que opere esa prescripción por posesión exclusiva está condicionada a intervertir su situación de coposeedor a único poseedor, surgiendo la especial necesidad de precisar cuándo realmente los restantes comuneros o coherederos han sido excluidos, como para considerar que el único que quedo en posesión del bien, puede llegar a adquirir por usucapión la integridad de la cosa poseída; razonamiento, que también coincide con el criterio doctrinal de Guillermo Borda, en su obra Tratado de Derecho Civil-Derechos Reales, Tomo I, pág. 326, que explica: “Se ha declarado con razón, que los actos de posesión exclusiva que ejerce el copropietario sobre el inmueble común han de ser inequívocos de modo que deba descartarse la hipótesis de un mero reparto de uso. Sin embargo no debe exagerarse el rigor de estos requisitos y siempre que la exclusividad de la posesión sea clara, debe admitirse la usucapión en perjuicio de los condóminos”. Criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 580/2014 de 10 de octubre, Nº 1384/2016 de 5 de diciembre, Nº 269/2017 de 9 de marzo entre otros.

III.2. De la valoración de la prueba.

El Auto Supremo Nº 293/2013 orientó que: “Es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.

En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando ellas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Couture.

En este examen de lo esencial y decisivo de la prueba, cabe la posibilidad de error probatorio por parte de los Jueces de grado, lo que la doctrina denomina error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, cada una con matiz diferente que seguimos a explicar.

Se entiende por error de hecho cuando el juzgador se ha equivocado en la materialidad de la prueba, es decir, el juzgador aprecia mal los hechos por considerar una prueba que no obra materialmente en proceso, o cuando da por demostrado un hecho que no surge del medio probatorio que existe objetivamente en Autos, o en su caso, cuando el Juez altera o modifica, cercenando o incrementando, el contenido objetivo de la prueba existente, error que tiene que ser manifiesto de modo que sea identificado sin mayor esfuerzo o raciocinio, lo cual implica irrefutabilidad y magnitud del yerro; en cambio el error de derecho tiene relación con la otorgación del valor probatorio determinado en ley, es otorgar o negar el valor probatorio que la ley le ha asignado a un medio de prueba, situación concurrente al sistema de valoración de los medios del proceso, por lo que la valoración del elemento probatorio cuando la ley le asigna un valor predeterminado, vincula al Juez con esa valoración legal, y si no fue preestablecido, se recurre a la sana crítica.

Por lo manifestado anteriormente se concluye que la valoración de la prueba es una facultad privativa de los Jueces de grado, y ésta es incensurable en casación, salvo que se acredite violación de una regla de criterio legal, acusando error de hecho o de derecho, conforme establece el art. 253 núm., 3) del Código de Procedimiento Civil, para que el Tribunal de Casación aperture su competencia y realice el examen sobre el error denunciado”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. A efectos de dar respuesta al recurso de casación se comenzará a resolver el mismo absolviendo el reclamo del punto 6 que refiere que el Auto de Vista no consideró que la recurrente y su esposo ingresaron en posesión del inmueble objeto de la litis no como detentadores, ni por tolerancia, sino en mérito a un documento de compromiso de venta desde el año 1998, como establece el art. 87 del CC.

Al respecto corresponde señalar que la usucapión decenal o prescripción adquisitiva conforme establece el art. 138 del Código Civil, es un modo de adquirir el derecho propietario y según la doctrina deben cumplirse los presupuestos de posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida por el plazo de diez años.

En el presente caso de estudio se debe considerar el aspecto que atañe sobre el sujeto y objeto de la usucapión, es decir, la posibilidad de que un copropietario acceda a usucapir un bien común.

De lo expresado y conforme a los hechos descritos por la propia recurrente en el memorial de demanda de fs. 33 a 36, la misma ingresó al inmueble objeto de litis en marzo de 1998 a raíz del documento de compromiso de compra venta suscrito con el demandado el 4 de octubre de 1997, sobre el 50 % del lote de terreno con una superficie total de 720 m2, ubicado en la carretera antigua a Quillacollo, sin especificar qué parte o sector del terreno se transfirió, lo que significa que la posesión de la ahora recurrente estaba reatada al derecho de copropiedad que adquirió en 1997.

En ese marco y según la doctrina aplicable al presente caso en el considerando III.1, si la actora pretendía la usucapión de la totalidad del terreno debió intervertir el título por imperio del art. 89 del Código Civil que expresa; que quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real.

De lo que se entiende que la recurrente debió constituirse en poseedora exclusiva de la totalidad del inmueble objeto de litis, es decir, del 100% (720 m2) del inmueble objeto de debate, a ese efecto el acto de interversión debió realizarlo mediante la oposición frente al otro copropietario en este caso al vendedor Álvaro Eduardo Numbela Tejada, para que de esa manera desde ese preciso momento pueda computarse el plazo del instituto de la usucapión, ya que solamente desde ese momento se puede observar una posesión exclusiva al imperio de lo que señala el art. 89 del Código Civil, que también se aplica al caso de los copropietarios, en ese entendido emana la necesidad de que la recurrente intervierta su título de coposeedora a única poseedora, precisando exactamente cuándo el copropietario fue excluido de su posesión, para considerar que la recurrente quedó en posesión exclusiva del 100% de la cosa para adquirir por usucapión el bien inmueble, en el caso concreto, no se tiene demostrado con prueba fehaciente a partir de cuándo la actora llegó a intervertir su título a efecto de considerar su posesión exclusiva, por lo manifestado no se puede tomar como fecha de referencia el año 1998 para iniciar la usucapión. Consiguientemente por lo expresado supra, este Tribunal Supremo confirma la decisión del Tribunal de segunda instancia al declarar improbada la demanda de usucapión decenal impetrada por la actora.

2. Con relación a los puntos 1 al 5 la recurrente reclama que el Tribunal de alzada efectuó una errónea valoración de la prueba de cargo y descargo, por lo que efectúo una indebida interpretación de los arts. 87 y 90 del Código Civil. Asimismo, el Auto de Vista vulneró los arts. 145 del Código Procesal Civil y 1286 del Código Civil, al no considerar toda la prueba testifical, pericial, documental, de la confesión judicial provocada, de la inspección judicial sobre la posesión ejercida de su parte desde el año 1998.

Corresponde señalar que en cuanto a la supuesta errónea valoración de la prueba reclamada por la recurrente, conforme se tiene orientado en la doctrina legal punto III.2, se debe señalar que la prueba es apreciada por el juzgador de forma conjunta, bajo el principio de comunidad de la prueba, ponderando en su razonamiento las pruebas esenciales y definitivas por encima de otras a tenor de los arts. 1286 del Código Civil y 145 del Código Procesal Civil.

Por otro lado, de la revisión del contenido del Considerando II del Auto de Vista, se tiene que el mismo contiene una motivación y fundamentación clara, haciendo referencia a normas legales y jurisprudencia por los cuales revocó la resolución de primera instancia y declaró improbada la demanda de usucapión decenal, realizando un análisis respecto de la jurisprudencia sobre la interversión del título y la usucapión, para luego establecer que la parte actora no demostró ser poseedora exclusiva del 100% del inmueble objeto a usucapir.

Ahora bien analizado el contenido del recurso de casación, se advierte que los reclamos que hace referencia la demandante, devienen en una errónea valoración de la prueba, hace narración a la integridad de los elementos probatorios de cargo y descargo aportados al presente proceso, la recurrente no ataca los fundamentos principales del Auto de Vista que resuelven lo esencial de la controversia, no señala que prueba específicamente se tendría que valorar para que exista la interversión de su título de coposeedora a poseedora exclusiva, para que este Tribunal Supremo pueda ingresar a valorar dicho medio probatorio. Aspectos que no permiten su consideración, más cuando este Tribunal no puede interpretar el recurso, ni suplir la argumentación deficiente o defectuosa. 

Por lo que el reclamo deviene en infundado.

Finalmente se dirá que al existir una aseveración tácita de parte del demandado al apersonarse y asumir defensa de fs. 120 a 122 vta., y del recurso de apelación de fs. 431 a 432, confesión provocada de fs. 279 a 280 respecto a la vigencia del contrato de compromiso de venta sobre el 50% del inmueble objeto de litis, se salva el ejercicio sobre tal derecho a la actora.

De la contestación al recurso de casación.

Se dirá que mediante Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones de la recurrente, esto bajo orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 481 a 487 vta., interpuesto por Betsabe María López de Contreras contra el Auto de Vista Nº 2/2018 de 12 de enero, cursante de fs. 470 a 473 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación, en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.