TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

      SALA CIVIL


Auto Supremo: 217/2019        

Fecha: 07 de marzo de 2019

Expediente: T-31-18-A.

Partes: Sabino Tolaba Jurado c/ Martha Nora Areco Márquez.  

Proceso: Declaración de ganancialidad de construcciones y restitución de dinero invertidos.                                    

Distrito: Tarija.                

VISTOS: El recurso de casación interpuesto por Sabino Tolaba Jurado, cursante de fs. 78 a 80, contra el Auto de Vista Nº 46/2018 de fecha 6 de julio, de fs. 73 a 75 vta., pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial,  Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de declaración de ganancialidad de construcciones y restitución de dinero seguido por el recurrente contra Martha Nora Areco Márquez, el Auto de concesión de fecha 27 de Julio de 2018, cursante a fs. 82 y vta., el Auto Supremo Nº 775/2018 de admisión, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Por escrito de fs. 49 a 51, Sabino Tolaba Jurado, planteó demanda de declaración de ganancialidad de construcciones y restitución de dinero; misma que fue observada mediante Auto de fecha 17 de enero de 2018, y al no ser subsanada, el Juez Público 1º de Familia de Tarija de conformidad al art. 264.II de la ley Nº 603 dictó Auto definitivo Nº 35/2018 de fecha 02 de febrero, cursante a fs. 55 vta., siendo que declara por no presentada la demanda.

2. Auto Definitivo que al haber sido recurrido en apelación por Sabino Tolaba Jurado mediante memorial de fs. 64 a 65 vta., la Sala Primera Civil, Comercial,  Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió Auto de Vista Nº 46/2018 de fecha 06 de julio, cursante de fs. 73 a 75 vta. de obrados, por el cual CONFIRMA el Auto Definitivo de fs. 55 vta., argumentando en lo principal, que el actor solicita división y partición de habitaciones construidas y la devolución de la inversión realizada dentro de la unión con la demandada, sin embargo no adjuntó  sentencia de comprobación de la unión de hecho o de unión irregular para proceder a evaluar los eventuales bienes gananciales, siendo el título indispensable  para evaluar la existencia de la relación que tuvo con la demandada, sin la cual no es posible ingresar a analizar la petición.


3. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Sabino Tolaba Jurado, según memorial de fs. 78 a 80, recurso que es objeto de análisis. 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación, se observa que Sabino Tolaba Jurado, en lo trascendental de dicho medio de impugnación acusó que el Tribunal de Alzada al confirmar el Auto de Vista vulneró las normas jurídicas que amparan el derecho de acceso a la justicia y sus elementos constitutivos, asimismo violó lo establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, toda vez que puso un obstáculo discriminatorio en la admisión de la demanda, condenando al recurrente a presentar una sentencia ejecutoriada de un proceso de comprobación judicial de unión libre o de hecho, pese a que el recurrente indicó que tuvo un impedimento para realizar el mencionado trámite.


DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN.

No se tiene por no existir aun admisión de demanda.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De los requisitos de admisión de la demanda en el proceso familiar.

El Código de las Familias y el Proceso Familiar en su art. 259, describe los requisitos de la demanda en el proceso familiar, que son:

a) Indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere la demanda.

b) Nombre completo, dirección del domicilio o residencia habitual del demandante y cédula de identidad. Podrá indicar la dirección de correo electrónico, cuando se regule por la autoridad competente.

c) Nombre y algún dato que individualice al demandado, indicación de su domicilio, lugar de trabajo u otro en el que pueda citársele.

d) Relato breve y preciso de los hechos, además de los fundamentos concretos y pertinentes de derecho que justifique su pretensión.

e) La petición concreta.

f) Firma del demandante, o en su caso su huella digital si no supiere o no pudiere firmar.

g) En la demanda, se podrá solicitar la aplicación de medidas cautelares o provisionales que correspondan según la naturaleza de la acción.

h) Junto a la demanda se acompañará obligatoriamente la fotocopia simple de la Cédula de Identidad de la o del demandante.

i) La firma de la o el abogado que patrocina”.

Asimismo, el art. 264 del citado Código, en relación a la subsanación de la demanda, señala:

La revisión de los requisitos formales deberá realizarse dentro de los tres (3) días siguientes a su ingreso a despacho judicial.

Cuando la demanda no cumpla con los requisitos establecidos en los incisos a), c) y e) del Artículo 259 del presente Código, la autoridad judicial podrá subsanar por sí misma u ordenar se subsane la misma en un plazo no mayor a tres (3) días a partir de su notificación, bajo advertencia de que se la tendrá por no presentada”.

Por su parte el art. 325 del mismo Código en relación a la oportunidad de la prueba indica:

I. Las partes acompañarán a la demanda o a la contestación, la prueba documental que tengan en su poder y propondrán toda otra prueba de la que pretendan valerse.

II. La prueba no presentada o no ofrecida en el momento precisado en el Parágrafo anterior del presente Artículo, no podrá ser producida, introducida ni valorada en el proceso posteriormente, salvo que se trate de prueba de reciente conocimiento y obtención, presentada así bajo juramento”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurrente acusó que el Tribunal de alzada vulneró las normas jurídicas que amparan el derecho de acceso a la justicia y sus elementos constitutivos, asimismo violó lo establecido en el art. 115 de la Constitución Política del Estado, obstaculizando la admisión de la demanda, requiriendo presentar una sentencia ejecutoriada de un proceso de comprobación judicial de unión libre o de hecho, pese a que el recurrente indicó que tuvo un impedimento para realizar el mencionado trámite.

En función al agravio expresado se debe manifestar que la demanda para concretar las pretensiones del demandante mediante la exposición de los hechos que hacen a su petición, debe cumplir requisitos formales preestablecidos en ley que permiten produzca efectos jurídicos. A decir de Alsina, en su obra Tratado Teórico Práctico del Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo III, pág. 31, los requisitos de la demanda “…se explica que su cumplimiento sea exigido perentoriamente, no sólo porque es la base del proceso, sino porque facilita la tarea del juez, guardando un mismo orden en trámites. Pero, además existen otros establecidos por el mismo código en diversas disposiciones y por acordadas de los tribunales superiores, que también deben ser exigidos por el juez como condición de admisibilidad de la demanda”.

Estos requisitos formales preestablecidos no solo deben ser considerados como obligaciones que debe cumplir la demanda, sino, a la vez, constituyen verdaderas garantías procesales del litigante al interponer su demanda, pues el juez a su libre albedrio no puede establecer otros requisitos formales ajenos a los establecidos, imponiendo cargas que no nacen de la ley o del requerimiento propio de la pretensión. 

En materia de familia, el art.  259 del Código de las Familias y el Proceso Familiar establece un catálogo de requisitos formales que deben ser observados por el juez de la causa a momento de la admisión de la demanda; también, emerge como requisito de la demanda los requeridos por la naturaleza de los hechos como es la prueba, indicada en el art. 325 de la Ley Nº 603 que manifiesta que: “Las partes acompañarán a la demanda o a la contestación, la prueba documental que tengan en su poder y propondrán toda otra prueba de la que pretendan valerse, que no puede ser ofrecida posteriormente” que es concordante con el art. 334 del mismo compilado legal, en lo que respecta a la prueba literal. 

Señalado lo anterior, debemos detallar que el actor presentó demanda de declaración de ganancialidad de construcciones y mejoras y consiguiente pago de los montos invertidos, argumentando en lo principal, que tuvo vida en común durante 19 años con Martha Nora Areco Márquez desde 1994 hasta el 2012, durante la cual, y hasta 2017 realizó construcciones en el lote de propiedad de la demandada con esfuerzo de ambos; razón por la que pretendió realizar la inscripción de su unión conyugal, sin embargo  aún seguía vigente el registro de un matrimonio con Juana Condori Tolaba de la cual se separó el año 1990, quien hubiera fallecido; por lo que siendo su unión irregular que surte efecto personal y patrimonial, pretende se declare la ganancialidad de las construcciones realizadas  y se le restituya el valor invertido con esfuerzo que quedó únicamente a favor de la demandada.

Demanda que mereció providencia de 17 de enero de 2018 (fs. 52), por la cual se le concede tres días a objeto de que adjunte sentencia ejecutoriada del proceso de comprobación judicial de unión libre que sostuvo con Martha Areco Márquez que se constituye en el título para pedir la división de la construcción que supuestamente se hizo en vivencia con la demandada. A esa observación se presentó escrito por el actor, manifestando que le es imposible presentar sentencia ejecutoriada de comprobación judicial de unión libre por no cumplir con el requisito de singularidad por ello se explicó la situación de unión irregular que sostuvo.

En ese mérito se emitió Auto definitivo Nº 35/2018 de 2 de febrero, que declaró por no presentada la demanda, fundando en que no habiendo presentado la sentencia judicial de la supuesta unión libre no hubo subsanado la observación indicada.

Apelada esta determinación, se emitió Auto de Vista Nº 46/2018 que confirma la resolución definitiva, sosteniendo que la necesidad de la sentencia de comprobación de unión libre o de hecho, o de unión irregular por constituirse en título indispensable para evaluar la existencia de la supuesta relación que tuvo con la demandada.

Con ese antecedente, debemos explicar que el Código de las Familias y el Proceso Familiar tiene un sistema de procesos en materia familiar constituido por el proceso ordinario, el proceso extraordinario y el proceso de resolución inmediata, conforme señala su art. 420.I. En ese orden, tanto el proceso extraordinario como el de resolución inmediata, tienen un catálogo de  pretensiones de numerus clausus, conforme describe los arts. 434 y 445 del Código precitado respectivamente, es decir, que mediante el proceso extraordinario y el de resolución inmediata no se puede tramitar y resolver otras pretensiones que las establecidas y predeterminadas en el Código de la materia; siendo el proceso ordinario el habilitado para conocer pretensiones innominadas por imperio del art. 420.II de la Ley Nº 603, además de las establecidas en el art. 421 de la misma Ley. 

Entonces, una pretensión de comprobación de unión libre o de hecho, conforme el art. 434 inc. e) de la Ley Nº 603, es tramitada mediante proceso extraordinario, cuya determinación, en caso de ser afirmativa, se constituye en prueba de la unión libre que puede permitir una eventual división y partición de bienes derivado al proceso ordinario, conforme establece el art. 421 inc. c) de la indicada ley. Por ello es que, habitualmente y por la metodología de los procesos, para proceder una división de bienes gananciales generados de una unión libre o de hecho, se solicita la sentencia ejecutoriada, este último como requisito de procedibilidad que emerge de la  naturaleza de la pretensión;  sin embargo este método no puede aplicarse a toda pretensión de división, sino debe examinarse los hechos que son la razón de dicha pretensión y decidir la forma más adecuada de tramitar las pretensiones de manera que el usuario del sistema de justicia no se vea afectado o perjudicado en una burocracia procesal que lastima su derecho a una justicia pronta y oportuna.

Ahora bien, el actor estableció en los hechos de su demanda, de manera precisa, que no existe una unión libre o de hecho sino una unión irregular por la falta de libertad de estado; en tal consideración, el Tribunal de alzada, no puede establecer la necesidad indispensable de presentar sentencia de comprobación de unión libre o de hecho o de unión irregular para sobre ello establecer la división y partición de bienes; pues siguiendo esa lógica, el actor para obtener una sentencia ejecutoriada de una declaración de unión irregular y sus  efectos patrimoniales que podrían o no beneficiarle, por su innominación, deberá acudir al proceso ordinario y si fuera pertinente, accionar nuevamente la división y partición mediante otro proceso ordinario; lo cual afronta al derecho de una justicia pronta y oportuna establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, pues deriva a que el usuario accione dos procesos ordinarios con un gasto de recursos innecesarios y genera, además, desgaste del sistema de justicia, cuando esas pretensiones pueden ser  concentradas y determinadas en una misma causa ordinaria, sin la necesidad de generar un proceso ordinario previo para determinar la unión irregular.   

A ese efecto, siendo la pretensión de declaración de ganancialidad de construcciones y restitución de dinero invertido, por los principios de eficiencia y accesibilidad que pregona el art. 30 de la Ley Nº 025, conforme lo advirtieron los tribunales, al tratarse una pretensión que busca una división de bienes en sentencia, debe determinarse la procedencia o no de la unión irregular y sus efectos patrimoniales a favor de Sabino Tolaba Jurado (pretensión principal y pretensión accesoria) y, en función a esa determinación, decidir sobre la división y partición pretendida si corresponde; que permitirá allanar el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene el demandante pregonado por el art. 115.I de la Norma Suprema. Por lo explicado, es exequible el reclamo del recurrente de la indebida imposición del requisito de aunar sentencia ejecutoriada de la determinación de la unión irregular, que bien puede ser decidida en este mismo proceso, debiendo revertirse la decisión asumida en la instancia, ordenando la admisión y prosecución de la causa.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA  el Auto de Vista Nº 46/2018 de fecha 6 de julio, de fs. 73 a 75 vta., por lo que fallando de fondo, ordena que el juez de origen admita la demanda y proceda conforme el art. 266 de la Ley Nº 603.  Sin costas.

Sin responsabilidad para las autoridades por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.