TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                      S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 216/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sucre: 07 de marzo de 2019

Expediente: CB-42-18-S

Partes: Félix Soliz Jaimes c/ Cooperativa PIO X Ltda.

Proceso: Resolución de contrato.

Distrito: Cochabamba

VISTOS: El recurso de casación de fs. 566 a 569 vta., interpuesto por Félix Solis Jaimes contra el Auto de Vista N° 46/2018 de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 555 a 559, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario sobre Resolución de contrato, seguido por el recurrente contra Cooperativa PIO X Ltda., la contestación cursante de fs. 585 a 589 vta., el Auto de concesión de fs. 590, el Auto Supremo de Admisión N° 668/2018-RA de 23 de julio de fs. 596 a 597 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez 4° de Partido en lo Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 24 de diciembre de 2015, cursante de fs. 366 a 371 vta. de obrados, declarando PROBADA la demanda e IMPROBADA  las excepciones  perentorias en consecuencia dispuso la resolución  del contrato de cesión  de créditos, privilegios y  garantías  reales suscrito  entre las partes en  10 de marzo de 2010, declarando  resuelto  y sin valor legal el mismo, la restitución  de su  hipoteca privilegiada  que  pesa sobre el inmueble inscrito  bajo matricula computarizada N° 3.10.1.010003366 asiento  B-5, y la restitución a favor de la entidad demandada del monto  recibido  de $us. 14.000, 00 en el plazo de diez días hábiles de ejecutoriada la resolución. Asimismo, dictó el Auto de complementación de 16 de febrero de 2016 de fs. 374 que complemento la parte resolutiva de la sentencia disponiendo la cancelación del asiento B-10 de 12 de marzo de 2010 inscrito bajo la matrícula de Folio Real N° 30101010003366.

Contra la referida Resolución, interpuso recurso de apelación Rosario Arnez Zapata  en representación de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito  PIO X Ltda. por memoriales de fs. 376 a 381 vta. y de fs. 389 a 394 vta., resuelto por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien pronunció el Auto de Vista  de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 555 a 559, por el cual REVOCO totalmente la sentencia deliberando en el fondo declarando  IMPROBADA  la demanda con costas, y PROBADA la excepción de falta  de acción  y derecho  de fs. 45  a 47  y mantiene  vigente  el contrato  de cesión  de créditos, privilegios  y  garantías  reales, de 10 de marzo  de 2010, bajo los siguientes argumentos:

La obligación contractual de la entidad demanda era el pago de la suma de dinero de $us. 14.000,00 que fue cumplido de forma simultánea al momento de suscribir el contrato  impugnado; por lo que el requisito de procedencia de la acción  resolutoria  que establece el art. 568 del Código Civil, incumplimiento  voluntario de la obligación que esta  desvirtuado, en consecuencia consideró el fundamento fáctico del juez A quo en sentencia, que la personera legal de la entidad demandada ejerció actos de presión  para cobrar el dinero, sometiendo el acto a un proceso penal, o le hubiera requerido la devolución del mismo, cuestionando el documento base de la demanda, lo que no habría permitido la completa materialización y conclusión del contrato, lo cual no implica incumplimiento  del contrato, porque  el contrato de cesión de créditos  sería un contrato  de ejecución instantánea, las obligaciones del cedente  y del cesionario se habrían cumplido apenas se celebró el contrato, por consiguiente el demandante puede fundar otra acción, pero no la acción de resolución  por  incumplimiento contractual, ya que está probado que la entidad demandada cumplió  con  sus obligaciones como cesionaria; pues, el contrato  no podría  extinguirse por la causa demandada considerando que la entidad demandada no ha incurrido en acto alguno que justifique para que se le responsabilice, ya que la obligación contractual fue consumada, asimismo la concurrencia  de terceros perjudicados por el accionar de una de las partes contractuales tampoco justifica a la resolución de un contrato en el que no ha  formado parte, por cuanto si ha incurrido en actos ilícitos que puedan perjudicar a terceras personas ajenas al contrato, deberá asumir la responsabilidad que  emane de sus propios actos, sea civil o penalmente, no siendo procedente  trasladar esa responsabilidad a la parte  contractual, que no ha incurrido en acto o hecho alguno que justifique una decisión como la asumida en sentencia. Posteriormente el ad quem se refiere a la excepción perentoria de falta de acción y derecho, opuesta por la parte demandada, no puede demandarse la resolución del contrato de cesión de crédito, privilegios y garantías reales por la causa invocada, toda vez que las obligaciones contractuales de ambas partes contratantes ya fueron ejecutadas, por lo que al existir falta de un interés para accionar la demanda, sin fundamento legal, considera que declara probada la excepción perentoria.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

  1. El recurso de apelación carece de expresión de agravios. 

El recurrente observa que la apelación formulada no señala los agravios sufridos  con la sentencia y de qué forma le es perjudicial, limitándose a efectuar apreciaciones  subjetivas  y disquisiciones genéricas  sobre el instituto de la resolución de contrato, tampoco señala que normas procesales o de derecho  sustantivo  civil fueron mal interpretadas o mal aplicadas, aspectos  que  señala hizo  notar en su memorial de respuesta ante el incumplimiento del art. 227  del Código de Procedimiento  Civil,  no obstante el Auto de Vista  en infracción del art. 236 del Código de Procedimiento Civil y art. 265 del Procesal Civil, pues en virtud del principio de pertinencia los de alzada deben circunscribirse a los puntos  resueltos por el a quo  y  que  fueron  apelados y no como aconteció en el caso de autos donde incongruentemente no hubo pronunciamiento sobre los puntos  apelados, provocando la nulidad del Auto de Vista recurrido.


En el fondo.        

1) El Auto de Vista efectuó una mala interpretación y aplicación del art. 568 del Código Civil.

El recurrente denuncia que el ad quem en base a un criterio errado, de que la cesión de créditos es un contrato de ejecución inmediata, lesionó el art. 568 del Código Civil, toda vez que no consideró que la Sentencia se encuentra debidamente motivada y justificada, contando con una adecuada valoración de la prueba al haber acreditado que  fue objeto de persecución penal, es así que refiere que el fallo de primera instancia se encuentra sustentado en disposiciones sustantivas y adjetivas, además de jurisprudencia y principios constitucionales, por cuanto su demanda se encuentra amparada en el art. 568 del Código Civil, sin embargo la parte adversa pretende alterar relaciones contractuales de su persona de buena fe, porque la Cooperativa demandada efectuó acciones inequívocas de persecución judicial, desnaturalizando la escritura de cesión  suscrita, incumplimiento que conlleva  negar lo acordado, lo cual generó que plantee la resolución de contrato. 

Niega que la cesión de créditos sea de ejecución inmediata afirmando que existe   basta jurisprudencia, ya que de la interpretación de la mencionada norma puede existir sobrevinientes posteriores a la formación del contrato, a cuyo efecto cito los Autos Supremos N° 116/2016 de junio, N° 266/2016 de septiembre, N° 359/2017 de 11 de abril, N° 766/2016, 525/2016.

Advierte que tampoco se tomó en cuenta que en su demanda arguyo el hostigamiento, amenazas, presión a través de terceras personas y en el proceso penal, por lo que alega que el Auto de Vista seria inconsistente, contradictorio, superficial e ilegal.

2) El Auto de Vista lesionó los arts. 1283, 1285 y 1286 del Código Civil, 397 y 398 del Procedimiento Civil y arts. 1 num. 13, 16 y 145 del Procesal Civil.

Al asumir la labor del juez a quo procediendo a desvalorizar la prueba documental, por la que demostró la actitud asumida por la parte demandada que fue de desconocimiento a la escritura suscrita, acusándolo de excesiva onerosidad aludiendo que habrían sido engañados en el monto pagado por su acreencia privilegiada, consecuentemente procedió a valorar sin tener competencia para ello y cita los Autos Supremos Nos. 146/2015 de 6 de marzo y 410/2015 de 9 de junio.

3) El Auto de Vista impugnado lesionó e infringió el art. 180 de la Constitución Política del Estado (verdad material)

Manifestando que no aplica los nuevos principios procesales de transparencia, probidad, inmediatez y verdad material, además que rechazó y desconoció el nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional que privilegia un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana  en el que se pone de manifiesto la primacía de la Constitución.

Por cuanto considera que la sentencia ha fallado de forma acorde a los nuevos principios, valores y razonamientos promovidos por el régimen  establecido en el art. 180 de la Constitución Política del Estado que revaloriza la verdad material, sin embargo  advierte que al  Vocal Relator no le interesó que el contrato de cesión se materialice de buena fe, prefiriendo justificar su resolución  en forma dogmática positivista sin mayores argumentos, desconociendo hechos materiales de reclamo y persecución de la entidad demandada, lo cual aduce debió ser valorada dentro de los alcances y nuevos paradigmas de la administración de justicia, en virtud de los Autos Supremos N° 359/2017 de 11 de abril, N° 116 de junio de 2016, N° 463 de 9 de octubre de 2014, además de referirse al principio de seguridad jurídica citando la Sentencia Constitucional  N° 1138/2004-R de 21 de julio.

4) El Auto de Vista, vulneró el los arts. 190 y 375 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en incongruencia.

El impetrante alega también que el fallo recurrido adolece de incongruencia de acuerdo a lo establecido en la Sentencia Constitucional N° 0486/2010-R de 5 de julio y el Auto Supremo N° 158/2014 de 6 de mayo, aludiendo nuevamente que los hechos que demostró en primera instancia fueron revalorizados en alzada.

Asimismo añade que la resolución ahora impugnada, también infringe los arts. 450  y 519 del Código Civil, toda  vez que  el contrato  tiene  fuerza de ley entre las partes y que al suscribir  un  contrato  con la entidad demandada las partes estaban obligadas a su cumplimiento  y respetar el mismo  sin  observación,  sin embargo luego de cuatro años la parte demandada maliciosamente bajo el argumento de que le habrían  cancelado mucho  dinero  ejercieron permanente  llegando a un proceso penal buscando la devolución del dinero causándole así  un daño moral, psicológico y patrimonial hecho que denuncia no fueron  considerados en el Auto de Vista recurrido, apartándose de los hechos que motivaron su demanda no se buscaba establecer en qué momento se perfeccionaba  el contrato  lo cual ya  habría  sido precisado  en forma expresa en sentido de que se habría suscrito una escritura de cesión de créditos con la concurrencia de los requisitos de validez, tanto en la expresión de las voluntades de las partes  y los requisitos  formales de validez, pues lo que  se juzga a su decir es que al haberse suscrito una escritura valida las partes deberían estar  constreñidos  a su cumplimiento. Aspecto que afirma no sucedió, viabilizando así su demanda por incumplimiento, por lo que solicita se case el Auto de Vista impugnado y consiguientemente se confirme la sentencia.       

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, fue respondido por Rosario Arnez Zapata por memorial de fs. 585 a 589 vta. señalando que el recurso  de casación  incumple el art. 274 del Código Procesal Civil, al no fundamentar la infracción a las normas vulneradas, limitándose a su simple  enunciación, de igual forma sucedió con la simple  cita  de jurisprudencia,  asimismo arguye  que el Auto de Vista valoró y compulsó  correctamente los antecedentes  del proceso  y las pruebas aportadas resultando  inconsistente los argumentos que esgrime el recurrente insistiendo que la sentencia  se encontraría  debidamente  motivada y  justificada, soslayando  el hecho de que  el recurso de casación  debe estar  orientado a observar aspectos de forma  y  fondo  inherentes a lo resulto en alzada y no en primera instancia.

Manifiesta que el Auto de Vista precisó el tipo de contrato donde existen obligaciones reciprocas, de ejecución instantánea, cumpliéndose las obligaciones apenas se celebra el contrato, por lo que la transmisión o cesión de crédito que comprende todos sus accesorios se operó instantáneamente entre las partes al efectuarse la cesión, consecuentemente la acción resolutoria prevista en el art. 568 del Código Civil se encontraría desvirtuada.

Adicionalmente niega que la cooperativa demanda la resolución de contrato por excesiva onerosidad pues la vía penal no constituye el medio idóneo para pretender la devolución de montos económicos, mucho menos para ejercer presión al demandante.

Concluye, indicando que de forma sesgada y antojadiza el recurrente afirma el recurso de apelación que planteo, carece de expresión de agravios, cuando en los hechos precisó los mismos además de los derechos fundamentes partiendo de la errónea interpretación de las leyes.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la resolución de contrato y el análisis del sinalagma funcional.

En nuestra legislación se tiene el art. 568.I del CC., que tiene el texto siguiente: “(RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO). En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño. II. Si se hubiera demandado solamente la resolución, no podrá ya pedirse el cumplimiento del contrato; y el demandado, a su vez, ya no podrá cumplir su obligación desde el día de su notificación con la demanda”; la nomenclatura normativa describe que presenta dos alternativas para el contratante que ha cumplido su prestación, la posibilidad de resolver o de exigir el cumplimiento de la prestación debida del otro contratante.   

Sobre este instituto jurídico corresponde citar el aporte doctrinario del tratadista Guillermo A. Borda, quien en su obra de Tratado de Derecho Civil, refiere: “La resolución no es el resultado de un nuevo contrato (como ocurre en la recisión bilateral) sino que supone la extinción del contrato por un hecho posterior a la celebración; hecho que a veces es incalculable a la otra parte (como es por ejemplo el incumplimiento) o que puede ser extraño a la voluntad de ambas (como ocurre en ciertos supuestos de condiciones resolutorias), la resolución del contrato puede operar ipso iure, (como sucede en la condición resolutoria) o bien puede requerir la manifestación de voluntad de la parte interesada en ella (como ocurre en la que se funda en el arrepentimiento o en el incumplimiento de la contraria).

En este mismo entendido la extinta Corte Suprema con la cual este Tribunal comparte criterio en el Auto Supremo Nº 61/2010, de manera amplia y completa ha orientado que: “Celebrado el contrato, es lógico suponer que el mismo se extinguirá por el cumplimiento de las prestaciones convenidas por las partes al momento de su celebración, por ello el cumplimiento constituye el modo normal en que concluye un contrato. Empero, es posible que determinadas situaciones, pongan fin al contrato cuando aún no se han satisfecho las prestaciones acordadas.

Como se ha señalado, el contrato puede sufrir la influencia de circunstancias o de hechos sobrevivientes o de un comportamiento de la contraparte posterior a la formación del mismo, que alteren la relación entre los contratantes, o bien perturben el normal desenvolvimiento del contrato, de modo que éste no puede continuar vinculando a las partes en el modo originario en que lo pactaron. Por ello como señala Messineo, se ha preparado el remedio de la resolución a demanda y en beneficio de aquella de las partes respecto de la cual el contrato - a causa del comportamiento de la contraparte o por otra razón objetiva- viene a ser un motivo de sacrificio patrimonial soportarlo sin retribución o bien sin retribución adecuada en lugar de ser el instrumento para la consecución del fin que la parte se había propuesto.

La resolución de contrato, puede tener lugar como consecuencia de: 1) el incumplimiento voluntario (en las modalidades de la resolución judicial o extrajudicial); 2) el incumplimiento involuntario por imposibilidad sobreviniente de la prestación; 3) el incumplimiento involuntario por excesiva onerosidad de la prestación. Cada una de esas causales de resolución, tiene su propia concepción, causas y sus propios efectos, por ello su regulación también es distinta.

La resolución del contrato por incumplimiento, presupone la existencia de un contrato bilateral, con prestaciones recíprocas. El fundamento para que proceda es precisamente el incumplimiento de la prestación debida por una de las partes, en virtud a ello, la parte que ha cumplido su prestación tiene el derecho de liberarse del contrato, sin perjuicio del resarcimiento del daño que el incumplimiento le hubiera ocasionado, por ello, la parte que incumple su obligación no puede pedir la resolución del contrato por esta causal…”.

También corresponde citar el aporte de Carlos Miguel Ibáñez el que en su obra “La Resolución del Contrato” respecto al sinalagma funcional señala: “Una variedad de la teoría de la causa recíproca es el teoría del sinalagma funcional, que a efectos de salvar las objeciones formuladas a aquélla, distingue entre el sinalagma genético y el funcional (…) esa reciprocidad debe subsistir también en el momento o etapa de cumplimiento de contrato, lo que se denomina “sinalagma funcional”, que exige que la reciprocidad de las prestaciones se mantenga durante la vida y ejecución del contrato (…) No basta que en el contrato bilateral surjan obligaciones recíprocas (sinalagma genético), sino que es preciso que dicha reciprocidad se configure también en su cumplimiento, que éste sea recíproco (sinalagma funcional). Así como son recíprocas las obligaciones emergentes, también debe ser recíproco el cumplimiento” (2006, p.39).
De lo cual se deduce que el sinalagma funcional radica precisamente en que estas prestaciones, sean efectivizadas en la ejecución del contrato, cuyas prestaciones deben ser efectuadas en forma secuencial, como ha sido pactado.

Por su parte, al referirse a la Resolución de Contrato el doctrinario nacional Walter Kaune Arteaga en su obra de Contratos Vol.I 2011, pág. 295 señala: “La resolución es un medio de invalidez, por causas sobrevinientes, de los contratos sinalagmáticos o bilaterales, que generan obligaciones recíprocas e interdependientes y que surgen en forma coetánea o contemporánea con la formación del contrato, debido al incumplimiento culpable, a la imposibilidad sobreviniente o a la excesiva onerosidad de una de las prestaciones, que deja sin efecto, con carácter retroactivo, una relación jurídica contractual y consiguientemente un contrato que ha nacido plenamente a la vida del derecho”, postura doctrinaria que se acomoda a la interdependencia de las prestaciones.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

De la revisión del recurso de casación, se desprende que:

En la forma.

1) Sobre la denuncia referida a que el recurso de apelación carecía de expresión de agravios para ser considerada.

De la revisión de antecedentes se establece que emitida la sentencia de primera instancia, Rosario Arnez Zapata en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  PIO X Ltda. interpuso recurso de apelación por memorial de fs. 376 a 381 vta., donde aludiendo a los derechos del debido proceso, seguridad jurídica, cuestiona a la sentencia, advirtiendo que  de forma  iinapropiada e ilegal declaró probada la demanda de resolución de contrato planteada por  Félix Soliz Jaimes omitiendo realizar una interpretación coherente, enervando la sana critica considerando los nuevos lineamientos constitucionales como es la verdad material, puesto que erróneamente tiene como hechos probados lo denunciado en la demanda, es así que niega que la vía penal sea idónea para ejercer la devolución de montos económicos, rechaza que ese proceso tenga por objeto debatir el documento base de la cesión de privilegios y garantías, ya que busca investigar  y sancionar los posibles ilícitos que se pudieron cometer a partir de la cesión realizada, acusando que en el punto 3.3. del contrato base de la demanda, el ahora demandante renunció a realizar cualquier reclamo posterior, asimismo sostiene que, de su parte dió cumplimiento con su obligación de cesionarios cancelando el monto pactado protestando el haber cumplido con los requisitos esenciales de validez y eficacia del contrato, concluyendo con observar que  los argumentos  vertidos en la sentencia  no  concuasan con el art. 568  del Código Civil, por ende no  procedía  la resolución de contrato.


Conforme lo descrito sucintamente, se constata que no es evidente que la apelación formulada por la parte demandada haya carecido de expresión de agravios como argumenta el recurrente, pues aunque de forma concisa, no puede calificarse que sus denuncias carezcan de fundamentación, para no ser consideradas por el ad quem, más aún cuando este tribunal de instancia debe regirse al principio de congruencia con relación a la impugnación formulada, absolviendo lo argumentos en resguardo al principio de pertinencia, extrañado por el recurrente o en su defecto disponer lo que en caso amerite de conformidad a derecho, ejerciendo el control del fallo en primera instancia, de acuerdo a la naturaleza de la demanda y los hechos demostrados o no en juicio.


Criterios, que  han sido  cumplidos en el caso de autos, donde el ad quem optó por revocar la sentencia apelada y declarar improbada la demanda y probada la excepción  de falta  de acción  y derecho opuesto por la cooperativa  demandada por memorial de fs. 45  a 47, habiendo  acudido para ello no solamente al recurso de apelación  y demás trámites posteriores al mismo, sino  también verificó los antecedentes  procesales relevantes en el trámite de la causa así como la prueba producida en el proceso y la disquisición sobre los contratos de cesión de créditos  y la figura demandada como es la resolución de contrato  contenida en el art. 568  del Código Civil, para luego concluir en la procedencia de la excepción  planteada a través de un análisis de fondo de la causa, efectivizando así su función  jurisdiccional como tribunal de segunda instancia, razón por la que el presente motivo de recuso de casación deviene  en infundado. 

En el fondo.        

1) Sobre la denuncia de que el Auto de Vista efectuó una mala interpretación y aplicación del art. 568 del Código Civil y que lesionó los arts. 1283, 1285 y 1286 del Código Civil, 397 y 398 del Procedimiento Civil y arts. 1 nums. 13, 16 y 145 del Procesal Civil, además del art. 180 de la Constitución Política del Estado (principio de verdad material).

A efectos de dar respuesta a este punto, se debe partir señalando que conforme se desarrollo en el acápite III.1. del presente Auto Supremo, la figura de la resolución del contrato por  incumplimiento estipulada en el art. 568 del código  civil, si bien obedece a contratos con prestaciones recíprocas donde una de las partes incumple con su obligación pactada, en el caso  de autos  el contrato de cesión de crédito, privilegios y garantías reales, suscrito entre Félix Solis Jaimes en favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “PIO X Ltda”, determinó en su Cláusula Tercera del objeto de la cesión, lo siguiente: “EL CEDENTE, en aplicación de la normativa contenida  en  los arts. 384 y  sgtes. del Código Civil cede la integridad de su crédito, privilegios y garantías reales de manera onerosa a favor de la Cooperativa (LA CESIONARIA)”, asimismo en el punto 3.5 acordaron: “EL CEDENTE, por así convenir a sus intereses, de manera libre voluntaria, CEDE LA INTEGRIDAD DE SU CREDITO, PRIVILEGIOS Y GARANTIAS  REALES  especificados en el presente documento, a cambio  de $us. 14.000,00 (CATORCE MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) quien declara recibir a satisfacción y en su totalidad a momento de suscribir el presente documento (…)”.

Que, de acuerdo a lo pertinentemente transcrito, se establece que el contrato con prestaciones sinalagmáticas suscrito de forma consensuada por las partes, ha sido ya ejecutado y cumplido por las partes a momento de suscripción, conforme se desprende del punto 3.5. de la Cláusula Tercera, en  consecuencia al  no existir  obligación pendiente de cumplimiento por las partes suscribientes, no es de aplicación la referida norma legal en la cual apoya  la demanda el ahora  recurrente (art. 568 del Código Civil), toda vez que este instituto jurídico busca la extinción del contrato por incumplimiento del mismo, resultando  ilógico  que cumplidas las prestaciones acordadas por las partes se demande la extinción de un contrato ya  ejecutado,  considerando que la resolución de contrato, surge como consecuencia del incumplimiento voluntario, involuntario por imposibilidad sobreviniente de la prestación; o, por excesiva onerosidad de la prestación,  situaciones que no acontecen en el caso  de autos, pues es el sinalagma funcional que radica en que estas prestaciones, sean efectivizadas en la ejecución del contrato, cuyas prestaciones deben ser efectuadas en forma secuencial, en el caso de autos  el cumplimiento de ambas prestaciones fue ejecutada de forma inmediata  a su suscripción no existiendo  una obligación pendiente a ser reclamada de forma posterior al mismo.

En ese contexto el argumento de que la Cooperativa demandada efectuó acciones inequívocas de persecución judicial, refiriéndose a un proceso penal instaurado en contra del demandante, por los ilícitos de abuso  de confianza y otros, es ajeno a la acción civil de resolución de contrato por  incumplimiento, situación que  no puede servir de prueba para demostrar un incumplimiento de obligación pendiente de cumplimiento dentro de un proceso  civil, pues el  hostigamiento, amenazas, presión a través de terceras personas y en el proceso penal, deberán ser tramitadas a través de la vía legal correspondiente  e idónea para  preservar sus derechos,  no así a través de la presente acción fallida, razones por las que la prueba producida en el caso  de autos es impertinente para la acreditación de la acción  civil que perseguía el demandante, enervando así cualquier infracción a la normativa  civil, y procesal civil, por el contrario deferir hacia el demandante, resultaría un atentado al principio de verdad material (art.180 de la Constitución Política del Estado) cuando del contrato de cesión de crédito, privilegios y garantías reales, suscrito entre Félix Solis Jaimes en favor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta “PIO X Ltda”, se desprende que el mismo  ya  fue ejecutado por ambas partes,  no existiendo  obligaciones aún pendientes a cumplir.


2) Con relación a que el Auto de Vista, vulnero el los arts. 190 y 375 del Código de Procedimiento Civil, por incurrir en incongruencia.

Conforme se desarrolló líneas arriba del contenido  expreso  en el Auto de Vista que este obedece a la formulación de la demanda, la prueba producida, lo resuelto por el juez de primera instancia, sin que se haya percibido que incurrió en incongruencia externa ni  interna, ya que no hubo  un desconocimiento de los arts. 450  y 519 del Código Civil, al haber verificado que en el contrato  base de la demanda no  existe  obligación pendiente a cumplir, toda vez que el negocio jurídico por el que ambas partes consintieron las contraprestaciones manifestando su declaración de voluntades reglando sus derechos y obligaciones a través del contrato de cesión de créditos que  fue perfeccionado a la suscripción del mismo sin que contenga  fases intermedias pendientes, resultando inviable que  la demanda sea fructífera, como ha entendido el tribunal ad quem, por consiguiente no es evidente que el auto de vista  haya  incurrido  en incongruencia alguna.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista ha resuelto la causa de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado norma legal, ni derecho alguno que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs.  566 a 569 vta., interpuesto por Félix Solis Jaimes contra el Auto de Vista N° 46/2018 de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 555 a 559, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.