TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                    SALA CIVIL



Auto Supremo: 214/2019

Fecha: 07 de marzo de 2019

Expediente: SC-100-18-S

Partes: Herminia Flores Terrazas Vda. de Alanoca c/ Marlín Antezana Haberman, Danitza Antezana Haberman.

Proceso: Mejor derecho propietario, acción negatoria, desocupación, entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios  

Distrito: Santa Cruz 


VISTOS: El recurso de casación de fs. 368 a 369, presentado por Danitza Antezana Haberman impugnando el Auto de Vista 37/2018 pronunciado el 24 de abril por la Sala Cuarta Civil Comercial Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 363 a 364 vta.), en el proceso ordinario seguido por Herminia Flores Terrazas Vda. de Alanoca en contra de la recurrente y otro, Auto de concesión de 4 de julio de fs. 374, Auto Supremo de Admisión de fs. 381 a 382 vta., todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Adelfa Flores Menacho, en representación de Herminia Flores Terrazas Vda. de Alanoca, demandó a Julieta Sofía Jiménez Apaza, (fs. 11 a 13) por mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, pago de daños y perjuicios, contestando Marlín Antezana Haberman pidiendo llamamiento en causa de un tercero (fs. 244 a 245 vta.); en tal sentido, la demandante solicitó integrar a Danitza Antezana Haberman (fs. 254 vta.), quien previa citación contestó y reconvino por nulidad de escrituras falsedad y cancelación de inscripción en Derechos Reales (fs. 285 a 290). Tramitado así el proceso ordinario hasta la emisión de la Sentencia 170/17, de 30 de junio (fs. 322 vta. a 326vta.,) que declaró PROBADA parcialmente la demanda saliente de fs. 11 a 13 de obrados, en cuanto a las pretensiones de mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble, e IMPROBADA en cuanto al pago de daños y perjuicios, por no haber sido demostrado en el proceso, declarando IMPROBADA la demanda reconvencional, disponiendo así la reivindicación, desocupación y entrega del inmueble objeto de la litis a la parte demandante dentro del plazo de 10 días de ejecutoriada la misma.

2. Sentencia que fue recurrida en apelación por Luis Fernando Ribera Aguilera en representación de Danitza Antezana Haberman de fs. 343 a 345 vta., que fue resuelta mediante Auto de Vista Nº 37/2018 pronunciado el 24 de abril por la Sala Cuarta Civil Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 363 a 364 vta.), que CONFIRMÓ la Sentencia recurrida.

El Tribunal de segunda instancia absolvió el recurso de apelación con los siguientes argumentos; respecto a la supuesta falta de notificación con la audiencia preliminar, se tiene cumplida la misma mediante la diligencia de notificación a fs. 320, la que no fue denunciada o impugnada.

Respecto a la prueba de descargo de fs. 258 a 281 consistente en dictamen pericial grafológico, dicha prueba no fue producida en el presente proceso, si bien fue presentada como prueba de descargo con la contestación, contiene solamente un análisis realizado extra proceso (civil o penal), por un perito ajeno a la presente causa, para que tenga la fuerza probatoria de un documento público, acorde con el art. 1289 del Código Civil, mínimamente debió estar acompañado de la respectiva acusación en la vía criminal.

Con relación a que el vendedor de la demandante fue condenado penalmente por haber vendido el inmueble a Herminia Flores Terrazas, el Ad quem sostuvo que no se puede menoscabar el mejor derecho propietario de la demandada, ya que la misma compró de buena fe e inscribió oportunamente en las oficinas de Derechos Reales que hoy sirve de título base del juicio reivindicatorio.

Asimismo, conforme al art. 180 del CPE principio de verdad material, no existió elemento que evidencie que hubo mala fe de la demandante, o que involucre en la participación de alguna supuesta falsificación.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

  1. Acusó vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la seguridad jurídica y defensa establecidos en los arts. 115 a 119 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 271.I) y II) del Código Procesal Civil, puesto que el Tribunal de Alzada asumió correcta la notificación para la audiencia preliminar, sin considerar que la misma surgió de una suspensión de audiencia, que nunca salió de despacho porque se habría escondido de forma maliciosa el expediente, impidiéndole así tomar conocimiento de la misma, llevándose a cabo con la sentencia favorable a la parte contraria.
  2. Reclamó que el Auto de Vista restó relevancia a la falta de pronunciamiento expreso del juez sobre la prueba de descargo y declarar su prueba del peritaje como irrelevante, vulnerando el derecho al debido proceso, principio de legalidad, derecho a la igualdad de partes establecido en el art 119 de la Constitución Política del Estado y al principio de verdad material en contra lo establecido por los arts. 134, 135, 136 y 145 del Código Procesal Civil.
  3. Denunció que no se valoró correctamente el documento de transferencia de compra de la ahora demandante, porque a su criterio el mismo sería falso, empero el Auto indica que no se puede afectar a la compradora de “buena fe” cuando en medio de la transferencia existiría una firma falsificada, vulnerándole los derechos al debido proceso, principio de seguridad jurídica más tutela judicial efectiva, establecidos en los arts. 115 a 119 de la Constitución Política del Estado.


Petitorio.

Concluyó solicitando anular obrados hasta la audiencia preliminar a efecto que pueda producir pruebas bajo las mismas condiciones de la contraparte.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandada contestó negando en todos sus términos por carecer de fundamentos y expresión clara de agravios, como prevé el art. 274.III del Código Procesal Civil. Solicitando a este Tribunal Supremo rechazar el ilegitimo, ilegal, infundado e incongruente recurso de casación en razón de lo dispuesto por el art. 263.II del Código Procesal Civil, confirmando el Auto de Vista N° 37/2018 de 24 de abril.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la carga procesal para las partes, de asistir a secretaria del juzgado.

El art. 84.I del Código Procesal Civil establece: “Por principio las actuaciones procesales en todos los grados serán inmediatamente notificadas a las partes en la secretaría del Juzgado o Tribunal, excepto en los casos previstos por ley. II Con este objeto, las partes, las y los abogados que actúen en el proceso tendrán la carga procesal de asistencia obligatoria a la secretaría del juzgado o Tribunal. III Si la parte o su abogada o abogados, o procurador de estos últimos no se apersonare al Juzgado o Tribunal, se tendrá por efectuada la notificación y se sentará la diligencia respectiva IV. No se considerará cumplida la notificación si el expediente o la actuación no se encontrare en secretaría, cuyo caso se hará constar esta circunstancia en el libro de control de notificaciones u otro medio autorizado del juez o tribunal”. De la lectura del artículo se establece la obligación de las partes de asistir al juzgado con la finalidad de enterarse de todas las actuaciones realizadas dentro del proceso, en caso de no encontrarse el expediente en secretaría, no se considerará cumplida la notificación.

Es en este entendido que se ha orientado a través de diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 1071/2015  L  que: “…las partes deben tomar en cuenta que el impulso del proceso y la correcta sustanciación del mismo no es de responsabilidad exclusiva de los operadores de justicia y su personal de apoyo, sino también es de responsabilidad de las partes litigantes, en este sentido las partes asumen la carga procesal de asistir en forma obligatoria a la secretearía del juzgado los días martes y viernes para notificarse con las actuaciones que se hubieron producido, obligación establecida en el art. 14 de la ley Nº 1760 vigente en ese tiempo, y actualmente establecida en el art. 84 del Código Procesal Civil (en vigencia anticipada), obligación que no fue asumida por las partes… pues no resultan ser actos procesales impulsorios del proceso ya que con estas o sin estas, las partes tenían la carga procesal de asistir al juzgado a efectos de notificación”.

III.2. En cuanto a la verificación judicial de la nulidad.

Al respecto se emitió el Auto Supremo Nº 340/2017 de 3 de abril que refirió: “El art. 546 del Código Civil refiere: “La nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente” la norma citada establece como regla general que la nulidad de un contrato conforme a nuestro Código Civil, debe ser declarada mediante resolución judicial, dentro de un contradictorio donde se establezcan la viabilidad de las causales de nulidad invocadas, puesto que por regla general todo contrato tiene fuerza de ley entre partes, y como se expuso no puede ser considerado nulo de hecho (ipso facto), sino debe existir una resolución judicial ejecutoriada que deje sin efecto el negocio jurídico, asimismo, Gonzalo Castellanos Trigo en su obra, Nulidad, Anulabilidad, Prescripción y Caducidad pág. 78 señala: “Mientras no exista una resolución judicial debidamente ejecutoriada que declare expresamente la nulidad o anulabilidad de un negocio jurídico, no podemos afirmar que tales contratos son inhábiles; por lo tanto la nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente por un órgano jurisdiccional competente.

Toda anulación o anulabilidad de un contrato debe ser declarada judicialmente; vale decir, dentro de un proceso contradictorio “…” empero, siempre debe existir resolución judicial que declara la invalidez del contrato.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver los agravios planteados por el recurrente:

1. Respecto a la supuesta vulneración de los arts. 115 a 119 de la Constitución Política del Estado, concordante con el art. 271.I y II del Código Procesal Civil, sobre la notificación para la audiencia preliminar, sin considerar que la misma surgió de una suspensión de audiencia resolución que nunca salió de despacho porque se habría escondido de forma maliciosa el expediente, impidiéndole así tomar conocimiento de la misma.

De la revisión de obrados  (fs. 319), se tiene acta de suspensión de audiencia preliminar de fecha 22 de junio de 2017, de donde se desprende que ante la inasistencia de la parte demandada el juez de primera instancia señaló que esta debió acreditar legalmente su inasistencia para efectos de ley, ya que de no acreditarse, se daría por desistida las pretensiones, por lo que dispuso nuevo señalamiento de audiencia para el 30 de junio de 2017, actuado con la que fue notificada la parte demandada el 27 de junio de 2017 (fs. 320), asimismo revisada la diligencia, se verifica el sello y la firma del funcionario, no existiendo otra prueba en contrario que haga inferir que no se hubiera cumplido con la diligencia a cabalidad.

Corresponde señalar que el art. 82.I del Código Procesal Civil establece que después de las citaciones con la demanda y la reconvención, las actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso serán notificadas a las partes en secretaria del Juzgado o Tribunal.

Ahora bien, la parte demandada tenía la obligación de asistir diariamente ante el juzgado a objeto de notificarse con las decisiones del juez de la causa, esto según se tiene desarrollado en la doctrina aplicable al presente caso en el considerando III.1) Por otro lado el art. 84.II del Código Procesal Civil establece: Con este objeto, las partes, las y los abogados que actúen en el proceso tendrán la carga procesal de asistencia obligatoria a la secretaría del juzgado o Tribunal. III Si la parte o su abogada o abogados, o procurador de estos últimos no se apersonare al Juzgado o Tribunal, se tendrá por efectuada la notificación y se sentará la diligencia respectiva IV. No se considerará cumplida la notificación si el expediente o la actuación no se encontrare en secretaría, cuyo caso se hará constar esta circunstancia en el libro de control de notificaciones u otro medio autorizado del Juez o Tribunal”.

De lo expuesto se concluye que la recurrente tuvo el tiempo desde la suspensión del actuado judicial el 22 de junio hasta el 30 de junio de 2017, a objeto de tomar conocimiento de los actuados procesales y la resolución del juez y el señalamiento con la nueva audiencia preliminar. Es así que se tiene cumplida la notificación oportuna con tres días de anticipación a la ahora recurrente. Diligencia que no fue denunciada o impugnada, con lo que se convalidó el acto procesal.

Asimismo, acerca de que el demandado se hubiese apersonado al juzgado después de la primera suspensión de audiencia para tener conocimiento del contenido del expediente, no se tienen pruebas contundentes de lo aseverado ya que debió hacer constar para dar fe sobre la comparecencia del demandado a estrados judiciales en el Libro de Notificaciones del Juzgado.

Consiguientemente, el reclamo de la recurrente no tiene asidero legal.


2. Referente al reclamo que el Auto de Vista restó relevancia a la falta de pronunciamiento expreso del juez sobre la prueba de descargo y declarar su prueba del peritaje como irrelevante.

Se dirá al respecto que, la prueba pericial se encuentra regulada de modo detallado en el art. 196 y siguientes del Código Procesal Civil, en el que se reglamenta el sistema de nombramiento de los peritos, aceptación y juramento de su cargo y la forma en que deben evacuar el informe pericial.

Asimismo, el art. 195.I del mismo cuerpo procesal civil hace alusión a que: “La parte que solicite un examen pericial señalará los puntos sobre los cuales versará la prueba, donde la parte contraria podrá objetarla o agregar nuevos puntos.” Por otro lado el parágrafo II del referido artículo, indica que: “La autoridad judicial resolverá en la audiencia preliminar sobre la procedencia del dictamen, designará con criterio propio al perito y fijará los puntos sobre los que versará la pericia, de acuerdo con las proposiciones de las partes y los que considere necesarios.” Situación que no aconteció en el presente proceso, a consecuencia de que el A quo dió por desistida la reconvencional de la ahora recurrente ante la inasistencia de la misma a la audiencia preliminar. 

De lo manifestado supra  corresponde a este Tribunal Supremo manifestar que la literal de fs. 258 a 264 consistente en un dictamen pericial grafológico de la firma de la esposa del vendedor de la demandante, es impertinente al caso de autos, en sentido que, el mismo no fue obtenido cumpliendo con las formalidades legales que permitan su incorporación legal al proceso, ya que deriva a petición de parte, máxime que la misma no fue producida en el presente proceso, tampoco en el proceso penal arrimado al caso de autos, y si bien fue presentada como prueba de descargo con la contestación, fue elaborada por un perito ajeno a la presente causa.

Consiguientemente no se aprecia vulneración del art 119 de la CPE, principio de verdad material y lo establecido por los arts. 134, 135, 136 y 145 del Código Procesal Civil, como erróneamente afirma la recurrente, derivando su reclamo en infundado.


3. Con relación a que no se valoró correctamente el documento de transferencia de compra de la ahora demandante, porque a criterio de la recurrente el mismo sería falso, empero el Auto de Vista sostiene que no se puede afectar a la compradora de “buena fe” cuando en medio de la transferencia existiría una firma falsificada, vulnerando los derechos al debido proceso, principio de seguridad jurídica más tutela judicial efectiva, establecidos en los arts. 115 a 119 de la Constitución Política del Estado.

Conforme se tiene desarrollado en el punto III.2 de la doctrina aplicable al presente caso, el Testimonio de fs. 6 a 7 sobre un contrato de transferencia de lote de terreno a favor de la parte actora, debidamente inscrito en oficinas de Derechos Reales bajo la Matrícula Nº 7011060024536, presentado por la demandante, tiene toda la validez legal mientras no sea declarado nulo previo proceso, conforme lo dispone el art. 546 del Código Civil, de la citada norma se tiene que entre tanto no exista sentencia ejecutoriada que disponga la nulidad de dichos documentos, los mismos tienen toda la validez y vigencia legal.

Ahora, si bien se tiene adjuntado al caso de autos un proceso penal en contra de los vendedores de la actora por el delito de estelionato, en cuyo legajo consta la emisión de una sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de Adán Gutiérrez Zambrana, en dicha resolución se aprecia que se absolvió del delito expresado en la acusación a María Eugenia Macoño Callejas esposa del sentenciado y suscribiente de la aludida transferencia. Téngase en cuenta que en dicha causa penal no fue objeto del proceso la supuesta falsificación de la firma de la esposa del vendedor de la actora, sino que Adán Gutiérrez Zambrana fue condenado por el delito de estelionato al transferir el bien inmueble objeto de litis a dos personas distintas y no así por la falsedad de la transferencia a Herminia Flores Terrazas.

Finalmente se dirá que los de instancia acogieron favorablemente la demanda de fs. 11 a 13 de obrados, en cuanto a las pretensiones de mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, desocupación y entrega de inmueble en razón de que la parte actora registro su derecho propietario en oficinas de Derechos Reales al amparo del art. 1538 del Código Civil, a contrario sensu de la recurrente que si bien adquirió el inmueble objeto de litis en fecha anterior a la del demandante, la misma no registro la transferencia en oficinas de Derechos Reales, no haciendo oponible a terceros. Por lo que el reclamo de la recurrente no tiene asidero jurídico legal.    

De la contestación al recurso de casación.

Se dirá que mediante Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones del recurrente, esto bajo orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre.

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 368 a 369, presentado por Danitza Antezana Haberman impugnando el Auto de Vista 37/2018 pronunciada el 24 de abril por la Sala Cuarta Civil Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia y Violencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 363 a 364 vta.). Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación, en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.