TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 212/2019

Sucre: 07 de marzo de 2019

Expediente: LP-94-18-S

Partes: María Rosario Fernández Ochoa c/ Encarnación Catacora de Bautista

Proceso: Cumplimiento de contrato y otros

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 189 a 193, interpuesto por María Rosario Fernández Ochoa; contra el Auto de Vista Nº 112/2018 de 16 de marzo de 2018, cursante de fs. 182 a 184 vta., pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre cumplimiento de contrato más daños y perjuicios, seguido por la recurrente en contra de Encarnación Catacora de Bautista; la contestación de fs. 195 a 196; el Auto de Concesión del recurso de 2 de julio de 2018, cursante en fs. 197, Auto Supremo de admisión del recurso de fs. 203 a 204 vta., todo lo inherente, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Con base en el memorial de demanda de fs. 4 y vta., subsanado de fs. 8 y 9, María Rosario Fernández Ochoa inició proceso ordinario sobre cumplimiento de contrato más daños y perjuicios; acciones que fueron dirigidas en contra de Encarnación Catacora de Bautista, quien una vez citada, por memorial de fs. 18, solicitó declinatoria del proceso; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia Nº 39/2016 de 25 de enero, cursante de fs. 145 a 147, y su Auto complementario de fs. 151, donde la Juez de Partido Civil y Comercial Nº 5 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declaró Improbada la demanda.

2. Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por María Rosario Fernández Ochoa, mediante memorial de fs. 156 a 159 vta.; la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista Nº 112/2018 de 16 de marzo, cursante de fs. 182 a 184 vta., por la que Confirmó la Sentencia antes mencionada.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia con los siguientes argumentos: que para demandar el cumplimiento de contrato, previamente la parte demandante debe haber cumplido su prestación, más allá de suponer una estafa por la demandada, la demandante debió cumplir con la obligación contraída ya sea por medio de una carta notariada o haber realizado una oferta de pago.

Además de ello por la cláusula sexta del contrato la compradora podía inscribir su derecho en las oficinas de Derechos Reales, pues la vendedora autorizaba ello, por lo que el criterio vertido por la autoridad judicial es coherente a los fundamentos establecidos.

Referente al segundo agravio, el Tribunal de segunda opinión refirió que si bien se establece las obligaciones de la vendedora, este debe entenderse como una contraprestación futura y una vez materializado el pago total por la compradora, la vendedora se obligaba a cumplir el contrato, de la apreciación de las pruebas el contrato realizado por las partes determina obligación de mutuo acuerdo.

En cuanto al tercer agravio expresó que, el anticipo de venta constituye una señal del precio y la cantidad de dinero entregada sirve para confirmar el contrato, por lo que no cabe la posibilidad de echarse atrás, porque la parte que cumple puede obligar a la otra, a que cumpla lo pactado incluso judicialmente. La compradora debió previamente cumplir con la cancelación total de la venta, como señaló el A quo el contrato adolece del plazo para cada una de las partes del cumplimiento de las obligaciones asumidas, sino existen estas cláusulas que determinan el tiempo, cómo se materializará la cláusula sexta, si se carga a la vendedora se crearía un supuesto que las partes no acordaron.

Finalmente el Ad quem señaló que si bien la Juez determinó la imprecisión en la ubicación de los inmuebles, de la cláusula primera se establece que la demandada es propietaria de 780 m2, y de la prueba de inspección ocular y confesión provocada y la propia confesión de la demandante, todo el terreno era un canchón que comienza sobre la carretera a Viacha y el otro en su lado posterior y de los cuales 2 lotes de 400 m2 fueron transferidos, lo que se evidencia que estos 2 lotes no se encuentran delimitados con exactitud, no sabiendo la posición exacta, por lo que debe preguntarse cómo se cumplirá el contrato, sin haber sido singularizado.      

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte demandante, María Rosario Fernández Ochoa, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen el recurso de casación en la forma, los siguientes argumentos:

  1. La violación de los arts. 494 y 510 del Código Civil, respecto a la interpretación del contrato base de litis, manifestando que el Auto de Vista 112/2018 en su Considerando II se limita a señalar de manera escueta las condiciones y obligaciones a las cuales las partes se sujetaron, desconociendo que de acuerdo al referido art. 510, en la interpretación de los contratos se debe averiguar la intensión común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, por lo que el Tribunal de alzada debió realizar una interpretación conforme al principio de verdad material.
  2. La infracción de los arts. 312, 340, 509, 519 y 621.II del Código Civil, concernientes al plazo indeterminado, en sentido que ante la carencia de una fecha pactada por las partes, la autoridad jurisdiccional debió señalar el plazo de cumplimiento conforme dictan los arts. 311 y 315 del CC.
  3. La transgresión de los art. 304, 486 y 579 num.3) del Código Civil, al no haberse considerado que los referidos artículos facultan al deudor a entregar la cosa de calidad media para liberarse de las obligaciones genéricas, en cuyo entendido si bien en el negocio jurídico objeto de debate no se ha hecho referencia a la ubicación exacta del inmueble a transferir, no es menos evidente que la autoridad jurisdiccional podía obligar a la parte contraria a que cumpla con la obligación de forma genérica y no limitarse a una ausencia que tenga como consecuencia la negación de acceso a la justicia.

Petitorio.

Por todo lo expuesto, solicitó se dicte resolución casando el Auto de Vista,

Respuesta al recurso de casación

La parte demandada respondió en sentido que el problema se reduce, tal cual lo mencionó el Auto de Vista, al hecho de que para el cumplimiento de la obligación, debió iniciarse primero una acción de oferta de pago seguida de consignación, que no se lo hizo, por ello es que no se puede forzar un procedimiento de cumplimiento de obligación, cuando la parte demandada tampoco cumplió.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.


III.1. De la eficacia del contrato.

Carlos Morales Guillen en su Código Civil Concordado y Anotado refiere sobre las obligaciones del contrato: “El contrato, fuente importantísima de las obligaciones, produce como efecto principal e inmediato la formación de la relación jurídica, con todas las consecuencias a que da origen. Esta consecuencia pertenece, realmente, a los efectos de las obligaciones examinadas ya al tratar el art. 291 y s. Sin embargo, no debe olvidarse que todos los efectos de las obligaciones también son propios del contrato.”

“Principio dominante del derecho moderno -a pesar de cualquier eufemismo sobre la relatividad de la autonomía de la voluntad individual en el negocio jurídico en general y en el contrato en particular- es conceder la mayor libertad a los contratantes, y, por esto mismo, la mayor eficacia a su voluntad, en todo aquello que es lícito.

El precepto del art. 519, es consecuencia del principio de la autonomía de la voluntad consagrada en el art. 454 (Mazeaud) y no reposa únicamente sobre consideraciones individualistas. Le informa asimismo un fundamento moral, económico y social. Por el primero la palabra dada debe ser mantenida, la promesa debe ser cumplida: pacta sunt servanda. Respetar el contrato vale tanto como el deber de cumplirlo (Messineo). El fundamento económico y social tiene relación con el interés de la sociedad entera, que exige la mayor confianza en la puntual observancia de lo pactado. Es el secreto del crédito, sobre que reposa la subsistencia de la sociedad (Rouast, cit. por Mazeaud).

Las dos reglas contenidas en este artículo, se explican por sí solas.

Los contratos formalizados legalmente tienen fuerza de ley para aquéllos que los han celebrado. El contrato es para las partes contratantes una ley, con la misma fuerza y autoridad que cualquier norma, aunque su alcance sea limitado y único: obliga exclusivamente a los contratantes (art. 523), porque el negocio jurídico da nacimiento a normas jurídicas solamente individuales, no generales (Kelsen, cit. por R. Villegas).”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver los agravios planteados por los recurrentes:

1.- La actora María Rosario Fernández Ochoa mediante memorial de fs. 4 y vta., subsanado de fs. 8 y 9, al amparo de los arts. 291, 294, 344 y 508 del Código Civil y en aplicación del art. 327 del Código de Procedimiento Civil (abrogado)  interpuso demanda de cumplimiento de contrato más daños y perjuicios en contra de Encarnación Catacora de Bautista sosteniendo que con la demandada en fecha 21 de julio de 2010 suscribieron documento privado de anticipo de venta con reconocimiento de firmas y rúbricas (fs. 2 a 3) sobre dos lotes de terreno ubicados en el Ayllu Charapaqui, actual Villa Bolívar “D” Mza. 188, con una superficie de 200 m2 cada uno, expresa también que hasta la fecha de interponer la demanda, la parte vendedora incumplió con los términos del contrato de pre-venta y no entregó los dos lotes de terreno descritos.

En mérito a lo señalado, la recurrente reclama en casación que el Auto de Vista recurrido se limitó a señalar de manera escueta las condiciones y obligaciones a las cuales las partes se sujetaron, desconociendo que de acuerdo al art. 510 del Código Civil, en la interpretación de los contratos se debe indagar la intensión común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras conforme al principio de verdad material.

Asimismo denunció la infracción de los arts. 312, 340, 509, 519 y 621.II del Código Civil, concernientes al plazo indeterminado, en sentido de que ante la carencia de una fecha pactada por las partes, la autoridad jurisdiccional debió señalar el plazo de cumplimiento conforme dictan los arts. 311 y 315 del Código Civil.

Finalmente acusó la transgresión de los art. 304, 486 y 579 num.3) del Código Civil, al no haberse considerado que los referidos artículos facultan al deudor a entregar la cosa de calidad media para liberarse de las obligaciones genéricas, si en el negocio jurídico objeto de debate no se ha hecho referencia a la ubicación exacta del inmueble a transferir, la autoridad jurisdiccional podía obligar a la parte contraria a que cumpla con la obligación de forma genérica.

De los agravios de fondo referidos, se entiende que la recurrente acusa error de hecho y de derecho en la valoración de la literal de fs. 2 a 3 consiste en el documento privado de anticipo de venta de dos lotes de terreno de 21 de julio de 2010.

A efectos de dar respuesta al reclamo de la recurrente se dirá que ante los hechos ocurridos en la ejecución y cumplimiento de un contrato es facultad de los Tribunales de instancia que podrán determinar si se cumplió o no lo establecido en el contrato, asimismo la valoración acerca de que si determinados actos constituyen o no cumplimiento del contrato puede ser revisada por este Tribunal Supremo. Para determinar si existió incumplimiento en la relación contractual se presenta dos facetas, la fáctica que tiene relación con los hechos o actos realizados u omitidos y la jurídica que tiene que ver con la trascendencia o significación jurídica en base a los hechos para llegar a una determinación.  

De la doctrina aplicable al presente caso en el considerando III.1, cuando hablamos de la obligación de cumplimiento de los contratos firmados. “Pacta Sunt Servanda”, hacemos referencia a que “lo pactado obliga”, es decir, se obliga a su cumplimiento, es una regla jurídica que indica que las partes deben atenerse a los términos de lo acordado en el contrato. Siguiendo el análisis el Art. 519 del Código Civil le da a las obligaciones del contrato eficacia, ya que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes suscribientes. El mismo no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley. Asimismo el art. 520 de la norma sustantiva civil le da la efectividad desde el momento en que varias personas consienten en tener obligaciones unos con otros. Ya sea para dar alguna cosa, o bien para la prestación de servicios.

Por otro lado el art. 616.II del Código Civil, obliga al vendedor a entregar la cosa con todos sus accesorios y frutos si no se ha pactado diversamente, el art. 1194 del mismo cuerpo sustantivo civil expresa que debe entregarse con todos sus accesorios propios e indispensables. Por lo que la vendedora no puede desligarse de las obligaciones prefijadas en el contrato que afectan a la compradora.

Así, en el caso presente se pactó por las partes en el aludido contrato de 21 de julio de 2010 en su cláusula tercera sostiene que a la firma del documento la ahora recurrente canceló la suma de $us.11.500.-, y los restantes $us.11.500.- será cancelado a momento de firmar las correspondientes minutas y protocolos notariales. Por la cláusula cuarta la vendedora se compromete a salir a las garantías de evicción y saneamiento de ley en todos los casos que sean necesarios y de la cláusula quinta se desprende que las colindancias de los lotes, aún no pueden especificarse, porque no existe el plano de ubicación de los lotes, de lo que se entiende que ese proceso administrativo de saneamiento debía realizarlo la vendedora, situación que no se efectivizó, y lo cierto es que los reclamos llevados a cabo por la compradora reflejados en la apelación a la sentencia, se realizaron en un momento en que la vendedora aún no realizó los trámites administrativos de los lotes de terreno en oficinas de Catastro Urbano del GAM El Alto, y sobre todo, se puede apreciar de la recurrente una actitud favorable a la consumación del contrato.

En consecuencia, por las razones ya expresadas, se estima que los tribunales de instancia soslayaron observar el art. 494.II del Código Civil, que establece que toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido y entendido que se cumpla, asimismo el art. 510 del mismo compilado sustantivo civil refiere que en la interpretación de los contratos se debe averiguar la intensión común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras, por lo que los tribunales de instancia soslayaron realizar una interpretación conforme al principio de verdad material, es decir, toda obligación sinalagmática o bilateral determina que el cumplimiento de las prestaciones debidas son la causa para exigir el cumplimiento de las prestaciones exigibles y en el caso de autos la recurrente cumplió con su parte del contrato cancelando el 50 %, ($us.11.500.-) y los restantes 50% ($us.11.500.-) serían cancelados a momento de firmar las correspondientes minutas y protocolos notariales y ante el incumplimiento de la parte demandada la parte actora exigió el cumplimiento de las prestaciones de la misma, y esta tiene la obligación de cumplir con lo estipulado en el contrato objeto de litis.

Así se tiene que los tribunales de instancia no acogieron la pretensión de la parte actora con el argumento que no existiría un plazo para el cumplimiento de la obligación contraída, situación que corresponde enmendar a este Tribunal Supremo al amparo del art. 311 del Código Civil, que indica que cuando no hay tiempo convenido, el acreedor puede exigir inmediatamente el cumplimiento, a no ser que los usos o la naturaleza de la prestación o bien el modo y lugar de cumplimiento hagan necesario un plazo, que fijará el juez, si las partes no se avienen en determinarlo. Si bien según el art. 315 del Código Civil se puede pedir inmediatamente el cumplimiento de la obligación como pretende la recurrente, pero por la naturaleza del presente contrato no se puede acoger la petición de la actora, sino otorgar un plazo para dicho cometido. Por lo que corresponde a este Tribunal Supremo otorgar un plazo de tres meses para que la vendedora subsane en Catastro Urbano del GAM El Alto las deficiencias que puedan tener los lotes de terreno ofrecidas en venta y se realice la entrega correspondiente a la parte actora (compradora).

De todo lo expuesto supra se desprende la procedencia de acoger favorablemente la demanda de cumplimiento de obligación de fs. 4 y vta., subsanado de fs. 8 y 9. Asimismo corresponde declarar improbada la demanda accesoria de pago de daños y perjuicios por no haberse arrimado al proceso elementos probatorios que hagan posible acoger la misma.

De la respuesta al Recurso de Casación.

Este Tribunal Supremo dando cumplimiento a lo previsto por el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, asimismo en aplicación del art. 180.II de la Constitución Política del Estado que garantiza el principio de impugnación, consecuentemente correspondió otorgar la respuesta pertinente, verificando los antecedentes del proceso y establecer que los tribunales de instancia no razonaron conforme a la jurisprudencia desarrollada al respecto, conforme fluye de lo transcrito en el punto III.1 de la doctrina aplicable al caso, si bien el demandado realiza objeciones a las argumentaciones realizadas por el recurrente, la pretensión debatida respecto al punto neurálgico resulta ser la aplicación de los arts. 311, 315, 494 y 510 del Código Civil, que como se tiene demostrado por el análisis y aplicación de los aludidos artículos, correspondía determinar que la parte demandada cumpla con las obligaciones contraídas en el contrato de 21 de julio de 2010, aspecto explicado con claridad en la fundamentación de la presente resolución, que debe tenerse presente de manera estricta.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación sí resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, CASA parcialmente el Auto de Vista Nº 112/2018 de fecha 16 de marzo, cursante de fs. 182 a 184 vta.; y deliberando en el fondo, declara Probada la demanda de cumplimiento de contrato cursante de fs. 4 y vta., subsanada de fs. 8 y 9 manteniendo la decisión de declarar Improbada la demanda accesoria de pago de daños y perjuicios. Consiguientemente se otorga un plazo de tres meses para que la vendedora subsane en Catastro Urbano del GAM El Alto las deficiencias que puedan tener los lotes de terreno ofrecidos en venta y se realice la entrega correspondiente a la parte actora (compradora), sin costas y costos por la casación parcial.

Sin  responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.