TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        SALA CIVIL



Auto Supremo: 209/2019

Fecha: 07 de marzo de 2019

Expediente: LP-96-18-S

Partes: Enrique Condori Choque c/ Alejandro Sajama Calle y Bernardina Sajama Calle

Proceso: Acción de reivindicación por mejor derecho propietario y acción de nulidad de escritura pública.

Distrito: La Paz.

VISTOS: Los recursos de casación de fs. 617 a 620 y 622 a 623 vta., interpuestos por Alejandro Sajama Calle y Bernardina Sajama Calle respectivamente contra el Auto de Vista N° S-250/2018 de 02 de mayo, cursante de fs. 614 a 615 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de acción de reivindicación por mejor derecho propietario y nulidad de escritura pública, seguido por Enrique Condori Choque en contra de Alejandro Sajama Calle y Bernardina Sajama Calle, contestación a los recursos de casación de fs. 628 a 630 vta., el Auto de concesión de 17 de julio de 2018 cursante a fs. 631, Auto Supremo de admisión Nº 758/2018-RA de fs. 636 a 638, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la demanda de reivindicación por mejor derecho propietario y nulidad de escritura pública interpuesta por Enrique Condori Choque en contra de Alejandro Sajama Calle y Bernardina Sajama Calle, que previa su citación los demandados, la última contestó negativamente a la demanda e interpuso acción reconvencional de usucapión ordinaria de fs. 113 a 114 vta., asimismo el codemandado formuló e interpusieron incidentes de protección de derechos constitucionales de fs. 105 a 106 vta. y de caducidad  a fs. 118 y vta., los cuales fueron rechazados mediante Auto Nº 037/2015 de 20 de marzo de fs. 224 a 225 vta.

Tramitado el proceso el Juez Público en lo Civil y Comercial  Nº 4 de la ciudad de La Paz, pronunció la Sentencia Nº 150/2017 del 22 de febrero cursante de fs. 572 a fs. 581, donde declaró IMPROBADA demanda de reivindicación por mejor derecho propietario, nulidad de escritura pública y daños y perjuicios interpuestas por Rene Condori Choque, e IMPROBADA acción reconvencional de usucapión quinquenal promovida por Bernardina Sajama Calle, sin costas por juicio doble.

Resolución de primera instancia que fue apelada por el demandante, mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista No. S-250/2018 de 02 de mayo, cursante de fs. 614 a 615 vta., que ANULÓ la Sentencia, disponiendo que se emita una nueva sentencia, argumentando que:

La sentencia debe emitir pronunciamiento en el fondo estimando los hechos y pruebas aportadas al proceso, debiendo guardar relación con la demanda, reconvención y respuesta de ambas, ello con la finalidad de no quebrar el principio de congruencia. De manera similar refirió que establecida la relación procesal, esta no puede ser eliminada, ni modificada o adicionada, ello conforme al principio de congruencia.

Consideró que la Sentencia Nº 150/2017 vulnera los art. 190 y 192 del Código de Procedimiento Civil, dado que: en el Resultado III el juez a quo no realiza un análisis fáctico-legal de los medios probatorios, tampoco existe una operación lógica-jurídica vinculada a los medios probatorios con la fijación de hechos; que el juez a quo se limitó anunciar la improcedencia de la demanda de mejor derecho propietario no por no existir la singularización del derecho propietario; referente a la improcedencia de la acción reconvencional el juez de grado solo citó dos líneas doctrinales, por lo que no efectuó la debida fundamentación y motivación.

Resolución que fue impugnada vía recurso de casación interpuesto por Alejandro Sajama Calle y Bernardina Sajama Calle, recursos que se analizan.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Por Alejando Sajama Calle.

1. Indicó que la acción reivindicatoria se torna compleja, cuando el demandado alega ser propietario de la cosa, siendo que el recurrente señala ser propietario del lote de terreno pretendido en reivindicación.

2. Señaló que la Sentencia sería correcta al declarar improbada la acción reivindicatoria, de tal manera que no corresponde anular la Sentencia puesto que responde a una demanda defectuosa.

3. Acusó que el Auto de Vista al anular obrados hasta la Sentencia N° 150/2017 estaría vulnerando los art. 105.I del Código Procesal Civil.

Por lo que solicitó se imprima el trámite de ley correspondiente para que este Tribunal anule el Auto de Vista impugnado ordenando se dicte una nueva resolución.

Por Bernardina Sajama Calle.

1. Indicó que el presente proceso lo promovió Enrique Condori Choque y que sin justificativo legal Rene Condori Choque habría sustituido al actor, lo que importaría un vicio de nulidad absoluta, más cuando no se habría apersonado al proceso ni se habría aceptado la personería de Rene Condori Choque.

2. Pugnó la indefensión de los copropietarios, puesto que en la documentación que adjunta figurarían también sus hermanos Alejandro Sajama y Daniel Sajama Calle, también se salvaron los derechos de Nelly Roxana, Juan y Delfina Sajama Calle del bien en litigio.

3. Acusó también la indefensión de los descendientes, en vista que la certificación del SERECI N° 1486/2016 denotaría que Ricardo, Nelly, Roxana, Daniel, Bernardino, Delfina, Alejandro y Bernardina son hijos de Ángel Segundo Sajama Quispe y Raymunda Calle Mollo, de modo que una vez admitida la demanda se debió notificar a todos los herederos de Angel Segundo Sajama Quispe y Raymunda Calle Mollo, ello acorde al art. 1233.I de Código Civil y los arts. 251 y 679 del Código de Procedimiento Civil abrogado, por lo tanto se coartó el derecho a la defensa material de sus hermanos declarados herederos, señala que tampoco se notificó a presuntos herederos, ni en forma personal ni por edictos.

En tal sentido solicitó anular obrados hasta el vicio más antiguo, sea con costas y multas de ley.

De la respuesta a los recursos de casación.

Al recurso planteado por Bernardina Sajama Calle.

1. Señaló que el recurso de casación de Bernardina Sajama Calle debe ser declarado improcedente porque no especifica de manera clara la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas incorrectamente.

2. Replicó que los demandados nunca negaron la posesión del inmueble, aspecto que se puede corroborar en la contestación, incluso mencionó el A.S. 1098/2015 L de 03 de diciembre de 2015, arguyendo su posesión civil.

3. Manifestó que solo existe un error en cuanto a la consignación del nombre en la Sentencia y el Auto de Vista, siendo el correcto Enrique Condori Choque, aspecto que no constituye una causal de nulidad.

4. Objetó en cuanto a Alejandro y Bernardina Sajama Calle que no serían lo únicos descendientes de sus padres Ángel Segundo Sajama Quispe y Raymunda Calle Mollo, tal cuestión no tendría relevancia para alegar la invalidez del Auto de Vista

Concluyó pidiendo que este Tribunal declare la improcedencia del recurso de casación planteado.

Al recurso planteado por Alejandro Sajama Calle.

1. Contradijo que el codemandado basa su fundamento en un título de propiedad que no corresponde al objeto del proceso.

2. Manifestó que el juez de grado cumpla con el contenido del Auto de Vista recurrido conforme a las pruebas aportadas al proceso, y donde el codemandado reconoce que no tiene título de propiedad y que pretende adquirirlo por usucapión.

3. Señaló que el recurrente no especificó ni planteó recurso de casación en el fondo o en la forma, debido a lo cual no hace ninguna fundamentación respecto a los defectos del Auto de Vista recurrido.

Concluyó pidiendo que este Tribunal declare la improcedencia del recurso de casación planteado, con costas y costos.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Respecto a la nulidad procesal.

El Auto Supremo Nº 767/2016 de 28 de junio señaló “La uniforme línea jurisprudencial trazada por éste Tribunal ha superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento de las formalidades o el acaecimiento de un vicio procesal buscando simplemente resguardar las formas previstas por la ley procesal, “hoy en día, lo que en definitiva interesa, es analizar si realmente se transgredieron las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes en litigio y que a la postre derive en una injusticia”; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en conflicto hagan valer sus derechos dentro del marco del debido proceso y en un plano de igualdad de condiciones ante un Juez natural y competente; esta posición de ningún modo implica desconocer los principios que rigen las nulidades procesales, tales como el de especificidad o legalidad, trascendencia, convalidación entre otros, más por el contrario deben ser acatados y cumplidos dichos principios; dentro de esa corriente se configura precisamente el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y de los arts. 105 y 106 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil; criterio reiterado en los Autos Supremos Nº 223/2013 de 6 de mayo, Nº 336/2013 de 5 de julio, Nº 78/2014 de 17 de marzo, y Nº 514/2014 de 8 de septiembre, entre otros.”

III.2. Del principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Al respecto el Auto Supremo Nº 583/2018 de 28 de junio enfatizó que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.

III.3. De la motivación de las resoluciones.

En relación a este tema podemos citar el Auto Supremo Nº 37/2017 de 24 de enero 2017, donde expresó lo siguiente: “Del agravio referido se advierte como fundamento la falta o carencia de motivación del Auto de Vista, sobre este  tópico  relacionado a la motivación es menester  previamente citar la SC. Nº 0669/2012  de fecha  2 de agosto que ha referido:”…. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y las citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC Nº 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC Nº 1054/2011-R de 1 de julio).”  Del entendimiento constitucional dado se advierte que para el cumplimiento del debido proceso en su subelemento  motivación de una resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su resolución, cumplido este extremo se tiene por realizada  la motivación de una resolución, empero, cuando los litigantes, no están de acuerdo con dicha motivación, otro resulta el tema y agravio a invocar, muy diferente al de la falta motivación, ya que, no nos encontramos dentro del marco de la falta de motivación, sino por el contrario el de una errónea aplicación,  interpretación o violación de la ley o en su caso errónea valoración de la prueba, mismo que debe ser impugnado vía recurso de  casación en el fondo.”

III.4. Facultad de mejor proveer en segunda instancia y el principio de verdad material.

El art. 264.I del Código de Procesal Civil dispone: “(…) en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer (…)”, aspecto concordante con el art. 207.II en la que indica: “La autoridad judicial, concluida la audiencia, en forma excepcional podrá disponer la prueba que considere necesaria para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su criterio”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto los jueces y Tribunales de instancia están capacitados de hacer uso de su facultad de mejor proveer en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, toda vez que bajo nuestro enfoque Constitucional, éste entre otros principios procura el restablecimiento del orden jurídico, es así que se busca materializar el principio de verdad material  en cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En consideración a los principios y valores establecidos en nuestra constitución debemos establecer el alcance efectivo de las nulidades procesales, entre las razones que vinculan esta materia citamos la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, que indicó: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”, de tal manera que el juzgador al momento de emitir una resolución debe proseguir con el desarrollo del proceso, este aspecto orienta que la nulidad procesal es una medida excepcional, dado que la finalidad del proceso es brindar materialmente a las partes una tutela judicial efectiva e inmediata, sin una dilación innecesaria de los actos, por lo tanto las autoridades judiciales a tiempo de acoger esta medida de última ratio deben considerar la incidencia directa de la decisión sobre el litigio, tomando en cuenta que el Tribunal ad quem tiene plenas facultades para proseguir con el desarrollo del proceso, en virtud a los art. 218.III, 264.I, 265.I y III del Código Procesal Civil.

Puesto que el Auto de Vista No. S - 250/2018 de 02 de mayo, cursante de fs. 614 a 615 vta. es anulatorio, entonces es necesario por metodología estructural que este Tribunal se pronuncie exclusivamente sobre los reclamos de forma circunscritos en la resolución aludida y pugnada por los recurrentes.

Recurso de casación por Alejando Sajama Calle de fs. 617 a 620.

a) En relación a los reclamos de forma planteado por el recurrente indica que no correspondería anular la sentencia puesto que la demanda sería defectuosa, no razona sobre el fondo del litigio, en tal sentido del examen del Auto de Vista N° S 250/2018 es evidente que Tribunal Ad quem  de fs. 614 a 615 vta., se limita a anular la sentencia con base en la carencia de señalar los medios probatorios que formaron convicción en el juez de grado, y la falta de fundamentación y motivación en relación a la improcedencia tanto de la demanda de mejor derecho propietario y como de la acción reconvencional, al respecto ninguna de las partes habrían reclamado tales argumentos como agravios contra la sentencia.

Sin embargo, de la revisión de la s entencia a fs. 578 en el rótulo de hechos demostrados se tienen establecidos los medios probatorios que formaron convicción en el juez de instancia para la emisión de la Sentencia N° 150/2017, por otra parte a fs. 579 vta., en segundo párrafo el juez de grado razonó que: “si bien existe la identificación del bien inmueble, no existe la singularidad del derecho propietario, toda vez que existen dos derechos propietarios respecto de un mismo bien inmueble, que necesariamente debe ser debatido a través de proceso de conocimiento y contradictorio; toda vez que en el caso que nos ocupa, el actor no ha demandado el mejor derecho de propiedad…”, de este modo es claro el fundamento por el que el juez de grado no acogió la pretensión del demandante, hecho que impulsó a plantear el recurso de apelación por el demandante de fs. 584 a 589, los cuales deben ser resueltos por el Tribunal de Alzada.

Recurso de casación por Bernardina Sajama Calle de fs. 622 a 623 vta.

a) Al punto 1, se debe tener presente que el error en la consignación del nombre en la Sentencia y el Auto de Vista no es causal de nulidad absoluta, indicando el demandante que lo correcto es Enrique Condori Choque, por lo tanto tal reclamo no altera en lo sustancial la decisión principal, sino se puede corregir o enmendar los errores materiales advertidos haciendo uso del art. 226.I del Código Procesal Civil, o 218.III del mismo adjetivo civil.

b) En cuanto al punto 2 y 3, la recurrente alega la indefensión de los copropietarios, a lo cual se advierte que tales reclamos son dilatorios al litigio, debido a que de la revisión de obrados se capta a fs. 547 y vta. que la recurrente instó la nulidad de obrados por falta de notificación a los presuntos herederos, mismo que no fue aclarado en el momento oportuno, en tal sentido opera el principio de convalidación de los actos, no siendo atendible el reclamo de la recurrente.

En tal sentido se debe recordar que el Tribunal de segundo grado, al constituir un órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tiene la facultad y la obligación para analizar y resolver todos los fundamentos del recurso de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse a la resolución de la causa, más cuando en el texto del memorial de apelación constan los fundamentos y especialmente agravios que deben ser resueltos y considerados sin restricción alguna.

En este entendido, correspondía al Tribunal de apelación, pronunciarse resolviendo el recurso de apelación de fs. 584 a 589, otorgando a la parte recurrente una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 265. I y III del Código Procesal Civil, y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad del Auto de Vista, toda vez que si no existe pronunciamiento sobre las pruebas adjuntas al proceso en primera instancia, conforme a los aspectos alegados en el recurso de alzada y en el de su contestación el ad quem se encuentra facultado para considerar las omisiones generadas en sentencia.

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 218.III y 265.I y III del Código Procesal Civil, normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Por lo expuesto, en aplicación del art.106. I del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.III.1. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N° S - 250/2018 de 02 de mayo pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, disponiendo que el Tribunal de alzada sin espera de turno y previo sorteo, emita nueva resolución en el marco de la presente resolución, salvando la facultad del Ad quem de generar prueba para mejor proveer conferido por el art. 264.I. del Código Procesal Civil. Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17.IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.