TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 208/2019

Fecha: 06 de marzo de 2019 

Expediente: B-14-18-S

Partes: Gloria Suárez Vargas c/ Loida Suárez Vargas.

Proceso: Nulidad de Contrato.

Distrito: Beni.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 200 a 204, interpuesto por Gloria Suárez Vargas; contra el Auto de Vista Nº 82/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 196 a 197 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, dentro del proceso ordinario sobre nulidad de contrato y otros, seguido por la recurrente en contra de Loida Suárez Vargas; el Auto de concesión del recurso de 26 de junio de 2018, cursante en fs. 208, Auto Supremo de admisión de fs. 213 a 214 vta., todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Con base en el memorial de demanda de fs. 12 a 15, Gloria Suárez Vargas inició proceso ordinario sobre nulidad de contrato; acción que fue dirigida en contra de Loida Suárez Vargas, quien, una vez citada con la demanda, por memorial de fs. 61 a 62 vta., contestó negativamente e interpuso incidente de litispendencia, el cual se declaró IMPROBADO por Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2016; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia No. 38/2017 de 10 de agosto, cursante de fs. 169 a 175, donde el Juez Público Civil y Comercial Nº 1 de Santa Ana del Yacuma, perteneciente al Tribunal Departamental de Justicia de Beni, declaró IMPROBADA la referida demanda.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Gloria Suárez Vargas, mediante memorial de fs. 177 a 180 vta.; la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, emitió el Auto de Vista Nº 82/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 196 a 197 vta., por el que CONFIRMÓ la Sentencia antes mencionada.

El Tribunal de segunda instancia absolvió el recurso de apelación con los siguientes argumentos; en cuanto al reclamo de que no se valoró objetivamente el plexo probatorio. El Tribunal de Alzada refirió que efectuando una valoración objetiva y armónica del proceso, concluyó que la parte demandante no probó con ningún medio probatorio que el objeto del contrato cuestionado sea carente de requisitos legales, ya que el contrato de 30 de diciembre de 2009, tuvo por objeto la transferencia del derecho propietario de un bien inmueble urbano existente al momento de su celebración; asimismo, el bien objeto de transferencia esta individualizado en el documento, cuyas características y datos de ubicación, dimensiones, colindancias y registros en Derechos Reales se encuentran determinados tanto en el documento como en el plano de ubicación, estipulándose quien es la propietaria que transfiere y que el bien se encuentra dentro del comercio humano, concluyendo, que el contrato cumple con las formalidades del art. 491 y 492 del Código Civil. Por otro lado, la parte actora no estableció en su demanda de manera objetiva por qué el documento cuestionado de nulidad es carente de la forma prevista por la ley.

Asimismo, el Tribunal de segunda opinión, ahondó que el A quo no se convenció de acuerdo a los medios probatorios que la causa del contrato sea ilícita, es decir, que la causa que indujo a las partes a celebrar el contrato sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa.

Finalmente, el Ad quem sostuvo que la labor intelectiva del juzgador respecto a la comunidad de la prueba se subsume en los principios de la sana crítica y de la valoración tasada, sin advertir el quebrantamiento del art. 145 del Código Procesal Civil y menos aquellos proclamados por el compendio civil.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA.

De las denuncias expuestas por la parte recurrente Gloria Suárez Vargas, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

En la forma.

1. Acusó que el Auto de Vista, carece de motivación y sustento fáctico legal, ya que no se pronunció sobre las pretensiones reclamadas oportunamente, y de manera muy general, escueta y lacónica argumentó que el Juez de instancia, realizó una correcta valoración de la prueba, pero no da ninguna razón legal para llegar a dicha conclusión, y no se circunscribe a los puntos que fueron objeto de apelación y fundamentación, violando así el art. 265 del Código Procesal Civil.

En el fondo.

1. Denunció errónea valoración de la prueba, cursante en fs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 73 y 77, que demostraría la concurrencia de errores en el contrato objeto de litis, errores concernientes a la ubicación, la superficie, el registro y el precio del inmueble transferido en dicho contrato, omitiendo valorar objetivamente la prueba ofrecida conforme manda el art. 134 de la Ley Nº 439.

2. Acusó que el Auto de Vista, no tomó en cuenta que el contrato de 30 de diciembre de 2009, no cuenta con el objeto, puesto que el inmueble transferido no corresponde verdaderamente al inmueble de propiedad de la vendedora, ya que los datos insertos en el documento antes mencionado no corresponden al inmueble de propiedad de la vendedora.

3. Denunció que el fallo recurrido, violó lo dispuesto por los arts. 145 y 186 del Código Procesal Civil, al no pronunciarse sobre las declaraciones testificales que en audiencia corroboraron lo demandado.

4. Indicó que conforme a las pruebas aportadas de fs. 39 y 40 vta., se tiene que la supuesta transferencia de 30 de diciembre de 2009, únicamente fue para gestionar un préstamo en la entidad financiera CRECER, aseveraciones que fueron confirmadas por los testigos, demostrando de esa manera la causal de nulidad, descrita en el art. 549.3) del Código Civil.

5. Refirió que el contrato de 30 de diciembre de 2009 es nulo por falta de forma prevista por ley para su validez, en sentido que fue efectuado en una minuta, habiéndose realizado únicamente el reconocimiento de firmas y rúbricas, sin que ninguna de las cláusulas del contrato figure la salvedad “de que por acuerdo entre partes, la misma con solo reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá efectos de ley”.  

Petitorio.

Solicitó se case el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare probada la demanda, cursante de fs. 12 a 15.

Cabe señalar que la parte demandada no contestó el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1.- De la motivación y fundamentación.

La Sentencia Constitucional Nº 0577/2012 de 20 de julio de 2012, determinó que la motivación de una Sentencia o cualquier otra resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y que la motivación no tiene que ser ampulosa sino puede ser breve, así lo dispone la señalada resolución constitucional: “En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al indicar: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

III.2.- Sobre el principio de comunidad de la prueba.

Con relación al principio de comunidad de la prueba el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales señaló: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana crítica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la alega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso al adversario”.

III.3.- De la verdad material.

Sobre el aludido principio este Tribunal Supremo de Justicia orientó en sus diversos fallos como ser; Auto Supremo Nº 131/2016 que señaló: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Previamente a resolver los reclamos del recurso de casación, se debe aclarar que a efectos de dar un orden lógico a la presente resolución, primero se considerarán los reclamos de forma, toda vez que de ser evidentes podrían generar una nulidad de obrados que impediría ingresar a considerar el fondo; en tal entendido diremos que:

En la forma.

Con relación al reclamo de falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista recurrido; corresponde señalar que conforme se tiene establecido en el considerando III.1 de la doctrina aplicable al presente caso, la motivación es la justificación razonada del por qué se está asumiendo una decisión, y esta no necesariamente debe ser ampulosa o extensa, siendo suficiente que esa respuesta resulte ser clara para que ese derecho se tenga por cumplido.

En el caso presente, del análisis de la aludida resolución, el Tribunal de Alzada en base a los datos que arrojó el proceso, llegó a la conclusión de que según la base fáctica edificada en torno a las pruebas aportadas al proceso generaron convicción para la decisión jurisdiccional asumida, advirtiéndose una aplicación adecuada de éste principio que llevó al A quo a concluir que de acuerdo a los medios probatorios, la parte demandante no probó con ningún medio probatorio que el objeto del contrato sea carente de requisitos legales, tampoco se demostró la falta del objeto contractual o que la causa sea ilícita, decisión asumida de la valoración de la comunidad de la prueba al amparo del art. 145 del Código Procesal Civil, concluyendo que el contrato objeto de litis cumple con las formalidades del art. 491 y 492 del Código Civil.

Asimismo, recordar que el proceso civil boliviano, se fundamenta, entre ot­ros en el principio dispositivo, el cual se exterioriza a lo largo del proceso. Entre tales manifestaciones se encuentra la llamada delimitación del thema decidendum, en virtud del cual los tribunales se hallan ligados a las peticiones de las partes formuladas en los actos de constitución del proceso, de manera tal que sus pronunciamientos deben limitarse estrictamente a los mismos, ya que ello no solo incumbe al debido proceso sino también a la tutela judicial efectiva, consagrados por el art. 15 de la CPE, en consecuencia, el Auto de Vista fue emitido de conformidad a los datos que informan el proceso. 

Respecto al reclamo sobre la supuesta incongruencia que incurrió el Auto de Vista, corresponde señalar que, al margen de la debida motivación y fundamentación que debe contener toda resolución en virtud al principio de congruencia (coherencia entre lo peticionado, lo fundamentado y los resuelto), contrastando los fundamentos expuestos en la apelación, se deduce que el Ad quem, basó su decisión analizando los hechos reclamados por la apelante, por lo que la incongruencia acusada resulta infundada, máxime cuando el ahora recurrente, no identifica ni precisa, cuál de todos sus reclamos apelados no hubiese sido considerado en segunda instancia.

Sin embargo, al margen de lo ya expuesto, debemos aclarar que cuando se alega incongruencia omisiva, por la falta de pronunciamiento de algún reclamo, corresponde al afectado previamente a utilizar el recurso de casación, hacer uso de la facultad establecida por el art.  226 del Código Procesal Civil, pues a través de la misma podrá subsanar la falta de pronunciamiento, ya que el no hacer uso de dicha facultad conlleva la aplicación del principio de convalidación, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad.

Consiguientemente el reclamo de forma resulta infundado. En el fondo.

1. Respecto a los reclamos de los puntos 1, 2 y 3, los mismos van concatenados a denunciar una supuesta errónea valoración de hecho de la prueba producida por la parte demandante.

Se dirá con relación al error de hecho, si bien se encuentra consignado como causal de casación, empero el Código Procesal Civil no describe el procedimiento de efectuar dicho análisis, por descripción doctrinaria se considera que dicho “error de hecho” tiene que ver con el cotejo de elementos de prueba que fueron asimilados por los operadores judiciales en sus decisiones, respecto del contenido objetivo de dicho medio de prueba, para verificar si se incurrió en alguna forma de tergiversación, recorte, supresión total o parcial del contenido del medio de prueba.

En base a tal antecedente, la recurrente aduce que no se valoró la prueba cursante en fs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 73 y 77. Ahora bien, la función del análisis de los elementos probatorios corresponde a los jueces de instancia y a este Tribunal de casación ingresar al análisis cuando se acusa que una determinada prueba fue apreciada con errores de hecho o derecho.

De acuerdo a la recurrente en su recurso de apelación y casación alegó apreciación indebida del contrato de compra venta de 30 de diciembre de 2009, respecto a que revelaría errores concernientes primero a la calle Nicolás Suárez, cuando en realidad es Nicomedes Suárez. De la revisión del aludido contrato de transferencia de fs. 3 a 4 vta., en su cláusula tercera se encuentran detallados los límites y colindancias, tal como se tiene consignados en el plano de fs. 5, por lo que el error de la transcripción del nombre de la calle, es un error de dato técnico de forma y no de fondo, que puede ser subsanado en la vía administrativa. 

Con relación a la diferencia en la superficie, si bien en la matrícula computarizada Nº 8.04.1.01.0000997 indica 1.975,00 m2; en las demás literales arrimadas al proceso como ser: plano de terreno urbano de fs. 5, fotocopias legalizadas del proceso penal de fs. 43 a 60 vta., interpuesto por la demandada en contra de la parte actora, Formulario de Derechos Reales de fs. 73, de donde se desprende que Yobana Suárez Vargas tiene registrado el lote de terreno objeto de litis bajo la matricula 8.04.1.01.0001751, las documentales descritas uniformemente hacen referencia que se trata de la transferencia de 750 m2.

Referente al registro en Derechos Reales, que cita como antecedente dominial a la Partida Nº 20, fs. 34 a 35, siendo que el inmueble está registrado bajo la Matrícula Computarizada Nº 8.04.1.01.0000686, del examen de la documental de fs.6 a 7 y vta., se tiene el documento privado de 21 de diciembre de 2007 reconocido ante Notario de Fe Pública Nº 2 en fecha 23 de agosto de 2010, de donde se desprende que Gloria Suárez Vargas adquiere el terreno objeto de litis de Mario Julio Lacoa y Margarita Hurtado de Julio, de donde se extrae de forma literal que dicho terreno está inscrito en Derechos Reales de fs. 34 a 35, bajo la partida Nº 20 del registro de propiedades de la Provincia Yacuma de fecha 10 de julio de 1970, cuya venta en favor de la actora fue registrado en el asiento A-1 de la matrícula 8.04.1.01.0000997, cuyo contenido consigna el registro del inmueble en Derechos Reales con la misma partida y folio real a la consignada en el documento de transferencia de 30 de diciembre de 2009. Concluyendo que lo aseverado por la parte demandante, no es un argumento válido y objetivo que implique error esencial según el art. 549.4) del Código Civil. 

Respecto a la diferencia de precio, el art. 521 del Código Civil impetra que la compra venta es un contrato consensual, que se perfecciona con el solo consentimiento de las partes, respecto a la cosa que se transfiere y al precio que se paga por ella, misma que no es causal de nulidad por ilicitud de la causa según el art. 549.3) del Código Civil, como erróneamente sostiene la demandante, sino correspondería a rescisión de contrato por lesión en el marco del art. 561 del mismo cuerpo sustantivo. 

Ahora bien de la valoración del contrato de compra venta de 30 de diciembre de 2009 de fs. 3 a 4, como prueba documental, se tiene, que el mismo fue suscrito mediante una minuta de transferencia que se encuentra firmada y legalizada por la compradora y vendedora con su respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública, haciendo que el mismo tenga fuerza de ley entre las partes, extremo que fue reconocido por la parte actora en su memorial de demanda, donde reconoce que el documento de transferencia que se demanda de nulidad fue reconocido en sus firmas y rúbricas, esto al amparo del art. 157.III del Código Procesal Civil constituyendo una confesión espontánea. Por cuanto el documento de transferencia de fs. 4 a 6 conlleva las formalidades previstas por ley. Consiguientemente no existiendo la falta de forma en la celebración del contrato bajo pena de nulidad.

Por otro lado, se dirá que de la confesión provocada de la parte demandada la misma afirma haber adquirido el terreno objeto de litis y cuando fue a regularizar ante la Alcaldía, se enteró que la demandante transfirió el mismo terreno a su hermana Yobana Suárez Vargas, consiguientemente opuso un proceso penal por estelionato en contra la misma, confesión que cuenta con el valor probatorio al amparo de los arts. 1321 del Código Civil, 161 y 163 del Código Procesal Civil. Respecto a las declaraciones testificales evacuadas por Delfín Burgos Machado, y Rosa Angélica Burgos Suárez, de fs. 96 a 100, de dichas atestaciones se extrae que ambas partes, convinieron de forma libre y espontánea celebrar el contrato de compra venta, asimismo la declaración de la única testigo de cargo Marina Mole Pérez, no aporta elementos de convicción que demuestren de manera verás y fehaciente la existencia de ilicitud de la causa, según el art. 549.3) del Código Civil, declaraciones que fueron tomadas en cuenta por el Juez de primera instancia al momento de emitir la Sentencia, según versa el art. 186 de la Ley Nº 439. Asimismo se tiene la declaración testifical de José Luis Suárez Iriarte Notario de Fe Pública, quien refirió que de forma normal y voluntaria se apersonaron en la oficina de dicho funcionario Loida Suárez Vargas y Gloria Suárez Vargas el 31 de diciembre de 2009 a objeto de efectuar el reconocimiento de firmas del contrato de transferencia objeto de debate, así se tiene conforme el libro matriz de archivos de minutas, suscribiendo voluntariamente de común acuerdo el formulario de reconocimiento de firmas y rúbricas.

Por lo que el contrato de 30 de diciembre de 2009 tiene por objeto la transferencia del derecho propietario del bien inmueble descrito en el referido contrato, asimismo el objeto de la transferencia está debidamente individualizado en el aludido documento y cuyas características y datos en cuanto a su ubicación, dimensiones y colindancias se encuentran determinados tanto en el documento como en el plano de ubicación de fs. 5, cumpliendo con las formalidades de los arts. 485 y 486 del Código Civil. Asignándole la eficacia probatoria el art. 1297 del Código Civil, ya que constituye un acuerdo de voluntades de ambas partes, y conforme dispone el art. 519 del Código Civil debe cumplirse como si fuera ley entre los sujetos contratantes.

Por consiguiente el contrato se ejecutó de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en ellos sino también a todos sus efectos conforme a su naturaleza y según la ley, como lo prescribe el art. 520 del Código Civil, habiendo concurrido en su formación los requisitos previstos por el art. 452 de la norma sustantiva civil, no siendo evidente la falta en el contrato, el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de válidez o faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley, según el art. 549.1) y 2) del Código Civil.

2. Con relación al punto 4, sobre la aseveración de la parte actora en sentido que el motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato fue como un favor de Gloria Suárez Vargas a su hermana Loida Suárez Vargas para que la última pueda acceder a un préstamo ante la entidad financiera CRECER, de la revisión de la literal de fs. 40 emitida por la referida entidad financiera, se hace evidente que la demandada no hipotecó ni dio en garantía el bien como lo afirma la ahora recurrente, sino que fue considerado como parte de su patrimonio. Aun si el motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato fuere para dar en garantía el inmueble que se transfirió, ese motivo no es contrario al orden público, ni a las buenas costumbres. Por lo tanto lo reclamado no puede considerarse como una causal de nulidad. 

Finalmente se dirá que del examen del elemento probatorio adjuntado por la parte demandante al cuaderno procesal, y en base al principio de la comunidad de la prueba, de la verdad material descrita en la doctrina aplicable al presente caso en el considerando III.2 y 3 este Tribunal Supremo llega a la conclusión de que el A quo efectuó una valoración objetiva y armónica de las pruebas que fueron diligenciadas en el presente proceso y declarar improbada la demanda principal, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Alzada. Consiguientemente los reclamos de la parte actora no tienen asidero jurídico legal.

3. Por último y concerniente al punto 5, donde la ahora recurrente refiere que el contrato de 30 de diciembre de 2009 es nulo por falta de forma prevista por ley para su válidez, ya que en ninguna de las cláusulas del contrato figuró la salvedad “de que por acuerdo entre partes, la misma con solo reconocimiento de firmas y rúbricas surtirá efectos de ley”.

Se dirá que de la consideración del memorial de demanda dicho aspecto no fue postulado por la parte demandante como vicio contractual, por lo tanto no fue objeto de debate en el presente proceso, por consiguiente los jueces de instancia se limitaron a resolver lo invocado por las partes en la demanda y en la contestación. En virtud a ello, cuando en el recurso de casación, se acusa infracción ajena al proceso y por tanto no aplicada en el pronunciamiento del fallo impugnado, constituye un planteamiento errado del recurso, puesto que no puede haber infracción que no fue objeto de debate, por lo que el presente reclamo se declara infundado.

Sin perjuicio de lo aseverado y a modo de aclaración al reclamo corresponde señalar que el documento de 30 de diciembre de 2009, relativo a un contrato de compra y venta de un inmueble, que por su naturaleza consensual se perfeccionó con el simple consentimiento de las partes en el momento en que se pusieron de acuerdo en el precio y la cosa, sin que sea necesario para su validez, el cumplimiento de ninguna forma exigida por ley, por lo que conserva la eficacia y validez como documento privado de transferencia al constar con su reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública.

Finalmente, sobre el reclamo de la supuesta falta de conversión aducida por el recurrente, se debe expresar que la conversión de documento privado a documento público, cuando no se llenan las formalidades o por incompetencia de la autoridad notarial, este no emerge del acuerdo de las partes, sino por imperio de la ley, según el art. 1288 del Código Civil. Por lo que el reclamo deviene en infundado.  

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439, Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 200 a 204, interpuesto por Gloria Suarez Vargas; contra el Auto de Vista Nº 82/2018 de 3 de mayo, cursante de fs. 196 a 197 vta., pronunciado por la Sala Civil Mixta de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Beni. Con costas y costos.

No se regula honorario profesional porque no se contestó el recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.