TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 203/2019        

Fecha: 06 de marzo de 2019

Expediente: SC-111-18-S.

Partes: José Calderón Soto y Marleny Cuellar de Calderón c/ Luciano Callejas

             Cuellar.  

Proceso: Reivindicación, desocupación y entrega de bien inmueble.                                    

Distrito: Santa Cruz.

               

VISTOS: El recurso de casación de fs. 95 a 96, interpuesto por  José Calderón Soto y Marleny Cuéllar de Calderón impugnando el Auto de Vista Nº 217/17 pronunciado el 9 de noviembre, por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 91 a 93 vta.) en el proceso ordinario sobre reivindicación, desocupación y entrega de inmueble interpuesto por los recurrentes contra Luciano Callejas Cuéllar, Auto de concesión de 2 de julio de 2018 a fs. 101; Auto Supremo Nº 766/2018-RA de admisión, los antecedentes del proceso; y:


CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO


1. José Calderón Soto y Marleny Cuéllar Soto demandaron a Luciano Callejas Cuéllar, (fs. 22 a 23 vta.) solicitando reivindicación, desocupación y entrega de inmueble. Ante la incomparecencia del demandado, pese a su legal citación, fue declarado rebelde por auto interlocutorio de fs. 38, apersonándose a fs. 53; tramitado así el proceso ordinario hasta la emisión de la Sentencia Nº 450 de 1 de agosto de 2016 (fs. 62 a 65) se declaró probada la demanda de acción reivindicatoria, desocupación y entrega de inmueble de fs. 22 a 23 vta., sobre el inmueble ubicado en la Mza. 02, lote 03, inscrito en DDRR en la matrícula Nº 7.01.1.06.0094708, de fecha 19 de mayo 2010, disponiendo la desocupación del demandado del lote y su entrega a los demandantes, motivando el recurso de apelación de fs. 71 vta., que fue radicado en la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

2. El 9 de noviembre de 2017, mediante Auto de Vista Nº 217/2017  (fs. 91 a 93 vta.) declaró inadmisible el recurso de apelación de fs. 74 a 76 interpuesto por Luciano Callejas Cuellar y, en referencia  a la apelación de fs. 67 vta., confirmó la sentencia de 1 de agosto de 2016, en ese respecto fundamentó que  si bien el demandado no planteó pago de mejoras y construcciones, empero la existencia de aquellas fue verificada en la inspección judicial  y las fotografías de fs. 34 a 35, sumado a que los actores no manifestaron que esas mejoras sean de su propiedad, sin embargo hubo reconocimiento  de las mejoras y construcciones realizadas por el demandado,  por lo que no se hubo incurrido en infracción por la sentencia impugnada.

3. Notificada la  parte recurrente con el Auto de Vista, presentó el recurso de casación de fs. 95 a 96, que es objeto de análisis.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


Acusó que el Auto de Vista incurrió en error de derecho al confirmar la sentencia y mantener lo dispuesto por el inferior respecto al pago de construcciones y mejoras previsto por el art. 129 III del Código Civil, que sólo procede cuando el propietario prefiere retenerlas (art 129 II), lo que no ocurre en este caso.

Reclamó la errónea interpretación de la ley, porque el Tribunal de Alzada estaría premiando al demandado usurpador, ya que dichos actos ilegales y usurpativos,  gozarían de consecuencias beneficiosas para su autor, en desconocimiento de los valores y principios morales que promueve el Estado y que se encuentran establecidos en el art. 8 de la CPE.  

Concluyó solicitando se case en parte el Auto de Vista recurrido, modificando la parte que dispone el pago de las construcciones y mejoras y consecuentemente no haber lugar al pago de las mismas por haberlas realizado sin conocimiento de los propietarios y después de un ingreso arbitrario a su propiedad.

De la contestación al recurso de casación.

No se contestó al recurso de casación por la parte demandada.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. Respecto a las construcciones y mejoras en la reivindicación.

El Auto Supremo Nº 140/2018 analizando el art. 129 del Código Civil y la pretensión de demolición respecto a las construcciones y mejoras realizadas por el poseedor manifestó: “Por consiguiente, se entiende que el juez, al no otorgar la petición de demolición, se entiende que mantuvo las construcciones en favor de la propietaria, conforme a la figura de la accesión, la misma que de acuerdo al art. 129 del Código Civil, describe dos posibilidades respecto al propietario del bien, de pagar una indemnización en favor del titular de las mejoras optando por la accesión o en su defecto levantar las construcciones efectuadas con el bien inmueble, y al no haber condenado la sentencia con demolición, se entiende que la propietaria asume la accesión de las construcciones, de lo contrario de no efectuar la indemnización se estaría posibilitando que la actora pueda beneficiarse con un enriquecimiento ilícito, pues la medida precautoria no fue efectivizada”.


CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN


Los agravios expresados en el recurso de casación tienen por objeto, cuestionar la determinación asumida en instancia del pago de las mejoras y construcciones a favor del poseedor indebido, reclamando una errónea interpretación del art. 129.II del Código Civil; por esa consideración se otorgará respuesta a ambos agravios de manera conjunta.

El art. 1453 del Código Civil señala: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”; precepto legal que implica que el desposeído puede recuperar la posesión de la cosa, mediante la restitución de quien la posee; es decir, la reivindicación tiene por objeto recuperar un bien, sobre el que se tiene derecho de propiedad, que está en manos de terceros sin el consentimiento del titular, definiéndose como un mecanismo de defensa de la propiedad. En ese contexto, el propietario de un inmueble puede recurrir ante el órgano jurisdiccional a buscar tutela cuando se encuentra desposeído de su propiedad, lo que generará sentencia de condena contra aquel poseedor indebido o contra el detentador para que se restituya la cosa a manos de su titular.

En esa consideración, la reivindicación tiene el efecto que el poseedor o detentador restituya la cosa al titular ofendido que, a su vez, genera derechos y obligaciones del poseedor restituyente de la cosa, conveniendo el arreglarse entre las partes esos efectos que refieren a los frutos, mejoras y construcciones, pérdidas o deterioros de la cosa y otras derivadas del tiempo de la posesión o detentación ilegitima. En esa lógica, Papaño, Kiper, Dillón y Causse, en la obra Derechos Reales, tomo II, pág. 435 señalan: “Se debe tener en cuenta que cuando una persona ha poseído el inmueble y resulta condenada a restituirlo en virtud de la sentencia que hace lugar a la demanda de reivindicación, su posesión debe reputarse ilegitima, pues de lo contrario la reivindicación no hubiera prosperado. Esta situación genera derechos y obligaciones a cargo del poseedor vencido, pues se debe determinar el derecho a los frutos percibidos y pendientes; el derecho a la indemnización de las mejoras introducidas en la cosa y de los gastos incurridos; el reembolso de los productos extraídos  de la cosa; la responsabilidad por las pérdidas y deterioros sufridos, etcétera”. 

Por lo indicado, enfocando la atención en las mejoras y construcciones, la situación jurídica de estas debe ser decidida en sentencia como un efecto propio de la reivindicación y, también, un derecho del poseedor que restituye la cosa,  porque es un efecto directamente relacionado a la restitución de la totalidad de la cosa al titular incluida las mejoras y construcciones que no debería quedar irresuelta por la generación de conflictos subsecuentes. Está lógica, se denota con precisión en el capítulo de “Efectos de la Posesión” (Libro Segundo, Título II del Código Civil), que regula los derechos y obligaciones del poseedor en caso de restitución de la cosa, que respecto a las construcciones y mejoras en el art. 97 del Código Civil manifiesta: “I. El poseedor también tiene derecho a que se le indemnicen las mejoras útiles y necesarias que existan a tiempo de la restitución. Si es de buena fe, la indemnización se hace en la cuantía que haya aumentado el valor de la cosa; y si es de mala fe, en la cuantía menor entre la suma del importe y el gasto, por una parte, y el aumento del valor, por otra. II. Las mejoras de mero recreo o suntuarias no son indemnizables, pero el poseedor que las hizo puede retirarlas restableciendo las cosas a su primitivo estado, a no ser que el reivindicante prefiera retenerla reembolsando el importe de los gastos. III. Las ampliaciones de acuerdo a su naturaleza, se rigen por lo dispuesto en el artículo presente”. En tal caso, se puede colegir que la situación de las mejoras y construcciones es un efecto de la reivindicación y un derecho del poseedor que tiene la obligación de restitución de la cosa que el juez debe considerar a tiempo del debate y asumir una decisión en ese antecedente.

Manifestado lo anterior, se debe precisar que lo establecido en el art. 97 del Código Civil debe ser interpretado en forma integral con el art. 129 del precitado Código que regla respecto las obras hechas por un tercero con materiales propios, indicando: “I. Cuando las construcciones, plantaciones u obras han sido hechas por un tercero y con sus propios materiales, el propietario del fundo tiene derecho a retenerlas u obligar al tercero a que las retire. II. Si el propietario prefiere retenerlas debe pagar a su elección el valor de los materiales y el importe de la mano de obra, o bien el aumento de valor que haya experimentado el fundo. III. Si el propietario quiere que se las retire, se hará a costa del tercero quien puede, además, ser condenado al resarcimiento de los daños. Sin embargo, el propietario no puede obligar al tercero a que retire las construcciones, plantaciones u obras hechas con su conocimiento y sin su oposición o cuando el tercero las ha hecho de buena fe. IV. En cualquier caso el retiro ya no puede pedirse pasados seis meses de que el propietario tuvo conocimiento de las obras”.

Interpretación integral, que nos permite establecer que la ley establece que respecto a las mejoras y construcciones que el tercero ha realizado en el fundo del propietario, le permite dos opciones al reivindicante: 1) retener las mejoras y construcciones previo pago de las mismas a favor del tercero; 2) pedir se retire de su propiedad las mejoras y construcciones a costa del tercero. Si se elige la primera opción de retener las mejoras y construcciones, se debe acudir al precepto del art. 97 del Código Civil, que establece un parámetro de pago de esas mejoras en atención  a la buena o mala fe de la posesión. Si se opta por la segunda, se debe considerar el tiempo establecido en el art. 129.IV del Código sustantivo. Esta concepción legal es coherente con el enriquecimiento sin causa, establecido en el art. 961 del Código Civil, pues las construcciones y mejoras que aumentan el valor de la propiedad deben ser reconocidas aun el poseedor hubiera sido de buena o mala fe. 

Ahora bien, cuando el propietario pretende la reivindicación de su propiedad sin manifestarse sobre si quiere retener las mejoras y construcciones o prefiere se las retire, implícitamente se debe entender que elige la retención de las mejoras y construcciones en consideración a que una restitución del predio en su totalidad implica también las mejoras y construcciones originadas por el tercero; teniendo además en cuenta el plazo inserto en el art. 129.IV del Código Civil. 

En el presente caso, José Calderón Soto y Marleny Cuellar de Calderón en su demanda se limitaron a solicitar la restitución de la posesión del inmueble de su propiedad del poseedor Luciano Callejas Cuellar, sin embargo no establecieron si pretendían quedarse con las construcciones situadas en el predio o, en su caso, el retiro por parte del demandado, pese a que advirtieron en la misma demanda la existencia de esas construcciones ejecutados por el demandado. En ese contexto, por haberse  probado en el debate la existencia de esas construcciones y que fueron realizadas por aquel poseedor indebido, en sentencia se decidió que en su ejecución debe procederse su evaluación y posterior pago por los demandantes.

El recurso de casación cuestiona la determinación asumida en instancia del pago de las mejoras y construcciones a favor del poseedor indebido, reclamando una errónea interpretación del art. 129.II del Código Civil, a lo que se debe precisar que no se puede realizar una aplicación aislada de la citada norma, sino que se debe realizar un apreciación integral del artículo, en tal caso, los recurrente debieron optar en forma expresa por la retención de las construcciones en su predio o por el retiro de las mismas; sin embargo, no eligieron ninguna de aquellas opciones por lo que debe entenderse que su pretensión estaba destinada a la restitución total del inmueble incluida las construcciones desarrolladas por el poseedor que, lógicamente, deben ser pagadas según el parámetro del art. 97 del mismo Código.

Los recurrentes en su reclamo solo establecen su desacuerdo con el pago de las construcciones, sin embargo no manifiestan cuál su posición jurídica frente a las mismas, ya que tampoco establecen de manera específica el retiro de esas construcciones en la demanda, ni en sus escritos de impugnación, pues debieron elegir de inicio el retiro de esas construcciones por parte del tercero; y aun a ello,  el juez de la causa refirió que no era posible el retiro de esas construcciones por la aplicación del art. 129.IV del citado Código. También, cabe precisar que el hecho de la posesión arbitraria y usurpativa del demandado no fue traducido en una pretensión de resarcimiento, lo cual era responsabilidad de los actores y no de los jueces de grado, no siendo excusa para rehuir el pago de las construcciones establecidas en el predio a restituirse.

Por lo analizado, se establece que el argumento recursivo no es suficiente para revertir la decisión asumida en el Auto de Vista, por lo cual debe infundarse el recurso propuesto en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, se declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 95 a 96, presentado por  José Calderón Soto y Marleny Cuéllar de Calderón impugnando el Auto de Vista Nº 217/17 pronunciado el 9 de noviembre, por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costos ni costas por no hallarse contestación al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.