TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 201/2019        

Fecha: 06 de marzo de 2019

Expediente: O-30-18-S.

Partes: Corporación Minera de Bolivia c/ Gobierno Autónomo Municipal de

             Oruro.  

Proceso: Acción negatoria y otros.                                   

Distrito: Oruro.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 297 a 300, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a través de Hilaria Sejas Adriázola Vda. de Cárdenas  en su calidad de Alcaldesa municipal, contra el Auto de Vista Nº 69/2018 de 17 de mayo, cursante de fs. 285 a 292 vta., pronunciado por la Sala Civil  Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, dentro del proceso de acción negatoria y otros, seguido por la Corporación Minera de Bolivia contra la entidad recurrente; el Auto de concesión del recurso de 29 de junio de 2018 cursante a fs. 311; el Auto Supremo de admisión Nº 649/2018 cursante de fs. 316 a 317; los antecedentes del proceso; y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Con base en la demanda de fs. 40 a 43 vta., y modificada a fs. 57 a 58, la Corporación Minera de Bolivia representada por Mariela B. Careaga Chire, inició el proceso de acción negatoria y reivindicación contra la Alcaldía Municipal de Oruro; que una vez citada la parte demandada contestó en forma negativa mediante escrito cursante de fs. 105 a 108 vta., interponiendo además demanda reconvencional de cancelación de partida de registro en derechos reales. Desarrollándose el proceso hasta llegar a la Sentencia Nº 70/2016 de 26 de septiembre, cursante de fs. 215 a 218 vta., el juez de la causa declara PROBADA la demanda de acción negatoria y reivindicatoria, IMPROBADA la demanda reconvencional de cancelación de registro, e IMPROBADAS las excepciones de falta de acción y derecho en la pretensión de la apoderada, remitiéndose paralelamente en consulta la resolución ante el superior en grado.

2. Determinación de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a través de su representante, cursante de fs. 242 a 245, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 69/2018 de 17 de mayo, cursante de fs. 285 a 292 vta., CONFIRMANDO la sentencia apelada, motivando en lo principal, que el solo hecho de haberse posesionado una nueva autoridad en el cargo de Alcalde, al ser demandada una persona colectiva, esta debe asumir defensa mediante su representante y si existía creencia de irregularidades  se encontraba en su derecho de reclamar oportunamente y que no se dejó en indefensión a la institución demandada. También sostuvo que Corporación Minera de Bolivia, aportó prueba para hacer prevalecer su pretensión,  y que el Convenio de 1 de febrero de 2000 per se, no puede acreditar derecho de propiedad sobre el inmueble en cuestión  a favor del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, y que el inmueble está registrado a favor de la Corporación Minera de Bolivia por ello su derecho propietario está garantizado.

3. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, cursante de fs. 297 a 300, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

El recurso de casación establece como agravios lo siguiente:

1. El recurrente acusó que se demandó a la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro  representada por Rossio Pimentel Flores y para su notificación se encontraba en calidad de Alcalde interino Juan José Ramírez Suárez, que posteriormente se produjo sin orden ni solicitud el cambio de Honorable Alcaldía Municipal de Oruro a Gobierno Autónoma Municipal de Oruro, y que el 8 de diciembre de 2015, notifican a Edgar Bazán Ortega sin haberse apersonado al proceso, lo que supone vulneración al debido proceso.

2. Se reclamó que el Convenio suscrito el 1 de noviembre de 2000 por el Presidente Ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia, surte efectos legales, que la Sentencia Nº 70/2016, en los hechos probados da por bien hecho el documento suscrito entre los personeros de la COMIBOL y la H.A.M.O., pero en forma incomprensible reconoce el derecho propietario a favor de la COMIBOL, sin tener efecto a favor de la Alcaldía Municipal de Oruro la transferencia de compensación de deudos, por lo que la parte actora debía previamente demandar la nulidad de ese convenio, correspondiendo declarar improbada la acción y ordenar se suscriba la minuta a favor del municipio de Oruro. Concluyó solicitando se anule el Auto de Vista. 

De la contestación al recurso de casación.

Señaló que no se vulneró derecho o garantía procesal de la parte perdidosa, pues tuvieron conocimiento de todas las resoluciones y que toda nulidad reclamada debe ser cuando se cause verdadera indefensión, máxime cuando las infracciones y vulneraciones al procedimiento deben ser reclamadas y reparadas oportunamente.

Sostuvo que al no tener certidumbre sobre el supuesto error en la valoración del documento de Convenio de 1 de noviembre de 2000, hace inviable su consideración, máxime cuando esa documental no otorga derecho propietario menos cuenta con registro  público.

Concluyó solicitando  se declare la improcedencia del recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.- De la nulidad de obrados.

El Estado, mediante sus operadores de justicia, garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, en el marco de lo establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado; es por ello que el Tribunal Supremo de Justicia estableció razonamiento consecuente de proteger los actos procesales  y de aplicar excepcionalmente la nulidad procesal; en ese marco, entre otras determinaciones, mediante A.S. Nº 581/2013 de fecha 15 de noviembre, orientó: “…la nulidad procesal es una medida sancionatoria de última ratio, de aplicación excepcional, siendo la regla la conservación de los actos desarrollados en proceso y la nulidad su excepción, criterio procesal que emerge del contenido normativo de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que señala como deber funcional de los administradores de justicia el de proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las  etapas concluidas, excepto cuanto exista irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole el derecho a la defensa de las partes; que condiciona además la nulidad a que procede cuando la irregularidad fue reclamada oportunamente en la tramitación del proceso, alocución normativa que se desprende del derecho a una justicia pronta y oportuna instituida por la Constitución Política del Estado en su art. 115-II.

Este Tribunal Supremo de Justicia ha asumido una postura consecuente con la filosofía constitucional reprimiendo aquellas nulidades procesales que tienen como único objeto el de cumplir formalismos y que relega la solución del conflicto y en ello el derecho de las partes a una tutela judicial inmediata, en esta postura asumida citamos el Auto Supremo Nº 83/2013 que señaló: “Sólo es pertinente proceder con la nulidad de oficio cuando la vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes tiene incidencia directa en el derecho a la defensa y se ve seriamente afectado de forma objetiva; pues la nulidad de obrados es una medida excepcional, aplicable con criterio restrictivo en caso de verificarse indefensión efectiva, lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, que el Estado garantiza por medio de sus órganos de justicia, conforme señala el art. 115 parágrafo II de la Constitución Política del Estado”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

1. El recurrente acusó que se demandó a la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro  representada por Rossio Pimentel Flores y para su notificación se encontraba en calidad de Alcalde interino Juan José Ramírez Suarez, que posteriormente se produjo sin orden ni solicitud el cambio de Honorable Alcaldía Municipal de Oruro a Gobierno Autónoma Municipal de Oruro, y que el 8 de diciembre de 2015, notifican a Edgar Bazán Ortega, sin haberse apersonado al proceso, lo que supone vulneración al debido proceso.

Respecto a esta infracción de forma, se debe manifestar que la institución recurrente inadecuadamente reproduce el agravio en forma idéntica que en el recurso de apelación, sin enfocar su agravio a la respuesta otorgada por el Tribunal de Alzada, no comprendiendo que este Tribunal de casación realiza análisis en función al agravio que hubiera producido la determinación en segunda instancia.  No obstante lo anterior, se debe precisar que el hecho de que se hubo notificado al representante legal del municipio de Oruro diferente al identificado en la demanda, el cambio en el denominativo del ente municipal de Honorable Alcaldía Municipal de Oruro a Gobierno Autónoma Municipal de Oruro, en forma oficiosa, y haberse notificado a Edgar Bazán Ortega, cuando aún no se apersonó al proceso, son situaciones que, si les causaba perjuicio e indefensión como alegaron, debieron haberse reclamado en forma oportuna, mediante los mecanismos que la ley otorga, pues con su actuar pasivo en tales circunstancias se ha consentido esos supuestos vicios, conforme manifiesta el art. 107.II del Código Procesal Civil. Además, se debe precisar que en etapa casacional en cuanto a las normas procesales, solo se constituye causal de infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales del debido proceso y reclamadas oportunamente ante el juez inferior; sin embargo, los aparentes agravios traídos en el recurso no se consideran sustancial, pues de otro modo hubieran sido reclamados en forma oportuna en la instancia correspondiente; por lo cual se considera que no existe violación al debido proceso como reclama la Institución recurrente.

2. Se reclamó que el Convenio suscrito el 1 de noviembre de 2000 por el Presidente Ejecutivo de la COMIBOL surte efectos legales, que la Sentencia Nº 70/2016, en los hechos probados da por bien hecho el documento suscrito entre los personeros de la Corporación Minera de Bolivia y la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro, pero en forma incomprensible reconoce el derecho propietario a favor de la COMIBOL sin tener efecto a favor de la Alcaldía Municipal de Oruro la transferencia de compensación de deudos, por lo que la parte actora debía previamente demandar la nulidad de ese convenio, correspondiendo declarar improbado la acción y ordenar se suscriba la minuta a favor del municipio de Oruro.

Respondiendo al agravio planteado, debemos observar que la parte recurrente, como se observó supra, reproduce el agravio en forma idéntica al escrito de la apelación, tanto así que solo cambió su petitorio a efectos del recurso, sin entender que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios, conforme señala el art. 270.I del Código Procesal Civil, pues el haber reproducido en agravio en función a la infracción de la sentencia obstaculiza realizar un análisis congruente con respecto al Auto de Vista.

Emper o, a efecto de satisfacer el principio de impugnación, es que se debe precisar que la parte recurrente acepta de manera expresa en el recurso de casación que no tiene derecho propietario, como tampoco se observa o se cuestiona por la institución reclamante  el título de propiedad  de la Corporación Minera de Bolivia, opuesta en el presente proceso, circulando el agravio respecto al Convenio de 1 de noviembre de 2000 suscrito entre Rafael Delgadillo Arauco, presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia y Edgar Bazán Ortega, Alcalde Municipal de Oruro (fs. 6 a 7), que según la parte recurrente, debía haberse pedido su nulidad previa a la presente causa, lo que supone un reclamo sobre la efectividad de ese Convenio; lo cual no es pertinente, considerando que la institución recurrente no instó ese debate sobre el convenio, oponiéndolo como título o pidiendo un acto previo de la parte demandante, pues su argumento de defensa estaba enfocado únicamente a los antecedentes dominiales de la parte actora y su cancelación.

De otro lado, coincidiendo con el argumento del Tribunal de Alzada, el Convenio aludido no puede por sí mismo ser considerado como título que otorgue derecho propiedad sobre los predios en contienda ya que al tratarse de un bien inmueble de pertenencia pública, no puede realizarse análisis como si se tratase de un bien de orden privado, además por la naturaleza de ambas instituciones, debiendo tener presente la institución municipal que por imperio del art. 339.II de la Constitución Política del Estado, los bienes de patrimonio de las entidades públicas constituyen propiedad del pueblo boliviano, inviolable, inembargable, imprescriptible e inexpropiable, lo que le otorga características jurídicas diferentes a los bienes privados y por esa naturaleza es que la enajenación de estos, viene a ser prerrogativa del órgano legislativo nacional, conforme señala el art. 158 núm. 13 de la norma suprema, por lo cual el solicitar se declare improbada la demanda y se extienda minuta del inmueble a favor del municipio de Oruro, está descontextualizado del régimen jurídico constitucional en que nos encontramos; siendo el agravio insuficiente para revertir la decisión asumida en  instancia.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por el arts. 41 y 42.I núm. 1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 297 a 300, interpuesto por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro a través de su representante Hilaria Sejas Adriazola Vda. De Cárdenas, contra el Auto de Vista Nº 69/2018 de 17 de mayo, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

Sin costas por la naturaleza estatal de la entidad recurrente.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                                     

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.