TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 199/2019        

Fecha: 06 de marzo de 2019

Expediente: SC-104-18-S

Partes: María Nela Zambrana Ledo c/Omar Villafán Machicado y otro.  

Proceso: Anulabilidad, reivindicación, daños y perjuicios.                                     

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: Los recursos de casación presentados por Omar Villafán Machicado y José Zambrana Ledo de fs. 705 a 711 y vta., y de fs. 714 a 716 vta., respectivamente, contra el Auto de Vista Nº 223/2018 de 09 de mayo, cursante de fs. 675 a 676, pronunciado por Sala Civil y Comercial Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de anulabilidad, reivindicación, daños y perjuicios seguido por María Nela Zambrana Ledo, la concesión de fs. 737 y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. María Nela Zambrana Ledo interpuso demanda de anulabilidad de documento, reivindicación, entrega de bien inmueble, pago de daños y perjuicios de fs. 32 a 34 vta., modificada a fs. 41 y vta., habiendo los demandados Omar Villafán Machicado y José Victor Zambrana Ledo contestado negativamente y reconvenido, respectivamente, trámite que concluyó con la Sentencia de 24 de julio de 2015, cursante de fs. 376 a 378 y vta., que declaró IMPROBADA la demanda y PROBADA la demanda reconvencional de pago de daños y perjuicios.

I.2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, la demandante apeló originando el Auto de Vista Nº 223/2018 de 9 de mayo, por el que ANULÓ hasta la sentencia, con el fundamento principal de que el certificado médico psiquiátrico cursante a fs. 55 y 155 fue omitido de valoración por el intérprete judicial, cuando la misma constituye prueba conducente para el acogimiento de la demanda. Siendo así la sentencia sufre de incongruencia omisiva.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION Y CONTESTACIÓN.

II.1. Del recurso de casación en la forma.

Recurso de Omar Villafan Machicado (fs. 705 a 711)

1. Denunció que la sentencia no debió anularse para que se valore una prueba que no fue ofrecida, ni producida en juicio, infringiéndose así los arts. 378 y 479. II del Código de Procedimiento Civil. 

2. Que María Luisa Zambrana Ledo, María Nela Zambrana Ledo, Juan Carlos Zambrana Ledo, primitiva Zambrana Ledo y María Victoria Zambrana Ledo, pretendiendo sorprender la buena fe del juzgador interpusieron recurso de apelación cursante de fs. 638 a 650 vta., acompañando simplemente los certificados de nacimiento y no la declaratoria de herederos; consiguientemente, carecen de legitimación procesal activa, por lo que en cumplimiento del art. 31 del Código Procesal Civil, pide se declare por no presentado el recurso de apelación de fs. 609 a 621. 

Recurso de José Víctor Zambrana Ledo (fs. 714 a 716 vta.) 

1. Que la demanda versa sobre la anulabilidad del contrato de 9 de septiembre de 2008, simultáneamente pide la nulidad del citado documento, incongruencia que vulnera el art. 328 del Código Civil, porque ambas figuras son distintas.

II.2. Del recurso de casación en el fondo.

Recurso de Omar Villafán Machicado.

1. Los Vocales valoraron una prueba impertinente y extemporáneamente ofrecida por la demandante Maria Nela Zambrana Ledo, dicha prueba es ilegal por cuanto el psiquiatra René Calvimontes efectuó una complementación a un informe que no realizó, contraviniendo lo dispuesto en el art. 479 del Código de Procedimiento Civil.     

2. Acusó que Isabel Ledo viuda de Zambrana firmó el contrato de 8 de enero de 2006, plenamente capaz, con el uso de sus facultades mentales y físicas tal como lo señala el juez A quo y el Notario de Fe Publica Dr. Jesús Melgar Arteaga, actuado al que los hermanos Zambrana asistieron y respaldaron a la madre. 

Recurso de José Víctor Zambrana Ledo. 

1. Denunció que el Auto de Vista le provoca agravio, porque la demandante a fs. 130 y 131 ratificó sus pruebas y solicitó la notificación a la Sociedad Cruceña  de Psiquiatría, donde el Médico René Calvimontes Guerrero realizó un examen médico forense psiquiátrico-psicológico relativo a un informe complementario sin que haya sido propuesto en la demanda y mucho menos se lo ofreció como perito, infringiéndose así el debido proceso, cuyo informe extemporáneo pretende ser incorporado, vulnerándose los arts. 378, 379, y 479.II del Código de Procedimiento Civil.

2. Acusó que su madre a tiempo de la venta se encontraba civilmente capaz, y que la declaración de interdicción fue posterior, asimismo las restricciones de innovar y contratar también fueron posteriores, debiendo aplicarse al caso el art. 123 de la Constitución Política del Estado, en el que prohíbe la aplicación retroactividad de la ley.

II.3. Contestación al recurso de casación.

El apoderado legal de los demandantes contestó a los recursos de casación manifestando que el mismo no dio cumplimiento a los requisitos previstos por el art. 274 del Código Procesal Civil, asimismo argumenta que los fundamentos del recurso no son ciertos y que la prueba cursante a fs. 155 fue producida en el proceso, prueba que habría sido inclusive objeto de un incidente de nulidad y posteriormente de apelación diferida, misma que al no haber sido formalizada con la apelación de la sentencia, fue dada por desistida.       

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La nulidad de obrados.

El art. 180 de la Constitución Política del Estado, prescribe: ¨La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez.¨. 

Principios desarrollados en la Ley del Órgano Judicial concretamente en el art. 30 .3) y estipula: ¨La celeridad. Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. ¨ 7) Eficacia. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia. 8) EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respecto de las reglas y las garantías establecidas por la Ley, evitando la demora procesal.¨.

A su turno el Código Procesal Civil en el art. 1. inc.10) respecto a la Celeridad refiere: La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El Juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones expresamente que autorice el presente Código. ¨

Por su parte el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial indica: ¨I. la revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. ¨

En armonía con la precitada norma el art. 106 del Código Procesal Civil, estatuye: ¨La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente. ¨ 

III.2. La trascendencia como presupuesto de la nulidad de obrados.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, se ha razonado lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

En la forma.

1. Denunció que la sentencia no debió anularse para que se valore una prueba que no fue ofrecida, ni producida en juicio, infringiéndose así los arts. 378 y 479. II del Código de Procedimiento Civil. 

De la lectura del recurso de apelación cursante de fs. 638 a 650, se establece que los reclamos están dirigidos principalmente a la omisión valorativa de la prueba consistente en un informe complementario psiquiátrico y la concesión más allá de lo peticionado, en mérito a dichos agravios solicitó la revocatoria de la sentencia y el acogimiento de la demanda.

El Auto de Vista Nº 223/2018 de 9 de mayo, se aparta de la petición recursiva y termina anulando la sentencia para que el decisor de primer grado pronuncie nueva sentencia, con el fundamento principal de que la prueba conducente y esencial cursante a fs. 55 y 155 (certificado médico psiquiátrico), no fue valorado.

Ahora bien,  si el Tribunal de Alzada concluyó que la prueba antedicha no fue valorada por el Juez de la causa, en aplicación del art. 218 del Código Procesal Civil, correspondía ingresar al fondo y  apreciar la prueba, pero de ningún modo soslayar, delegar y disponer que el juez de la causa corrija dicho extremo, proceder contrario a la esencia fiscalizadora y reparadora del Tribunal de segunda opinión, ya que esta instancia debe propender a resolver el fondo y anular obrados únicamente cuando no haya otra opción y se constate infracción al debido proceso o se provoque indefensión, constituyendo una medida extrema de última ratio, como se desarrolló en la doctrina legal aplicable.

Por lo expuesto ya no resulta necesario ingresar al examen del resto de los agravios.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 277.II del Código Procesal Civil en relación al artículo 42.I num.1) y 17.II de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, ANULA el Auto de Vista 223/2018 de 9 de mayo y dispone que sin espera de turno previo sorteo, el Tribunal Ad quem resuelva la apelación con la pertinencia del art. 265.I de la norma civil adjetiva.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.  

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.