TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 197/2019                                                                 Sucre: 06 de marzo de 2019                                                 

Expediente: CH-58-18-S                                                                                 

Partes: Gonzalo Rubén Gaspar Cortez c/ Nayfi Marcelina Gaspar Cortez y otros.                                

Proceso: División, partición de bienes y otros.                                                                                                       Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 823 a 831 vta., interpuesto por Naify Marcelina Gaspar Cortez contra el Auto de Vista Nº 191/2018 de 05 de julio de fs. 813 a 820, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso sobre división y partición de bienes, seguido por Gonzalo Rubén Gaspar Cortez en contra de la recurrente y otros; la contestación al recurso de fs. 840 a 845; el Auto de Concesión de fecha 09 de agosto de 2018 cursante en fs. 846; el Auto Supremo de Admisión de fs. 854 a 855 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, el Juez Publico Civil y Comercial Nº 2 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 36/2018 de fecha 10 de abril, cursante de fs. 731 vta. a 752, por la que declara: PROBADA la demanda sobre división, partición y reconocimientos de mejoras impetrada por Gonzalo Rubén Gaspar Cortez; IMPROBADA la acción reconvencional sobre colación e imputación opuesta por Naify Marcelina Gaspar Cortez y PROBADA en parte la demanda reconvencional sobre división y partición formulada por Yesi Verónica y Naify Marcelina Gaspar Cortez.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Yesi Verónica Gaspar Cortez mediante el escrito que cursa en fs. 759 a 763 vta.; por Gilka Gaspar Daza a través de su representante, mediante el memorial de fs. 765 a 766 vta.; por Naify Marcelina Gaspar Cortes por intermedio del memorial de fs. 768 a 775 vta.; y por Gonzalo Rubén Gaspar Cortez a través del escrito de fs. 777 a 778, a cuyo efecto la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante el Auto de Vista Nº 191/2018 de 05 de julio, obrante de fs. 813 a 820, CONFIRMÓ la Sentencia antes mencionada y declaró INADMISIBLES los puntos 1, 2, 3 y 5 de la apelación de Naify Marcelina Gaspar Cortez, así como la apelación de Gonzalo Rubén Gaspar Cortez, señalando, entre otros aspectos, que el porcentaje de los derechos de las partes está definida a partir de las afirmaciones que hicieron todos los sujetos procesales (a momento de presentar la demanda y responder a la misma), en sentido de haberse acordado (en la escritura pública Nº 99/2018) que el actor es dueño del 75% y los demandados del 25% de las acciones y derechos del inmueble ubicado en la calle Tarapacá, en cuyo entendido el juez A quo, advirtiendo que dicho inmueble no admite cómoda división dispuso llevarla a subasta judicial y la división del precio en función a los porcentajes señalados.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 823 a 831 vta., interpuesto por Naify Marcelina Gaspar Cortez, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1.- En la forma

  1. Acusa la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista, señalando que dicha resolución, el Ad quem no se ha pronunciado respecto al reclamo expuesto en el punto II.3 de su memorial de apelación planteado en el efecto diferido; omisión que refiere infringe el art. 265.I de la Ley Nº 439.

II.2.- En el fondo

  1. Reitera que la resolución recurrida carece de motivación y fundamentación, en sentido de no contener decisiones expresas positivas y precisas, pues esta se apartaría de los criterios jurisprudenciales (cita diferentes Sentencias Constitucionales) que establecen que toda resolución o decisión de autoridad judicial debe contener la motivación que explique los parámetros legales bajo los cuales fueron considerados los reclamos de apelación; inadvertencia que sostiene, es vulneratorio de los arts. 15 de la CPE; 33 num. 12) de la Ley Nº 025 y 4 de la Ley Nº 439.
  2. Denuncia la violación e interpretación errónea del art. 112 de la Ley Nº 439, respecto a la primera parte de su apelación diferida, concretamente del agravio expuesto en el punto II.1 de dicho recurso resuelto en el inc. a) del auto de vista y en ese entendido a manera de fundamentar esta alegación realiza una descripción de los argumentos que fueron sustento de dicho agravio.
  3. Acusa la violación e interpretación errónea del art. 365.III de la Ley Nº 439, en relación a la segunda parte de su apelación diferida resuelta en el inc. a) del fallo recurrido, señalando que el Tribunal de alzada no consideró que Gilka Gaspar Cortez, luego de haberse suspendido la primera audiencia nunca más se apersonó al juzgado para participar personalmente en juicio, situación que vulneraria dicha norma que es clara y taxativa al disponer que las partes tienen que estar presentes personalmente en la audiencia preliminar, excepto motivo fundado que justifique la incomparecencia, bajo pena de desestimar todas las prensiones de la parte ausente.
  4. Haciendo mención a la primera parte de su segunda apelación diferida resuelta en el inc. b) del auto de vista, señala que el demandante debió tomar en cuenta que la división y partición de bienes hereditarios como la división y partición del acervo hereditario son dos acciones distintas; de igual modo que la petición de su memorial de conciliación previa no guarda relación con la pretensión de su demanda, pues en la primera hace alusión a tres inmuebles y en la segunda únicamente a un inmueble; finalmente que solo se puede accionar la división de la cosa común y la herencia conforme establecen los arts. 167 y 1233 del Código Civil.
  5. Como quinto motivo, y mencionando la segunda parte de su apelación diferida resuelta en el inc. c) del fallo recurrido, arguye que su acción reconvencional sobre anulabilidad de documento, fue fundamentada en base al art. 166 del CC que exige el consentimiento de todos los copropietarios para realizar o celebrar actos de disposición de la cosa común y que por ello Gonzalo Rubén Gaspar Cortez y Gilka Gaspar Cortez, necesitaban de su consentimiento (de la recurrente) y el de Yesi Verónica Gaspar Cortez para celebrar el contrato que cursa de fs. 52 a 53 vta., lo que por otra parte justificaría el interés legítimo de la recurrentes para impetrar dicha acción reconvencional.
  6. Imputa la violación del derecho a la defensa establecida en el art. 115 y 119 de la CPE, en relación a su tercera apelación diferida resuelta en el inc. d) del fallo recurrido, refiriendo que en el penúltimo párrafo de su memorial de 490 existe un anuncio de apelación diferida y que por ello ésta merecía un pronunciamiento de fondo por el Tribunal de alzada.
  7. Como séptimo motivo denuncia la violación a su derecho a la defensa y la mala valoración de la prueba documental e interpretación errónea del art. 1311 del Código Civil, señalando que con respecto a su cuarta apelación diferida resuelta en el inc. e) del Auto de Vista, debe quedar claro que la prueba de fs. 528 a 548, es pertinente y conducente para el presente proceso, puesto que la misma acredita sus pretensiones y desvirtúa las del contrario, vale decir que demuestra los únicos montos que recibió por concepto de alquileres de parte de su hermana Yesi Verónica Gaspar Cortez, y que la misma cuenta con la fuerza probatoria requerida, al tratarse de fotocopias debidamente legalizadas.
  8. En el octavo motivo, nuevamente haciendo alusión a su apelación diferida, en este caso a la resuelta en el inc. f) del fallo apelado, señala que se encontraba pendiente el diligenciamiento de un medio probatorio en el asiento judicial de Tarija referente a la confesión provocada de Gilka Gaspar Cortez. 
  9. Por otro aparte, con relación a su sexta apelación diferida, resuelta en el inc. g) del Auto de Vista, señala que no puede disponerse que contra la resolución de fs. 613 vta. corresponda primero interponerse recurso de reposición y no directamente anuncio de apelación diferida, pues este criterio es contrario a lo dispuesto por el art. 260.III num. 3) del Código Procesal Civil, que además confluyó en la imposición de la multa de Bs. 100 en su contra sin considerar que su petición de saneamiento procesal no fue presentada como incidente sino únicamente al amparo del art. 24 de la CPE.
  10. Acusa que el Tribunal de alzada determinó el porcentaje que supuestamente les correspondería sobre el inmueble de la calle Tarapacá N° 32, sin que haya existido producción de prueba alguna para tal efecto, es decir, que en la presente causa se estableció que el actor Gonzalo Rubén Gaspar Cortez es beneficiario del 75 % del terreno de la calle Tarapacá y su persona (la recurrente) conjuntamente con Yesi Verónica Gaspar Cortez del 25 %, sin que tal aspecto haya sido establecido, menos solicitado en la demanda, puesto que solo se solicitó la división y partición de dicho inmueble y en ese marco acusa la errónea valoración de la prueba testifical de cargo, señalando que las declaraciones de Edmundo Arancibia Cáceres, dan cuenta que en esta litis debía ser incorporada la empresa AGRECOM que fue la que pagó las mejoras demandadas por el actor, así también observa el valor probatorio de los recibos presentado por el demandante, para luego acusar que no se valoró su prueba testifical de descargo que demuestra que el pago de las mejoras habrían sido realizadas por su madre y finalmente refiere que no se tomó en cuenta que la prueba pericial de oficio, demuestra que las mejoras tienen una data de 10 a 15 años y que los testigos del actor manifestaron que dichas mejoras fueron realizadas en año 2009.

Por todo lo expuesto, solicita se anule el Auto de Vista impugnado y se disponga que el Tribunal de alzada pronuncie nueva resolución de acuerdo a los puntos apelados, o bien se case el referido fallo de acuerdo a los reclamos expuestos en el presente recurso.   

Respuesta al recurso de casación

  1. Señala que el recurso de casación carece de sustento, puesto que la recurrente no hace referencia, ni demuestra que parte del fallo recurrido no está motivado y simplemente hace cita de jurisprudencia sin mencionar que punto no se ha resuelto por el Ad quem.
  2. Sostiene que el recurso de casación no cumple con el voto del art. 274 del Código Procesal Civil, toda vez que en dicho medio impugnatorio no se tiene una expresión clara y precisa de la ley o leyes infringidas, violadas o que fueron indebidamente o erróneamente aplicadas o interpretadas, ya que de forma escueta se hace referencia a memoriales anteriores, siendo así este recurso un medio dilatorio que simplemente demuestra que la recurrente pretende alargar la ejecución del fallo de instancia.

En merito a estos y otros argumentos, solicita se declare improcedente el referido recurso de casación de la parte demandada.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.De la Incongruencia Omisiva

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de alzada respecto a los puntos acusados en apelación, debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis de este máximo tribunal solamente debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, tal cual lo ha orientado el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, señalando: “…cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

III.2.Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales

Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

A ese respecto la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…. (El resaltado nos corresponde)

En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo.

Finalmente la SCP 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de su Resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución.

III.3.De la procedencia del recurso de casación de la apelación en efecto diferido

Sobre este tema, el autor Armando Córdova Saavedra, en su obra “MANUAL PRÁCTICO DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL” pág. 138 y 141 expresa, que: El Recurso de casación, constituye por su naturaleza un medio impugnatorio de carácter extraordinario y procede en supuestos estrictamente determinados por ley y dirigido a que el máximo Tribunal Supremo, la revise con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento in judicando o in procedendo que en ella se han cometido…”, en esa misma lógica el profesor Adolfo Armando Rivas en el texto “CURSO SOBRE EL CODIGO PROCESAL CIVIL” pág. 320, señala; “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en proceso ordinarios y en los casos expresamente señalados por ley…”, criterio concordante con lo establecido por el art. 270 de la Ley 439 “Código Procesal Civil”.

De lo expuesto, se puede inferir que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia, pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho, por ello el recurso solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

A ese efecto el Auto Supremo No. 678/2017 de 19 de junio, en cuanto a las resoluciones que pueden ser objeto de recurso de casación, estableció; “Sobre el tema el art. 250-I del Código Procesal Civil señala: “I.- Las resoluciones judiciales son impugnables salvo, disposición expresa en contrario” norma que otorga un criterio generalizado para el tema de recursos, orientando en sentido de que las resolución judiciales son impugnables, salvo que la norma lo prohíba en contrario, ahora en consonancia con lo referido en la última parte de la norma citada, tratándose del recurso de casación el art. 270-I del Código Procesal Civil es claro al establecer: “El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley”, la norma en cuestión en cuanto al recurso de casación establece de forma explícita su procedencia para dos casos, 1.- Contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios y 2.- En los casos expresamente establecidos por Ley (…) Partiendo de dicho argumento, se debe entender que cuando el Legislador ha establecido la procedencia del recurso de casación contra Autos de Vista dictados en procesos ordinarios, su intencionalidad ha sido, que este Máximo Tribunal de Justicia uniforme Jurisprudencia de acuerdo a las atribuciones establecidas en el art. 42 núm. 3) de la Ley 025, es decir, específicamente para aquellos casos de trascendencia a nivel Nacional, entonces bajo esa directriz, el recurso de casación únicamente procederá contra Autos de Vista que resolvieren un Auto definitivo, Autos de Vista que resolvieren sentencias y en los casos expresamente establecidos por Ley, siendo viable únicamente dentro de un proceso ordinario y no así para otros casos...”

En ese marco, en lo que respecta a la procedencia del recurso de casación contra resoluciones que resuelven una apelación en el efecto diferido el A.S. Nº 1082/2015L de fecha 18 de noviembre, ha señalado lo siguiente: “Conforme de antecedentes se desprende el agravio, se encuentra vinculado al auto de fs. 74 el cual, rechaza el incidente de nulidad de obrados planteado a fs. 71, resolución que fue objeto de apelación a fs.102, misma que fue diferida en su concesión por auto de fs. 103,  y al momento de plantear recurso de apelación contra la Sentencia el ahora recurrente en su otrosí 1, fundamenta nuevamente la apelación diferida, misma que es resuelta por el Tribunal de Apelación. Conforme a los antecedentes expuestos corresponde reiterar que la apelación en el efecto diferido tiene por fin que la tramitación de la causa no sea suspendida, disponiendo que esa apelación sea diferida hasta una eventual apelación de la Sentencia, conforme establecen los arts. 24 y 25 de la Ley 1760, por lo que, la misma no admite recurso de casación conforme a la regla de precedencia del Art. 255 del Código de Procedimiento Civil (…) Teniendo presente lo expuesto la resolución motivo del recurso de casación en la forma, al ser la misma como emergencia de un recurso de apelación en el efecto diferido, no se encuentra inmersa dentro de las causales establecidas en el art. 255 del C.P.C., deviniendo en improcedente su recurso de casación en la forma.”.

Entonces, tomando en cuenta que el recurso de casación es considerado un medio impugnatorio vertical y extraordinario procedente en supuestos estricta y taxativamente determinados por ley, dirigido a lograr que el Tribunal de Casación case o anule las resoluciones expedidas en apelación, pues cuando el recurso de casación se interpone en el fondo, por errores in iudicando, los hechos denunciados deben circunscribirse a las causales de procedencia establecidas en el art. 220.IV del adjetivo civil, siendo su finalidad la casación del Auto de Vista recurrido y la emisión de una nueva resolución, unificando la jurisprudencia e interpretando las normas jurídicas o creando nueva jurisprudencia; en tanto que si se plantea en la forma por errores de procedimiento, deberá circunscribirse a los presupuestos del art. 220.III de la misma norma, cuya finalidad será la anulación de la resolución recurrida o del proceso mismo cuando se hubieren violado las formas esenciales del proceso sancionadas con nulidad por la ley, entonces, a partir de esta esencia el recurso de casación, justifica su carácter formal y no constituye una tercera instancia, puesto que solo procede en determinados casos y contra resoluciones de carácter definitivo que cortan todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia del juicio (con las salvedades establecidas en la Ley), en cuyo entendido no procede contra un Auto de Vista que confirma un auto que fue concedido en el efecto diferido, bajo la óptica de que esa resolución no tiene carácter definitivo, conforme lo establece el art. 211.I del Código Procesal Civil y más bien se encuentra sujeta a lo dispuesto en el art. 260.III del mismo Código y tomando en cuenta que la apelación diferida al igual que la apelación en el efecto devolutivo, no suspenden la ejecución de autos, tampoco interrumpen la continuidad del desarrollo del proceso judicial.

Finalmente a mayor ilustración y a los efectos de tener un entendimiento certero sobre lo que debe entenderse por Auto de Definitivo, acudiremos a los razonamientos vertidos por la S.C. 0092/2010-R que ha señalado lo siguiente: “La distinción entre autos interlocutorios simples o propiamente dichos y autos interlocutorios definitivos (Canedo, Couture), radica principalmente en que “los últimos difieren de los primeros en que, teniendo la forma interlocutoria, cortan todo procedimiento ulterior del juicio, haciendo imposible, de hecho y de derecho, la prosecución del proceso. Causan estado, como se dice en el estilo forense, tal cual las sentencias” y conforme orienta el art. 211 de la Ley 439 -son aquellos que ponen fin al proceso-, de lo que se puede inferir que el Auto Definitivo es aquella resolución que corta todo procedimiento ulterior, impidiendo la prosecución de la causa y haciendo que el juzgador pierda competencia, concluyéndose que para una resolución como ser Auto Interlocutorio sea catalogado como definitivo, debe contener uno de esos presupuestos, entonces se deberá analizar la naturaleza de la Resolución...”.

III.4.Sobre la valoración de la prueba en el Código Procesal Civil

Sobre este tema el autor Víctor Roberto Obando Blanco, en su escrito “LA VALORACION DE LA PRUEBA”, refiere que; “La valoración es el juicio de aceptabilidad (o de veracidad) de los resultados probatorios (las hipótesis). La valoración constituye el núcleo del razonamiento probatorio; es decir, del razonamiento que conduce, a  partir  de  las  informaciones  aportadas  al  proceso a través de los medios de prueba, a una afirmación sobre hechos controvertidos”.

Al respecto, nuestra jurisprudencia en el Auto Supremo N° 240/2015, señala: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento…”.

De estas acepciones podemos inferir que en nuestro régimen procesal civil vigente, la valoración de la prueba está regida por el sistema de valoración de la sana crítica o prudente criterio y la prueba legal o tasada.

En cuyo entendido se observa que nuestro ordenamiento jurídico, sigue la doctrina moderna en materia de valoración de la prueba, adoptando la tesis de la valoración razonada, libre valoración o sana crítica, cuando en el Código Procesal Civil en su articulado 145.II, describe que: “Las pruebas se apreciaran en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las pruebas producidas y de acuerdo con las reglas de la sana critica o prudente criterio…”, ello entendemos por influencias del Código General del Proceso del Uruguay de 19891, para el juicio oral por audiencias, deduciendo de ello y bajo los criterios del referido autor Obando Blanco, que el sistema de sana crítica en la valoración probatoria importa un proceso racional en el que el juez debe utilizar a fondo su capacidad de análisis lógico para llegar a un juicio o conclusión producto de las pruebas actuadas en el proceso, situación que importa la libertad reglada del juez a través de cauces de racionalidad que tiene que justificarla utilizando el método analítico al estudiar la prueba individualmente y después la relaciona en su conjunto, es decir, que la sana crítica o prudente criterio, en la fundamentación de la resolución, interesa que el juzgador deba observar las reglas fundamentales de la lógica y la experiencia, concibiendo que esta fundamentación o motivación, básicamente consistirá en una operación racional fundada en la certeza, observando los principios lógicos supremos que gobiernan la elaboración de los juicios (conclusiones) y dan base cierta para determinar si son verdaderos o falsos, de tal manera que las leyes del pensamiento se presentaran como leyes necesarias, evidentes e indiscutibles a momento de analizar esas conclusiones, leyes que, como es conocido en la doctrina, están gobernadas por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente.

Ahora bien el sistema de valoración de prueba legal o tasada, se encuentra vigente a partir de la segunda parte del mencionado precepto legal (art. 145.II), cuando esta dice “…salvo que la ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta”, introducido como un freno o un obstáculo a manera de generar seguridad jurídica en las actuaciones del juez, que en ocasión de aplicar la valoración en base al sistema de sana critica o prudente criterio puede expresar conductas traducidas en arbitrariedades.

En cuyo entendido el sistema de valoración de la prueba legal o tasada, supondrá que el propio ordenamiento jurídico establezca en forma legal una serie de máximas, con arreglo a las cuales los hechos valen como probados con independencia del convencimiento del juez, siempre que se cumplan unos determinados requisitos o  formas, o lo que es lo mismo, este sistema se caracteriza porque la ley indica, por anticipado, el valor o grado de eficacia que tiene cada medio probatorio, lo que implica que el juez no tiene libertad de apreciación, sino que, ante determinada prueba le deberá atribuir el valor o eficacia que indica la ley2.

Siendo así que, ante la impugnación de errónea valoración de la prueba (ya sea por error de hecho o por error de derecho) es decir, incorrecta aplicación de los anteriores criterios en la fundamentación de la Sentencia o Auto de Vista por el Juez o Tribunal de Alzada, es este Tribunal Supremo el encargado de verificar si los argumentos y conclusiones de las resoluciones de instancia, reúnen los requisitos para ser considerados lógicos, esto es, que no contengan afirmaciones falsas, incoherentes o irracionales, lo que se podrá verificar, haciendo un análisis respecto de la valoración de la prueba, contrastando justamente con las señaladas leyes del pensamiento humano, luego, si este Tribunal encuentra que se ha quebrantado estas leyes, es decir existe errónea aplicación de la ley adjetiva o sustantiva en dicha apreciación, por inadecuada valoración de la prueba por parte del Juez o Tribunal de Alzada, corresponde enmendar tal situación, ello en resguardo de los principios de unidad, comunidad, concentración, contradicción, verdad materia, entre otros, que son rectores del proceso civil y a los que están sometidas las pruebas, para el resultado final de resolución.

Deduciendo de ello que el Código Procesal Civil orienta la labor valorativa de los juzgadores, y establece que todos  los  medios  probatorios sean valorados en forma conjunta tomando en cuenta la individualidad de cada una, utilizando el juez su apreciación razonada a partir de la sana critica, prudente criterio y el valor que la ley otorga, de cuyo ejercicio cognitivo, en la resolución que dirime el conflicto solo deberán ser expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está la doctrina legal aplicable al caso, corresponde emitir las siguientes consideraciones:

IV.I.- En la forma

En el punto 1) del recurso de casación planteado en la forma, el recurrente acusa la falta de motivación y fundamentación del Auto de Vista, señalando que el Tribunal de alzada no se ha pronunciado respecto al reclamo expuesto en el punto II.3 de su memorial de apelación planteado en el efecto diferido; omisión que refiere infringe el art. 265.I de la Ley Nº 439.

Sobre esta cuestión, no existe duda que la citada alegación recursiva se encuentra abocada a observar la incongruencia omisiva del fallo recurrido, situación por la cual conviene remitirnos a los criterios descritos en el punto III.1 de la doctrina aplicable, y en ese entendido dejar sentado que de acuerdo a los razonamiento jurisprudenciales desarrollados por este Tribunal de casación, se ha establecido que en los casos en que se acusa incongruencia omisiva respecto al recurso de apelación, este máximo Tribunal debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo, por lo que el hecho de identificar las respuestas consideradas de omitidas en la resolución impugnada no implica que se dé una respuesta positiva o negativa a lo razonado en el fondo o que se esté de acuerdo con las mismas; razonamiento que se aplica también al análisis para identificar la existencia o no de fundamentación y motivación en la resolución recurrida.

En ese contexto, del análisis del fallo recurrido, se ha podido advertir que el Tribunal de alzada con una argumentación clara y concreta, en el inc. d) de la parte considerativa de dicho fallo (denominada apelaciones diferidas de Naify Marcelina Gaspar C.) ha analizado el punto II.3 del recurso de apelación planteado en el efecto diferido (referente al auto que cursa en fs. 482) en cuyo entendido no resulta evidente la incongruencia omisiva acusada por la recurrente, en razón a que dicho Tribunal atendiendo el reclamo de referencia, ha señalado que el auto de fs. 482, está inserto en el acta de audiencia complementaria de fs. 476 a 490, y que tras la lectura de dicha acta no existe ninguna apelación diferida formulada en contra del mencionado auto, y siendo que la impugnación debe ser activada en dicha audiencia por mandato del art. 368.V de la Ley Nº 439, es inviable activarla de forma posterior; razonamiento que nos permiten entender que la acusada incongruencia omisiva carece de sustento, puesto que no es evidente que el Tribunal de alzada no haya considerado el agravio expuesto en el punto II.3 de la apelación diferida, lo que en consecuencia permite desvirtuar la alegada infracción del art. 265.I de la Ley Nº 439; situación por la cual no merece emitirse mayores consideraciones al respecto.   

Ahora bien, de una minuciosa lectura del recurso de casación planteado en el fondo, se puede advertir que los puntos 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9) se encuentran abocados a cuestiones atingentes a la forma del proceso, escenario en el cual corresponden ser analizadas.

En ese entendido, en el punto 1) de dicho recurso, los recurrentes reclaman la ausencia de motivación y fundamentación del fallo recurrido, arguyendo que dicha resolución no contiene decisiones expresas positivas y precisas al apartarse de los criterios jurisprudenciales que establecen que toda resolución o decisión de autoridad judicial debe contener la motivación que explique los parámetros legales bajo los cuales fueron considerados los reclamos de apelación; inadvertencia que acusan como vulneratorio de los arts. 15 de la CPE, 33 num. 12) de la Ley Nº 025 y 4 de la Ley Nº 439.

Sobre este planteamiento, conviene precisar que el art. 115.II del Constitución Política del Estado, impone a las autoridades judiciales, la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de hecho y derecho consideradas para dictar sus resoluciones, los cuales deben estar envestidos de la fuerza legal suficiente para hacer valido el decisorio; pues cuando un Juez omite fundamentar o motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la razón de derecho que llevó al juzgador a tomar la decisión de fondo.

Es en ese marco que este Tribunal, en sus diferentes fallos, ha comprendido la importancia de esta exigencia legal como uno de los elementos que garantiza el debido proceso, empero se debe tener presente que para el cumplimiento de esta exigencia, la estructura de la resolución, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que basta que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas del fallo, y que estas respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo, se tiene por realizada la motivación de una resolución judicial.

De ahí que en el presente caso, se puede advertir que la resolución impugnada, es decir el Auto de Vista N° 191/2018, cuenta con los criterios jurídico-facticos que sustentan el decisorio asumido, puesto que de manera clara el Tribunal de alzada ha expuesto los juicios cognitivos por los cuales considera que los agravios formulado en la apelación no resultan consistentes para acoger la petición de alzada y en ese entendido las afirmaciones de los recurrentes resultan endebles, ya que por una parte, en los incisos a), b), c), d), f) y g) de la parte considerativa de la resolución recurrida denominada “apelaciones diferidas de Naify Marcelina Gaspar C.”, se han ido considerando todas y cada una de las cuestiones postuladas en el efecto diferido, y de igual manera en el acápite rotulado como “apelación de la sentencia de Naify Marcelina Gaspar Cortez”, han sido analizadas los alegaciones recursivas planteadas en contra de la Sentencia de primer grado, de tal manera que muchas de estas incluso han sido declaradas inadmisibles por su manifiesta carencia de técnica recursiva, sin que ahora haya cambiado tal situación, puesto que la recurrente simplemente ha reiterado las alegaciones del recurso de apelación y se ha limitado a sostener que el Auto de Vista es carente de fundamentación y motivación, sin precisar cual o cuales agravios adolecen de tal defecto, extremo por el cual no resulta evidente la vulneración de los arts. 15 de la CPE; 33 num. 12) de la Ley Nº 025 y 4 de la Ley Nº 439 y en esa medida no corresponde emitir mayores criterios al respecto.

Por otra parte en lo concerniente a los puntos 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) y 9) del recurso de casación, resulta preciso remitirnos a los argumentos expresados en el punto III.3 de la doctrina aplicable, donde este Tribunal, partiendo de la naturaleza formal del recurso de casación, ha señalado que contra los Autos de Vista que confirmen apelaciones de autos y/o resoluciones concedidas en el efecto diferido, no es procedente el recurso de casación al no constituir resoluciones de carácter definitivo conforme lo establecido por el art. 211.I de la Ley Nº 439; entendimiento que es aplicable al presente caso, ello tomando en cuenta  que los autos de fs. 388 a 391, 409 a 411, 482, 579 a 581, 555 y 702 a 703 (todos impugnados en el efecto diferido), no constituyen resoluciones de carácter definitivo, puesto que no cortan procedimiento ulterior, ni impide la prosecución de la causa, y que además fueron confirmadas por el Auto de Vista recurrido, situación por la cual no corresponde ingresar al análisis de los argumentos expuestos en los puntos precitados, donde claramente la recurrente hace mención a que dichos reclamos están abocados a los diferentes recursos de apelación planteados en el efecto diferido, y en ese entendido, considerando que el recurso de casación tiene como una de sus características esenciales, que no se trata de una tercera instancia (pues el Tribunal de casación es un Tribunal de derecho y no de hecho) el recurso de casación solo procede por las causales taxativamente indicadas por la ley o reguladas por la jurisprudencia, debiendo el Tribunal de Casación circunscribirse a considerar las causales invocadas por el recurrente siempre que se formulen con observancia de los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico.

IV.II.- En el fondo

En el punto 10) del recurso casación, se han traído una serie de cuestiones abocadas a examinar la valoración de los elementos probatorios, entre otros extremos.

Tal es así que en un primer argumento, la recurrente cuestiona que en la presente litis, sin que haya existido producción de elementos probatorios, se haya establecido que el actor Gonzalo Rubén Gaspar Cortez sea beneficiario del 75 % del terreno ubicado en la calle Tarapacá Nº 32 y la recurrente conjuntamente su hermana Yesi Verónica Gaspar Cortez solamente del 25 %.

Sobre esta cuestionante, cabe señalar que la acusada ausencia de elementos probatorios en la determinación de porcentajes correspondientes a la división y partición del inmueble ubicado calle Tarapacá Nº 32, no resulta evidente, puesto que dicha determinación, no precisamente es emergente de la valoración de los elementos probatorios producidos por las partes, sino que responde a los argumentos discernidos tanto en la demanda como en la contestación a la misma, puesto que si nos detenemos a observar la demanda de fs. 93 a 95, claramente podremos advertir que el actor, entre los argumentos que sustentan su pretensión, señaló lo siguiente: “… a la fecha somos copropietarios del indicado inmueble, mi persona con 75%, mi hermana YESI VERONICA con el 12,5 % y mi otra hermana NAIFY MARCELINA con el 12,5 %...” (Sic.), alegación que se tiene fue asentida por las demandadas en sus diferentes memoriales de contestación, tal es así que por ejemplo la co-demandada Yesi Verónica Gaspar Cortez, en su escrito de fs. 143 a 146, señaló: “…se tiene evidenciado que el 50 % del inmueble de la calle Tarapacá Nº 32, le corresponde a mi hermano GONZALO RUBEN GASPAR, sin embrago y tal cual consta en dicha documental el restante 50 % de la propiedad correspondía a mi madre MARIA NILDA CORTEZ BALDIVIEZO DE GASPAR, a la muerte de nuestra madre, quedamos cuatro hijos entre los cuales corresponde la división de dicho 50 %, dado que a cada uno de los hijos y herederos de mi madre al ser cuatro, NIFY MARCELINA, GILKA, GONZALO RUBEN y YESI VERONICA, todos GASPAR CORTEZ, ALCANZA UN PORCENTAJE DEL 12,5 % (…). Así mismo de mi parte reconozco la cesión que ha realizado GILKA GASPAR CORTEZ de HERNAIZ, quien ha cedido su alícuota parte de 12,5 % en favor del demandante, por lo que el mismo tiene un porcentaje de 75 % del inmueble referido…” (El resaltado nos corresponde), y de la misma manera Gilka Gaspar Cortez, en su memorial de fs. 217 a 220 asiente tal extremo manifestando: “Por otra parte en cuanto a los derechos, acciones y obligaciones que me pudieran corresponder sobre el bien inmueble ubicado en la calle Tarapacá, cabemos señalar que todo lo he transferido y reconocido en favor del Sr. GONZALO RUBEN GASPAR CORTEZ, tal cual se desprende del reconocimiento de derecho propietario que mi persona realizó (…) repito no tengo ninguna acción, derecho u obligación sobre este bien inmueble”, situación que además es corroborada por los elementos probatorios que cursan en fs. 33 a 35, 36 a 37 y 53 a 53 vta., y en ese entendido no resulta evidente lo acusado por la recurrente ya que si bien ella en su memorial de contestación rebate la determinación de porcentajes, ello lo hace a partir de su acción reconvencional sobre anulabilidad de la Escritura Publica Nº 499/2017, que fue rechazada por carecer de legitimación para tal efecto, y en ese entendido no se tiene que la recurrente hay planteado algún criterio o haya presentado algún medio probatorio que refute válidamente la determinación de los porcentajes que ahora se acusan, no correspondiendo por ello expresar mayores consideraciones al respecto.

Por otra parte respecto al segundo argumento referente a la integración en la litis de la empresa AGRECOM en relación al pago que presuntamente habría realizado sobre las mejoras demandadas por el actor, corresponde manifestar que la alegación de la recurrente resulta ilusoria y forzada, puesto que si bien es cierto que en la declaración testifical de Eduardo Fabio Arancibia Ramírez (fs. 485 a 486) se ha señalado que fue la empresa AGRECOM la que erogó los gastos para introducir las mejoras impetradas, no puede desconocer la recurrente que dicha empresa es de propiedad del demandante (ver fs. 855 de anexos), por lo que dichos pagos independientemente de que hayan sido dispensados por la esposa del actor (como refiere el testigo Edmundo Arancibia Cáceres) o por algún personero de la empresa AGRECOM (como señala Eduardo Fabio Arancibia Ramírez), igualmente siguen formando parte del patrimonio del actor, lo que da cuenta que fue él quien asumió el costo de las mejoras demandadas y en ese entendido no es evidente la necesidad de integración a la litis de la referida empresa, mucho menos es evidente que el juez haya asumido reconocer el pago de las mejoras en favor del demandante, únicamente en razón de dichas declaraciones testificales, sino que en realidad este juicio emerge de un análisis del universo probatorio producido en el proceso, de tal manera que se han tomado en cuenta también todas las pruebas adjuntas en los anexos presentados por el actor, donde claramente se puede advertir que fue este sujeto procesal quien se ocupó del costo de las mejoras impetradas, y en ese entendido resulta impertinente señalar que fue la madre de la recurrente quien cubrió dicha carga, por lo que tampoco resulta evidente la acusada valoración errónea de la prueba testifical de descargo, menos resulta valedero observar el valor probatorio de los recibos adjuntos en dichos anexos, puesto que este extremo ya fue analizado en el acápite concerniente a las impugnaciones concedidas en el efecto diferido, situación por la cual no corresponde expresar mayores consideraciones al respecto.

Finalmente en cuanto a la alegada contradicción que existirá entre las aseveraciones del actor y sus testigos en relación a prueba pericial de oficio, en sentido de que los testigos sostendrían que las mejoras habrían sido introducidas en la gestión 2009 cuando la pericia establece que dichas mejoras datan de hace diez o quince años atrás, cabe manifestar que ninguno de los testigos de cargo a expresado una afirmación concreta respecto a la gestión en la que fueron introducidas las mejoras demandadas por el actor, puesto que contrario a ello estos afirman no recordar la data de dichas mejoras y si bien el testigo Eduardo Fabio Arancibia Ramírez (fs. 486) hace referencia a la gestión 2009, ello lo hace únicamente para señalar el año en el cual se encontraba trabajando en el inmueble en cuestión, expresión que de ninguna manera puede definir que fuera esa la gestión en la que se iniciaron las mejoras demandas, máxime cuando por expresión de actor los trabajos en el inmueble iniciaron en la gestión 2005, criterio que es coincidente con las conclusiones de la pericia de fs. 712 a 722 que fue practicada el año 2018, de manera tal que lo argumentado por la recurrente resulta inconsistente al no encontrar respaldo en otros medios probatorios que puedan sustentar dicha alegación y de esa manera se concluye que las pruebas de este proceso fueron debidamente valoradas conforme las reglas expuestas en el punto III. 4 de la doctrina aplicable en relaciona  lo establecido por el art. 145 del Código procesal Civil.

Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 823 a 831 vta., interpuesto por Naify Marcelina Gaspar Cortez contra el Auto de Vista Nº 191/2018 de 05 de julio de fs. 813 a 820, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1000 para el abogado que responde al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.                              






1 Mostajo Barrios, Jorge Omar (2016) “Curso Sobre el Código Procesal Civil”, Edt. Hebdo, pág. 147.

2 Juan Montero Aroca (2005), “La prueba en el proceso civil”,  Edit. Thomson-Civitas Navarra, p. 549 y ss.