TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 196/2019

Fecha: 06 de marzo de 2019

Expediente: SC-98-18-S 

Partes: Adalid Padilla Alderete. c/ Angélica Méndez Chávez, Oscar Yimi Alpire Ulloa, herederos presuntos de Dalia Alpire Ascarrunz.

Proceso: Nulidad de contrato de transferencia y cancelación de inscripción.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 480 a 483 vta., formulado por Adalid Padilla Alderete contra el Auto de Vista Nº 103/2018 de 26 de abril, que cursa de fs. 476 a 478, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar y/o Niñez o Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato de transferencia y cancelación de inscripción en Derechos Reales, seguido por el recurrente contra Angélica Méndez Chávez, Oscar Yimi Alpire Ulloa, herederos y presuntos herederos de Dalia Alpire Ascarrunz, la concesión de fs. 487, admitida por el Auto Supremo Nº 671/2018RA de 23 de julio de fs. 493 a 494 vta., y todo lo inherente.

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Adalid Padilla Alderete, por memorial de fs. 76 a 83 vta., subsanado a fs. 92 a 93 vta. de obrados, interpuso demanda de nulidad de contrato y cancelación de inscripción en Derechos Reales, en contra Angélica Méndez Chávez, Oscar Yimi Alpire Ulloa, herederos presuntos de Dalia Alpire Ascarruz, indicando que el documento de propiedad de la demandada sobre el lote de terreno Nº 19, celebrado el 20 de enero de 2000, se encuentra viciado de nulidad, por carecer de objeto, por ilicitud de la causa y error esencial sobre la naturaleza del contrato.

Citados los demandados, Angélica Méndez Chávez planteó excepción de falta de legitimación o interés legítimo que surja de los términos de la demanda y contestó negando todos y cada uno de sus argumentos fs. 193 a 196 vta., y Oscar Yimi Alpire fue declarado rebelde por providencia de 25 de noviembre de 2016 de fs. 202 vta., y por otra parte, al no haber comparecido los demandados herederos y presuntos herederos de Dalia Alpìre Ascarrunz citados por edictos, se designó defensor de oficio mediante providencia de 12 de enero de 2017 (fs. 211).

2. El Juez Púbico Civil y Comercial 30º de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia Nº 05/2017 de 30 de enero de 2018, cursante de fs. 444 a 453, declarando improbada la demanda de nulidad de contrato y cancelación de inscripción en Derechos Reales.

3.- Resolución de primera instancia que al ser apelada por el demandante, Adalid Padilla Alderete, mereció el Auto de Vista Nº 103/2018 de 26 de abril fs. 476 a 478, que confirma en todas sus partes la Sentencia Nº 05/2017 de 30 de enero de 2018, con costas y costos.

El Tribunal de alzada arguyó que el juez A quo ha obrado de manera correcta, toda vez que del análisis de la sentencia impugnada y los actuados base de la demanda se puede establecer que la misma ha dictado una resolución debidamente fundamentada de manera clara, precisa, motivada, congruente y dentro del parámetro legal establecido, toda vez que el demandante al no haber probado que concurran las causales de nulidad establecidas por ley, para anular el documento de compra venta objeto de la presente demanda y por consiguiente no corresponde ordenar la cancelación de la inscripción del mismo.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De los reclamos expuestos por Adalid Padilla Alderete se extraen de manera ordenada y en calidad de resumen, los siguientes:

En la forma.

1. Alegó la vulneración de las formas esenciales del proceso debido a que omite el Tribunal Ad quem pronunciarse sobre los agravios contenidos en el recurso de apelación incumpliendo la regla establecida en el art. 265.I del Código Procesal Civil, respecto a que la vendedora a momento de la formación del contrato carecía de la cualidad de propietaria y la valoración de la prueba generada para acreditar tal aspecto sin dar a conocer por qué motivo las acusaciones contenidas en el recurso de apelación invocada, no es causal para dejar sin efecto la resolución impugnada.

En el fondo.

1. Acusó errónea valoración de la prueba y error de derecho, al aplicar la causal de nulidad establecida en el art. 549.1), expresando que conforme a los arts. 1311 y 1296 del Código Civil, y la prueba aportada se deduce que el predio “Palmar Arteaga”, fue revertido al Estado constituyendo el antecedente de dominio de la vendedora Dalia Alpire Ascarrunz, y posteriormente dotado a favor de Eligio Escalante y otros tradentes del demandante, por lo tanto a momento de la formación del contrato Dalia Alpire Ascarrunz carecía de derecho de propiedad, por consiguiente falta el objeto en el contrato de transferencia, por lo que el contrato es nulo.

Petitorio.

Solicitó anular o alternativamente casar el Auto de Vista y en definitiva declarar probada la demanda de nulidad de contrato.

Contestación al recurso por Angélica Méndez Chávez.

Con relación al primer agravio referido a la supuesta vulneración del art. 265.I del Código Procesal Civil, se constata de la revisión del Auto de Vista recurrido que el Tribunal Ad quem fundamentó de manera adecuada y suficiente. No necesitando que las resoluciones sean ampulosas bastando que se pronuncie sobre los agravios deducidos.

Con referencia al agravio de fondo, los argumentos ya expresados son suficientes para demostrar que tampoco existe infracción a las normas invocadas por el recurrente.

Petitorio.

Solicitó declarar improcedente o infundado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

III.1. De la incongruencia omisiva y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En este antecedente, el Tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución, la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

En este sentido, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nº 651/2014 y Nº 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.

III.2. Sobre el debido proceso y el principio de pertinencia.

Al respecto la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1072/2013 de 16 de julio ha desarrollado razonamientos de manera amplia sobre los siguientes tópicos:

III.2.1. Con relación al debido proceso:

“El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC Nº 2798/2010-R de 10 de diciembre, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (las negrillas añadidas).

La SC Nº 0486/2010-R de 5 de julio, estableció que: “La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra ley fundamental instituye al debido proceso como:

1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad” (negrillas agregadas).

De lo glosado es posible extraer que el debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; entre ellos, la pertinencia, la congruencia, la motivación y la valoración de la prueba en las resoluciones; pues aunque esta última no se encuentra expresamente señalada en la jurisprudencia glosada precedentemente, sin embargo, en los instrumentos internacionales como en la doctrina constitucional ha sido ampliamente desarrollada. Elementos que sin duda constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido proceso”.

Hizo referencia a la SC Nº 0758/2010-R de 2 de agosto donde se expuso lo siguiente:

“La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la ley fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías…”. 

III.2.2. Con respecto al principio de pertinencia de las resoluciones:

“El principio de pertinencia determina que la resolución que emita el juez o tribunal superior cuando actúa como revisor de apelación o casación, debe circunscribirse a la decisión del juez o tribunal de inferior instancia; y según sea el caso, se abocará en la apelación a la expresión de ofensas contenidas en el recurso; y en la casación a la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho, sea en el fondo o en la forma; de ello se infiere que a momento de conocer y resolver un recurso de impugnación, se dilucidarán exclusivamente tales extremos en las resoluciones judiciales. Así el AS Nº 55 de 1 de abril de 1998 sostuvo que: “Los fallos judiciales obligatoriamente deben responder a las pretensiones deducidas por las partes y las autoridades jurisdiccionales no pueden pronunciarse sobre aspectos no demandados y que no fueron objeto de la litis”.

(…)  Consecuentemente, tanto los jueces y tribunales de segunda instancia como los de casación, al pronunciar resoluciones, deben velar porque sus determinaciones sean pertinentes dado que: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse” SC Nº 2017/2010-R de 9 de noviembre.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Los argumentos del recurso de casación en la forma se encuentran orientados a denunciar la vulneración de las formas esenciales del proceso debido, que el Tribunal Ad quem omite pronunciarse sobre los agravios contenidos en el recurso de apelación incumpliendo la regla establecida en el art. 265.I del Código Procesal Civil, evitando pronunciarse que la vendedora a momento de la formación del contrato carecía de la cualidad de propietaria, la valoración de la prueba generada para acreditar tal aspecto, sin dar a conocer por qué motivo las acusaciones contenidas en el recurso de apelación invocada, no son causal para dejar sin efecto la resolución impugnada.

Revisado el contenido del Auto de Vista recurrido se advierte que el Ad quem se percata de dos agravios en la apelación que las describe a modo de resumen en el punto 4 (contenidos en los párrafos signados con la numeración 4.1. y 4.2.) bajo el subtítulo “Competencia de este tribunal”, empero a pesar de haber efectuado la identificación de los agravios en la parte que corresponde a los “Fundamentos jurídicos de la presente resolución” a fs. 447 vta., de manera conjunta toman en cuenta a los agravios expresados en los puntos 4.1 y 4.2, para luego realizar la transcripción de la parte dispositiva de la sentencia y finalmente concluye señalando dos razones: “… toda vez que el demandante al no haber probado que concurran las causales de nulidad establecidas por ley (…) por lo que se llega a la conclusión que con relación a los agravios sufridos por el recurrente, se tiene que los mismos no son ciertos por consiguiente, corresponde confirmar la resolución apelada, de acuerdo a lo establecido en el art. 218 num. II.2) de Código Procesal Civil”.

Como se podrá evidenciar, lo que hizo el Ad quem a título de motivación es errado debido a que no detalla un sustento fundado respecto a los agravios planteados contra la sentencia, limitándose a señalar que el demandante no ha probado las causales de nulidad de su demanda y cierra su insuficiente fundamentación indicando que los agravios no son ciertos, sin haber otorgado de su parte respuesta motivada con fundamento a los reclamos que se hallan expuestos en los dos agravios deducidos e identificados (puntos 4.1 y 4.2) en la apelación y que simplemente se las precisa y no se ingresa a un análisis coherente y pormenorizado en el Auto de Vista, sobre los cuales existe ausencia de fundamentación y motivación.

Al no existir en el Auto de Vista un análisis y fundamento de parte del Ad quem y menos pronunciamiento sobre los reclamos del recurso de apelación, en los hechos procesalmente no existe fallo de segunda instancia que resuelva el recurso de apelación, dejando irresuelto el mismo alegando falta de expresión de agravios, aspecto que viola el debido proceso, el derecho a la defensa, a obtener una respuesta motivada y fundamentada a la cual tiene derecho la parte recurrente, soslayando el Ad quem su deber de resolver el recurso de apelación dentro del marco de pertinencia que establece el art. 265.I del Código Procesal Civil, conforme se tiene expuesto en los puntos desarrollados en la doctrina aplicable, constituyéndose además en una garantía jurisdiccional de todo litigante que hace uso de los medios de impugnación, inmersa en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado. 

Por todas las consideraciones realizadas se concluye que en la emisión del Auto de Vista recurrido el Ad Quem ha incurrido en evidentes infracciones de orden procedimental que atentan el debido proceso en sus elementos de congruencia, motivación y pertinencia, vulnerando el derecho de la parte recurrente, por lo mismo el fallo adolece de vicio de nulidad y ante esa situación se otorga razón a los reclamos deducidos en el recurso de casación en la forma por lo que, corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III num 1 inc. c) de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil y ante esta decisión se hace innecesario ingresar a considerar el recurso de casación en el fondo, pues la decisión de alzada no analizó el mérito de la sentencia aspecto que deben tener presente las partes litigantes.

En cuanto a las respuestas al recurso de casación donde Angélica Méndez Chávez respalda el Auto de Vista cuestionado, posición que es comprensible desde el punto de vista de la calidad de sujetos pasivos que ostentan de la relación jurídica debido a que la resolución impugnada les es favorable; empero deben tener presente lo expuesto en la doctrina aplicable al caso como así los fundamentos desarrollados en la presente resolución donde se tiene explicado porque la resolución impugnada no es correcta.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.III num. 1) inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 103/2018 de 26 de abril, de fs. 476 a 478, pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar y/o Niñez o Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y dispone que el Tribunal Ad quem sin espera de turno y previo sorteo pronuncie nuevo fallo debidamente motivado, fundamentado y congruente conforme a lo dispuesto en el art.265 de la Ley Nº439.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente Resolución al Consejo de la Magistratura. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.