TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 195/2019

Fecha: 06 de marzo de 2019

Expediente:        CH-52-18-S.

Partes: Antonia Duran Poveda c/ Luisa Petrona Orellana Salas de Camargo.

Proceso: Usucapión decenal.

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 188 a 194, interpuesto por Antonia Duran Poveda; contra el Auto de Vista Nº SCCI-0167/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 182 a 183 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de usucapión decenal, seguido por la recurrente contra Luisa Petrona Orellana Salas de Camargo; la contestación cursante de fs. 197 a 198 vta.; el Auto de concesión del recurso de fecha 20 de julio de 2018, cursante a fs. 201; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 754/2018-RA de fecha 02 de agosto, cursante de fs. 205 a 206, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial Décimo de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 61/2018 de fecha 18 de abril, cursante de fs. 158 vta. a 161 vta., declarando: IMPROBADA la demanda de fs. 14 a 17 de obrados. En consecuencia: Declaró no ha lugar a la adquisición del derecho propietario por la dinámica de la usucapión decenal demandada, respecto al inmueble lote de terreno sito en la zona Tucsupaya Baja, calle Tarcana s/n de esta ciudad, con una superficie de 385.08 m2, impetrada por la actora Antonia Duran Poveda. Se condena a costas y costos.

Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Antonia Duran Poveda mediante memorial cursante de fs. 163 a 169 de obrados, en merito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº SCCI-0167/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 182 a 183 vta., donde el Tribunal de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

Valorando el acta de fs. 86 vta. en su última parte se extrae que la parte demandada no admitió posesión de la demandante, ya que no es un hecho controvertido que la demandante tenga posesión física del inmueble, sin embargo la confesión realizada por la demandada respecto a la challa que hacía en carnavales y que ahí se encontraba la demandante no alcanza al elemento anímico de la posesión, porque expresamente la demandante en un memorial señala argumentativamente que la posesión es viciosa al no ser pacifica, por el reclamo efectuado para que la demandante desocupe el inmueble, señalando en consecuencia el Tribunal de Alzada que no es evidente que se haya vulnerado el art. 213.II num.3) del Código Procesal Civil, al no resultar la confesión aludida en una prueba aportada por las partes.

Señala que el juez expuso dos motivos impeditivos que hacen a la posesión alegada a efectos de usucapión, el primero que no existe prueba que acredite la ocupación vía carpas, así como no es evidente que la demandante demuestre la posesión continua, por más de 10 años que exige la ley para que opere la usucapión.

Manifiesta que no resulta evidente la valoración de la prueba testifical sea genérica por que la sentencia concluye que a ninguno de los testigos le consta la fecha de inicio de la posesión, más aún si se considera que con el Documento Público Nº 608/2008 de fs. 67 a 68 y la declaración testifical de descargo de fs. 103 acreditan que el inmueble fue otorgado en anticrético, por tanto, no puede existir posesión al mismo tiempo sobre el inmueble por personas diferentes. Fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II núm. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMÓ la Sentencia Nº 061/2018 de 2 de 18 de abril cursante de fs. 158 vta. a 161 vta.

Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Antonia Duran Poveda, interpusiera recurso de casación cursante de fs. 188 a 194 de obrados, el mismo que se pasa a analizar.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la recurrente Antonia Duran Poveda, se extrae lo siguiente:

1.- Acusa violación a la garantía del debido proceso con relación a la incongruencia de la resolución por existir contradicciones ya que el Auto de Vista por un lado reconoce la posesión de la recurrente y por otro indica que no se demostró posesión de más de 10 años, al margen que el Auto de Vista no toma en cuenta la confesión de la demandada donde indica que ella iba todos los años en carnavales al bien inmueble, y no como señala el Auto de Vista que solo fue los últimos tres años en consecuencia vulneró  los arts. 115  y 180 de la constitución Política del Estado.

2.- Aduce error de hecho en la valoración de la prueba, al señalar que el testigo Pedro Iglesias Zurita estuvo en posesión del inmueble motivo de litis y que este extremo fue corroborado por el documento de anticresis, por ende no puede existir dos posesiones sobre un mismo inmueble, empero dicho argumento es contradicho en la contestación a la demanda de fs. 86 a 88 cuando la demandada reconoce la posesión de la recurrente al señalar que todos los años para carnavales ella iba a challar el lote de terreno, al margen de considerar que no existe prueba alguna que demuestre que Pedro Iglesias estuvo en posesión del bien inmueble motivo de litigio, lesionando el art. 145  del Código Procesal Civil y el art. 1286 del Código Civil.

3.- Acusa que el Tribunal de Alzada lesiono el derecho a una debida motivación y fundamentación de la resolución, derecho titulado por el art. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado.

De lo expuesto solicita que se case el Auto de Vista y se declare probada la demanda de usucapión.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se puede establecer que Luisa Petrona Orellana Salas de Camargo representada por Dominga Flores Almendras y Franks Silva Cisneros mediante memorial cursante de fs. 197 a 198 vta. Responde al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:

Manifiesta que el Auto de Vista recurrido en casación se encuentra enmarcado dentro de los preceptos legales vigentes, habiéndose cumplido con los requisitos exigidos por el art. 265 del Código Procesal Civil, por lo que la demandante no tiene consistencia ni respaldo legal respecto a la transgresión de los arts. 115, 156 y 180  de la Constitución Política del Estado, y art. 145 del Código Procesal Civil concordante con el art. 1330 del Código Civil ya que la demandada jamás admitió la posesión de la demandante por lo que no es evidente lo manifestado por la recurrente.

Indica que la recurrente no tiene argumento alguno para indicar que no se hizo una correcta valoración de la prueba testifical de cargo, ya que a ninguno de los testigos le consta la fecha de inicio de posesión y que las mismas son contradictorias con el Documento Público Nº 609/2018 que acredita el contrato de anticrético que fue otorgado en el término intermedio de la posesión que alega la demandante por lo que no puede existir dos posesiones sobre un mismo bien, al margen que la demandante acreditó que es propietaria del bien del cual se pretende su usucapión.

Por lo expuesto solicita declare improcedente el recurso de casación, por no cumplir con los requisitos exigidos por el art. 274 del Código Procesal Civil.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la congruencia en las resoluciones.

Este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) señaló: Que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Es en este entendido que a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa”.

III.2. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los Autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.3. De la motivación y fundamentación.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación, corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 1 está enmarcado a observar la violación a la garantía del debido proceso con relación a la incongruencia de la resolución por existir contradicciones, ya que el Auto de Vista por un lado reconoce la posesión de la recurrente y por otro indica que no se demostró posesión de más de 10 años, al margen que el Auto de Vista no toma en cuenta la confesión de la demandada donde indica que iba todos los años en las fechas de carnavales al bien inmueble y no como señala el Auto de Vista que solo fue los últimos tres años, en consecuencia se vulneró  los arts. 115  y 180 de la Constitución Política del Estado.

Sobre el particular diremos que de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.1 se tiene que la congruencia interna, hace referencia a la resolución comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretende evitar que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión, en ese entendido haciendo un análisis del Auto de Vista se tiene que de acuerdo a la confesión de la demandada se estableció que es un hecho no controvertido la posesión física en el  bien inmueble motivo de litis de la demandante, sin embargo también manifestó que no existe prueba que acredite que dicha posesión sea por más de 10 años o que la posesión haya comenzado con carpas, toda vez que dichos aspectos fueron desvirtuados por el documento de anticresis adjunto en obrados en el cual la demandada otorgó en calidad de anticrético el bien inmueble a favor de Pedro Iglesias Zurita mediante Instrumento Público Nº 609/2008 aspecto respaldado con la declaración testifical del anticresista, por lo que el Tribunal de Alzada expresó que la demandante no estuvo en posesión por 10 años como exige la ley para que opere la usucapión.

Máxime si consideramos que en el contenido del Auto de Vista, el Tribunal de Alzada tomó en cuenta los fundamentos de la demandada, quien no admitió la posesión de la demandante como erróneamente señala la recurrente, ya que señaló “yo iba a mi lote de terreno y cumplía con ese ritual y la demandante observaba que challábamos, ocasiones que le exigía que tiene que desocupar el lote de terreno”, confesión que tiene que ver únicamente con el elemento corporal y no así anímico, por lo que haciendo análisis del Auto de Vista, este Tribunal establece que no es evidente lo acusado por la recurrente respecto a la supuesta contradicción en la resolución impugnada, como se dijo el Auto de Vista de forma congruente señaló la existencia de posesión realizada por la demandante ahora recurrente, empero dicha posesión no alcanza el termino de 10 años, en consecuencia no es evidente la existencia de vulneración de los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado, por cuanto su reclamo deviene en infundado.

2. Continuando con lo acusado en el recurso de casación se tiene que el reclamo que se encuentra en el punto 2 está enmarcado a observar error de hecho en la valoración de la prueba, al señalar que el testigo Pedro Iglesias Zurita estuvo en posesión del inmueble motivo de litis y que este extremo fue corroborado por el documento de anticresis, por ende no puede existir dos posesiones sobre un mismo inmueble, empero dicho argumento es contradicho en la propia contestación a la demanda de fs. 86 a 88 cuando la demandada reconoce la posesión de la recurrente al señalar que todos los años para carnavales ella iba a challar el lote de terreno, al margen de considerar que no existe prueba alguna que demuestre que Pedro Iglesias estuvo en posesión del bien inmueble motivo de litigio, lesionando el art. 145  del Código Procesal Civil y el art. 1286 del Código Civil. 

Partiendo del citado antecedente y de la revisión de obrados se puede establecer que el Tribunal de Alzada, realizó una correcta valoración de la prueba testifical contrastando con la prueba documental, pues conforme el considerando II del Auto de Vista impugnado hizo referencia a la Escritura Publica Nº 609/2008 con la cual se evidenció que la demandada dio en calidad de anticresis el bien inmueble motivo de Litis en favor de Pedro Iglesias Zurita, instrumento público que respaldó la declaración testifical del anticresista, con lo cual se acreditó la posesión del anticresista del inmueble de litis, hasta el año 2014, aspecto que contradijo la declaración de los testigos de cargo ofrecidos por la parte demandante, a quienes no les consta la fecha de inicio de posesión de la misma.

Así también se debe tener presente que el Tribunal de Alzada no solo basó su decisorio en este extremo pues señaló que no existe prueba alguna que evidencie la posesión por más de 10 años de la demandante, considerando el informe pericial que indica que las construcciones realizadas de calamina donde actualmente vive la recurrente son aproximadamente de noviembre de 2014, conforme a las fotografías satelitales, no resulta evidente lo alegado por la recurrente quien manifestó que vivía en carpas desde el 2005, pero en dicho informe se puede colegir  que no existe construcción alguna hasta el 2014, por lo que no es cierto lo acusado por la recurrente sobre el error de hecho en la valoración de la prueba dado que el Tribunal de Alzada señaló como influye los medios probatorios sobre la decisión que se tuvo al final del litigio, considerando toda prueba ofrecida por las partes y admitida conforme a procedimiento, que se convirtió en prueba del proceso para llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente aplicó el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba, no de manera aislada, y tomó en cuenta, todos los medios probatorios adjuntos por ambas partes cumpliendo con su obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que fueron integradas y contrastadas, conforme manda el art. 1286 del Código Civil y el art. 145.I y II del Código Procesal Civil, (doctrina desglosada en el punto III.2).

Por lo que se evidencia que el Tribunal de Alzada realizó una valoración integra de los medios probatorios los cuales le llevaron a tomar la decisión de confirmar la sentencia toda vez que en la descripción realizada supra la parte actora no adjunto medios probatorios los cuales respaldaron su posesión por más de 10 años del bien inmueble motivo de litis por lo que este Tribunal comparte el criterio sobre la valoración de la prueba realizada por el Tribunal de Alzada por cuanto su reclamo deviene en infundado.

3.- Continuando con la dilucidación del recurso de casación se tiene que el punto 3 está enmarcado a observar que el Tribunal de Alzada lesionó el derecho a una debida motivación y fundamentación de la resolución, derecho titulado por el art. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado.

Al respecto tenemos a bien señalar conforme a lo manifestado en la doctrina establecida en el punto III.3, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, asimismo señala que la fundamentación y motivación, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario debe ser concisa y clara que integre todos los puntos demandados.

En ese entendido, de la revisión del Auto de Vista Nº SCCI-167/2018 de fecha 14 de junio, cursante en obrados se tiene que el Tribunal de Alzada expuso de forma clara las razones en las cuales basó y justificó su decisión, fundamentando su disposición en el entendido que la confesión realizada por la demandada no alcanza al elemento anímico de la posesión de  la demandante, ya que indica si bien iba al lote de terreno y la demandante observaba como hacían el ritual de la challa, empero la demandada le exigía desocupe el lote de terreno por lo que no es evidente que haya operado una confesión judicial, considerando que para la existencia de confesión en el presente caso la demandada hubiese tenido que reconocer un hecho a favor de la demandante, aspecto que no concurrió en el caso de autos, en consecuencia señaló que no se vulneró lo establecido en el art. 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, así también el Tribunal de Alzada indicó que el juez expuso dos motivos impeditivos que hacen a la posesión alegada a efectos de usucapión, manifestando que no existe prueba que evidencie que la posesión haya sido en carpas, quedando dicho aspecto en el ámbito argumentativo, no siendo evidente que la demandante demuestre posesión continua en mérito a la declaración testifical de Pedro Iglesias Zurita quien ostenta el Instrumento Público Nº 609/2008 en su favor acreditando haber ocupado el inmueble en calidad de anticresis, lo que desvirtúa la continuidad de la posesión de la demandante, no concurriendo los 10 años de posesión continua mínima que exige la ley para que opere la usucapión.

Así también el Auto de Vista señaló no ser evidente que la valoración de la prueba testifical sea genérica por que la sentencia concluye que a ninguno de los testigos le consta la fecha de inicio de la posesión de la parte actora y los califica de complacientes (considerando que prestaron su declaración a solicitud de la demandante sin tener certeza del tiempo en el que ella vive y si realizó mejoras en el inmueble), entrando dichos testigos en contradicción con el Documento Público Nº 609/2008 de fs. 67 a 68. En ese entendido es que se puede evidenciar que el Tribunal de Alzada realizó una correcta relación de los hechos, así también motivó y fundamentó su decisión con norma jurídica, exponiendo de tal manera las razones que lo llevaron a confirmar la sentencia apelada, por lo que no resulta evidente la supuesta violación al derecho a una debida motivación y fundamentación determinados en los arts. 115.II y 180.I de la Constitución Política del Estado, razón por la cual el reclamo planteado por la recurrente deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 188 a 194, interpuesto por Antonia Duran Poveda; contra el Auto de Vista Nº SCCI-0167/2018 de 14 de junio, cursante de fs. 182 a 183 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Sea con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.