TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                             S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 193/2019

Fecha: 06 de marzo de 2019

Expediente: SC-103-18-S

Partes: Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda. c/ Cesar Vaca Severiche.

Proceso: Nulidad de contrato de compra venta y daños.

Distrito: Santa Cruz. 


VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 273 a 284, interpuesto por Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda, contra el Auto de Vista N° 260/2018 de 11 de junio, cursante de fs. 265 a 267 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato de compra venta y daños, seguido por el recurrente contra Cesar Vaca Severiche; respuesta al recurso de casación de fs. 288 a 294 vta; el Auto de concesión de 17 de julio de 2018 que cursa a fs. 295; Auto Supremo de admisión Nº 714/2018-RA de fs. 302 a 303 vta, los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda, interpuso demanda de nulidad de contrato de compra venta y daños suscrito en fecha 17 de mayo de 2016 por la compra y venta de un vehículo motorizado por la suma de $us.65.000, que cursa de fs. 76 a 78, ampliada y modificada, cursante de fs. 87 a 89; acción que fue dirigida contra Cesar Vaca Severiche, quien una vez citado, por memorial de fs. 143 a 147 vta., contestó negativamente y presentó demanda de reconvención de legalidad de compra venta del contrato de 17 de mayo de 2016.
  2. Desarrollándose de esta manera la presente causa hasta dictarse la Sentencia Nº 56/2018 de fecha 20 de febrero, cursante de fs. 216 a 218, donde el Juez Público en lo Civil y Comercial Noveno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, declaró PROBADA en parte la demanda de nulidad cursante de fs. 76 a 78, ampliada y modificada de fs. 87 a 89 e IMPROBADA respecto de la pretensión de daños, de igual manera se declaró IMPROBADA la demanda de reconvención de fs. 143 a 147.
  3. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Cesar Vaca Severiche mediante memorial cursante de fs. 227 a 231 vta.; la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista N° 260/2018 de fecha 11 de junio, cursante de fs. 265 a 267 vta., ANULÓ la Sentencia. Bajo los siguientes fundamentos:

Que el A quo al haber identificado el hecho de compra y venta del vehículo pero no el otro supuesto de la demanda que es la imposibilidad de registró generó una contradicción; sostiene la interrogante del Juez de la causa que de forma extraña libra de oficio informe técnico pericial de fs. 194, siendo que esta debió ser justificado su procedimiento de la obtención de dicha prueba; respecto a la finalidad económica social de la compra y venta de vehículo que se debe entender por utilidad y ventaja del tipo patrimonial, pudiendo ser posible que esa ventaja no se haga efectiva por múltiples factores, lo que de ninguna manera habilita la nulidad del contrato por error esencial o por ilicitud al cual se ha inclinado el juzgador, y que el Juez debió desarrollar el principios que permitan lograr el valor justicia en el mismo, siempre en búsqueda de mayor reciprocidad y proporcionalidad que derivan los hechos de la posesión.

  1. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda por memorial cursante de fs. 273 a 284, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación de fs. 273 a 284, interpuesto por Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda, el recurrente expone como reclamos, los siguientes:   

Forma.

1. Reclama que el Auto de Vista de forma incorrecta y tergiversada pretende asimilar supuestos respecto al hecho de la compra y venta de vehículo y la imposibilidad de poder registrar la titularidad del vehículo confundiendo la relación de hechos y acontecimiento sucedidos.

2. Acusa que el Tribunal de alzada, en su Auto de Vista comete error al pronunciarse a un reclamo extemporáneo como si se tratara de una pericia pura y simple prestando juramento como particular, siendo que el perito es funcionario público de DIPROVE dependiente de la Policía Boliviana de una unidad especializada en investigación.

3. Respecto a la motivación del error esencial en el objeto del contrato el Tribunal de apelación actúa de manera arbitraria e incongruente no teniendo correspondencia alguna con el respaldo probatorio y jurídico desarrollado en el curso del proceso que va en contra del principio de la verdad material establecido en el art. 1 num. 16) del Código Procesal Civil.

4. Arguye que el Auto de Vista de segunda instancia, induce al juzgador en su Sentencia se pronuncie sobre algo no demandado por las partes e incurra más bien en incongruencia por actuación extra petita contraviniendo a la garantía del debido proceso previsto por los art. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado.

5. Deduce que los Jueces de instancia transgreden el derecho de congruencia en su Auto de Vista al anular la resolución de primera instancia, además incurren en error de los arts. 17 de la LOJ y 218.II num. 4) del Código Procesal Civil, al obrar de esa forma guardan silencio con relación a los planteamientos descritos en la demanda.

Fondo.

Denuncia  errónea apreciación de la prueba del Tribunal de segunda instancia al no reconocer el informe técnico de fs. 159, careciendo de sustento legal factico al fundarse esa resolución en consideraciones meramente retoricas basadas en conjeturas faltando sustento probatorio o jurídico, negando la eficacia y valor ha transgredido el art. 1287 del CC, con relación al art. 134 del CPC.

Petitorio.

Solicita se pronuncie casando el Auto de Vista deliberando en el fondo  confirmando la Sentencia.

Respuesta al recurso de casación.

Señala el demandante, que el recurso de casación no es más que una reiteración de la contestación al recurso de apelación planteado por la parte demandada pretendiendo utilizar el recurso como tercera instancia, se puede observar de manera clara que el mismo, no ha cumplido con las previsiones del art. 247 del Código de procesal Civil, por cuanto no ha citado en términos claros, concretos y precisos las normativas violadas o aplicadas de forma falsa, tratándose de un ataque infundado a las formas del Auto de Vista; luego denota que el Auto de Vista ahora impugnado, es claro en su motivación al manifestar que el objeto del presente proceso se traduce en la verificación judicial de la causal de nulidad en la que incurre el contrato de compra y venta de un vehículo, y aduce que el recurso se centra en cuestiones formales en lo referente al derecho a la tutela judicial efectiva fundándose en múltiples Sentencias Constitucionales de índole procesal que no hacen al fondo de la cuestión litigada, si no a la estructura del proceso.

Petitorio.

Solicita sea declarado inadmisible y en caso de entrar al fondo se declare improcedente el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Del principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, la Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…" (Las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); a este respecto, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, que: Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal ad quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal ad quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.

III.2. De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente Código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a Ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.3. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la Sentencia

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido  la  congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente preceptúa el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en las instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad  que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril,  en base a lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y apoyo normativa, en la Ley Nº 439 art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que : “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la  falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (Las negrillas pertenecen a esta resolución).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Por pedagogía jurídica corresponde de inicio absolver el punto quinto donde se observa que la nulidad dispuesta en segunda instancia, reclama que esa resolución transgrede el derecho de congruencia al anular la resolución de primera instancia, además incurren en error de los arts. 17 de la LOJ y 218.II num. 4) del CPC, por lo que no correspondía anular resolución de primera instancia, y induciendo al juzgador en su Sentencia, a que se pronuncie sobre algo no demandado por las partes e incurra en incongruencia por actuación extra petita atentando a la garantía del debido proceso previsto por los art. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado.

De la síntesis de las acusaciones traídas a casación, resulta pertinente remitirnos a la resolución recurrida en casación, en ese sentido, del análisis del Auto de Vista N° 260/2018 de 11 de junio, cursante de fs. 265 a 267 vta., se infiere a prima facie que la razón que motivó al Tribunal Ad quem a anular la sentencia de primera instancia, fue porque consideró que el Juez de la causa al emitir tal resolución no manejó el principio de congruencia, con relación a la pretensión de las partes y las pruebas, en ese entendido, por metodología estructural de la resolución, resulta pertinente referirnos al reclamo acusado en el recurso de casación que fue interpuesto por Fernando Guillermo Guilarte Uzqueda de fs. 273 a 284, donde denuncia que el Tribunal de alzada al disponer la nulidad de la sentencia de primera instancia habría vulnerado el art. 218 de la Ley Nº 439 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que claramente establecería que en caso de que la Sentencia no hubiera otorgado todo lo pedido, el Tribunal de alzada tiene la obligación de fallar en el fondo sobre lo omitido, por lo que ya no procedería la nulidad por incongruencia.

Sobre este particular, corresponde remitirnos a los argumentos esbozados en el fundamento de los puntos III.1, III.2 y III.3 de la doctrina aplicable al caso, donde se ha establecido que la falta de congruencia y motivación en la sentencia, no son considerados como una causal de nulidad, ya que por expresa determinación de los arts. 218 y 265 de la Ley Nº 439, es obligación del Tribunal de apelación fallar en el fondo, pues las normas citadas, conforme a una interpretación sistemática desde y conforme a la Constitución Política del Estado, tienen por esencia que el proceso por su carácter teleológico alcance el fin esperado que es la solución al conflicto jurídico, máxime cuando el Tribunal de apelación al ser otra instancia y poseer las mismas facultades y prerrogativas que el Juez de la causa puede resolver en el fondo, sin necesidad de acudir a la nulidad procesal que es una medida de ultima ratio.

A partir de ello, se puede concluir, que en el caso de Autos, la decisión de anular la Sentencia por incongruencia o falta de motivación, asumida en segunda instancia no responde a los principios procesales de legalidad, dirección, concentración, congruencia, celeridad, igualdad procesal y probidad, que orientan la actual forma de administrar justicia, en cuyo entendido, el Ad quem fuera de actuar bajo un criterio de juridicidad, ha obrado en desconocimiento del marco normativo contenido en los art. 105 a 109, 218 y 265 del Código Procesal Civil, cuando al tratarse de otra instancia -como se expuso supra- en aplicación de las citadas normativas debió resolver en defecto del Juez A quo y fallar en el fondo de lo debatido, sobre todo si existen reclamos en apelación que permiten enmendar esas omisiones y no actuar de forma ritualista, porque al asumir esa decisión anulatoria se ha desconocido normas procesales en desmedro de los justiciables quienes están en búsqueda de una solución al conflicto jurídico suscitado, correspondiendo en consecuencia anular el Auto de Vista para que resuelva los agravios invocados en el recurso de apelación conforme al art. 265 de la Ley Nº 439. 

Siendo evidente la nulidad a disponerse, no corresponde pronunciarse sobre los restantes puntos de agravio expuestos en el recurso de casación de la parte demandante, correspondiendo acoger lo denunciado por la parte recurrente, en razón a que el extremo que motivó al Tribunal de Alzada a emitir un Auto de Vista anulatorio ya no se constituye en una causal de nulidad, consiguientemente se debe emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme faculta el art. 106 y art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N° 260/2018 de 11 de junio, cursante de fs. 265 a 267 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar Tercero del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265 de la Ley Nº 439.

Siendo excusable el error no se impone multa.

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 17.IV de la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura para fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.