TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                   S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 192/2019        

Fecha: 06 de marzo de 2019

Expediente: T-30-18-S.

Partes: Sebastián Bernardo Azama Gallardo c/ Reynaldo Azama Mamani y otros.

Proceso: Ordinario reducción de disposición testamentaria y petición de herencia.                                      

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación que  cursa de fs. 384 a 398 interpuesto por Reynaldo Azama Mamani, impugnando el Auto de Vista Nº 56/2018 de 9 de mayo, saliente  de fojas 365 a 369, pronunciado por la Sala Primera Civil Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el proceso ordinario de reducción de disposición testamentaria y petición de herencia, seguido por Sebastián Bernardo Azama Gallardo contra el recurrente y otros,  la concesión de fs. 412 y vta., el Auto Supremo de admisión de fs. 420 a 422 vta., y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Sebastián Bernardo Azama Gallardo  con memorial cursante de fs. 26 a 30 vta., interpuso en la vía ordinaria demanda de reducción de disposición testamentaria y petición de herencia, en contra de Reynaldo Azama Mamani, Ricardo Velásquez y Eva Velásquez, de quienes solo el primero contestó en forma negativa y opuso excepción de falta de acción y derecho, a los últimos les asignó defensor de oficio,  trámite  que  culminó con la Sentencia Nº 41/1998 de 2 de mayo de (fs. 120 a 125) declarando PROBADA en parte la demanda e IMPROBADA la excepción de falta de acción.

I.2. Ante su insatisfacción con dicho fallo los demandados Reynaldo Azama Mamani y Ricardo Velásquez apelaron, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 56/2018 de 9 de mayo, que confirmó en su integridad la sentencia, con el argumento principal de que no se provocó indefensión a Ricardo Velásquez por cuanto tuvo conocimiento del proceso según la declaración de la defensora de oficio, tampoco prescribió el derecho a reducir la porción dispuesta en el testamento porque la misma fue interrumpida con la demanda de nulidad de testamento y que para determinar la porción disponible no es necesario prueba pericial porque la misma está determinada por el art. 1067 del Código Civil.

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación.   

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CONTESTACIÓN

II.1. Del recurso de casación en la forma.

1. Acusó que se vulneró el debido proceso, el derecho a la defensa y los arts. 5 y 6 del Código Procesal Civil, porque existiría un intervalo superior de 34 días entre la primera y segunda publicación de los edictos y que citarón dos veces una practicada mediante edictos y la otra mediante cédula, irregularidades que no pudieron ser confirmados por los vocales por atentar el derecho a la defensa. 

2. El Auto de Vista no se pronunció sobre aspectos o puntos fundamentales de la apelación, infringiendo así el art. 265 del Código Procesal Civil. 

3. Que el juez no obró correctamente, por cuanto incumplió con su deber de llevar adelante el juicio sin vicios, irresponsabilidad corroborada por los vocales.

4. Apuntó que fue vulnerada la Constitución Política del Estado, el debido proceso, convenio internacional relativo a los derechos humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque el proceso fue incorrecto e injusto y en total alejamiento de lo realmente acontecido.      

5. Que se violentó el ¨derecho a la esencia de las normas procesales¨ concretamente el art. 5 del Código Procesal Civil, porque se practicó doble citación, y no se valoró correctamente la prescripción.

6. Reclamó que procedieron a una incorrecta interpretación de las normas procesales, de modo discrecional y anárquica, por lo que consideró infringido el art. 6 del Código Procesal Civil.

7. Denunció contradicciones e incongruencia externa e interna y la vulneración del debido proceso en sus componentes de motivación y fundamentación, porque no se habrían tomado en cuenta los puntos sujetos a prueba y que tardíamente el Tribunal de apelación sostuvo que dicho aspecto no fue observado. Añade que los vocales dejaron pasar las irregularidades denunciadas cuando debieron ser subsanadas y no respaldaron con citas legales, ameritando su nulidad.  Por lo que se habría violentando los arts. 106 y 107 del Código Procesal Civil. 

8. Acusó interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, porque designaron abogado defensor para los ¨ausentes¨ quien no ejerció una verdadera defensa, provocando indefensión.      

II.2. Del recurso de casación en el fondo.

1. Que no se valoró correctamente el plazo prescriptivo, porque su cómputo debió efectuarse desde el fallecimiento real o presunto de la de cujus y no desde el momento en que el actor pudo hacer valer su derecho, error que en su entender infringe el art. 1000 del Código Civil.

2. Reclamó que no se procedió a la ejecución de la sentencia y que desde 1998 al 2017 transcurrieron más de 19 años de completa inactividad, deviniendo la extinción de la acción y el derecho por prescripción, como lo previene los arts. 1492, 1493, 1494 y 1507 del Código Civil, incumpliendo así el art. 1506 del mismo código, con dichos argumentos oponen prescripción sobreviniente.     

3. Arguyó que no se valoró la prueba esencial y decisiva sobre el fondo del litigio, aspecto que debió ser reparado por el Tribunal Ad quem, consecuentemente, sostiene que violentaron el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.

4. Acusó la infracción de los arts. 13, 109, 115 y 410 de la Constitución Política del Estado, 4 del Código Procesal Civil y 15 de la Ley del Órgano Judicial.

5. Denunció error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, porque no se hubo efectuado una valoración de los antecedentes, el expediente y la prueba, ya que el juez no dirigió el proceso, validó una defectuosa citación mediante edictos, no considero que el proceso es formal y omitió un examen prolijo.         

II.3. Contestación al recurso de casación.

Los demandados reconvencionistas respondieron al recurso de casación manifestando principalmente, que el recurso de casación es incongruente y confuso, por cuanto a lo largo de sus reclamos hacen énfasis en la falta de fundamentación y congruencia lo que importa cuestiones de forma para finalmente pedir se case el Auto de Vista, por si fuera poco el recurso omite y desconoce  los requisitos  previstos en el artículo 274.I núm. 3) del Código Procesal Civil, por lo que  impetra la improcedencia. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La nulidad y la trascendencia.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, se ha razonado lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”.

En esa línea en el Auto Supremo Nº 212/2016 de 11 de marzo entre otros, se señaló: “… el espíritu del Art. 17 de la Ley Nº 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.

En referencia a las nulidades específicas, si bien es cierto que por disposición de la norma están señaladas las nulidades que de oficio podrían declarar los Jueces, en sujeción a lo previsto en el art. 106 del Código Procesal Civil, no significa que por ello deban ingresar a anular de manera indefectible, sino habrá que considerar la trascendencia que reviste el acto considerado nulo, que tenga incidencia en el debido proceso y el derecho a la defensa, considerándose que no hay nulidades absolutas que indefectiblemente deban ser sancionados con nulidad…

Lo anterior conlleva a decir que en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta como ha señalado este Supremo Tribunal en reiteradas resoluciones, siguiendo el criterio doctrinal así como jurisprudencial que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

III.2. La prescripción sobreviniente de la acción y el derecho. 

El art. 1497 del Código Civil, estipula: ¨La prescripción puede oponerse en cualquier estado de la causa, aunque sea en ejecución de sentencia si está probada¨.

Por su parte el art. 128.III del Código Procesal Civil, prescribe: ¨Las defensas sobrevinientes fundadas en hechos nuevos y dirigidas al fondo o mérito de la causa, deberán justificarse con prueba pre constituida y podrán oponerse en cualquier estado de la causa, aun en ejecución de sentencia¨. 

Gonzalo Castellanos Trigo en su libro Análisis Doctrinal del Nuevo Código Procesal Civil, Imprenta Rayo del Sur, Tomo II, pág. 159, respecto al tópico escribe:¨ La defensa de prescripción debe oponerse en la primera presentación que efectúe el demandado en el juicio o al contestar la demanda si no hay una presentación anterior, o en cualquier estado del proceso, de manera que quien no ha comparecido a la citación practicada  y lo hace después  del plazo legal, aun rebelde, puede en esa primera presentación  invocar la prescripción. De tal modo, quien se presentará en el proceso por cualquier motivo que fuese, debe oponer la prescripción en ese momento y de no hacerlo así pierde el derecho de prevalerse de la prescripción. ¨    

Lo que importa destacar es que la excepción de prescripción debe ser opuesta en la ¨primera presentación en juicio¨, si se la pretende hacer valer, porque de lo contrario pierde su derecho en forma posterior; es decir, si la parte se presenta al proceso, no opone la excepción, posteriormente pierde la oportunidad de hacer valer la prescripción porque el derecho ha caducado¨.    

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. Respecto a las irregularidades en la citación mediante edictos y la doble citación.   La citación cuestionada fue practicada a Ricardo Velásquez y Eva Velásquez, consecuentemente, de acuerdo al art. 272 del Código Procesal Civil y el principio de la personalidad de los medios impugnatorios, quienes tienen legitimación para reclamar el supuesto perjuicio son Ricardo Velásquez y Eva Velásquez, ya que en el hipotético caso de ser ciertas las irregularidades, los perjudicados serían los codemandados y de ningún modo el recurrente, quien además no expone cómo dichas, supuestas irregularidades le restringieron su derecho a la defensa, máxime cuando se advierte que en el proceso ejerció su derecho a la defensa de manera amplia y sin restricción alguna. Por lo que el reclamo no es evidente.     

2. Acerca de que el Auto de Vista no se pronunció sobre aspectos o puntos fundamentales de la apelación, infringiendo así el art. 265 del Código Procesal Civil. Al respecto el recurrente en cumplimiento del art. 274.I núm. 3) del Código Procesal Civil, debe fundamentar su agravio; es decir, tiene la obligación ineludible de puntualizar o precisar los puntos fundamentales de la apelación que no merecieron respuesta, para que esta instancia pueda examinar dicho extremo y emitir criterio legal, en la especie el cuestionamiento es genérico e impreciso, por lo que el reclamo es írrito. 

3. Que el juez no obró correctamente, por cuanto incumplió con su deber de llevar adelante el juicio sin vicios, irresponsabilidad corroborada por los vocales. El reclamo no constituye en agravio porque no especifica ni fundamenta los supuestos vicios que le hayan generado indefensión, incumpliendo así lo previsto en el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, por lo que el reclamo carece de precisión y sustento legal.

4. En lo que respecta a que el proceso fue tramitado en forma incorrecta e injusta.      

Dicho reclamo es vago porque no fundamenta las razones del porqué es injusto el proceso, tampoco sustenta por qué el trámite fue incorrecto y alejado de lo acontecido, ante la ausencia de argumentos este Tribunal se ve impedido de efectuar el examen correspondiente, incumpliéndose así el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil. Siendo ocioso el reclamo.

5. En cuanto a la anárquica, discrecional e incorrecta interpretación de las normas procesales. El recurrente otra vez omite fundamentar y puntualizar las normas supuestamente interpretadas en forma anárquica, errónea y discrecional, mucho menos explica como debieron interpretarse, incumpliendo así el art. 274.I num. 3) del Código Procesal Civil, por lo que el reclamo carece de sustento legal. 

6. Respecto a la incongruencia y la vulneración del debido proceso; el justiciable en concreto el demandado tiene el deber de cuestionar las irregularidades oportunamente para que el intérprete judicial advertido de su error las corrija y ante una negativa acudir al superior en grado, de no procederse de dicho modo se consciente y convalida las actuaciones.

En el caso de autos es evidente que el demandante postuló la reducción y la solicitud de herencia y en el auto de relación procesal de fs. 82 vta., no se consignó como punto de prueba el petitorio de la herencia, siendo así el recurrente en estricto cumplimiento del art. 371 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en aquella época, tenía la oportunidad y facultad de objetar dicha calificación en aquel momento procesal y al tercer día, pero de ningún modo tras haberse emitido sentencia,  porque para dicha etapa procesal consintió y precluyó su derecho, consiguientemente los vocales al no haber acogido dicho reclamo obraron correctamente.

También es oportuno señalar que el juez al no haber fijado como punto de prueba la solicitud de herencia exigir luego un pronunciamiento sobre dicho extremo, resulta ilógico e incongruente.

El Auto de Vista cuenta con sustento jurídico así por ejemplo se invocó los arts. 105.II, 107.I del Código Procesal Civil, así como los arts. 1493, 1503 y 1507 del Código Civil, entre otros, y no se advierte contradicción alguna; el reclamo no es evidente.       

7. Existe interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, porque se designó abogado defensor para los ¨ausentes¨ quien no ejerció defensa provocando indefensión.

De acuerdo al decreto de 21 de mayo de 1996, cursante a fs. 57 del expediente  se tiene que el defensor de oficio fue designado para los co-demandados Ricardo Velásquez y Eva Velásquez, consiguientemente, quien tiene legitimación para cuestionar el accionar del abogado defensor son los prenombrados de acuerdo al art. 272 del Código Procesal Civil, que recoge el principio de la personalidad de los medios impugnativos, porque el accionar del abogado defensor repercute negativamente o positivamente  en favor de quien fue designado, máxime cuando el recurrente a lo largo del proceso contó con el asesoramiento del profesional abogado de su confianza,  deviniendo el reclamo en irreal y carente de sustento legal.         

En el fondo.

1. Respecto al incorrecto computo del plazo prescriptivo, de acuerdo al recurso de apelación (fs. 131 a 133) se colige que quien planteó la prescripción fue Ricardo Velasquez, porque de manera textual dice: ¨…en el caso concreto el plazo de la prescripción comenzó a correr desde el día del fallecimiento de Lorenza Gallardo 29 de marzo de 1991… Luego fui citado con la demanda en fecha DIECISIETE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS AÑOS A HORAS QUINCE Y CINCUENTA.

Según la diligencia de notificación cursante a fs. 73, se advierte que el diecisiete de octubre de 1996 a horas 15:30, quien fue notificado con la demanda mediante cédula es Ricardo Velásquez, consecuentemente, no queda duda alguna que el Auto de Vista dió respuesta al planteamiento de Ricardo Velásquez.

Ahora bien, de acuerdo al recurso de casación quien cuestiona el razonamiento de los vocales es Reynaldo Azama Mamani, cuando correspondía dicho reclamo a Ricardo Velásquez, quien al no haber recurrido en casación se entiende que aceptó la decisión de los vocales, visto así Reynaldo Azama Mamani no tiene legitimación para cuestionar en lugar del co-demandado antes señalado, en aplicación del Art. 272 del Código de Procedimiento Civil.   

Por otro lado, del certificado de defunción de Clara Lorenza Gallardo (fs. 5) se advierte que falleció el 29 de marzo de 1991, y el demandado Reynaldo Azama Mamani fue citado con la demanda de reducción de herencia el 11 de marzo de 1996 (fs. 31), teniendo en cuenta ambas fechas no se advierte que haya transcurrido 5 años.  El reclamo no tiene sustento legal.    

2. En cuanto a la inactividad procesal y la prescripción sobreviniente.  Al punto se tiene que a fs. 341 a 344 vta., Reynaldo Azama Mamani interpuso excepción sobreviniente de prescripción  de la acción  y del derecho con el fundamento de que el proceso se paralizó por el tiempo de 19 años, tiempo en el que el actor no habría realizado actuado alguno, en mérito a ello el intérprete judicial por decreto de 16 de junio de 2017, respondió ¨estese al auto de la fecha¨, en otras palabras, le rechazó, primera oportunidad que no lo hizo valer habiendo consentido con el rechazo.  

Posteriormente de fs. 365 a 369 se pronunció el Auto de Vista por la Sala Civil Segunda, instancia donde debió nuevamente intentar la excepción sobreviniente, al no haberlo interpuesto en dicha fase procesal su derecho caducó y no puede ser presentada otra vez en esta sede casacional porque la excepción debe invocarse en la primera oportunidad y la labor del Tribunal Supremo está circunscrito al examen del Auto de Vista y como en ella no existe pronunciamiento alguno sobre la excepción no puede efectuarse revisión alguna, habiendo caducado y operado el per saltum.   

Por otra parte, de la revisión del expediente se tiene que el juez de la causa ordenó a los demandados correr con los costos de la publicación del edicto, determinación al que se rehusó el recurrente, circunstancia que también influyó en la dilación de la causa, consiguientemente la mora no solo es atribuible al actor sino también al demandado quien también tiene el deber de agilizar el proceso. 

Otro factor de la mora obedece ha que el co-demandado en forma permanente hizo multar al actor hasta haber alcanzado la suma de Bs. 72.000, cifra económica que fue motivo de trámite reducción también provocando dilación.             

3. Arguyó que no se valoró la prueba esencial y decisiva sobre el fondo del litigio, aspecto que debió ser subsanado por el Tribunal Ad quem, violentando el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial.

Primero, según lo estipulado por el art. 274.I núm. 3) del Código Procesal Civil, el recurrente debe fundar y precisar su agravio, lo que implica el deber de especificar de manera clara y concreta la prueba conduncente o esencial que no fue valorada por el Tribunal Ad quem, en la especie el recurrente a groso modo señala que no se valoró la prueba esencial sin identificar al mismo.

Segundo, a fs. 131 a 133, cursa el recurso de apelación del recurrente y otro, en la misma no se advierte reclamo sobre prueba alguna y mucho menos sobre prueba esencial, circunstancia que impidió una segunda opinión jurídica, de donde se advierte que el recurrente pasó por alto la segunda instancia y directamente pretende que esta instancia revise un aspecto que no fue resuelto por el tribunal inferior, consecuentemente, en aplicación del principio del per saltum, previsto en el art. 270 del Código Procesal Civil, este máximo tribunal no puede analizar su reclamo.      

4. Acusó la infracción de los arts. 13, 109, 115 y 410 de la Constitución Política del Estado, 4 del Código Procesal Civil y 15 de la Ley del Órgano Judicial.

El recurrente confunde el agravio con la simple cita ampulosa de normas supuestamente infringidas, cuando en realidad debió precisar y explicitar de qué manera el Auto de Vista infringió dichas normas, ya que cuando de manera abstracta se acusa que el Auto de Vista vulneró dichas normas no se advierte las razones que permita efectuar el examen correspondiente, por lo que el reclamo carece de sustento legal.

5. Denunció error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba, porque no se hubo efectuado una valoración de los antecedentes, el expediente y la prueba, ya que el juez no dirigió el proceso, validó una defectuosa citación mediante edictos, no considero que el proceso es formal y omitió un examen prolijo.

El reclamo relativo a las pruebas como se dijo antes no fue cuestionada en la apelación, y en cuanto a la defectuosa citación nos remitimos a la respuesta brindada antes, advirtiéndose que el reclamo es repetitivo y no merece mayor argumento.         

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, Sala Civil, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el art. 220.II  del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma y en el fondo que  cursan de fs. 384 a 398 planteado  contra el Auto de Vista Nº 56/2018 de 9 de mayo, saliente  a fojas 365 a 369, pronunciado por la Sala Primera Civil Comercial Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas y costos.

Se regula honorarios al abogado que contestó el recurso en la suma de Bs. 1000.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.