TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 187/2019

Fecha: 27 de febrero de 2019

Expediente:        SC-101-18-S.

Partes: Sonia Verónica Escobar de Hermann c/ Alejandro Rubén Hermann.

Proceso: Nulidad de contrato.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 169 a 175, interpuesto por Alejandro Rubén Hermann, contra el Auto de Vista Nº 230/17 de fecha 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 165 a 167, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de nulidad de contrato, seguido por Sonia Verónica Escobar de Hermann contra el recurrente; el Auto interlocutorio de concesión del recurso Nº 47/2018 de fecha 2 de julio que cursa a fs. 178 bis; el Auto Supremo de Admisión Nº 718/2018-RA de 27 de julio que cursa de fs. 184 a 185; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Sonia Verónica Escobar de Hermann por memorial de demanda que cursa de fs. 11 a 14 vta., inició proceso ordinario de nulidad de contrato; demanda que fue interpuesta contra Alejandro Rubén Hermann, quien al no haber contestado a la demanda dentro del plazo señalado por ley, fue declarado rebelde por Auto Interlocutorio Nº 90 de fecha 04 de abril de 2014 que cursa a fs. 24 vta.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público en lo Civil y Comercial Séptimo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 5 de fecha 06 de febrero de 2017, cursante de fs. 138 a 139, declaró PROBADA en todas sus partes la demanda principal; en consecuencia, declaró nulo y sin valor legal el documento de transferencia cursante de fs. 8 y vta. que fue suscrito entre Sonia Verónica Escobar de Hermann y Alejandro Rubén Hermann. Sin costas.

Del mismo modo, el Juez A quo, ante la solicitud de complementación y enmienda interpuesta por la demandante que cursa de fs. 140 a 141 vta., pronunció el Auto Complementario Nº 70 de fecha 10 de marzo de 2017 que cursa a fs. 142, estableciendo que la nulidad del documento base de la demanda alcanza también el protocolo del referido documento y el reconocimiento de firmas realizado en el formulario Nº 0761077 elaborado por ante la Notario de Fe Pública Nº 26; asimismo, ordenó la cancelación de la anotación preventiva dispuesta dentro del proceso sobre el merituado inmueble registrado bajo la matrícula Nº 7.01.1.99.0110999.

2. Resoluciones que puestas en conocimiento de las partes, dio lugar a que Alejandro Rubén Hermann, mediante memorial de fs. 146 a 153 vta., interpusiera recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 230/17 de 22 de noviembre de 2017 que cursa de fs. 165 a 167, donde los Jueces de Alzada en lo más trascendental de dicha resolución señalaron que en el caso de Autos se evidenciaría que el apelante Alejandro Rubén Hermann no habría desvirtuado los fundamentos jurídicos expuestos en la sentencia de primera instancia como en el Auto complementario de dicha resolución, por cuanto se habría limitado a señalar que el contrato de compraventa habría sido realizado de buena fe por ambas partes y que en el proceso habrían existido vicios de nulidad por incompetencia, por citación y durante la tramitación del proceso; sin embargo, como dichos fundamentos no corresponderían a la sentencia recurrida no se podría considerar los reclamos acusados en apelación, pues el apelante tampoco explicaría ni fundamentaría como es que la resolución impugnada vulnera derechos fundamentales; fundamentos estos, que permitieron a los miembros del Tribunal de segunda instancia a concluir que el recurso de apelación carece de expresión de agravios y debida fundamentación, por lo que declararon INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia y auto complementario emitido por el Juez A quo. Con costas y costos al apelante.

4. Fallo de segunda instancia, que puesto en conocimiento de las partes, ameritó que Alejandro Rubén Hermann, interpusiera recurso de casación, el cual se analiza:


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Después de hacer cita a lo que debe entenderse por derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, acusa de manera totalmente general y ambigua la transgresión de los arts. 213.I, 24 num. 3), 213.II num. 5), 1 num. 4) y 16), 134, 145, 150, 186, 207, 106, 271.I y II todos del Código Procesal Civil, arguyendo que el Tribunal de segunda instancia no habría tomado en cuenta lo establecido en los mismos, puesto que de haber tenido el tiempo suficiente otra hubiera sido la determinación de segunda instancia.

2. Refiere que el contrato de compraventa fue realizado de buena fe y con el consentimiento de ambas partes, sin haber violentado o vulnerado la normativa que se refiere a los requisitos de formación de los contratos como son los arts. 452, 485 y 549 del CC., ya que no existiría violación del orden público, de un texto legal en particular o de las buenas costumbres.

3. Refiere que antes de la transferencia del bien inmueble objeto de litis habría suscrito un acuerdo transaccional con la demandante, donde existiría un compromiso de vender el inmueble que tendría la característica de ganancial.

4. Arguye que la parte demandante habría confundido la acción de anulabilidad con la acción de nulidad.

5. Denuncia también la vulneración de los requisitos de formación de los contratos como es el consentimiento, objeto, forma y causa, que se constituyen en el andamiaje estructural de todo cuanto se articula en los contratos.

6. Reitera que en el contrato objeto del proceso si existió consentimiento y que la venta se realizó de buena fe sin que existan vicios del consentimiento en su formación.

Por lo expuesto solicita se anule obrados hasta el vicio más antiguo que a su criterio sería hasta la sentencia de primera instancia y su complementario de fs. 142, alternativamente solicita se case el Auto de Vista ordenando la emisión de una nueva resolución por haber aplicado indebidamente el derecho.

De la respuesta a los recursos de casación.

De la revisión de obrados se advierte que la demandante Sonia Verónica Escobar de Hermann fue debidamente notificada con el recurso de casación del demandado, conforme lo demuestra la papeleta de notificación de fs. 177; sin embargo, ésta no presento memorial alguno contestando a dicha impugnación, por lo que no existe nada que considerar en este acápite.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Del Principio de congruencia y el art. 265 del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve constreñido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCION

Expuestos como están los fundamentos que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos acusados en el recurso de casación de la parte demandada.

1. En este primer punto el recurrente acusa la transgresión de los arts. 213.I, 24 num. 3), 213.II num. 5), 1 num. 4) y 16), 134, 145, 150, 186, 207, 106, 271.I y II todos del Código Procesal Civil, arguyendo que el Tribunal de segunda instancia no habría tomado en cuenta lo establecido en las mismas.

Del análisis del presente reclamo se infiere que este resulta ser ambiguo y bastante general, pues si bien el recurrente acusa la vulneración de ciertas normas procesales haciendo referencia a lo que estas establecen, empero, no precisa de qué manera habrían sido quebrantadas por los jueces de Alzada en la emisión del Auto de Vista objeto de casación; sin embargo, pese a esta deficiencia, del contexto del reclamo se colige que las normas aludidas están relacionadas o referidas a cuestionar la estructura formal de la resolución (Auto de Vista), como es la motivación y congruencia.

Al respecto es primordial precisar que la motivación de las resoluciones es un elemento fundamental que caracteriza a todo Estado de Derecho, debido a que a través de este las autoridades judiciales se ven compelidas a dictar una resolución, donde en su contenido den una justificación razonada del porqué asumen una determinada decisión, justificación que obviamente en el caso del Auto de Vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación, guardando de esta manera la debida coherencia procesal que también debe contener toda resolución, tal y como lo determina el art. 265.I del Código Procesal Civil.

Bajo estas consideraciones y contrariamente a lo acusado por el recurrente, de la revisión de obrados se tiene que los jueces que conforman el Tribunal de Apelación al momento de emitir el Auto de Vista Nº 230/17 de 22 de noviembre de 2017 que cursa de fs. 165 a 167, cumplieron con los parámetros establecidos supra, pues de manera por demás clara y precisa, en el acápite denominado “Competencia de este Tribunal”, después de realizar un examen minucioso de los reclamos acusados en el recurso de apelación, coligieron que Alejandro Rubén Hermann en su calidad de apelante no habría fundamentado ni explicado cómo es que la resolución impugnada (sentencia) vulneraría derechos fundamentales, toda vez que se habría limitado a señalar: 1.- Que el contrato de compraventa fue realizado de buena fe por ambas partes, 2.- Que en el proceso existieron vicios de nulidad; aspectos que al ser ajenos a los fundamentos que sustentan la sentencia de primera instancia les permitió inferir que el recurso de apelación carecería de expresión de agravios y fundamentación, por lo que su competencia no se encontraría abierta. 

De esta manera se infiere que la resolución de segunda instancia objeto de casación, en lo que respecta a su estructura formal, sí contiene una debida motivación y congruencia, por lo que la transgresión de las normas procedimentales citadas supra no resulta evidente, por lo que el presente reclamo deviene en infundado.

2. Continuando con la respuesta a los reclamos acusados en casación, se advierte que el demandado, ahora recurrente, en los numerales 2 al 6, denuncia que el contrato objeto de litis cumpliría con todos los requisitos de formación que se encuentran inmersos en los arts. 452, 485 y 549 del C.C.; que previamente a realizarse la transferencia que es objeto de autos, habría suscrito un acuerdo transaccional con la demandante, donde se habrían comprometido a vender el bien inmueble y que la demandante habría confundido la acción de anulabilidad con la de nulidad.

Del análisis de estos reclamos, se colige que Alejandro Rubén Hermann, en los citados numerales, refuta aspectos que hacen al fondo de la controversia, sin advertir que el Tribunal de segunda instancia al declarar inadmisible el recurso de apelación por falta de expresión de agravios y fundamentación, en ningún momento ingresó a considerar el fondo del problema, es decir la decisión de fondo de la sentencia de primera instancia, pues simplemente se limitó a analizar si la impugnación que cursa de fs. 146 a 153 vta. que fue interpuesta contra la Sentencia de fecha 6 de febrero de 2017, cumplía o no con los requisitos de admisibilidad; de ahí que no resulta lógico que el recurrente pretenda que este Tribunal Supremo de Justicia constituido en Tribunal de casación, considere aspectos de fondo, cuando los mismos no fueron objeto de análisis por los jueces de alzada, razón por la cual sus reclamos debieron estar  orientados únicamente a cuestionar los fundamentos y la determinación asumida en el Auto de Vista y en definitiva vincular su denuncia con la petición de la nulidad del Auto de Vista.

Consiguientemente, los reclamos de fondo que se encuentran inmersos en los numerales 2 al 6, no corresponden ser considerados en esta instancia procesal.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO  el recurso de casación de fs. 169 a 175, interpuesto por Alejandro Rubén Hermann, contra el Auto de Vista Nº 230/17 de fecha 22 de noviembre de 2017, cursante de fs. 165 a 167, pronunciado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas ni costos por no existir respuesta al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu.