TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 186/2019                                                                

Fecha: 27 de febrero de 2019                                                 

Expediente: T-28-18-S.                                                                                 

Partes: Eduardo James Tejerina c/ Roberto James Lema y otros.                                

Proceso: Nulidad de contratos y otros.                                                                                                       Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 764 a 767, interpuesto por María Silvia del Rosario James Lema y Luis Fernando Vargas James a través de su representante legal en contra del Auto de Vista Nº 58/2018 de fecha 09 de mayo de fs. 753 a 759 vta., pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso sobre nulidad de contratos y otros, seguido por Eduardo James Tejerina en contra de Roberto James Lema y otros; el Auto de Concesión de fecha 04 de julio de 2018 cursante en fs. 769 vta. a 770; el Auto Supremo de Admisión de fs. 776 a 777 vta., los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, la Juez Público Civil y Comercial Nº 4 del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, pronunció la Sentencia de fecha 31 de enero de 2018, cursante de fs. 708 a 718, por la que declaró: PROBADA en parte la demanda interpuesta por Eduardo James Lema de fs. 24 a 28, 228, 313 a 314 vta. y 323, ampliada en fs. 497 de obrados.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Eduardo James Tejerina a través de su representante legal, mediante el escrito que cursa en fs. 723 a 730 y por María Silvia del Rosario James Lema y Luis Fernando Vargas James por intermedio de su apoderado legal a través del escrito de fs. 731 a 733 vta., a cuyo efecto la Sala Primera Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija mediante el Auto de Vista Nº 58/2018 de 09 de mayo, obrante de fs. 753 a 759 vta., REVOCÓ la sentencia antes mencionada y en su lugar declaró probada en su totalidad la demanda antes referida, señalando que en el caso de Autos, la parte que demanda la nulidad de los contratos es el nieto de la vendedora y sobrino de la compradora, quien reclama su parte de la herencia de su abuela puesto que se lo excluyó de los bienes que le corresponderían por la sucesión, en su caso por el derecho de representación de su padre premuerto.

Que el art. 551 del CC., dispone que la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo, en el caso, el demandante solicita la nulidad del contrato por cuestionarse el documento que hace a la transferencia y la consecuente acción de reducción por lesión en la legítima, puesto que los bienes fueron transferidos en vida sin dejar patrimonio en los que pueda suceder, de ahí que si bien es cierto que no hay norma que prohíba los contratos entre padres e hijos, se debe observar el contrato y la consiguiente actitud de la parte adquiriente del bien, pues el testimonio de Escritura Públicade fs. 291 a 294 a simple vista es un contrato de compra venta que establece la transferencia del terreno a cambio de un precio, sin embargo en el comprobante de pago de impuestos esta es consignada como un anticipo de legítima, por lo que se evidencia que hubo una liberalidad por parte de la Sra. Rosa Lema Castillo Vda. de James a favor de la demandada Silvia del Rosario James Lema que afectó la legítima del demandante y el resto de los herederos.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 764 a 767, interpuesto por María Silvia del Rosario James Lema y Luis Fernando Vargas James a través de su representante legal, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

II.1. En la forma.

1. Señala que en el caso de Autos la demanda de fs. 24 a 28 fue ratificada el 22 de junio de 2015 y admitida el 20 de julio del mismo año, posteriormente ampliada el 07 de octubre de 2016, llegando a ser admitida el 17 de octubre, entonces tomando en cuenta estos antecedentes, a la fecha de entrada en vigencia la Ley Nº 439, aún no se encontraba aperturado el termino probatorio, por lo que incuestionablemente el procedimiento estaba sujeto a las disposiciones establecidas por dicha norma, consiguientemente el Auto de fs. 324, al haber concedido el plazo de quince días para que conteste la demanda, ha violado el núm. 1) del art. 125 del Código Procesal Civil, que dispone que la demanda debe ser contestada en el plazo de treinta días contados a partir de la citación, situación que no fue considerada por el Tribunal Ad quem, no obstante de tratarse de un acto esencial y de orden público que garantiza el derecho a la defensa consagrado en el art. 115 del CPE.

2. Refiere que el Tribunal de Alzada infringe también el art. 78 del adjetivo civil, al afirmar que esta norma procesal fue correctamente aplicada, sin considerar que la referida disposición legal solo admite la citación por edictos a personas desconocidas o indeterminadas y cuyo domicilio no se pueda establecer, situación que no acontece en el caso de Autos, pues la Sra. María Silvia del Rosario James Lema, no es una persona desconocida o indeterminada, al contrario por el Poder de fs. 140 se acredita que se encuentra radicando en la ciudad de Asunción de la República del Paraguay.

3. Finalmente acusa la infracción de la disposición transitoria quinta de la Ley Nº 439 en razón de haberse concedido un plazo de quince días para la contestación a la demanda cuando dicha norma establece un plazo de treinta días para el efecto.

En ese merito solicita se dicte resolución anulatoria de obrados con reposición hasta que se cite legalmente a los co-demandados María Silvia del Rosario James Vargas y Luis Fernando Vargas.

II.2. En el fondo.

1. Arguye que en el caso de Autos, el Tribunal de Alzada revoca la sentencia, única y solamente para declarar nulo el contrato de compra-venta celebrado entre María Silvia del Rosario James Lema y Luis Fernando Vargas (E.P 661/2011), esta aberración jurídica carece de toda justificación legal, toda vez que en la demanda de fs. 24 a 28, ratificada, modificada y  luego ampliada, no se solicita la nulidad de dicho contrato, en consecuencia esta decisión carece de todo valor jurídico porque no fue objeto esencial ni accesorio del proceso, lo que hace también que la resolución impugnada sea ultrapetita.

2. Acusa la violación del art. 14 de la CPE, el art. 590 del CC y el art. 519 del mismo cuerpo legal, señalando que no existe prueba válida que acredite que el contrato de compra-venta que cursa en el testimonio de fs. 17 a 21, suscrito por Rosa Lema Castrillo de James, sea un contrato de anticipo de legítima, toda vez que los comprobantes de pago de impuestos de transferencia no modifican per se la naturaleza de este tipo de contratos reconocida en las normas precitadas.

3. Finalmente refiere que el actor no ha presentado prueba idónea para probar su pretensión, que se funda en la afirmación de que el contrato de compra-venta base de la acción es un contrato simulado, puesto que no han producido prueba testifical, instrumental o de otra naturaleza para acreditar que dicha documental incursa en el testimonio de fs. 17 a 24 sea un acto jurídico simulado, por tanto la simple cita del arts. 549, 552 y otros del CC, carecen de eficacia jurídica por falta de prueba idónea que acredite que el contrato de referencia es simulado.

En ese contexto solicita la emisión de una resolución que case el Auto de Vista y en su lugar se declare improbada la demanda principal.

Respuesta al recurso de casación.

No cursa respuesta al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre la nulidad procesal.

La doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso; solo en caso de ocurrir esta situación se halla justificada decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso, hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu de la Ley del Órgano Judicial y el Código Procesal Civil, que impregnados por el nuevo diseño constitucional, conciben al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Es por ello que este instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal, mereciendo consideración especial, esto debido a la importancia que conlleva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, entendimiento  concordante con  la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que se desprende del art. 115 de la CPE., que indica; El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciendo que es política de Estado garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada, a ese respecto el Auto Supremo Nº 484/2012 a orientado en sentido, que: “…en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta (…) que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

Por lo manifestado, es ineludible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

III.2. De la prueba de la simulación.

El art. 545 del Código Civil señala: “I. La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios incluyendo el de testigos. II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”, de la citada normativa se puede advertir que la prueba de la simulación puede variar según al caso, ya que entre partes solo puede hacerse por el contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la Ley y en caso de terceros por todos los medios de prueba.

Sobre el particular en el Auto Supremo Nº 1160/2015 de fecha 16 de diciembre se ha orientado lo siguiente: “el art. 545 del Código Civil, que señala: “(Prueba de la simulación), I La prueba de la simulación demandada por terceros puede hacerse por todos los medios incluyendo el de testigos. II. Entre las partes solo puede hacerse mediante contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley o el derecho de terceros”, que tratándose de terceros la prueba no está limitada, siendo viables todos los medios probatorios, inclusive la testifical, con el objetivo de demostrar la simulación practicada por las partes.

En el caso en cuestión, es preciso señalar, que la jurisprudencia nacional con referencia a estos negocios jurídicos simulados, ha establecido que los contra-documentos suscritos entre los mismos simuladores hacen fe entre ellos de conformidad con el art. 545 parág. II del Código Civil, concordante con el art. 1297 del mismo Código y 399 del Código de Procedimiento Civil, demostrando de esta manera incuestionablemente, que el contra-documento constituye una prueba concluyente para probar la simulación, pues la declaración contenida en él expresando que no es cierto el documento, tal como debe suceder en la especie, dejaría sin efecto e importaría una revocación del negocio jurídico simulado por mutua voluntad de las partes contratantes y constituiría ley entre los mismos de conformidad con lo previsto por el art. 519 del Código Civil resguardando los derechos del simulador que en ciertos casos resulta víctima de mala fe de aquel que aparece actuando simuladamente y trata de aprovecharse de esa situación para ejecutar el acuerdo simulado, que en esencia jamás fueron ciertos. Por ello que en esta clase de procesos, el contra-documento es tenido como prueba fehaciente, para acreditar que el acto fue simulado”

III.3. De los requisitos y características de un recurso de casación.

Respecto al planteamiento del recurso de casación se tiene entre otros, el razonamiento expuesto en el Auto Supremo No. 394/2014 de 18 de julio que señala: “El error material se presenta cuando en la decisión jurisdiccional de fondo se afecta a la norma jurídica sustantiva utilizada en la solución de la controversia, en cambio, existe error formal cuando se afecta el desarrollo normal del proceso coercida por nulidad de sus actos sistemáticos. En atención  a la naturaleza del error que se activa el recurso de casación, siendo el recurso de casación en la forma, o nulidad, el idóneo para contrarrestar los errores formales y el recurso de casación en el fondo el útil para enmendar los errores sustantivos o sustanciales; contando cada uno de estos medios de impugnación reglas precisas de fundabilidad, por lo que el art. 253 del Código de Procedimiento Civil delimita taxativamente las causales que permiten el recurso de casación en el fondo, y por su parte el art. 254 de la citada norma, contiene el catálogo de causales que habilitan la procedencia del recurso de casación en la forma o de nulidad. Establecido lo anterior concluiremos diciendo que el recurso de casación en el fondo y el de forma son dos medios de impugnación distintos que persiguen finalidades igualmente diferentes.

Es así que, cuando se plantea recurso de casación en el fondo lo que se pretende es que el Tribunal case el Auto de Vista impugnado en base a la correcta aplicación o interpretación de la norma sustantiva y resuelva el fondo del litigio; en cambio, cuando se plantea el recurso de nulidad o casación en la forma, lo que se pretende es la nulidad de obrados para la correcta aplicación de las normas procesales resguardando la garantía del debido proceso.”

Otro elemento, relevante y que ha sido definido por la jurisprudencia, enseña que en casación se plantean cuestiones de derecho y que a ese efecto, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar los fundamentos de la resolución recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas. Asimismo, tratándose de cuestiones de derecho, el memorial a través del cual se plantea el recurso de casación en el fondo o en la forma, debe efectuar una crítica legal de la resolución impugnada; además es importante dejar claramente establecido que el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores.  

Al respecto, Gonzalo Castellanos Trigo en su obra “Análisis doctrinal y jurisprudencial del Código de Procedimiento Civil boliviano”, pág. 35 y 95 expresa que: “El Recurso de Casación es un recurso extraordinario, porque no cabe, sino contra determinadas resoluciones y por motivos preestablecidos por la Ley; y no constituye una tercera instancia ni una segunda apelación y se la considera como una demanda nueva de puro derecho y sujeta al cumplimiento de requisitos específicos que determina la Ley.” Continúa: “El Recurso de Casación en el fondo no constituye instancia, porque el tribunal debe limitarse a examinar las cuestiones de derecho, para determinar si a los hechos, tal cual están establecidos en la Sentencia recurrida, se les ha aplicado correctamente o no el derecho.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. En la forma.

La exposición argumentativa de los puntos 1) y 3) del recurso de casación, propone un análisis de los actuados procesales de la litis, en sentido de establecer si la juez de instancia ha obrado correctamente al instituir un plazo de quince días para la contestación a la demanda mediante el Auto de fs. 324, puesto que en criterio de los recurrentes, a la fecha de la emisión de dicho actuado procesal ya se encontraba vigente la Ley Nº 439, y siendo que aún no se había aperturado el termino probatorio, al amparo de la Disposición transitoria quinta de la mencionada ley, correspondía otorga un plazo de treinta días para la contestación a la demanda conforme manda el núm. 1) del art. 125 del adjetivo civil.

Sobre esta cuestión, conviene en principio remitirnos a los antecedentes procesales de la litis a manera de comprender la argumentación recursiva propuesta por los recurrentes y en ese entendido examinar si el obrar de la Autoridad judicial de instancia responde o no a los parámetros normativos que regulan los actos procesales cuestionados.

Ahora bien, en antecedentes cursa el Auto de fecha 03 de marzo de 2015 cursante de fs. 202 a 204, donde la Juez de instancia acoge un incidente de nulidad opuesto por la representación de la co-demandada María Silvia del Rosario James Lema, y en ese entendido anula obrados hasta el Auto de admisión que cursa en fs. 50 (con las salvedades aclaradas en fs. 209), ordenando además que previo a admitir nuevamente la demanda, el actor adjunte toda la documentación demandada de nulidad ya sea en original o copia legalizada; de ahí que presentada esta documentación mediante el memorial de fs. 323, en fecha 20 de julio de 2015 a través del Auto de fs. 324 se admite nuevamente la demanda y se dispone otorgar un plazo de quince días para que los demandados contesten a la misma.

En ese entendido y considerando la alegación de los recurrentes; se tiene que los mismos no han realizado una correcta apreciación de los actuados procesales en relación a la normativa aplicable a momento de emitirse las resoluciones del caso, puesto que si nos detenemos a analizar el Auto de fs. 324, claramente podremos advertir que este fue emitido en fecha 20 de julio de 2015, es decir, cuando aún se encontraban vigentes los preceptos normativos del Código de Procedimiento Civil abrogado, siendo por ello aplicable la disposición normativa contenida en el art. 345 de dicho cuerpo legal, que justamente dispone que la demanda debe ser contestada en un plazo de quince días a partir de la citación a los demandados, por lo que dicho plazo no resulta atentatorio de ninguna norma, menos del núm. 1) del art. 125 de la Ley Nº 439 que aún no tenía vigencia plena en la fecha que fue dictado el señalado Auto; coligiéndose de ello que no existió ningún tipo de vulneración a los derechos y/o garantías procesales de la co-demandada María Silvia del Rosario James Lema, para que esta pueda asumir defensa dentro la presente causa y en ese entendido proponer los medios de defensa que rebatan la pretensión del actor.

Por otra parte, tomando en cuenta que en la argumentación recursiva se ha expuesto una relación de antecedentes donde los recurrentes hacen alusión a la  ampliación de la demanda en contra de Luis Fernando Vargas James (hijo de la co-demandada María Silvia del Rosario James Lema), se infiere que el reclamo concerniente a la transgresión de la Disposición transitoria quinta de la Ley Nº 439, en relación al plazo para la contestación a la demanda, se encuentra abocada a restituir los derechos presuntamente vulnerados del mencionado co-demandado Luis Fernando Vargas James y ello porque los recurrentes mencionan que ha momento de admitirse dicha ampliación ya se encontraba vigente la señalada ley procesal, así como tampoco se había aperturado la etapa probatoria de esta litis.

Sobre esta cuestión, en actuados procesales se observa que tras haberse solicitado la anotación preventiva del inmueble objeto del contrato contenido en la Escritura Públicade fs. 291 a 294 (perteneciente a María Silvia del Rosario James Lema), se ha advertido que dicho inmueble actualmente se encuentra registrado a nombre de una tercera persona, del señor Luis Fernando Vargas James, motivo por el cual, mediante el Auto de fecha 25 de mayo de 2016 que cursa de fs. 445 vta. a 446 vta., se ha dispuesto que el actor amplié su demanda en contra del referido sujeto, en cuyo entendido el demandante a través del memorial de fs. 497 ha ampliado su demanda en los términos instruidos, y así por medio del Auto de fs. 498, la Autoridad de instancia ha admitido dicha ampliación, otorgando un plazo de quince días para que el mencionado co-demandado responda a la demanda, plazo que refiere, es concedido en aplicación del principio de igualdad procesal al habérsele otorgado igual periodo a los demás co-demandados mediante el Auto de fecha 20 de julio de 2015, es decir cuando se encontraba vigente el Código de Procedimiento Civil.

Determinación que este Tribunal no considera atentatorio de la disposición transitoria quinta del Código Procesal Civil, pues si bien es cierto que dicha disposición ya se encontraba vigente a momento de admitirse la ampliación, no es menos evidente que la decisión de otorgar un plazo de quince días al co-demandado Luis Fernando Vargas James, nace del hecho de que todos los otros co-demandados fueron sujetos a similar plazo, y en ese entendido, no podía pretender el recurrente obtener ventajas procesales en base a la nueva norma procesal civil que otorga un plazo mayor para el efecto, puesto que es justamente por ello que nuestro diseño constitucional a partir del Bloque, ha establecido los principios y valores plurales supremos en virtud de los cuales deben aplicarse las normas legales; y así el principio de igualdad procesal reconocido como uno de los elementos que conforman el derecho al debido proceso, presupone que los sujetos intervinientes en una contienda judicial se hallen dotados de los mismos derechos, posibilidades y cargas, sin que exista ningún tipo de privilegios a favor o en contra de alguno de ellos, de tal manera que cada una de las partes del proceso, goza de la titularidad de similares deberes y derechos procesales y por lo tanto, deben ser sometidos a un mismo trato por el juzgador que tramita el proceso, de ahí que el art. 119.I de la CPE establezca que: “Las partes en conflicto gozarán de igualdad de oportunidades para ejercer durante el proceso las facultades y los derechos que les asistan, sea por la vía ordinaria o por la indígena originaria campesina”.

Y es en ese mismo marco que corresponde rechazar la alegación del punto 2) del recurso de casación, referente a la infracción del art. 78 del adjetivo civil, puesto que si bien en este caso se ha procedido a citar mediante edictos a la co-demandada María Silvia del Rosario James Lema, ello se debe a que la misma no pudo ser habida en el domicilio señalado por el actor (ver. fs. 288) y ratificado por los informes del SEGIP y SERECI que cursan en fs. 318 y 320, por lo que en este caso no se advierte que concurra alguna actuación procesal que merme los derechos de la referida co-demandada, máxime cuando tras haberse practicado dicha citación edictal, la Autoridad judicial de instancia nombró un defensor de oficio para esta demandada, quien tras ser citada, mediante el escrito de fs. 468 contestó a la demanda, de ahí que la presunta transgresión normativa no reviste de trascendencia para asumir una determinación anulatoria de obrados, toda vez que en el sub judice se han agotado todos los medios pertinentes para practicar la citación personal de esta co-demandada, empero por los informes de la oficial de diligencias (ver fs. 360), siempre existieron situaciones ajenas a su voluntad que impedían tal extremo, y es en ese marco que no se advierte que se haya dejado en una situación de indefensión material a la recurrente, puesto que no se le ha impedido la posibilidad de hacer valer sus pretensiones al haber sido legalmente citada en esta litis y de ese modo el vicio acusado no reúne los presupuestos que exige la nulidad procesal expuesta en el punto III.1 de la doctrina aplicable.

Finalmente, cabe hacer notar que el punto 1) del recurso de casación planteado en el fondo, se encuentra abocado a una cuestión atingente a la forma del proceso, puesto que en esta se hace alusión a la incongruencia ultrapetita del fallo recurrido, en cuyo entendido corresponde considerar la misma dentro del presente acápite.

Ahora bien, en dicha alegación, la parte recurrente sostiene que el Tribunal de Alzada, revoca la sentencia únicamente para declarar nulo el contrato de compra-venta celebrado entre María Silvia del Rosario James Lema y Luis Fernando Vargas (E.P 661/2011), determinación que indica, es carente de toda justificación legal, toda vez que la parte actora en ningún momento habría solicitado la nulidad de dicho contrato, por lo que este tampoco fue objeto de la presente causa.

Sobre esta cuestión, en principio conviene señalar que a través de la sentencia de fs. 708 a 718 se ha declarado la nulidad del contrato de fs. 291 a 294 suscrito entre Rosa Lema Castrillo Vda. de James y María Silvia del Rosario James Lema, mediante el cual la primera transfirió un inmueble ubicado en la calle Bolívar de la ciudad de Tarija en favor de la segunda; en ese entendido y siendo que esta última, es decir la Sra. María Silvia del Rosario James Lema, durante el desarrollo del proceso transfirió dicho inmueble en favor de su hijo Luis Fernando Vargas (motivo por el cual fue ampliada la demanda); el actor a través de su recurso de apelación, solicitó que los efectos de la referida nulidad sean extensibles a la Escritura Pública N° 661/2011 que justamente materializa la última transferencia mencionada, petitum que se tiene fue acogida por el Tribunal de Alzada en el marco de lo establecido por el art. 547 del CC. y que ahora es cuestionada por los recurrentes.

Sin duda, lo asumido por los jueces de grado no confluye con una determinación ultrapetita, puesto que si bien es cierto que la referida Escritura Pública Nº 661/2011 no ha sido objeto de demanda de esta litis, no se puede dejar de lado las prescripciones normativas incursas en el mencionado art. 547 del Código Civil, que establece el efecto retroactivo de la nulidad de los contratos, efecto que a entender de Autores como Carlos Morales Guillen, no crea derechos para quien podría obtener ventaja del mismo, ni inversamente, importa vínculos o deberes, para quien, en el supuesto de su validez, resultaría reatado a ellos, estando así el negocio nulo destituido de todo efecto jurídico (Código Civil concordado y anotado, pág. 654), de ahí que la nulidad del contrato de fs. 291 a 294 acarrea la nulidad del contrato inmerso en la Escritura Pública Nº 661/2011, al haberse retrotraído las cosas al estado que tenían antes de celebrarse el primer contrato mencionado, situación por la cual no corresponde realizar mayores consideraciones al respecto.

2. En el fondo.

En el planteamiento de los puntos 2) y 3) del recurso de casación atingentes al fondo de la litis, los recurrentes esencialmente cuestionan que la parte actora no haya producido los elementos probatorios necesarios para demostrar que el contrato contenido en la escritura de fs. 17 a 21 repetido en fs. 291 a 294, constituya un contrato simulado por anticipo de legítima; situación que indican es vulneratorio de los arts. 14 de la CPE; 519 y 590 del CC.

Respecto a este reclamo, de acuerdo a lo señalado en el punto III. 3 de la doctrina aplicable, resulta pertinente aducir que la exigencia establecida en el art. 274.I núm. 3) del Código Procesal Civil, obedece a la tesis de que el recurso de casación es asimilable a una demanda de puro derecho, lo que quiere decir que en el recurso debe identificarse en qué medida el Tribunal de apelación hubiera errado y cómo debe sanearse el yerro que se hubiera generado; exigencia que tiene estrecha relación con la identificación del error en el que se hubiere incurrido, es decir error el in procedendo o error in judicando, para de esta manera, dar estricto cumplimiento a la exigencia del referido art. 274.

Este criterio es emergente de la naturaleza del recurso de casación, por la cual, el recurrente se encuentra obligado a examinar e impugnar los fundamentos de la resolución recurrida, demostrando en forma concreta y precisa, cómo, por qué y en qué forma hubieran sido violadas las normas acusadas de infringidas a tiempo de emitir la resolución de grado, lo cual no implica reiterar lo ya planteado o realizar apreciaciones genéricas, antojadizas y/o imprecisas del fallo recurrido.

En ese entendido, en caso de Autos, si los recurrentes pretendían que este Tribunal ingrese a considerar la alegación de referencia y así generar un análisis de los elementos probatorios, bien pudieron acudir a la causal establecida en el art. 271.I de la Ley Nº 439 concerniente al error de hecho o derecho en la apreciación de las pruebas, ya que no es evidente que en este proceso no se hayan producido elementos probatorios de cargo, puesto que si bien no cursa prueba testifical, confesoria o pericial, si se adjunta la prueba documental en base a la cual es impetrada la presente acción y asumidas las determinaciones del Juez de instancia y el Tribunal de apelación, de ahí que si se pretendía rebatir las alegaciones del actor concernientes a la simulación del contrato de fs. 17 a 21 repetido en fs. 291 a 294, resultaba imperante una alegación orientada a establecer en que medida las probanzas de cargo no demuestran tal pretensión, empero dicha acusación no podía estar sujeta a una simple apreciación de los recurrentes, sino que para ello debió tomarse en cuenta la forma de demostrar el acto simulado (descrito en el punto III.2) en sentido de establecer qué tipo de prueba era la pertinente para demostrar la simulación rebatida, y ello precisamente porque entre partes, la simulación puede demostrarse por el contradocumento u otra prueba escrita que no atente contra la ley y en caso de los terceros por todos los medios de prueba; situación que al no haber acontecido restringe el análisis de la argumentación recursiva, y ello porque el recurso de casación no constituye y no es un medio para la resolución de una controversia entre las partes, sino una cuestión de responsabilidad entre la ley y sus infractores

Y en ese entendido, resulta también impertinente la acusación concerniente a la violación de los arts. 14 de la CPE, 519 y 590 del CC, que se infiere se encuentra relacionada al vigor del contrato inmerso en la Escritura Pública Nº 661/2011, puesto que ha quedado claro que su invalidez es emergente de la nulidad del contrato de fs. 291 a 294 y en rigor de lo establecido por el art. 547 del Código Civil, situación por la cual no merece realizarse mayores consideraciones al respecto.

Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 764 a 767, interpuesto por María Silvia del Rosario James Lema y Luis Fernando Vargas James a través de su representante legal, en contra del Auto de Vista Nº 58/2018 de fecha 09 de mayo de fs. 753 a 759 vta., pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Sin costas ni costos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.