TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                            S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 185/2019

Fecha: 27 de febrero de 2019

Expediente: CB-1-19-S

Partes: Diaconia Aliendre Delgadillo c/ Agustín Salguero Rocha. 

Proceso: División y partición de bienes gananciales.  

Distrito: Cochabamba. 

VISTOS: El recurso de casación de fs. 224 a 226, presentado por Diaconia Aliendre Delgadillo impugnando el Auto de Vista Nº 33/2018 de 24 de septiembre fs. 213 a 217 vta., y su complemento de fs. 221 y vta., pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales, interpuesto por la recurrente contra Agustín Salguero Rocha, el Auto de concesión de 29 de noviembre de 2018 de fs. 234; todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Diaconia Aliendre Delgadillo mediante memorial de fs. 22 a 24 vta., subsanada de fs. 29 y 39 planteo demanda de acción ordinaria de división y partición de bienes gananciales contra Agustín Salguero Rocha. Admitida la demanda se corre en traslado al demandado, quien contestó la demanda mediante memorial de fs. 58 a 60, tramitado así el proceso ordinario de división y partición de bienes gananciales, el Juez de la causa dictó Sentencia Nº 4/2018 de 17 de abril de fs. 175 a 179, y su auto complementario de fs. 182 y vta., declarando PROBADA en parte la demanda principal impetrada por Diaconia Aliendre Delgadillo, declarando gananciales los siguientes bienes inmuebles; a) Inmueble ubicado en Huayllani, Distrito 36, Manzano “D”, Lote Nº 59, de 453,05 m2, registrado en Derechos Reales bajo Matrícula Nº 3.10.1.01.0044417 Asiento A-1 de 19 de agosto de 1997. b) Inmueble ubicado en la esquina 6 de octubre y Campo Jordán (Oruro), con una superficie de 117,08 m2, registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula Nº 4.01.1.01.0047325 registrado bajo el Asiento A-1 de 28 de noviembre de 1996, declaró ganancial la línea telefónica Nº 4380191 bajo el certificado de aportación Nº 12121206. Asimismo, declaró IMPROBADA como obligación de la comunidad ganancial las deudas alegadas por el demandado Agustín Salguero Rocha, así también IMPROBADA la comunidad ganancial de los bienes inmuebles sujetos a registro (vehículos) demandados por la recurrente.

2. Determinación impugnada por la parte demandante mediante recurso de apelación cursante de fs. 184 a 188 vta., que fue resuelto por Auto de Vista Nº 33/2018 pronunciado el 24 de septiembre de fs. 213 a 217 vta., que en su parte dispositiva Revocó de forma parcial la sentencia apelada, modificando en relación a la obligación de $us. 10.000.- reconocida en el documento de 18 de noviembre de 2005, debiendo cargarse dicha obligación a la comunidad de gananciales y por ende asumir su pago en un 50% cada uno de los contendientes. Ratificando en torno al capital anticrético de $us.10.000,- declarando en consecuencia que dicha obligación no corresponde a la comunidad gananciales. Finalmente Rechazó la solicitud de división y partición del puesto en el mercado Calatayud ubicado en el galpón “2A”, bloque “35” signado como Nº 106, determinación asumida en función a la siguiente argumentación jurídica:

Que la A quo, no realizó una adecuada valoración de la prueba y tampoco aplicó correctamente las normas familiares, toda vez que la obligación asumida en el documento de fs. 45 a 46 aún hubiese sido con la finalidad de comprar el inmueble ubicado en la ciudad de Oruro, o se trate de un documento de préstamo de dinero, o de reconocimiento de obligación, lo cierto es que el documento de 18 de noviembre de  2005 fue suscrito dentro de la vigencia matrimonial de los ex esposos Salguero-Aliendre, entonces por determinación del art. 196.II de la ley se presume que la obligación contenida en ese documento fue asumida en beneficio de la comunidad de gananciales, entonces si la demandante consideraba que tal obligación no fue adquirida en beneficio de la comunidad debió acreditar tal situación y desvirtuar dicha presunción, sin embargo revisados los antecedentes no existe prueba que desvirtúe tal presunción, por lo que esa deuda se debe cargar a la comunidad de gananciales en un 50%.

3. Notificada con el Auto de Vista y Auto complementario, Diaconia Aliendre Delgadillo el 15 de octubre del 2018 presentó recurso de casación de fs. 224 a 226, el 29 de octubre del año que transcurre.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION

1. Aplicación indebida e interpretación errónea de los arts. 191.II y 196.II del Código de la Familias y del Proceso Familiar, porque la citada norma establece el deber de justificación que tenía el supuesto administrador de los bienes gananciales, y en el caso el apelante no ha demostrado ni justificado que el inventado préstamo haya sido invertido en la compra del bien inmueble ganancial en el año 1996, pues conforme concluyó la sentencia, el demandado entro en contradicción al pretender  acreditar la compra de un inmueble el año 1996 con un documento de 2005.

Que, el documento de reconocimiento de obligación de 18 de noviembre de 2005 el Tribunal de Alzada pretende hacer valer como una obligación inherente a la comunidad de gananciales, sin embargo, no acreditan o refieren que ese préstamo fue invertido por el conyugue en beneficio de la comunidad o sea en la compra del inmueble de Oruro el año 1996.

2. Error de hecho y contradicción en la apreciación de las pruebas, con relación a los documentos de fs. 149 a 155, en criterio del Tribunal de Alzada refiere que no son relevantes, porque no causan efecto alguno, entonces como puede asumir que el documento de 18 de noviembre de 2005 fue asumido en beneficio de la comunidad ganancial.

3. Que solicitó la complementación del Auto de Vista, en sentido que la obligación de pago es individual de cada uno de los contendientes que se encuentran desvinculados desde el año 2013, porque no se reconoce que la obligación del 2005 ha prescrito, aspecto que no fue aclarado ni enmendado.

Contestación al recurso de casación.

Que el recurso de casación no cumple con lo determinado en el art. 393 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, porque no se ha respaldado en ninguna de las causales establecidas por ley.

El recurso de casación debe ser interpuesto en el plazo perentorio de diez días de notificado con el Auto de Vista. En el caso que nos ocupa, consta en el expediente que notificaron al recurrente en fecha 05 de octubre de 2018 y el recurso de casación es presentado en fecha 26 de octubre de 2018, de lo que se infiere que ha sido presentado fuera del plazo establecido por ley, correspondiendo en consecuencia ser declarado improcedente.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la valoración de la prueba.

El art. 332 de la Ley Nº 603, bajo el nomen juris de “Valoración de la prueba”, establece: “las pruebas se valorarán tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y serán consideradas integralmente, de acuerdo a una apreciación objetiva e imparcial, según criterios de pertinencia. La autoridad judicial tendrá la obligación de señalar concretamente las pruebas en que funda su decisión y tiene la obligación el sentencia de valorarlo tanto las pruebas decisivas y esenciales como los elemento que hagan presumir la existencia o no de hecho y derechos litigados”, acudiendo a la doctrina podemos citar José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”, así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en tema de valoración probatoria y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme manda el citado artículo.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. Acusa aplicación indebida e interpretación errónea de los arts. 191.II y 196.II del Código de la Familias y del Proceso Familiar, porque la citada norma establece el deber de justificación que tenía el supuesto administrador de los bienes gananciales, y en el caso el apelante no ha demostrado ni justificado que el inventado préstamo haya sido invertido en la compra del bien inmueble ganancial en el año 1996, pues conforme concluyó la sentencia  el demandado entro en contradicción al pretender  acreditar la compra de un inmueble el año 1996 con un documento de 2005.

Lo citado hace entrever que la controversia trasunta en la errónea aplicación del art. 191 y 196 ambos de la Ley Nº 603, en el entendido que el préstamo adquirido en fecha 18 de noviembre de 2005 por $us. 10.000 no fue invertido por el demandado en beneficio de la comunidad o sea en la compra del inmueble de Oruro el año 1996.

La compulsa de la resolución de alzada de fs. 213 a 217 vta. denota que funda su decisorio en que la obligación contenida en el documento de fs. 45 a 46, más allá de ser obtenida con la finalidad de la compra del inmueble ubicado en la ciudad de Oruro o provenga de un documento de préstamo de dinero o de reconocimiento de obligación, lo cierto es que fue suscrita dentro de la vigencia matrimonial, lo cual presume que es obtenida en beneficio de la comunidad de gananciales, entendimiento que a criterio de este Tribunal no se encuentra fuera de la realidad debido a que el art. 196.II de la Ley Nº 603 es categórico al enfatizar que las deudas de la o el cónyuge contraídas durante la unión conyugal o la unión libre, se presumen para beneficio de la comunidad ganancial-, normativa que genera un entendimiento que todo pasivo contraído dentro de la unión conyugal adquiere, una presunción que fue en favor de este, entonces al estar revista de esta presunción la obligación contenida en el documento de fs. 45 a 46 por ser asumida dentro de la unión de las partes, resulta innecesario observar otros aspectos, sobre todo si la citada normativa, establece la posibilidad de enervarla en base a prueba objetiva que acredite que la obligación no fue obtenida en favor de la comunidad, empero en el caso de autos los fundamentos de la recurrente no se respaldan en prueba objetivo, sino en meras alegaciones subjetivas, que impiden modificar la decisión de alzada.

2. Acusa error de hecho y contradicción en la apreciación de las pruebas, con relación a los documentos de fs. 149 a 155, que en criterio del Tribunal de Alzada no son relevantes, porque no causan efecto alguno, entonces como puede asumir que el documento de 18 de noviembre de 2005 fue asumido en beneficio de la comunidad ganancial.

Del análisis de su reclamo se infiere que la recurrente no ha entendido el motivo exacto por el cual el Tribunal de Alzada ha revocado en parte la decisión de grado, si bien es evidente que en su argumentación el Ad quem, hizo mención que las literales de fs. 149 a 155 son irrelevantes, sin embargo lo realizó en función de establecer que sin importar la naturaleza del contrato, la obligación fue asumida dentro de la unión conyugal, contando por ende con la presunción establecida en el art. 196.II de la Ley Nº  603 descrito supra, entendimiento que de ninguna manera implica un error de hecho o derecho en estos elementos probatorios.

3. Que solicitó la complementación del Auto de Vista, en sentido que la obligación de pago es individual de cada uno de los contendientes que se encuentran desvinculados desde el año 2013, entonces el Tribunal no ha considerado que dicha obligación ha prescrito.

Sobre el particular se debe tener en cuenta que en palabras de Gonzalo Castellanos Trigo la complementación, aclaración y enmienda -es el remedio concedido para obtener que el mismo órgano judicial que dictó una resolución subsane las deficiencias de orden material o conceptual que la afecten;  y que El limite propuesto para la explicación y complementación no es la modificación sustancial de la decisión, sino más bien, debe  referirse a deficiencias materiales o conceptuales que hiciesen dificultosa la compresión de la decisión.- Sobre el particular podemos señalar que la facultad normada por el art. 362.II y III de la Ley Nº 603, tiene por fin de aclarar, enmendar o complementar los fundamentos expuestos en la resolución objeto de análisis, pero no de puntos que no fueron motivo de análisis en la resolución, resultando este el límite de esta facultad.

Teniendo como norte lo expuesto supra, en el caso de autos no correspondía aclarar lo ahora referido por la recurrente, o sea en lo que respecta a la prescripción de la obligación, porque no fue motivo de litis, ni de análisis en el Auto de Vista, caso contrario implicaría obrar más allá de la facultad establecida en la norma en estudio, no habiendo por ende cometido ninguna vulneración el Tribunal de Alzada.

No siendo evidente las acusaciones alegadas, corresponde emitir resolución acorde a lo determinado en el art. 401.I inc.b) de la Ley Nº  603.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial, y en aplicación del art. 401.I inc. b) del Código de las Familias y del Proceso Familiar declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 224 a 226, presentado por Diaconia Aliendre Delgadillo impugnando el Auto de Vista Nº 33/2018 de 24 de septiembre de fs. 213 a 217 vta., su complemento de fs. 221 y vta., pronunciado por la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que respondió el recurso.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizú.