TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L 

       

Auto Supremo: 183/2019

Fecha: 27 de febrero de 2019

Expediente:        CB-53-18-S

Partes: Tomasa Alanes Gutiérrez c/Andrea Espinoza Claure.

Proceso: Devolución de dineros y cumplimiento de obligación.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 176 a 178, interpuesto por Andrea Espinoza Claure contra el Auto de Vista  de 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 171 a 174 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso ordinario de devolución de dineros y cumplimiento de obligación seguido por Tomasa Alanes Gutiérrez contra la recurrente, la contestación al recurso que cursa de fs. 181 a 184; la concesión de 24 de julio de 2018, cursante a fs. 186; el Auto Supremo Nº 777/2018-RA de 16 de agosto, cursante de fs. 192 a 193 vta.; los antecedentes del proceso; y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Tomasa Alanes Gutiérrez de Saravia representada legalmente por Ignacio Carlos Saravia Rivera, mediante memorial cursante de fs. 29 a 30 vta., subsanada por memorial de fs. 33, inició demanda ordinaria de devolución de dineros y cumplimiento de obligación; acción que fue interpuesta contra Andrea Espinoza Claure, quien una vez citada, por escrito de fs. 45 a 46 vta., opusó excepción de prescripción y demanda defectuosa.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial Nº 24 de la ciudad de Cochabamba, emite la Sentencia de 26 de septiembre de 2016, cursante de fs. 116 a 117 vta., declarando PROBADA la demanda principal con costas y costos. En consecuencia, dispuso que Andrea Espinoza Claure dentro del tercer día de ejecutoriada la sentencia, cumpla con su obligación de devolver la suma de $us. 18.000 (Dieciocho Mil 00/100 Bolivianos) a favor de Tomasa Alanes Gutiérrez de Saravia, bajo conminatorio de ley, más el pago de daños y perjuicios consistentes en el 6% anual al monto de capital de anticrético adeudado.

2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Andrea Espinoza Claure, mediante memorial de fs. 121 a 123 interponga recurso de apelación.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció Auto de Vista de fecha 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 171 a 174 vta., donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que la carta de fecha 16 de julio de 2011 daría cuenta que esta fue dirigida a Andrea Espinoza Claure y Humberto Gumucio Herrera con la suma de “Solicitan la inmediata devolución de capital anticrético”, entrega diligenciada por la Notario de Fe Pública Nº 60 de la ciudad de Cochabamba, el día 29 de julio de 2011 a horas 09:00 al señor Humberto Gumucio Herrera en el sitio de la Av. Villazón Nº 2029; actuado que se constituiría en un acto reclamatorio de pago de deuda, estableciéndose claramente la intención y voluntad de la parte actora de no abandonar el derecho a su acreencia del capital de anticrético que entregó a la demandada y que también estaría reflejado en las literales de fs. 71 a 74, manifestaciones estas que sin duda se constituirían en actos interruptivos de la prescripción. Con relación a que Humberto Gumucio Herrera no sería parte del contrato de anticrético, señalaron que como cónyuge de Andrea Espinoza Claure, tendría interés en la causa; y como la entrega de la carta notariada citada supra habría sido realizada personalmente al Sr. Gumucio, este hecho tendría singular importancia toda vez que el receptor de la carta, no sería una persona ajena sino alguien que tiene interés en el presente proceso; de esta manera, si bien la carta notariada no fue notificada personalmente a la demandada, ello no significaría que no habría tenido conocimiento del contenido o la solicitud de devolución del capital de anticrético, de ahí que consideran que dicho acto se constituiría en una interrupción de la prescripción, por lo tanto desde el 29 de julio de 2011 se habría iniciado el nuevo término para la prescripción, en consecuencia al haberse presentado la demanda en la vía preliminar de conciliación en fecha 09 de mayo de 2016 e iniciado la demanda de devolución de dineros y cumplimiento de obligación en fecha 1 de junio de 2016, con la que fue citada la demandada en fecha 16 de junio de 2016, se infiere que la demanda fue presentada en tiempo oportuno sin que le haya afectado la prescripción.

En virtud a dichos fundamentos, el Tribunal de Alzada CONFIRMA totalmente el Auto apelado y la Sentencia de primera instancia. Con costas y costos a la apelante.

4. El falló de segunda instancia, puesta en conocimiento de las partes, ameritó que la demandada Andrea Espinoza Claure, interpusiera recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION.

1. Acusa que la parte actora no habría adjuntado a su demanda la literal que cursa a fs. 70 y 102, consistente en la carta notariada de fecha 16 de julio de 2011, incumpliendo de este modo, lo dispuesto por el art. 111 del Código Procesal Civil; pues recién habría acompañado dicho documento en simple fotocopia al momento de responder a la excepción de prescripción, incumpliendo lo dispuesto en el art. 1311 del Código Civil, por lo que esta prueba no debió ser tomada en cuenta y tampoco la fotocopia legalizada de la misma que cursa a fs. 102, presentado en la audiencia preliminar, pues en ambos casos la prueba habría sido presentado fuera del plazo señalado en el art. 111 del adjetivo civil, sin que se haya realizado el juramento de reciente obtención siempre y cuando la prueba sea de fecha posterior a la demanda, pero como la prueba sería de fecha anterior a la demanda se observa que esta correspondía ser admitido previo juramento de no tener conocimiento de la existencia de ese documento.

2. Denuncia la vulneración de los arts. 122 de la C.P.E., 1486, 1487, 1492, 1493, 1494, 1503 y 1507del Código Civil, arguyendo en ese sentido que el plazo para la prescripción se computaría a partir de la mora incurrida, es decir a partir del 15 de marzo de 2011, sin tomar en cuenta la carta notariada de 16 de julio de 2011, porque dicho actuado así como la entrega de está, no se constituiría en un acto judicial ni en una delegación de funciones de la autoridad jurisdiccional, pues el Notario de Fe Pública no ejercería jurisdicción ni competencia para realizar citaciones en representación de la autoridad jurisdiccional, como para que los actos que este realice surtan efectos dentro de un acto judicial, pues sus actos solo surtirán efectos cuando es delegado de manera expresa por un juez, de lo contrario serían nulas.

En ese entendido, solicita se case el Auto de Vista recurrido.

De la respuesta a los recursos de casación.

Ignacio Carlos Saravia Rivera en representación legal de Tomasa Alanes Gutiérrez de Saravia, contesta al recurso de casación de la parte demandada, bajo los siguientes fundamentos:

- Aduce que los fundamentos expuestos en el recurso de casación, serían totalmente diferentes a los esgrimidos en la apelación, pues en esta oportunidad observaría la forma en que fue ofrecida y presentada la carta notariada y la notificación con la misma, no sería un acto judicial ni tampoco habría sido ordenado por un juez, por lo que no se podría interrumpir la prescripción. En ese entendido, advierte que la recurrente no puede observar en casación aspectos formales del proceso que no fueron impugnados en su momento.

- Si bien el recurrente acusá la vulneración al debido proceso, sin embargo no explicaría, como es que está siendo vulnerado y como debía aplicarse.

- Ante la interposición de la excepción de prescripción, al momento de contestar a la misma, habría presentado prueba para demostrar que no renunció a su acrecencia, y que si bien la carta notariada que adjuntó era solo una fotocopia simple, empero habría señalado en el otrosí, la imposibilidad de presentar inmediatamente una fotocopia legalizada y que presentaría de forma posterior, llegando a presentar en fecha 31 de agosto de 2016 la citada fotocopia legalizada y en la audiencia preliminar adjuntar el original; sin embargo estos extremos no habrían merecido observación alguna por la demandada, ni siquiera en su recurso de apelación contra la sentencia, pues recién observaría la presentación de dicha prueba en la etapa de casación.

- Con relación al hecho de que la carta notariada no constituiría un acto judicial por lo que no interrumpiría la prescripción, señalaron que la recurrente no habría advertido los fundamentos de las resoluciones de instancia, cuando basaron la procedencia de la interrupción en atención al art. 1503.II del Código Civil, de esta manera aduce que la carta notariada en el que se exige el cumplimiento de una obligación es suficiente para interrumpir la prescripción.

- Finalmente refiere que los fundamentos del Auto de Vista respecto a la apelación serían suficientemente claros.

Por lo expuesto solicita se confirme la Sentencia y el Auto de Vista.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1.- Del régimen de nulidades procesales.

En el tema de nulidades, la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si se han transgredido efectivamente las garantías del debido proceso con incidencia en la igualdad y el derecho a la defensa de las partes, toda vez que sólo en caso de ocurrir esta situación se encontrará justificada la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones, tal y como lo establecen los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, que concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Dicho entendimiento también se encuentra plasmado en los arts. 105 a 109 del Código Procesal Civil, normas que contienen las reglas básicas del régimen de nulidades procesales, donde además se reconocen los principios que rigen la misma, como ser: el principio de especificidad, legalidad, trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión; restringiéndose de este modo a lo mínimo las nulidades procesales siendo la finalidad la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado, que están replicados en las dos leyes de referencia (Ley Nº 025 y Ley Nº 439), revirtiéndose de esta manera el antiguo sistema formalista donde predominaba las nulidades, que en la mayoría de los casos resultaban innecesarias e intrascendentes y sólo ocasionaban retardación de justicia en desmedro del mundo litigante y de la propia administración de justicia, lo cual se pretende revertir definitivamente.

En ese contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido a través de la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”; razonamiento que tiene estrecha relación con lo señalado en la SCP Nº 1420/2014 de 7 de julio que señaló: “…más cuando se tuvo conocimiento del proceso y asumió defensa utilizando esos medios de defensa al interior del proceso, dicho en otros términos, un acto procesal es susceptible de nulidad solo cuando es reclamado oportunamente o cuando el litigante no tuvo conocimiento de la existencia del proceso, hecho que le causo indefensión, afectando su derecho a la defensa, razonando en contrario, no se puede solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y asumiendo defensa dentro del mismo, no interpuso incidente alguno contra el acto procesal objetado de nulidad, dejando ver a la autoridad judicial, que ese acto se encuentra plenamente consentido o convalidado, mereciendo en consecuencia su improcedencia. (Las negrillas y subrayado pertenecen a esta resolución).

Así también la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado en el Auto Supremo Nº 484/2012, que: “… el espíritu del Art. 17 de la Ley 025 que refiere de manera categórica en su p. III “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”; verificando la incidencia que puedan tener en el debido proceso, es decir la trascendencia que puedan revestir, con la clara connotación de que no pueden ser consideradas ni declaradas de oficio, ya que al revestir interés particular, es a esa parte que le corresponde reclamar la presunta vulneración de algún derecho, en caso de no hacerlo, estará convalidando ese error, consecuentemente el Tribunal correspondiente no está autorizado para ingresar a revisar de oficio, es decir, está impedido el juzgador declarar la nulidad de oficio si ésta ha sido consentida.” (Las negrillas son nuestras).

III.2.- De los principios que rigen las nulidades procesales.

Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos los Nº 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero; en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad, este principio se encuentra previsto por el artículo 105.I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal. 

Principio de finalidad del acto, partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto. 

Principio de Trascendencia, si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de Co nvalidación, partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión, concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

De dichos principios y concordante con lo desarrollado en el anterior numeral, se deduce que los jueces y tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.

Por lo expuesto, concluiremos señalando que no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no tenga incidencia trascendental en el proceso.

III.3. De la interrupción a la prescripción.

La prescripción es la institución que estudia el efecto que tiene el transcurso del tiempo sobre la estabilidad de algunos derechos, puede verse alterado por algunos hechos, que se conocen como suspensión e interrupción de la prescripción.

En ese entendido, el art. 1503 del Código Civil señala: “I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente. II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”. De lo expuesto se infiere que la norma presenta dos escenarios de interrupción de la prescripción que son la vía judicial y la extrajudicial. La primera mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales aun incompetentes, cuyo requisito fundamental es la citación (notificación en sentido genérico) con la demanda y demás actuados que se indican; y la otra extrajudicial-, es oponer un acto que sirva para constituir en mora al deudor; en ambos casos, el acto debe expresar una manifestación de voluntad que acredite en forma auténtica que el acreedor no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder.

En ese contexto, el autor Carlos Morales Guillén en su obra CÓDIGO CIVIL CONCORDADO Y ANOTADO, fundamentó que la suspensión de la prescripción detiene el curso del plazo, sin anular el tiempo cumplido y se reanuda desde el punto en que se había detenido, apenas cesa la causa de la suspensión, la interrupción destruye la prescripción, porque borra retroactivamente todo el plazo transcurrido hasta el momento de la interrupción, en otras palabras, los actos que interrumpen la prescripción borran totalmente el plazo transcurrido el cual deberá computarse nuevamente por completo.

De esta manera, la prescripción para surtir el efecto extintivo del derecho no solo debe transcurrir el tiempo determinado en la Ley, sino también, debe existir inactividad del titular ante el incumplimiento de la obligación y ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establece los arts. 1492 y 1493 del Código Civil.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

Expuestos como están los fundamentos que han de sustentar la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos denunciados en el recurso de casación que fue interpuesto por la parte demandada.

1. Acusa que la parte actora habría incumplido con lo dispuesto en el art. 111 del Código Procesal Civil, toda vez que la carta notariada de fecha 16 de julio de 2011, habría sido presentada fuera del plazo que dicha norma establece y sin haberse realizado el juramento de reciente obtención.

En virtud a lo denunciado en este primer punto, debemos señalar que si bien es cierto que entre los actos de proposición, la norma citada supra señala que con la demanda se debe acompañar toda la prueba documental relativa a la pretensión interpuesta; sin embargo, no se puede obviar que dicha norma procesal, en los casos en que la parte no dispusiere de documentos en ese momento, también dispone que está pueda señalar el contenido y lugar donde se encuentra, así como solicitar la incorporación al proceso. 

Bajo esos parámetros corresponde realizar las siguientes consideraciones:

-A la demanda de devolución de dineros y cumplimiento de obligación que cursa de fs. 29 a 30 vta., subsanada por memorial de fs. 33, interpuesta por Tomasa Alanes Gutiérrez de Saravia contra Andrea Espinoza Claure, se observa que está adjuntó en calidad de prueba documental pre constituida el Testimonio Nº 365/2009 de 30 de junio, de protocolización de una minuta de contrato de anticrético otorgado por Andrea Espinoza Claure en favor de la demandante, Folio Real del bien inmueble otorgado en calidad de anticrético en cuyo Asiento Nº 13, referido a gravámenes y restricciones se encuentra registrado el citado Testimonio, así como el Formulario de Información Rápida sobre el bien inmueble.

- Citada la demandada, ahora recurrente, por memorial que cursa de fs. 45 a 46 vta., opuso excepciones de prescripción y de demanda defectuosa, arguyendo sobre la primera que desde el 15 de marzo de 2011, la obligación reclamada en el presente caso se volvió exigible, empero como fue citada con la demanda en fecha 29 de junio de 2016, habría operado la prescripción ya que habría transcurrido más de cinco años.

- Una vez que se corrió traslado con las citadas excepciones, la demandante por memorial de fs. 96 a 98 vta., respondió a las mismas, y con la finalidad de desvirtuar los fundamentos en que se sustentaron, principalmente la excepción de prescripción, conforme dispone el art. 136 del Código Procesal Civil, adjuntó a fs. 70 y vta., fotocopia simple de una Carta Notariada que data de fecha 16 de julio de 2011, la cual está dirigida a los señores Andrea Espinoza Claure y Humberto Gumucio Herrera, donde Fernando Bayón Ortega y la demandante Tomasa Alanes Gutiérrez de Saravia, solicitaron la inmediata devolución del capital de anticrético; carta que fue recepcionado en fecha 29 de julio de 2011 por Humberto Gumucio Herrera en el domicilio ubicado en la Av. Villazón Nº 2029, dando Fe de dicho acto la Notaria de Fe Pública de Primera Clase Nº 60 Dra. Georgina Arispe Sánchez.

- Ahora bien, si bien la referida documental carta notariada- fue presentada en fotocopia simple; sin embargo no se puede omitir que en un otrosí de su memorial de contestación anunció al Juez de la causa, la presentación de dicha documental en fotocopia legalizada con posterioridad; extremo que conforme se advierte del decreto que cursa a fs. 100, no fue negado por el juez A quo. Decreto que fue debidamente puesto en conocimiento de la parte recurrente, tal como se observa de la papeleta de notificación de fs. 101.

-Posteriormente se observa que por memorial de fs. 104, la parte demandante, conforme lo anunció, adjuntó fotocopia legalizada de la Carta Notariada (fs. 102 y vta.), memorial que mereció el decreto de fs. 105, donde la autoridad judicial la tuvo por acompañada y ordenó que se arrimara a sus antecedentes con conocimiento de la parte contraria. En ese entendido, cursa a fs. 106 la notificación a la parte demandada.

- Acto seguido, cursa en obrados el acta de audiencia preliminar (fs. 109 a 112), de cuya lectura se advierte que si bien la parte demandada, se refirió a la Carta Notariada, empero las observaciones y alegaciones que realizó en dicho actuado procesal, no estaban dirigidas a cuestionar la forma en que esta fue adjuntada al proceso o la falta de validez de la misma, sino que observó otros aspectos que fueron debidamente resueltos por los jueces de instancia.

De estas consideraciones, se infiere que la parte demandada, pese haber tenido pleno conocimiento de que la Carta Notariada de fecha 16 de julio de 2011, fue previamente presentada en fotocopia simple y posteriormente en copia legalizada; empero, de la revisión de obrados se tiene que está no presentó memorial alguno, objetando u observando el ofrecimiento o presentación de dicho medio probatorio, es más, ni en la audiencia preliminar cuando se refirió de forma expresa sobre la misma, observó los extremos que recién acusa en esta etapa casacional.

En ese entendido, y toda vez que un acto procesal sólo es susceptible de nulidad cuando la irregularidad o vicio procesal es reclamado de forma oportuna, no pudiendo solicitar la nulidad cuando teniendo conocimiento del proceso y la oportunidad de asumir defensa dentro del mismo, no interpuso ningún mecanismo de defensa contra el acto procesal, como ocurrió en el presente caso; es que se infiere que la recurrente no solo consintió convalido- lo que ahora acusa (forma de presentación de la Carta Notariada), sino también que su derecho a reclamar precluyó, tal y como se desarrolló en los puntos III.1 y III.2 de la doctrina aplicable al caso de autos, por lo que el reclamo acusado en este apartado deviene en infundado, como también la vulneración del art. 111 del Código Procesal Civil.

2. Continuando, corresponde referirnos a la denuncia de que la Carta Notariada  de fecha 16 de julio de 2011 carecería de validez, pues la misma no se constituiría en un acto judicial ni en una delegación de funciones de autoridad jurisdiccional, en razón a que el Notario de Fe Pública no ejercería jurisdicción, ni competencia para realizar citaciones en su representación, como para que los actos que este realiza surtan efectos dentro de un acto judicial.

Con la finalidad de dar una respuesta debidamente motivada, resulta necesario remitirnos a lo establecido en el art. 1503 del Código Civil, sobre las causas que interrumpen la prescripción, hace alusión no solo a la vía judicial, sino también a la extrajudicial, es decir, que el acreedor con la finalidad de manifestar que no abandonó su crédito y que tiene toda la intención de que está sea cumplida por la parte deudora, puede realizar actos no solo ante Tribunales jurisdiccionales, aun estos sean incompetentes, como es la interposición de una demanda o de una simple medida preparatoria, pues también, puede oponer otro tipo de actos, sin la intervención o mediación de autoridad jurisdiccional, como es la Carta Notariada, siendo el único requisito para su validez, que haga constituir en mora al deudor, tal como se desarrolló en el punto III.3.

Bajo esos parámetros, la Carta Notariada de fecha 16 de julio de 2011, cuya copia legalizada, cursa a fs. 102 y vta. que fue entregada en fecha 29 de julio de 2011 al esposo de la recurrente, contrariamente a lo denunciado en este acápite, además de ser perfectamente válida como causal de interrupción de prescripción por haber constituido en mora a la parte demandada (art. 1503.II del C.C.), surte plenos efectos legales tal como lo establece el art. 1311 del sustantivo civil; por lo tanto el tiempo transcurrido hasta el 29 de julio de 2011, quedó borrado para efectos de cómputo de la prescripción, debiendo computarse nuevamente desde esa fecha en delante. Consiguientemente, la vulneración de los arts. 122 de la C.P.E., 1486, 1487, 1492, 1493, 1494, 1503 y 1507 del Código Civil, fueron acusados de manera general por la demandada, no resultan evidentes.

Por las razones expuestas, al haber sido desvirtuados los reclamos acusados en el recurso de casación, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme a lo previsto en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art.220.II  del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 176 a 178, interpuesto por Andrea Espinoza Claure contra el Auto de Vista de fecha 18 de mayo de 2018, cursante de fs. 171 a 174 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula los honorarios del abogado profesional de la parte actora en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu