TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 182/2019

Fecha: 27 de febrero de 2019

Expediente: LP-98-18-S

Partes: Andrea Albertina Quispe Soliz. c/ Víctor Zenón Cusi Machaca y otros.

Proceso: Reivindicación y mejor derecho. 

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 286 a 290 vta., interpuesto por Gregorio Quispe Cusi, Francisco Quispe Díaz, Víctor  Zenón Cusi Machaca y Eduarda Cusi de Quispe; contra Auto de Vista Nºa 153/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 279 a 281, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso ordinario de reivindicación y mejor derecho seguido por Andrea Albertina Quispe Soliz contra los recurrentes; la concesión de fs. 295; los antecedentes del proceso; y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. En base al memorial de demanda de fs. 12 a 14 vta., subsanada en fs. 21 a 22, 24 a 25, 29 y 30,  se inició el proceso de reivindicación y mejor derecho, acción que fue dirigida contra Víctor Zenón Cusi Machaca y otros; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse Sentencia Nº 173/2017 de fs. 242 a 245, por la que declaró PROBADA en parte la demanda de fs. 12 a 14 vta. de reivindicación, e IMPROBADA respecto al mejor derecho propietario, disponiendo la devolución del predio.

2. Contra la referida resolución la parte demandada interpuso recurso de apelación de fs. 253 a 255 vta. que mereció el Auto de Vista Nº 153/2018 de 20 de abril, de fs. 279 a 281, por el cual CONFIRMA la Sentencia Nº 173/2017, enfatizando los siguientes puntos:

Que los demandados en ninguno de sus actuados se atribuyen directamente la propiedad sobre el inmueble en litigio, asimismo tampoco manifiestan la existencia de un derecho real sobre el bien en cuestión, por otro lado el actor mantiene su fundamento de hecho en que la titularidad que ostentaría los demandados seria sobre otro predio, pues los elementos probatorios de fs. 16 a 19, demuestran que Eduarda Quispe de Cusi mantiene la titularidad de un bien inmueble ubicado en el ex fundo Calacoto Alto, también se tiene en obrados la Escritura Pública Nº 1225/92, que evidencia la compra del lote de terreno en favor de la mencionada por parte del Sr. Víctor Zenon Cusi Machaca, por una superficie total de 2.800 mts.2,  así también la Escritura Pública 107/2006 sobre cambio de jurisdicción, pero no se tiene determinación específica de la ubicación del bien que refiere.  

3. El falló de segunda instancia que fue recurrido en casación por Gregorio Quispe Cusi,  Francisco Quispe Díaz, Víctor Zenón Cusi Machaca y Eduarda Cusi de Quispe de fs. 286 a 290 vta., recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACION.

a) Que el Auto de Vista carece fundamentación, porque únicamente se limita a referir los antecedentes de la Sentencia sin precisar el fondo del proceso, también se hace alusión a puntos que no han sido objeto del recurso de apelación, no existiendo una correcta interpretación en lo que concierne al mejor derecho propietario al contar ambos con títulos emergentes de dotación de tierras del Estado. No se ha tomado en cuenta que se pueden dar casos como en el presente, que tanto el demandante como el demandado tengan títulos, para ello existen instituciones jurídicas que no han sido analizadas.

b) Que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado respecto al otrosí del memorial de fs. 253 a 255 vta., donde solicitaron el diligenciamiento de prueba en segunda instancia.

Contestación al recurso de  casación.

Refiere que el recurso no cumple con los parámetros mínimos exigidos en la norma, es decir art. 274 del Código Procesal Civil, en síntesis señala que no se ha cumplido con ninguna norma jurídica, simplemente se ha señalado artículos que no tienen vinculación con el caso en cuestión, en cuanto al fondo especifica que se cumple con lo determinado en el art. 145 del CC, en otras palabras se aplica de forma correcta la sana critica. Que si bien en determinado momento solicita la nulidad procesal sin embargo no precisa la aplicación de los principios que la rigen como ser de especificidad, trascendencia y convalidación que harían inviable su recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.- De la motivación en las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional Nº 0577/2012 de 20 de julio de 2012, determinó que la motivación de una Sentencia o cualquier otra Resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y que la motivación no tiene que ser ampulosa sino puede ser breve, así lo dispone la señalada Sentencia Constitucional, que expresamente indicó: “En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al indicar: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

Asimismo la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0235/2015-S1de 26 de febrero, al respecto señaló: “En cuanto al derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, este se constituye en la garantía del sujeto procesal, de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).”.

III.2.- De la reivindicación y la función compleja.

Este Tribunal de casación a través de sus diversos fallos ha orientado que en los procesos de reivindicación donde dicha acción adquirió una función compleja, debido a que las partes que discuten la posesión de determinado bien inmueble, alegan o demuestran tener derecho propietario sobre el mismo predio, la acción no podrá ser de mera condena sino que previamente se tendrá que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, realizando un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En este antecedente se ha orientado a través del Auto Supremo N° 122/2012 de 17 de mayo que: “Expuestos los antecedentes del proceso, corresponde precisar que, la acción reivindicatoria, prevista en el art. 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Doctrinalmente se dice que la acción reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario. En ese sentido Puig Brutau, citado por Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que la reivindicación "es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión".

Ahora bien cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción reivindicatoria adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no puede ser de mera condena sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras, deberá previamente hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación y por lo tanto sin controversia sobre el derecho propietario, el resultado será una sentencia de simple condena en la faz petitoria.

Entablada la acción reivindicatoria podrá entonces presentar los siguientes supuestos: a) El actor presenta título de su derecho y el demandado no lo presenta; b) Tanto el actor como el poseedor demandado presentan títulos.

Para el caso que se resuelve, nos interesa analizar el segundo supuesto, es decir aquel en el que tanto el actor reivindicante como el poseedor demandado presentan cada uno títulos de propiedad, en cuyo caso la resolución del litigio pasa necesariamente por determinar a quién le corresponde el mejor derecho a poseer, lo que conlleva necesariamente el juicio declarativo de mejor derecho de propiedad, siguiendo para ello los criterios establecidos en la ley.”.

Por otra parte, se debe también hacer mención a que el art. 1545 del Código Civil, dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremos Nº 588/2014 de 17 de octubre, que: “para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad”. Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre se razonó que:”… …una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

1.- Que el Auto de Vista carece fundamentación, porque únicamente se limita a referir los antecedentes de la Sentencia sin precisar el fondo del proceso, también hace alusión a puntos que no han sido objeto del recurso de apelación, no existiendo una correcta interpretación en lo que concierne al mejor derecho propietario al contar ambos con títulos de propiedad emergentes de dotación de tierras del Estado.

Del contexto del reclamo referido se denota una gama de puntos controvertidos, entre los más elementales advertimos dos, el primero inherente a la falta de motivación en cuanto a la pretensión principal, y el segundo vinculado a la resolución de alzada, que no se habría pronunciado sobre los puntos reclamados en apelación

1.1.-Sobre el primer motivo, antes de ingresar al análisis del caso como tal es primordial determinar que la motivación de las resoluciones como elemento esencial del debido proceso que caracteriza a todo Estado de derecho es la justificación razonada del por qué, una autoridad jurisdiccional asume una determinación, es decir es el cuerpo estructural o base donde descansan los motivos del fallo, lo cual ha de acreditar  y respaldar que la decisión no es arbitraria en derecho, sino al contrario que la argumentación jurídica en su base fáctica y jurídica es razonada y coherente en derecho, con la aclaración que una motivación del falló no implica una copia extensa de fundamentos o alegaciones reiterativas sin sustento, sino basta con que sea clara y entendible, para tenerse por cumplido este elemento del debido proceso.

Del examen minucioso de la resolución de alzada, se advierte que cumple con los parámetros esenciales para admitirse como un falló motivado, y eso radica en la claridad y precisión de sus argumentos, donde para sustentar su postura, expresó: “que de los actuados procesales, los demandados en ninguno de los mismos se atribuyen directamente la propiedad sobre el inmueble, asimismo tampoco manifiesta la existencia de un derecho real sobre el bien en cuestión. Por otro lado el actor mantiene como fundamento factico de su demanda de fs. 21 a 22, la titularidad que ostentaría los demandados sobre predios diferentes que estos confundirían con el inmueble en cuestión: (…), empero de los elementos probatorios valorados de fs. 16 a 19 cursante en fotocopia  legalizadas, se tiene que Eduarda Quispe de Cusi  (demandada), mantiene  (desde el punto de vista registral) la titularidad de un bien inmueble ubicado en Ex fundo Calacoto Alto, siendo que también la Escritura Publica No. 1225/92 la cual refiere la compra del lote de terreno en favor de la mencionada señora por el Sr. Víctor Zenón Cusi Mamani, por la superficie total de 2.800 mts.2, realizándose asimismo la Escritura No. 107/2006 sobre cambio de jurisdicción, empero (desde el punto de vista material) no se tiene determinación especifica de la ubicación del bien que refiere ”(Sic.), lo señalado a todas luces evidencia una justificación razonada del falló concluyendo que no llegó a demostrarse que se trate del mismo predio, sino que está ubicado en lugares diferentes en base a las documentales de fs. 16 a 19, entendimiento que al ser claro y preciso se tiene por cumplido el elemento de la motivación en las resoluciones judiciales.

1.2.- Que no se ha tomado en cuenta que se pueden dar casos como en el presente que tanto el demandante como el demandado tengan títulos, para ello existen instituciones jurídicas que no han sido analizadas.

Debemos partir de la idea base que la finalidad de la administración de justicia es la solución al conflicto jurídico, es bajo dicho apotegma que nuestro ordenamiento jurídico genera una orientación en derecho contenida en el art. 17.III de la LOJ, en sentido que: “ La autoridad jurisdiccional no podrá alegar falta, oscuridad, insuficiencia de la ley o desconocimiento de los derechos humanos y garantías constitucionales para justificar su vulneración.”, es decir que bajo esa función ineludible de administrar justicia no puede el Juez como intérprete de la Ley dejar de resolver el proceso en el fondo, debiendo en caso de obscuridad legal acudir a otros instrumentos o principios, es bajo ese enfoque que se asume la función compleja de la acción reivindicatoria que se hace presente ante el escenario que el sujeto pasivo no adopte una conducta pasiva de simple poseedor, sino que demuestre la existencia de un título oponible sobre el mismo predio, ante tal caso para resolver la problemática, no se dictara una sentencia de mera condena, sino que se hará un estudio de los antecedentes registrales para definir, la titularidad en otros términos el examen del proceso pasara por el análisis y confrontación bajo la figura del mejor derecho propietario, criterio que ha sido asumido por este Tribunal con la finalidad de otorgar una real y efectiva solución al problema jurídico y así evitar la multiplicidad de procesos.

En el sub lite si bien evidentemente los recurrentes alegan que la Sra. Eduarda Cusi de Quispe, tiene un derecho propietario y que los jueces de la causa no han realizado un análisis del mejor derecho, dicha afirmación carece de total respaldo probatorio, en el entendido que de la compulsa de la resoluciones de grado, ambas son contundes al determinar que no se ha podido acreditar objetivamente que los predios en discusión sean el mismo o que se encuentren sobre puestos en parte, resultando clara la fundamentación vertida en alzada, la cual ha sido transcrita líneas supra, antecedentes  que dan luces que si se ha realizado, el análisis del mejor derecho propietario para determinar que al no existir certeza que se trate del mismo bien, la acción no asume la función compleja, sino una de simple condena bajo las características que de la misma emana, en síntesis al haber acreditado el demandante la titularidad, identificación del predio y que el demandado no tenga un título sobre ese predio, la acción contenido en el art. 1453 del Código Civil, se torna viable, no siendo correcta la vulneración acusada, máxime si dentro del trámite de la causa la parte demandante no ha producido ningún elemento probatorio, asumiendo una conducta totalmente pasiva como para modificar criterio de los jueces de instancia.

2.- Que el Tribunal de Alzada no se ha pronunciado respecto al otrosí del memorial de fs. 253 a 255, donde solicitaron el diligenciamiento de prueba en segunda instancia.

Estando el reclamo vinculado a observar un defecto de orden procedimental se infiere que su intencionalidad es la nulidad procesal, para lo cual necesariamente debemos expresar que bajo el modelo constitucional imperante, es decir, el neoconstitucionalismo este instituto procesal adquiere un nuevo realce, ósea deja de ser ese elemento de protección a ultranza de formalidades, (formalismo excesivo), y se convierte un mecanismos real y efectivo de defensa de derechos y garantías precisamente ante la vulneración del debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, es bajo esa perspectiva que cada decisión a ser asumida debe ser realizado desde una óptica de juridicidad y en apego a los principios universalmente reconocidos, como ser de finalidad, convalidación, preclusión y trascendencia entre otros.

Teniendo como norte lo anotado en el sub lite, si bien de fs. 253 a 255 en el otrosí, se ha solicitado producción de prueba en alzada, sin embargo, una vez radicado el expediente en dicho tribunal los recurrentes en ningún momento solicitaron la realización de la audiencia en segunda instancia acorde a lo estipulado en el art. 264 de la Ley Nº 439, pues a partir de ese momento pudieron impetrar la producción de los elementos probatorios contenidos en el citado memorial,  no obstante no lo hicieron asumiendo una conducta pasiva como a lo largo del proceso, activándose ante tal panorama el principio de preclusión, pues no resulta loable pretender retrotraer estadios procesales superados por la aceptación tácita de las partes, tal como sucede en la litis, habiendo con ese silencio dotado de plena eficacia jurídica todo lo obrado, resultando infundada la alegación impetrada, por imperio de los citados principios.

Por los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución acorde al establecido en el art. 220.II del Código Procesal Civil

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 286 a 290 vta., interpuesto por Gregorio Quispe Cusi, Francisco Quispe Díaz, Víctor  Zenón Cusi Machaca y Eduarda Cusi de Quispe contra el Auto de Vista Nº 153/2018 de 20 de abril, cursante de fs. 279 a 281, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.