TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                     S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 181/2019

Fecha: 27 de febrero de 2019

Expediente: O-36-18-S

Partes: Nancy Quisbert Bustillos vda. de Zenteno c/ Jorge Quisbert Cuba 

Proceso: Reivindicación  

Distrito: Oruro

VISTOS: El recurso de casación de fs. 90 a 91, presentado por Jorge Quisbert Cuba impugnando el Auto de Vista Nº 98/2018 pronunciado el 05 de julio por la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro  de fs. 78 a 82, en el proceso ordinario de reivindicación seguido por Nancy Quisbert Bustillos contra el recurrente, contestación de fs. 94 y vta., Auto de concesión de 27 de julio de 2018 cursante de fs. 95 y el Auto Supremo de Admisión Nº 774/2018- RA de 16 de agosto; los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Nancy Quisbert Bustillos vda. de Zenteno interpuso demanda contra Jorge Quisbert Cuba a fs. 9 vta., por reivindicación, quien contestó a fs. 31 vta., tramitado así el proceso ordinario hasta la emisión de la sentencia Nº 64/2017 de 26 de julio  de fs. 50 a 52 vta. donde el Juez de la causa declaró PROBADA la demanda de reivindicación.
  2. Resolución que fue impugnada de apelación por Jorge Quisbert Cuba  de fs. 54 a 55 vta., mereciendo el Auto de Vista Nº 98/2018 de 5 de julio emitido por la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por el cual CONFIRMA la sentencia en base al siguiente argumento:

De la revisión minuciosa del cuaderno procesal de fs. 2 a 5 vta., en si del testimonio de Escritura Pública Nº 253/1993, cuyo contenido demuestra que la Sra. Hilda Bustillo Toro, como anterior propietaria del bien inmueble objeto de la demanda, ubicado en calle Catacora Nº 123 de esta ciudad, otorgó en venta dicho inmueble a favor de Nancy Quisberth Bustillos de Zenteno (ahora demandante) en su totalidad, es decir los 174,16 m2, que compone todo el inmueble y dicha transferencia fue registrada en la partida Nº 125 del Libro de Propiedades Capital de 1998, de manera que está probado que la actora puede reivindicar todo el inmueble y no solo una parte.

  1. Contra la citada determinación  Jorge Quisberth Cuba, por medio de su escrito de fs. 90 a 91, interpuso recurso de casación, que  es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Como padre de la demandante, cuando se divorció actuando de buena fe le transfirió el predio a la madre de la actora, pero la demandante en base a engaños indicando que realizaba los trámites para regularizar y sanear los documentos del bien, actuando de mala fe se transfirió asimismo, aspecto que solicita se tome en cuenta.
  2. Con respecto a que le hubiese dado el bien en calidad de depósito el predio, argumento que es totalmente falso, ya que desde la separación con su ex esposa siempre fue usado como molino donde trabajan sus hijos y nunca se dio en depósito.

Contestación al recurso de casación

El recurso de casación no cumple con lo determinado en el art. 271 del Código Procesal Civil, vale decir  no indica si el recurso es el fondo o en la forma, tampoco menciona cual sería la supuesta ley o norma que habría sido violada, erróneamente interpretada o aplicada, simplemente hace mención de antecedentes que en el trámite del proceso ya han sido analizados, en cuanto a que el predio es o no un molino, refiere que el día de la inspección del inmueble  el recurrente no abrió la puerta para apreciar este extremo, es en base a estos hechos la autoridad de primera instancia declaró probada la demanda, que fue confirmada en apelación.

Por lo solicita en definitiva rechazar el recurso por ser dilatoria y carente de argumentos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1  Sobre la procedencia de la reivindicación.

Sobre el tema en el AS 719/2015 L de fecha 26 de Agosto se ha orientado en sentido que: “ el texto de dicha norma establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta.”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella y está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión, es decir que la acción de reivindicación está destinada para quien haya perdido la posesión de una cosa, pueda reclamar la restitución de la misma, en razón a que tiene derecho a poseerla en contra del poseedor que no es propietario y que se encuentra en posesión de la misma, vale decir que mediante la reivindicación lo que se reclama es la posesión, para lo cual se debe demostrar el título de propiedad del bien que se pretende restituir.

Por lo tanto el hecho de que el inmueble nunca fue poseído por la actora, no conlleva la improcedencia del mismo, ya que como se dijo supra la doctrina orienta que tres son los supuestos para la acción reivindicatoria: a) que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; b) que esté privado o destituido de ésta; c) que la cosa se halle plenamente identificada; supuestos que fueron cumplidos por la demandante, en razón que para la estimación de su pretensión presentó su derecho propietario debidamente registrado del inmueble, a su vez se probó que, como corroboran tanto la Sentencia como el Auto de Vista, estar privada de su propiedad, misma que está plenamente identificada; elementos que evidencian la consistencia de la pretensión reivindicatoria.        
La acción reivindicatoria debe otorgarse a aquel propietario que no ostenta posesión de su propiedad y pide restituírsele de aquel que ejerce la posesión, aunque no haya tenido la posesión corporal del inmueble, es por ello que el Estado mediante sus órganos jurisdiccionales deben resguardar el derecho de propiedad que es garantizada conforme señala el art. 56 de la Constitución Política del Estado, y en ese marco mientras aquel título de propiedad se encuentre vigente tiene la eficacia requerida para instaurar la acción real de reivindicación.

El derecho de propiedad encierra también el derecho a poseer la cosa, la que emerge de la titularidad que se tiene, por lo tanto el hecho de que el lote de terreno no fuera poseído por la hoy demandante, no conlleva la improcedencia de la acción de reivindicación, que en el caso en cuestión no existe mala interpretación del art. 1453 del Código Civil, pues del análisis de esta norma se entiende, que entre las acciones de defensa de la propiedad, está la acción reivindicatoria, la cual se encuentra bajo la previsión de que la misma se reserva al propietario que ha perdido la posesión de una cosa, siendo el primer requisito para la procedencia de la referida acción, la existencia de un derecho de propiedad sobre la cosa cuya reivindicación se demanda, esto tiene estrecha vinculación a lo determinado por el art. 105 del Código Civil como el poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, derecho de dominio que confiere a su titular la posesión civil o “jus possidendi” y la natural o corporal o “jus possesionem”, esta última puede ser ejercida o no por el propietario, estando así justificado el razonamiento de la procedencia de la acción de reivindicación en el caso presente.”

III.2 De la verificación de nulidad.

El art. 546 del Código Civil refiere: “La nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente”  la norma citada establece como regla general que la nulidad de un contrato conforme a nuestro ordenamiento Jurídico Civil, debe ser declarada mediante resolución judicial,  dentro de un contradictorio donde se establezcan las viabilidad de las causales de nulidad invocadas, puesto que por regla general todo contrato tiene fuerza de ley entre partes, por ese motivo  no puede ser considerado nulo de hecho (ipso facto), sino debe existir una resolución judicial ejecutoriada que deje sin efecto el negocio jurídico, en el mismo sentido Gonzalo Castellanos Trigo en su obra, Nulidad, Anulabilidad, Prescripción y Caducidad pág. 78 señala: “Mientras no exista una resolución judicial debidamente ejecutoriada que declare expresamente la nulidad o anulabilidad de un negocio jurídico, no podemos afirmar que tales contratos son inhábiles; por lo tanto la nulidad y la anulabilidad de un contrato deben  ser pronunciadas judicialmente por un órgano jurisdiccional competente.

Toda anulación o anulabilidad de un contrato debe ser declarada judicialmente; vale decir, dentro de un proceso contradictorio “…” empero, siempre debe existir resolución judicial que declara la invalidez del contrato”.

A mayor abundamiento podemos citar AS 953/2015  L de fecha 14 de Octubre que refrendado lo expresado señala: “La nulidad del contrato o un acto jurídico necesariamente debe ser declarada a través de una resolución judicial, pues el supuesto acto o contrato anulable produce todos sus efectos mientras no se lo impugne y se declare su nulidad o anulabilidad precisamente por esto, cuando prospera la acción el contrato desaparece con efectos retroactivos (Art. 546 del C.C., sobre la verificación judicial de la nulidad y anulabilidad), pues la Sentencia que dispone la nulidad o anulabilidad de un contrato tiene un efecto retroactivo, ya que se retrotraen al nacimiento del mismo acto jurídico y lo hacen desaparecer quedando todo como era hasta antes de la celebración del contrato. Sin embargo en el caso de la anulabilidad existe la salvedad en cuanto a los efectos de esta acción respecto a terceros (Art. 559 del C.C.), puesto que esta no afecta los derechos adquiridos por terceros de buena fe como se expuso supra”. 

Bajo la misma óptica este Tribunal ya emitió criterio en el AS 723/2018 de 27 de julio donde refirió en sentido que: “ esta vía es la más apropiada porque si bien teóricamente está claro que un contrato contrario a la ley, las buenas costumbres y el orden público es ineficaz por  imperio de la ley, en la práctica dicho documento es parte de las relaciones jurídicas, lo que generara conflicto entre particulares y el Estado, donde el uno le otorgara todo el valor  y el otro le restara valor  invocando la nulidad de pleno derecho, discusión que probablemente se extienda en el tiempo y el documento potencialmente defectuoso continuara latente, lo que es contrario a la paz social, de ahí que se optó por la necesidad  de la declaración judicial para destruirlo y expulsarlo del comercio humano.          

Para concluir este punto, es oportuno también indicar que la nulidad para ser declarada judicialmente, requiere ser presentada mediante acción o excepción expresa, para que el oponente pueda repeler la misma, mediante mecanismos de defensa como la falta de legitimación,  cuando la petición de nulidad de contrato es activada por un tercero a la relación contractual.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1.- Alega como padre de la demandante, que cuando se divorció actuando de buena fe  le transfirió el predio a la madre de la actora para que fuera usado por ella y sus hermanos, pero Nancy Quisbert Bustillos en base a engaños indicando que hacia los trámites para regularizar y sanear los documentos del bien objeto de litis, actuando de mala fe se transfirió asimismo, aspecto solicita se tome en cuenta.

Se infiere que el recurrente observa la validez del documento de transferencia de fs. 2 a 4 y la certificación de fs. 5, documentales que acreditan la titularidad de la demandante, en el entendido que la actora las hubiera obtenido con engaños, al respecto es imperativo traer a colación el entendimiento asumido en el punto III.2 de la doctrina donde este Tribunal a través de diversos fallos ha estipulado que conforme manda el art. 546 del Código Civil, la invalidez de los actos jurídicos deben ser declarados expresamente a través de resolución ejecutoriada, pues mientras no exista esa determinación lo acordado en el contrato se torna eficaz y vinculante a las partes contratantes, en apego a los principios de pacta sunt servanda y el buena fe que son los pilares esenciales de toda obligación, entonces en base a dichos principios que generar seguridad jurídica a todo negocio jurídico, es que la nulidad o invalidez del acto no se presume, sino que debe ser declarada a través de un contradictorio donde se llegue a evidenciar la ausencia de los requisitos de formación del contrato.

En el sub lite, lo que el recurrente pretende es que los suscritos generen un criterio o presuman la invalidez del documento de transferencia de fs. 2 a 5; que acredita el derecho propietario de la demandante, sin que exista una resolución judicial ejecutoriada que determine aquel extremo, situación o tesis que resulta contraria a todo el entendimiento vertido supra y por  expresa determinación del art. 546 del sustantivo Civil que a la letra reza: ““La nulidad y la anulabilidad de un contrato deben ser pronunciadas judicialmente”, no obstante el recurrente expedita la vía llamada por ley para pretender si fuera viable la nulidad pretendida, deviniendo en infundado su reclamo.

2.- Con respecto a que le hubiese dado el bien en calidad de depósito expresa que es un argumento totalmente falso, ya que desde la separación con su ex esposa siempre fue usado como molino donde trabajan sus hijos y nunca se dio en depósito.

Antes de ingresar al análisis del caso en  concreto, es primordial reiterar el entendimiento vertido en el punto III.1 de la doctrina aplicable en sentido que la reivindicación es una acción de defensa de la propiedad que se halla reservada para el "propietario que ha perdido la posesión de una cosa" y que el derecho propietario, por su naturaleza, conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, por lo que no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, es por eso que para su viabilidad se requieren la presencia de tres presupuestos como ser:  1) Que el actor cuente con derecho propietario de la cosa a reivindicar; 2) Que esté privado o destituido de ésta; 3) Que la cosa se halle plenamente identificada; en consecuencia corresponde analizar si concurren los citados requisitos.

En cuanto a que el demandante sea propietaria, del examen de los medios probatorios contenidos en las literales de fs. 2 a 6 claramente se establece la titularidad de la demandante, consistente en el testimonio Nº 253/1993 en el mismo sentido la matrícula de derechos Reales (ver fs. 6) acreditan que la demandante es la propietaria del predio ubicado en la calle Catacora entre Santa Bárbara Nº 123 con una superficie de 176.40 m2, documentales que poseen todo el valor probatorio contemplado en el art. 1289 y 1330 ambos del Código Civil, que evidencian la existencia del primer requisito. En cuanto al segundo presupuesto estar privado del bien, no merece mucho análisis en el entendido que el demandado afirma ese tópico, señalando que desde antes de la venta lo viene ocupando, sin tener ningún título que respalde la posesión ejercida. Y por último sobre la identificación y precisión, en la audiencia de inspección judicial el Juez de la causa ha tomado certeza y precisión del bien no existiendo controversia en este punto, máxime si no es reclamado por ninguna de las partes, entonces al estar presentes todos presupuestos exigidos por la jurisprudencia y doctrina es viable la acción reivindicatoria, resultando intrascendente si la posesión es ejercida con anterioridad a la adquisición del propietario y de la misma manera carece de relevancia que el predio fuese usado o no  como molino. 

Por todos los fundamentos expuestos corresponde emitir resolución acorde a lo establecido en el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el  art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO  recurso de casación de fs. 90 a 91, presentado por Jorge Quisbert Cuba, impugnando el Auto de Vista Nº 98/2018 pronunciado el 05 de julio por la Sala Civil, Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Con costas y costos.

Se regula el honorario profesional en la suma de Bs. 1.000 al abogado que contesto el recurso

Regístrese, comuníquese y cúmplase.