TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                 S A L A C I V I L 



Auto Supremo: 179/2019

Fecha: 27 de febrero de 2019

Expediente:        T-29-18-S

Partes: Rubert Churata Colque y Nancy Willma Churata Colque c/ Gerardino Girón y Liliana Girón Aldana.

Proceso: Reivindicación.

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 454 a 461, interpuesto por Rubert Churata Colque y Nancy Willma Churata Colque, contra el Auto de Vista SC1ª-AV-Nº 24/2018 de fecha 14 de marzo, pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia, de Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, cursante de fs. 442 a 450, en el proceso ordinario de reivindicación, seguido por los recurrentes contra Gerardino Girón y Liliana Girón Aldana, la contestación al recurso de casación que cursa de fs. 463 a 464, el Auto de Concesión del recurso SC1ª-AI N° 39/2018 de 4 de julio cursante de fs. 484 vta. a 485; el Auto Supremo de Admisión del Recurso de Casación Nº 655/2018-RA de fecha 23 de julio cursante de fs. 492 a 493 vta., los antecedentes del proceso; y

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Rubert Churata Colque y Nancy Willma Churata Colque por memorial de demanda que cursa de fs. 19 a 21 vta., subsanada por memorial de fs. 24, iniciaron proceso sumario de reivindicación, acción que fue interpuesta contra Gerardino Girón y Liliana Girón Aldana, quienes una vez citados, con memorial que cursa de fs. 38 y vta., Gerardino Girón contestó negativamente a la misma, y en el caso de Liliana Girón Aldana, al haber sido citada mediante edictos de prensa y no haberse apersonado al proceso, se le designó Defensor de Oficio quien contestó a la demanda por memorial que cursa a fs. 74.

Bajo esos antecedentes y tramitada la causa, el Juez Tercero de Instrucción en lo Civil de la ciudad de Tarija, mediante Sentencia de fecha 18 de agosto de 2015, cursante de fs. 383 a 385, declaró IMPROBADA la demanda principal de reivindicación.

  1. Resolución puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Rubert Churata Colque y Nancy Willma Churata Colque, mediante memorial de fs. 387 a 403, interpusieran recurso de apelación.
  2. En mérito a esos antecedentes la Sala Primera Civil, Comercial, de Familia,  de la Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija pronunció el Auto de Vista SC1ª-AV-Nº 24/2018 de fecha 14 de marzo que cursa de fs. 442 a 449 vta., donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que de la revisión de obrados se advertiría que el decreto de fs. 90 vta., que resolvió la solicitud de suspensión de la audiencia testifical de descargo, evidentemente no le fue notificado al demandado Gerardino Girón, pues solo habría sido puesta en conocimiento de los demandantes y no así de la parte demandada, extremo que no podría concebirse bajo ningún motivo, ya que el juez como director del proceso debió cuidar que en la tramitación de la causa se cumplan con todas las garantías del proceso de forma imparcial, además de ejercitar las potestades y deberes para encausar adecuadamente el proceso y la averiguación de la verdad de los hechos y derechos invocados, máxime cuando el hecho de que el demandado no haya adjuntado pase profesional a su solicitud de fs. 90, al margen de no haber sido reclamado de forma oportuna por los apelantes, este extremo habría sido subsanado conforme se advierte a fs. 260. Así mismo, señalaron que si bien es evidente que en la resolución de fs. 90 vta., el juez A quo, habría indicado que no se produjo prueba y por dicha razón ordenó la recepción de la prueba testifical, empero, consideran que ese extremo no significaría que no se haya considerado u otorgado el valor que corresponde a las documentales de fs. 1 a 18, más aún cuando la valoración de la prueba se habría realizado en sentencia y no al momento de admitir la prueba.

En lo que respecta a los agravios expuestos contra la sentencia de primera instancia, los vocales que conforman el Tribunal de Alzada arguyeron que si bien es cierto que las documentales que acompañó Gerardino Girón a su memorial de contestación a la demanda se tratan de fotocopias simples, empero como estas no habrían sido expresamente objetadas ni acusadas de falsas dentro de tercer día, es decir oportunamente y sólo habrían sido acusadas de ser fotocopias simples y carecerían de valor, es que el juez de la causa se encontraba facultado para valorar las mismas a momento de emitir el fallo. De igual manera, señalaron que la documentación de fs. 31 a 32 vta., evidenciarían que los recurrentes transfirieron el bien inmueble objeto de litis a Pascual Sanguino y Eugenia Zenteno Días de Sanguino y estos a su vez, mediante documento de compra venta que cursa de fs. 33 a 34 vta., transfirieron en favor de los ahora demandados; los cuales al no haber sido refutados ni desconocidos por los demandantes, conforme lo dispone el art. 1311.II del Código Civil, correspondía su valoración por el juez de primera instancia, toda vez que dicha prueba demostraría que el lote de terreno objeto de las citadas transferencias sería el mismo de la litis. Respecto a la valoración probatoria refirieron que esta debe ceñirse a la sana crítica y el prudente criterio y debe estar dirigida a encontrar la verdad material, en ese entendido concluyeron que en primera instancia se habría realizado una correcta valoración de todos los medios probatorios, incluida la prueba cursante de fs. 31 a 34vta., que permitió crear convicción para pronunciar el fallo, especificando de manera clara los hechos que se demostraron con cada una de ellas. Finalmente, con relación a lo establecido en el art. 1453 del Código Civil, señalaron que los demandantes no habrían tomado en cuenta que a pesar de contar con la documental consistente en Testimonios Nº 640/98 de fecha 30 de septiembre de 1998, Nº 01671/2002 de fecha 29 de noviembre, Nº 642/98 de 30 de septiembre de 1998 y el Folio Real cursante de fs. 9 a 11, también cursaría en obrados prueba documental de fs. 31 a 34vta., que demostraría que los demandantes transfirieron su derecho propietario sobre el terreno objeto del proceso en favor de los Sres. Pascual Sanguino y Eugenia Zenteno Días de Sanguino, y éstos a la vez a los demandados, documentos que conforme a lo establecido en el art. 519 del Código Civil, tendrían fuerza de ley entre las partes contratantes no pudiendo ser resuelto sino por consentimiento mutuo o por las causales señaladas por ley; por lo tanto, el hecho de que los demandantes no hayan acreditado su posesión material en la cosa, carecería de relevancia, porque desde el momento que vendieron el bien inmueble habrían dejado de ser propietarios, correspondiéndoles más bien hacer adquirir al comprador la propiedad de la cosa o el derecho conforme lo dispone el art. 614 del Código Civil.

En virtud a dichas consideraciones, el citado Tribunal de alzada, CONFIRMÓ totalmente la sentencia apelada, con costas y costos a la parte apelante.

  1. Fallo de segunda instancia puesto en conocimiento de ambos sujetos procesales, ameritó que Rubert Churata Colque y Nancy Willma Churata Colque, interpusieran recurso de casación, el cual se pasa a analizar:



CONSIDERANDO II:


DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.


  1. Acusa que el Tribunal de segunda instancia habría omitido pronunciarse sobre la queja consistente en que las fotocopias simples no debieron ser consideradas en sentencia porque no habrían sido admitidas al momento de proveer la contestación a la demanda, por lo que estaría demostrada la violación del art. 265.I del Código Procesal Civil.

En ese mismo sentido, denuncia que los vocales de segunda instancia tampoco habrían resuelto el agravio acusado en apelación, referido a que el juez de la causa habría pasado directamente a valorar la prueba de contrario que cursa de fs. 31 a 34 vta., sin asignarle el valor legal que la ley establece, pues no habrían indicado cual sería el valor legal que le dieron a dichas documentales.

  1. Denuncian que la prueba que cursa de fs. 31 a 34vta., nunca fue admitida y por consecuencia lógica, no se habría corrido traslado de las pruebas presentadas en fotocopia simple, como tampoco se habría dado curso a la protesta de la parte contraria de presentar posteriormente los originales.
  2. Arguyen que el Auto de Vista no contendría una verdadera fundamentación en cuanto se referiría a dar respuesta a los agravios señalados en el recurso de apelación, pues estos habrían merecido una respuesta global, general e inadecuada sin ampararse en norma legal alguna.
  3. Observan que no sería evidente que desconocieron las copias simples de fs. 31 a 34vta., ya que habrían indicado que estas carecerían de valor probatorio y por ende serían nulas; de esta manera denuncian que el art. 382 del Código de Procedimiento Civil no sería aplicable al presente caso, en razón a que este habría sido tramitado como proceso sumario, donde no existiría la posibilidad de que se objete la prueba por el simple hecho de que no existiría el plazo de 5 días para ofrecer prueba.
  4. Aducen que el segundo agravio que expusieron contra la sentencia habría merecido una respuesta escueta, por el hecho de que el Auto Supremo Nº 92/2015 en el cual se sustentaron los jueces de instancia no sería análogo al presente caso, toda vez que en el proceso que resolvió dicha resolución, si habría existido la transferencia de los demandantes hacia los demandados, mediante documento debidamente reconocido presentado en originales como también habría existido confesión por parte de la demandante reconociendo la venta; en cambio, en el caso de Auto, los recurrentes jamás habrían vendido el inmueble a Pascual Sanguino Rueda ni a su esposa Eugenia Zenteno Días de Sanguino, porque éstas personas habrían adquirido de Simón Churata y posteriormente habrían transferido a los demandados.
  5. Denuncian que no sería evidente si no se cita jurisprudencia tanto en la sentencia como en el Auto de Vista, estas serían nulas, ya que puede darse el caso de no existir casos análogos.
  6. Refieren que en aplicación del art. 1311 del Código Civil de forma contunde habrían desconocido las pruebas cursantes de fs. 31 a 34vta., por no haber sido adjuntadas en la forma que la ley manda, es decir por no ser originales o no estar debidamente legalizadas.
  7. Finalmente, acusan la violación del art. 1286 del Código Civil, porque el Tribunal de Alzada habría referido que las pruebas documentales de fs. 31 a 34vta., fueron valoradas de acuerdo al valor que le otorga la ley, cuando en realidad debieron ser valoradas de acuerdo a la tasa legal.

Por lo expuesto solicitan se emita Auto Supremo anulando el Auto de Vista recurrido disponiendo que el Tribunal de Alzada resuelva de manera fundamentada y exhaustiva todos los agravios acusados en apelación; alternativamente solicitan se case la resolución recurrida y deliberando en el fondo se declarare probada la demanda principal de reivindicación.

De la respuesta al recurso de casación.

Gerardino Girón por memorial que cursa de fs. 463 a 464 contesta al recurso de casación de los demandantes bajo los siguientes fundamentos:

  1. Que el Auto de Vista objeto de casación, fue dictado conforme a ley, valorando correctamente las pruebas producidas dentro del proceso sin existir agravios a las partes.
  2. Que el juez de la causa habría pronunciado sentencia realizando una valoración minuciosa y correcta de las pruebas aportadas no solo por la parte actora, sino también las que presentó el codemandado, que habría demostrado que los demandantes habrían transferido el lote de terreno objeto del proceso mediante EE.PP Nº 455/2000 a los señores Pascual Sanguino y Eugenia Zenteno Días de Sanguino, quienes habrían transferido el inmueble a los codemandados  tal como consta por la documental cursante de fs. 33 a 34vta., la cual habría sido valorada de acuerdo a lo dispuesto por el art. 1311 del Sustantivo Civil.
  3. Que su hija y su persona serían los propietarios actuales del bien inmueble que por las pruebas de fs. 35 a 37 estaría plenamente identificada, y por la inspección judicial se habría constatado que se encuentran en posesión por más de 14 años.
  4. Observan que la parte actora no habría cumplido con los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, puesto que no habrían demostrado que se encontraban en posesión del inmueble y por ende tampoco habrían acreditado que sufrieron despojo.
  5. Aduce que el juez de la causa habría dictado una sentencia justa de manera legal, conforme a la sana crítica, prudente y arbitrario, tal como lo establecerían los arts. 397, 476 y 477 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el art. 1320 del Sustantivo de la materia.

Bajo esas consideraciones solicita que el recurso de casación presentado por la parte demandante sea declarado infundado, máxime cuando las documentales a las cuales se refiere en su impugnación habrían sido valoradas de acuerdo a lo establecido en el art. 1311 del Código Civil.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse corresponde desarrollar la doctrina que será aplicada en la solución del conflicto.

III.1. De la Incongruencia Omisiva.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa: es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En ese entendido, el tribunal de casación a momento de realizar el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma, como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que en la SCP Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del CPC. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el Tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

En esa lógica, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos  ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y segundo la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. (Autos Supremos N° 651/2014, 254/2016).

Asimismo la jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de congruencia en la SC Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…", razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

Finalmente, el Auto Supremo Nº 254/2014 ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.2. Respecto a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

En la Sentencia Constitucional N° 0012/2006-R de 4 de enero, respecto a la motivación de las resoluciones se ha razonado que: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”. (Las negrillas son nuestras).

De igual manera la SC N° 2023/2010-R de 9 de noviembre estableció que: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…”, criterio reiterada por la SC N° 1054/2011-R de 1 de julio”.

Por otra parte, en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. (El resaltado es nuestro)

En la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0075/2016-S3 de 8 de enero sobre la fundamentación y motivación de una resolución se ha concretado: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omite la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

III.3. Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda.

Para referirnos a este punto, previamente se debe tener presente que el art. 270.I del Código Procesal Civil expresa: “I. El recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados en procesos ordinarios y en los casos expresamente señalados por Ley.”; así también, el art 271.III del mismo compilado legal, dispone: “En cuanto a las normas procesales, solo constituirá causal la infracción o la errónea aplicación de aquellas que fueren esenciales para la garantía del debido proceso y reclamadas oportunamente ante juezas, jueces o tribunales inferiores.”; concordante con estas disposiciones, y entiendo que los reclamos de forma tienen por finalidad anular obrados, el art. 17.III de la Ley N° 025, normativa que rige dicho instituto procesal, también dispone lo siguiente: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”.

De esta manera siempre y cuando se trate de subsanar cuestiones formales en las resoluciones judiciales como los referidos a errores en la estructura de la resolución u omisiones considerativas que pudieran existir en la misma, conforme a las normas citadas supra, estas procederán cuando son reclamadas oportunamente, pues lo contrario conforme a los principios que rigen las nulidades procesales, implicará la convalidación de dicha irregularidad y por ende la preclusión del derecho a reclamar en etapas posteriores.

Consiguientemente, cuando se alegue incongruencia omisiva en la resolución impugnada, como es la falta de pronunciamiento de algún reclamo acusado en apelación, corresponde al afectado previamente hacer uso del recurso de casación, aplicar la facultad establecida en el art.  226.III del Código Procesal Civil, precepto normativo procesal que de manera clara señala con esta facultad: “…las partes podrán solicitar la aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se habría incurrido en sentencia, auto de vista o auto supremo”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los tribunales o jueces de instancia, caso contrario, como ya se señaló supra, en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad, conforme determinan las normas citadas ut supra.

Este entendimiento, ya fue asumido por este Supremo Tribunal en diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 donde se señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17.III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial.”.

III.4. Sobre la acción reivindicatoria.

El art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación - al ser una acción real - tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la posesión que emerge de ella y, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para ello. En ese entendido y toda vez lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, ya el autor Arturo Alessandri R. (Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257) señaló que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; en base a lo expuesto, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: 1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado.

Concordante con lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 582/2014 de fecha 10 de octubre de 2014, razonó lo siguiente: “Dicho instituto, establecido en base al art. 1453 del Código Civil, requiere como uno de sus presupuestos el de acreditar el derecho de propiedad, y ese derecho de propiedad debe ser identificado con precisión, pues debe notarse que con la misma se podrá debatir no solo la reivindicación del bien, sino también otras acciones reales como el mejor derecho de propiedad que en la litis fue demandado, esa es la razón por la que se exige que el propietario debe acreditar su derecho propietario, que se encuentra previsto por la Ley de 10 de noviembre de 1887 (Inscripción de Derechos Reales), cuyo art. 6 señala lo siguiente: “Todo título que haya de inscribirse, designará con claridad el nombre, apellido, edad, estado, profesión y domicilio de las partes, con expresión de su capacidad o del de su administrador o representante legal. Designará, además, los bienes sujetos a la inscripción, por su naturaleza, situación, número si lo tuvieren, nombre cuando sea posible, límites, y por todas las demás circunstancias que sirvan para hacerlos conocer clara y distintamente. Los planos topográficos aprobados legalmente se depositarán originales en la oficina…” (el subrayado y negrillas nos corresponde), esto quiere decir que para la identificación de un derecho de propiedad debía efectuarse la identificación con los datos de precisión de medición e identificación (frente, fondo, contrafrente, contrafondo y codos) para que de esta manera el bien pudiera ser identificado y con ello demostrar de su precisión, en cuanto a superficie, áreas y colindancias, y en la actualidad con ayuda de coordenadas georeferenciadas, impresas en el título de propiedad y su registro pertinente en la oficina de Derechos Reales, consiguientemente este es uno de los presupuestos para viabilizar tanto la acción reivindicatoria como el mejor derecho de propiedad establecido en los arts. 1453 y 1545 del Código Civil.”, de lo expuesto se concluye que el derecho de propiedad se acredita con el título de adquisición y su correspondiente registro en Derechos Reales, razón por la cual dicho título debe contener necesariamente la precisión de los datos para su ubicación, pues con ella se podrá debatir ya sea un mejor derecho de propiedad o como en el caso de autos la reivindicación.

De igual forma, y haciendo hincapié en el primer requisito referido al derecho de dominio la parte que pretende reivindicar la cosa debe demostrar, resulta pertinente referirnos a lo establecido en el Auto Supremo Nº 307/2014 de fecha 24 de junio, que señala de manera textual lo siguiente: “Consiguientemente, el Testimonio Nº 649/2010, acredita título de propiedad de conformidad a las previsiones contenidas en el art. 105 del Código Civil, que considera a la propiedad como un poder jurídico que permite a su titular usar, gozar y disponer del mismo; y en esas condiciones y circunstancias, el mencionado título es oponible ante cualquier persona que pretenda reivindicar el mencionado bien inmueble. De otro lado, conforme a la regla general que establece el art. 1538 del Código Civil, ningún derecho real sobre inmuebles surte efectos contra terceros sino desde el momento en que se hace público a través de la inscripción del título en el registro de Derechos Reales. Por su parte, el art.1538.III de la mencionada disposición legal, señala: “Los actos por los que se constituyen, transmiten, modifican o limitan los Derechos Reales sobre bienes inmuebles, y en los cuales no se hubiese llenado las formalidades de inscripción, surten sus efectos solo entre las partes contratantes, con arreglo a las leyes sin perjudicar a terceros interesados”. De la revisión del Testimonio Nº 649/2010 de 03 de mayo de 2010, se puede observar que efectivamente no lleva la constancia de registro de Derechos Reales, no obstante, de ello, en virtud al art. 1297 del Código Civil, el precitado documento tiene la misma eficacia de documento público entre los otorgantes y sus herederos y causahabientes respecto a lo que contiene en el mismo, consecuentemente, la ausencia de registro de la propiedad en Derechos Reales no es impedimento para que dicha venta no pueda surtir efectos entre las partes contratantes, toda vez que la ley expresamente ha previsto que el registro de la propiedad es oponible ante terceros interesados, es decir, la publicidad de los derechos reales está establecido para terceros y no para las partes contratantes, lo que quiere decir, según el art. 1538.III del Código Civil, que las partes contratantes (o sus herederos y/o causahabientes según el art. 524 del Código Civil) que hayan celebrado un acto jurídico por el que hayan constituido, transmitido, modificado o limitado el derecho real de un determinado bien inmueble y no hayan cumplido con esa formalidad del registro, no significa que no tenga validez alguna dicho acto jurídico ya que por ley, entre partes continua surtiendo efectos.”

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En virtud a la doctrina desarrollada supra, corresponde a continuación dar respuesta a los agravios expuestos en el recurso de casación de la parte actora, que por cuestiones de orden se consideran previamente aquellas que atingen a la forma, pues en el caso de que estas sean evidentes, ameritará que se pronuncie una resolución de carácter anulatorio, caso en el cual ya no será necesario considerar los reclamos de fondo.

1. Como primer reclamo, los recurrentes denuncian que el Tribunal de Alzada habría omitido referirse sobre ciertos extremos que fueron denunciados en su recurso de apelación, como el hecho de las fotocopias simples que cursan de fs. 31 a 34 vta., al no haber sido debidamente admitidas por el juez de la causa, no debieron ser consideradas en la emisión de la sentencia, al margen de que no se habría indicado cual el valor legal de las mismas.

Del análisis de los extremos acusados en este punto, se advierte que los mismos están orientados a acusar un vicio de forma como es la incongruencia omisiva, extremo que al atingir a la estructura formal de la resolución este Tribunal Supremo de Justicia se encuentra limitado a constatar si la transgresión acusada resulta o no evidente, tal como ya se explicó en el punto III.1. de la doctrina aplicable al caso de Autos.

En ese entendido, del examen de los fundamentos que sustentan el Auto de Vista recurrido consignado como SC1ª-AV-Nº 24/2018 de fecha 14 de marzo que cursa de fs. 442 a 449 vta., se observa que en el numeral 1 del “análisis del recurso de apelación suspensiva interpuesta de fs. 387-403”, inmerso en el acápite IV de dicha resolución, los jueces de Alzada, contrariamente a la omisión acusada por los recurrentes, si se refirieron y por ende consideraron el reclamo concerniente a la valoración probatoria de las documentales que cursan de fs. 31 a 34 vta., pues arguyeron que estas habrían sido valoradas en sentencia en virtud a la facultad de valoración de la prueba conferida a los jueces, que se encuentra inmersa en el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, y porque estas literales no habrían sido objetadas ni acusadas de falsas. Consiguientemente, se concluye que la vulneración del principio de congruencia, no resulta evidente, pues el Tribunal de Segunda instancia, conforme a lo establecido en el art. 265.I del Código Procesal Civil, si se circunscribió a los puntos resueltos por el inferior Juez A quo- y que fueron objeto de apelación, por lo que el presente reclamo deviene en infundado.

Al margen de lo ya expuesto, corresponde aclarar una vez más a la parte recurrente, que ante la denuncia de incongruencia omisiva, la competencia de este Tribunal de casación se ve limitado a establecer si hubo o no respuesta a los reclamos expuestos en apelación, lo que no implica que se comparta el razonamiento de fondo o la decisión asumida en segunda instancia, pues dicho aspecto se considerará ante la denuncia de reclamos que atinjan al fondo de la controversia y no a aspectos como el acusado en este punto que es estrictamente formal.

2. Como otro reclamo de forma, corresponde referirnos a la falta de fundamentación en el Auto de Vista, pues los recurrentes consideran que los agravios denunciados en su recurso de apelación habrían merecido una respuesta general.

Previamente a verificar si lo acusado resulta o no evidente, es pertinente señalar si bien los justiciables tienen derecho a conocer las razones en las cuales se funda la decisión del Órgano Jurisdiccional, sin embargo, este derecho no implica que las resoluciones sean ampulosas o contengan abundantes citas legales o argumentos reiterativos; al contrario, para que una resolución contenga una debida motivación y fundamentación, solo basta que esta sea clara, precisa y satisfaga todos los puntos reclamados, como ya se explicó en el punto III.2. de la presente resolución.

Bajo esa premisa en el caso de Autos se tiene que en el Auto de Vista objeto de casación, los jueces que conforman el Tribunal Ad quem, después de identificar los agravios que fueron denunciados en el recurso de apelación de fs. 108 a 113 que fue concedido en el efecto diferido, como aquellos que fueron denunciados en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que cursa de fs. 387 a 403 el cual fue concedido en el efecto suspensivo; ya en el acápite IV de la citada resolución subtitulada como “Análisis de los agravios del recurso con relación a la normativa legal y la jurisprudencia aplicable al caso”, a los cuales nos remitimos, de manera por demás ordenada, apoyándose en normas sustantivas, adjetivas y en jurisprudencia ordinaria y constitucional, procedieron a dar respuesta a todos los extremos apelados, explicando de manera clara y precisa las razones por las cuales decidieron confirmar el Auto y la sentencia llevados a dicha instancia; por lo que se infiere que la falta de fundamentación en el Auto de Vista de fs. 442 a 449 vta., no resulta evidente, como tampoco resulta cierto que el Tribunal de Alzada haya otorgado una respuesta general o global, ya que en el acápite citado supra (IV), se dio respuesta a cada agravio de forma específica, no otra cosa significa que dentro de dicho apartado exista dos fragmentos compuestos por varios numerales, en los cuales se consideró los agravios denunciados en cada recurso de apelación.

Sin embargo¸ si los recurrentes consideraban que los fundamentos expuestos en el Auto de Vista eran insuficientes o que se habría omitido considerar algún reclamo acusado en apelación, éstos conforme a lo expuesto en el punto III.3., con la finalidad de enmendar estas supuestas irregularidades procesales, dentro del plazo establecido, pudieron solicitar la aclaración, complementación o enmienda, tal como lo estipula el art. 226.III del Código Procesal Civil, pues lo contrario implica la convalidación de dichos extremos.

En virtud a estas consideraciones se infiere que los reclamos acusados en la forma al no resultar evidentes, no corresponde dar curso al petitorio de nulidad del Auto de Vista.

Continuando con los agravios denunciados en casación, corresponde a continuación referirnos a aquellos que están orientados al fondo de la problemática.

1. De la lectura de los reclamos acusados en los numerales 2, 4, 7 y 8, se puede advertir que éstos de manera uniforme están orientados a cuestionar el valor probatorio que se otorgó a las documentales que cursan de fs. 31 a 34 vta., cuando éstas al haber sido presentadas en fotocopias simples, carecerían de valor probatorio, máxime cuando estas conforme a lo establecido en el art. 1311 del Sustantivo Civil, habrían sido debidamente objetadas por los recurrentes.

En virtud a lo acusado corresponde a continuación realizar las siguientes precisiones:

En virtud a estas consideraciones, corresponde a continuación analizar la norma en la cual se sustentaron los jueces de instancia para ingresar a valorar las documentales de fs. 31 a 34 vta., en ese contexto, se tiene que si bien el art. 1311 del Sustantivo Civil, señala que las copias fotográficas u otras obtenidas por medios técnicos para la reproducción directa de documentos originales, tienen la misma fe probatoria que estas; empero la misma norma, estipula para que estas gocen de esa calidad, deben concurrir necesariamente dos requisitos: 1) Que sean nítidas, y 2) Que sean copias auténticas y completas del original, debiendo ser este último requisito acreditado por funcionario público autorizado. Asimismo, la citada norma, en caso de que no concurra ninguno de los presupuestos citados supra, consideró que, si la parte contra quien se opone dichas copias, no las desconoce expresamente, éstas también hacen plena fe probatoria.

Consiguientemente se colige que si la parte que pueda verse perjudicada con la presentación de ciertos medios probatorios en calidad de copias simples, no las desconoce expresamente en el momento procesal oportuno, es decir inmediatamente después de que estas sean puestas en su conocimiento, los jueces de instancia recién podrán darles la calidad y valor probatorio de originales. Ahora bien, sobre el “desconocimiento expreso” resulta pertinente hacer hincapié, que la norma objeto de análisis, en ningún momento exige que la manifestación de la disconformidad esté orientada al fondo o a la forma; siendo esta interpretación un exceso en el cual incurrieron los jueces de ambas instancias, correspondiendo en ese sentido enmendar dicho extremo, ya que por memorial que cursa de fs. 46 a 47, los demandantes Rubert Churata Colque y Nancy Willma Churata Colque, contrariamente a lo señalado en la sentencia y en el Auto de Vista, de manera expresa desconocieron el valor probatorio de las documentales cursantes de fs. 31 a 34vta., por tratarse de fotocopias simples, por lo tanto estas pruebas no debieron ser admitidas y menos valoradas para crear convicción en los jueces de primera y segunda instancia.

2. Ahora bien, sobre el hecho de que el Auto Supremo Nº 92/2015 no sería análogo al presente caso y en consecuencia no debió servir de sustento a los jueces de instancia, ya que en el caso de Autos los recurrentes jamás habrían vendido el inmueble a Pascual Sanguino Rueda ni a su esposa Eugenia Zenteno Días de Sanguino, porque éstas personas habrían adquirido de Simón Churata y posteriormente habrían transferido a los demandantes.

Sobre lo acusado en este punto, y con la finalidad de dar una respuesta debidamente motivada y fundamentada, debemos señalar que conforme lo establece el art. 450 del Código Civil, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre si una relación jurídica, por lo que el contrato se constituye en el medio por el que las personas en ejercicio de la autonomía de su voluntad pactan acuerdos, generando, regulando, modificando o extinguiendo relaciones jurídicas, donde se adquieren derechos y también obligaciones, que nacen precisamente de dichos acuerdos. De ese contexto se infiere que para la existencia de la relación jurídica que nace precisamente del contrato, es necesario que las partes lleguen a un acuerdo, toda vez que lo pactado en el contrato, conforme a la eficacia de los contratos que se encuentra estipulada en el art. 519 del Código Civil, tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, eficacia que resulta restringida frente a terceros conforme lo dispone el art. 523 del citado cuerpo normativo, que de manera expresa señala: “Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por ley.”.

Bajo ese razonamiento, corresponde precisar que se considera terceros ajenos a la relación contractual, aquellos que no han intervenido en la celebración del contrato por sí mismos o a través de representantes, motivo suficiente por el cual no pueden adquirir derechos ni obligaciones que se hayan generado en una relación contractual donde las partes resultan ajenos a su persona, ya que estos terceros-, no pueden verse perjudicados o beneficiados con un contrato en el cual no intervinieron, salvo disposición contraria de la ley.

Realizadas estas consideraciones, en el caso de Autos se tiene que los jueces de instancia declararon improbada la pretensión principal de reivindicación que fue interpuesta por los ahora recurrentes, bajo el razonamiento de que éstos, conforme lo demostrarían  los documentos cursantes de fs. 31 a 34 vta., habrían dejado de ser propietarios desde el momento en que firmaron la minuta de compraventa de fecha 9 de mayo del año 2000 inmerso en la EE.PP Nº 0455/2000, documento por el cual habrían transferido el bien inmueble objeto de litis a los esposos Pascual Sanguino y Eugenia Zenteno Días de Sanguino y estos a su vez habrían transferido a los demandados Gerardino Girón y Liliana Girón Aldana, documentos que en aplicación del art. 519 del C.C. tendrían fuerza de ley entre las partes contratantes.

De lo expuesto, se advierte que los jueces de instancia arribaron a dicha decisión, valorando pruebas documentales que fueron presentadas únicamente en calidad de fotocopias simples, las cuales como ya se explicó en el punto anterior (1), al haber sido expresamente desconocidas por los demandantes, no merecían que se les otorgue la fe probatoria de un documento original. Sin embargo, con la finalidad de dejar establecido, no obstante, de que dichos documentales hubiesen sido presentadas en copias legalizadas u originales, estas no se constituyen en prueba para desvirtuar la demanda principal, es que amerita realizar el siguiente análisis:

Consiguientemente, al no haber intervenido los sujetos procesales en calidad de parte por sí o por intermedio de un representante o en calidad de causahabientes, en un mismo contrato, es que se concluye que estos documentos no pueden generar efectos entre estos; pues en el primer contrato, sólo intervinieron los demandantes con la pareja de esposos Sanguino, que no son parte del proceso, y en el segundo contrato, intervinieron los citados esposos con los demandados; no existiendo de esta manera vínculo directo.

En esa lógica, como lo advirtieron los recurrentes, al no ser análogo el problema resuelto en el Auto Supremo Nº 92/2015 de fecha 10 de febrero, a lo suscitado en el presente proceso, ciertamente dicha resolución no merecía ser aplicada como referente en la solución del conflicto.

Realizadas estas consideraciones, y toda vez que los jueces de Alzada incurrieron en errónea valoración de la prueba  de fs. 31 a 34 vta., y también en errónea interpretación y aplicación del art. 1311 del Sustantivo Civil, se debe analizar si en el caso de Autos la parte demandante cumplió o no con los presupuestos que hacen viable la pretensión de reivindicación, los cuales emergen de la interpretación del art. 1453 del Código Civil y que fueron ampliamente desarrollados en el punto III.4 de la presente resolución.

Consiguientemente y toda vez que los tres presupuestos que dan curso a la acción reivindicatoria fueron plenamente cumplidos por los demandantes, corresponde acoger la pretensión demandada. 

Finalmente, en virtud a la forma de resolución a dictarse, incumbe referirnos a los fundamentos expuestos en el memorial de contestación al recurso de casación, de los cuales diremos que conforme a lo ampliamente desarrollado a lo largo de este Considerando IV, quedó totalmente desvirtuado el hecho de que los Jueces de Alzada hayan realizado una correcta valoración de los medios probatorios que cursan de fs. 31 a 34vta., como el hecho de que los demandados sean los propietarios del bien inmueble objeto de litis, toda vez que los demandantes cumplieron a cabalidad con los requisitos de procedencia de la acción reivindicatoria, no siendo necesario que estos hayan acreditado que fueron despojados o que se encontraban en posesión del bien inmueble que pretenden reivindicar, ya que gozan de la posesión civil, que emerge precisamente del derecho propietario que  ostentan.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones de fondo que fueron expuestas en el recurso de casación de la parte actora resultan evidentes, corresponde emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.IV del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, conforme a lo dispuesto en el art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma; y en aplicación del art. 220.IV del Código Procesal Civil, respecto a los reclamos de fondo, CASA el Auto de Vista SC1ª-AV-Nº 24/2018 de fecha 14 de marzo, pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia, de Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, y deliberando en el fondo, declara PROBADA la demanda principal de reivindicación que fue interpuesta por Rubert y Nancy Willma ambos Churata Colque; disponiendo en consecuencia que la parte demandada en el plazo de treinta días de ejecutoriada la presente resolución, entregue el bien inmueble a los demandantes, bajo prevenciones de emitirse el respectivo mandamiento de desapoderamiento. Con costas y costos. 

Siendo excusable el error en que incurrieron los vocales suscriptores del Auto de Vista recurrido, no se impone multa.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizu