TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 178/2019                                                                

Fecha: 27 de febrero 2019                                                 

Expediente: CH-51-18-S                                                                                 

Partes: Janneth Quevedo Almendras y otros c/ Tomas Callizaya Morales y Margarita Cortes de Callizaya.                                

Proceso: Reivindicación.                                                                                                       Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 303 a 307, interpuesto por Tomas Callizaya Morales y Margarita Cortez de Callizaya contra el Auto de Vista N° SCCI-162/2018 de fecha 13 de junio de fs. 298 a 301, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso sobre reivindicación, seguido por Janneth Quevedo Almendras y otros en contra de los recurrentes; la contestación al recurso de fs. 313 a 314; el Auto de Concesión de fecha 18 de julio de 2018 cursante en fs. 317; el Auto Supremo de Admisión de fs. 321 a 322; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

La Juez Publico Civil y Comercial Nº 14 del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pronunció la Sentencia Nº 58/2018 de fecha 23 de abril, cursante de fs. 263 a 269 vta., por la que declaró: PROBADA en parte la demanda de reivindicación de fs. 16 a 20, ratificada a fs. 34, subsanada en fs. 36 a 37 y 40 de obrados, impetrada por Janneth Quevedo Almendras e hijos.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Tomas Callizaya Morales y Margarita Cortez de Callizaya, mediante el escrito que cursa en fs. 273 a 279, a cuyo efecto la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca mediante el Auto de Vista N° SCCI-162/2018 de 13 de junio, obrante de fs. 298 a 301, CONFIRMÓ totalmente la sentencia antes mencionada, señalando que, del análisis de los documentos colectados se observa que la propiedad de ambas partes deviene de un mismo vendedor, resultando ambos según informe pericial, contiguos sin que en la parte que divide exista muro divisorio, lo que permitió la ocupación del demandado según el acta de inspección ocular y la prueba pericial que acreditan que la totalidad de ambos inmuebles son ocupados por los demandados, por ello al haberse acreditado ocupación que excede los límites de la propiedad de los demandados se evidencia que la ocupación de ellos es sin derecho justificado lo que en consecuencia permite la reivindicación de los demandantes por efectos del art. 105 del Código Civil.

Por ello resulta irrelevante la impugnación de los recurrentes, dado que ellos no acreditan con suficiencia hasta donde abarca su derecho, si bien adjuntan el documento de fs. 154, la misma solamente abarca a 160 m2, que tampoco se encuentra registrado en DDRR para producir los efectos de oponibilidad establecidos en el art. 1538 del CC.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación de fs. 303 a 307, interpuesto por Tomas Callizaya Morales y Margarita Cortez de Callizaya, el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Señala que el fallo recurrido no ha cumplido con lo dispuesto por los arts. 9, 13, 14, 19, 20, 24, 56, 108 núm. 1, 2, 3 y 9; 109, 110, 115, 119, 120, 180 y 410 de la CPE; los arts. 3 núm. 3, 6 y 12; 30 núm. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 13 de la Ley 025 y finalmente los arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 145 y 213 de la Ley 439 concordante con los arts. 2, 3 inc. 2) y 3); 87, 90, 91, 190, 192, 193, 194 y 397 del Código de Procedimiento Civil, dado que su interés legítimo para contrademandar nació de la propia demanda en la cual la otra parte reconoce que tiene legitimidad pasiva; así también por la inadecuada tramitación de la conciliación, puesto que no se podía conciliar nada con la apoderada legal al estar en juego derechos de menores de edad, mucho menos cuando el mandato no establecía mandatos específicos para ello y por estar excluida de conciliación conforme establece el art. 293 del adjetivo civil; y finalmente porque la apoderada de la actora no tenía facultades para firmar memoriales directamente a nombre de su poderconferente, sino que solo tenía facultades para representarla.
  2. Acusa la falta de motivación y fundamentación de la resolución judicial de segunda instancia, señalando que dicho fallo no contiene decisiones expresas, positivas y precisas, ello porque no contiene la motivación o fundamentación legal respecto a los aspectos descritos ut supra, y en ese entendido desconoce porque el Tribunal de apelación llego a las conclusiones descritas en el Auto de Vista.

En base a lo expresado solicita que este Tribunal emita una resolución que case el Auto de Vista o bien de oficio emita un fallo anulatorio y disponga la emisión de un nuevo Auto de Vista de acuerdo a los puntos apelados y sea con las formalidades de ley.

Respuesta al recurso de casación.

  1. La actora refiere que el recurso de casación de la parte contraria no tiene ningún tipo de argumento, ni siquiera endeble y mucho menos solido que pueda viabilizar su mentado recurso, pues en gran parte de dicho escrito se realiza la transcripción literal de una serie de disposiciones legales que se encuentran en la CPE, la Ley 025 y la Ley 439, además de diversos artículos del extinto Código de Procedimiento Civil que resultan inocuas para el presente caso.
  2. Sostiene que no puede interponerse el recurso de casación en la forma y en el fondo al mismo tiempo, ello porque el primero tiende a subsanar defectos procesales, en cambio el segundo debe fundarse en la existencia de una infracción o la errónea aplicación de una norma de derecho que sea gravitante en la resolución de fondo.

En base a lo expuesto solicita se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la SC N° 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

A ese respecto la SC N° 2023/2010-R de 9 de noviembre también estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…. (El resaltado nos corresponde)

En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, señala que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”.

Finalmente la SCP N° 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma”.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de su Resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una Resolución.

III.2.- Sobre la nulidad procesal.

La doctrina y las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, no siendo suficiente que se produzca un mero acaecimiento de un vicio procesal para declarar la nulidad simplemente con el fin de proteger o resguardar las formas previstas por la ley procesal, aspecto que resulta totalmente insustancial para tomar una medida de esa naturaleza; hoy en día lo que interesa en definitiva es analizar si ha transgredido efectivamente la garantía del debido proceso; solo en caso de ocurrir esta situación justifica decretar la nulidad procesal a fin de que las partes en el marco del debido proceso hagan valer sus derechos dentro de un plano de igualdad de condiciones para defender sus pretensiones; es precisamente el espíritu de la Ley del Órgano Judicial y el Código Procesal Civil, que impregnados por el nuevo diseño constitucional, conciben al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva. 

Es por ello que este instituto jurídico procesal ha sido modulado por la jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal, mereciendo consideración especial, esto debido a la importancia que conlleva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa, entendimiento  concordante con  la Ley Nº 439, respecto a la nulidad de los actos procesales, que precisa la especificidad y trascendencia del vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que se desprende del art. 115 de la CPE., que indica; El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, estableciendo que es política de Estado garantizar a las ciudadanas y ciudadanos el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada, a ese respecto el Auto Supremo Nº 484/2012 a orientado en sentido, que: “…en el tratamiento de las nulidades procesales, debe tenerse en cuenta (…) que no se trata de un tema de defensa de las meras formalidades, pues, las formas previstas por ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo de los derechos de las partes, siendo preciso distinguir las formas esenciales de las meras formalidades. Precisamente por ello es necesario verificar a tiempo de emitir un fallo, principios que rigen la materia y deben ser tomados en cuenta por el juzgador al momento de declarar la nulidad…”

Por lo manifestado, es ineludible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En principio conviene señalar que de la revisión del recurso de casación, se advierte que los recurrentes, con una notoria falta de técnica recursiva transcriben los arts. 9, 13, 14, 19, 20, 24, 56, 108 núm. 1, 2, 3 y 9; 109, 110, 115, 119, 120, 180 y 410 de la CPE; los arts. 3 núm. 3, 6 y 12; 30 núm. 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12 y 13 de la Ley 025 y finalmente los arts. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 145 y 213 de la Ley 439 concordante con los arts. 2, 3 inc. 2) y 3); 87, 90, 91, 190, 192, 193, 194 y 397 del Código de Procedimiento Civil, sin especificar de qué manera dichos preceptos legales han sido vulnerados y/o incumplidos por el Tribunal de Apelación, puesto que únicamente se han hecho observaciones generales a varios puntos del proceso, sin precisar o determinar cual resulta siendo el reclamo en sí,  empero, tomando en cuenta que en la materia rige el principio de impugnación reconocido por el art. 180.II del CPE, en cuyo marco, la revisión de los medios impugnatorios deben realizarse con la flexibilidad que exigen los principios y valores constitucionales, se puede advertir que en el caso de autos, el análisis de todo el contexto del recurso de casación, destaca un argumento orientado a observar la falta de fundamentación y/o motivación del Auto de Vista.

En ese entendido, se puede colegir que la problemática principal formulada por los recurrentes, se encuentra abocada a determinar si el fallo de segunda instancia cumple o no con la motivación y/o fundamentación de tres puntos concretos que fueron planteados en apelación; primero respecto al interés legítimo que tendrían los recurrentes para incoar una acción reconvencional sobre nulidad de escritura pública; segundo en cuanto a la inadecuada tramitación de la conciliación, que en criterio de los recurrentes no podía llevarse a cabo al estar en juego derechos de menores de edad (prohibido por el art. 293 del CPC) y por no existir un mandato específico para ello; y tercero por no considerar que la apoderada de la actora no tenía facultades para firmar memoriales directamente a nombre de su poderconferente, sino que solo tenía facultades para representarla. 

Ahora bien sobre este planteamiento, resulta adecuado precisar que el art. 115.II del Constitución Política del Estado, impone a las autoridades judiciales, la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, en el sentido que se expresen las razones de hecho y derecho consideradas para dictar sus resoluciones, los cuales deben estar envestidos de la fuerza legal suficiente para hacer valido el decisorio, de ahí que la fundamentación y/o motivación de las resoluciones judiciales, importa una exigencia que compele a las autoridades judiciales a realizar una argumentación jurídico-fáctica que permita comprender a las partes las razones que sustentan la parte dispositiva de sus resoluciones; pues cuando un juez omite fundamentar o motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la razón de derecho que llevó al juzgador a tomar la decisión de fondo.

Es en ese marco este Tribunal, en sus diferentes fallos, ha comprendido la importancia de esta exigencia legal, como uno de los elementos que garantiza el debido proceso, empero se debe tener presente también, que para el cumplimiento de esta exigencia, la estructura de la resolución, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que basta que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas del fallo, y que estas respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo, se tiene por realizada la motivación de una resolución judicial.

Realizada esta precisión, podemos concluir que en el sub judice, la resolución impugnada, es decir el Auto de Vista N° 162/2018 de fs. 298 a 301, cuenta con la motivación y fundamentación concerniente a los extremos mencionados en el recurso de casación, pues de manera clara y precisa el Tribunal de Alzada expone los juicios cognitivos por los cuales considera que estos agravios no resultan consistentes para acoger la petición de alzada y en ese entendido las afirmaciones de los recurrentes resultan endebles, ya que en la resolución recurrida claramente se observa los fundamentos que explican las razones por las cuales el Ad quem asumió confirmar la determinación de instancia.

Se arriba a esta conclusión, porque en el fallo recurrido claramente se pueden apreciar los argumentos que fundamentan los tres puntos que los recurrentes cuestionan como carentes de motivación, de tal manera que respecto al primero (que se encuentra abocado al interés legítimo que tendrían los recurrentes para incoar una acción reconvencional sobre nulidad de Escritura Pública), el Tribunal de Apelación en el considerando II.2.1 del Auto de Vista, señala que a través del auto de fs. 165, la juez de instancia dispuso tener como no presentada la acción reconvencional de los recurrentes, ello por no haber acreditado el interés legítimo para accionar la nulidad de la Escritura Pública Nº 970/2012 del cual no forman parte; aspecto que fue observado por el Auto de 12 de octubre de 2017 y que al no ser subsanado confluyo en la ejecutoría del auto de fs. 165 y siendo que contra esta última resolución, los recurrentes no habrían interpuesto ninguna impugnación convalidaron el actuar del juez de instancia; concluyendo el Ad quem respecto a este punto, que no resulta procesalmente idóneo invocar consentimiento por contestación de la contraparte, cuando lo observado por la juez tiene como base la aplicación del art. 113.II del CPC que regula la improponibilidad subjetiva de la pretensión reconvencional.

Por otra parte, en lo que respecta al segundo cuestionamiento referente a la inadecuada tramitación de la conciliación, que en criterio de los recurrentes no podía llevarse a cabo al estar en juego derechos de menores de edad (prohibido por el art. 293 del CPC) y por no existir un mandato específico para ello, el Tribunal de Alzada en el punto 3.1 de la parte considerativa del Auto de Vista, claramente refiere que no existe trascendencia ni agravio para los apelantes (ahora recurrentes) porque en principio no les afecta la cuestión observada, y porque además carecen de legitimación para observar lo señalado, ello en razón a que a pesar de haber sido citados para dicho acto, se abstuvieron de concurrir a la audiencia conciliatoria y en ese entendido no fue observada esta cuestión en la oportunidad procesal correspondiente, aplicándose a ese efecto el razonamiento del punto 2.1 concerniente a la convalidación; siendo por ello irrelevante e intrascendente la nulidad que pretenden.

Finalmente en cuanto al tercer agravio (relacionado a que la apoderada de la actora no tenía facultades para firmar memoriales directamente a nombre de su poderconferente, sino que solo tenía facultades para representarla), los jueces de grado, en el punto 3.2 de la parte considerativa del fallo recurrido, razonan señalando que la parte apelante ha olvidado que los memoriales de fs. 167, 218 a 219, 234  235, independientemente de su suma, están suscritos por la apoderada de la demandante Ana Karen Bautista Almendras, no existiendo por ello vulneración del art. 69.I en relación al art. 5 del CPC, porque quien suscribe esos memoriales es la demandante a través de sus apoderada legitimada al proceso, y que además dichos memoriales son de mera tramitación y carecen de relevancia para disponer la nulidad pretendida por los demandados. 

Sin duda todos estos razonamientos nos permite advertir que el Tribunal de Alzada si emitió los motivos y fundamentos que explican las razones por las cuales considera que estos tres agravios de apelación no constituyen argumentos  suficientemente relevantes como para asumir la nulidad pretendida por los apelantes (ahora recurrentes), y en ese entendido no se tiene que sea evidente la aducida carencia de motivación y fundamentación del Auto de Vista, donde en realidad se han expresado de manera clara y concisa las razones determinativas que orientaron al Tribunal de instancia a confirmar la sentencia de grado, extremo por el cual no corresponde emitir mayores consideraciones al respecto, máxime cuando de una prolija revisión de los antecedentes que hacen esta causa, se advierte que dichos razonamientos son correctos, puesto que ninguna de las tres cuestiones alegadas por lo recurrentes revisten de trascendencia para motivar alguna nulidad de obrados, mucho menos cuando ninguna de estas cuestiones fue observada en la oportunidad procesal correspondiente, ni que se encuentren ajustadas a los presupuestos de nulidad establecidos en el punto III.2 de la doctrina aplicable, pues todas han sido convalidadas por los recurrentes.  

Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 303 a 307, interpuesto por Tomas Callizaya Morales y Margarita Cortez de Callizaya contra el Auto de Vista Nº SCCI-162/2018 de fecha 13 de junio de fs. 298 a 301, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con costas y costos.

Se regula honorarios en la suma de Bs. 1000 para el abogado que responde al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.