TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                             S A L A C I V I L


Auto Supremo: 140/2019

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: SC-73-18-S

Partes: Gisela Aburdene Alfonso y Roger David Aburdene Alfonso c/ Dolores Alfonso Vda. de Aburdene, Juan Carlos, Julio Enrique y Luis Fernando Aburdene Alfonso.    

Proceso: Rendición de cuentas.

Distrito: Santa Cruz. 


VISTOS: Los recursos de casación planteados por Dolores Alfonso Vda. de Aburdene, Luis Fernando y Julio Enrique Aburdene Alfonso y Juan Carlos Aburdene Alfonso  (fs. 2192 a 2195 y fs. 2205 a 2212 respectivamente), impugnando el Auto de Vista Nº 12/2018 de 15 de enero y  Auto de Vista Complementario Nº 99/2018 de 23 de marzo, pronunciados por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, cursante de fs. 2187 a 2189 y vta. y 2199 a 2202 y vta., en el proceso de rendición de cuentas, seguido por Gisela Aburdene Alfonso contra los recurrentes; contestación de fs. 2114 a 2114 vta., Auto de concesión de fs. 2120,  Auto Supremo de Admisión Nº 563/2018-RA de 28 de junio de fs. 2128 a 2130, y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Gisela Aburdene Alfonso y Roger David Aburdene Alfonso plantearon demanda ordinaria de rendición de cuentas contra Dolores Alfonso Vda. de Aburdene, Juan Carlos, Julio Enrique y Luis Fernando Aburdene Alfonso (su madre y hermanos) de fs. 472 a 480 vta. y ratificada de fs. 1535 a 1539 vta., contestó la parte demandada de fs. 1558 a 1559 y vta., tramitado así el proceso hasta la emisión de la Sentencia Nº 171/2016 de 11 de julio.
  2. El 11 de julio de 2016, el Juez Décimo Público en lo Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dictó Sentencia declarando: PROBADA la demanda, declarando que los bienes inmuebles señalados en la demanda y el monto total del dinero que salió del informe constituyen los bienes, acciones y derechos de la masa hereditaria al fallecimiento de Roger Aburdene Negrete.
  3. Apelada la sentencia por los demandados (fs. 2104 a 2113, fs. 2151 a 2153 vta., y 2155 a 2157), el 15 de enero de 2018, la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 12/2018 (fs. 2187 a 2189 vta.), que resolvió declarar INADMISIBLES los recursos de apelación, que fue complementado por Auto de Vista Nº 99/18 de 23 de marzo que CONFIRMÓ LA SENTENCIA bajo el fundamento que el art. 690 del Código de Procedimiento Civil establece que quien debe dar la conformidad de la rendición de cuentas es el demandante y no los demandados.

Y que respecto al congelamiento de cuentas los perjudicados deberán interponer la correspondiente solicitud ante el juez en ejecución de sentencia al no estar inmerso en el estudio del informe pericial no causa agravio alguno a los recurrentes.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Conforme lo expuesto en los dos recursos de casación interpuestos por Juan Carlos Aburdene Alfonso y Dolores Alfonso Vda. de Aburdene, Luis Fernando Aburdene Alfonso y Julio Enrique Aburdene Alfonso se extractan los siguientes reclamos:

Recurso de Casación de Juan Carlos Aburdene Alfonso.

1. Denunció que se vió afectado injustamente en sus derechos, porque sin haber sido demandado ni citado con demanda alguna se le afectó reteniéndole injustamente sus fondos bancarios del Banco Mercantil Santa Cruz, así como el derecho a la defensa, a la igualdad y seguridad jurídica y al debido proceso.

2. Reclamó que en el proceso no se dictó el Auto de fijación de puntos de hecho a probar, conforme lo dispone el art. 371 del Código de Procedimiento Civil, no existiendo término probatorio, sin embargo dictó sentencia y se le causó indefensión.

3. Respecto al perito, expresó que como no existió la fijación de los puntos de hecho a probar tampoco se estableció los puntos sobre los cuales debía realizar la pericia encomendada, tal como establece el art. 431 del Código de Procedimiento Civil.

4. Refirió que la Sentencia Nº 171/16 establece memoriales de la demanda como ratificaciones a la demanda sin considerar la modificación de la demanda de fs. 521 a 524 vta., en la que solamente se dirige contra la madre, siendo ello antes que una ratificación, una modificación, sin embargo la sentencia resulta ser extra petita al considerar que los bienes inmuebles y el informe pericial constituyen los bienes, acciones y derechos de la masa hereditaria del de cujus.

5. Alegó que al no haber existido una fijación de los puntos de hecho a probar así como tampoco se estableció los puntos de la pericia, la sentencia tampoco consideró como se iba a proceder con los medios de descargo de los gastos realizados ni la forma como debió ser considerada la comunidad ganancial ni de la protección de la alícuota parte de cada uno de los herederos, sobre todo de los herederos que no formamos parte del proceso, como Roger David Aburdene Alfonso que abandonó la demanda y el recurrente que refirió no haber sido demandado.

6. Demandó falta de motivación del Auto de Vista recurrido porque estableció que en el recurso de apelación no se expresaron agravios, cuando se expresó que el Auto Interlocutorio cursante a fs. 2144 es vulneratorio y no se valoró adecuadamente dicho incidente.

Petitorio.

Concluyó solicitando casar el Auto de Vista y en lo principal declarar probado el incidente de nulidad hasta fs. 1513 ordenando se lo integre a la litis.    

Recurso de casación de Dolores Alfonso Vda. de Aburdene y Luis Fernando y Julio Enrique Aburdene Alfonso.

Por razón de orden y ante una eventual nulidad, se toman en cuenta en primer término los reclamos de forma.

Casación en la forma.

1. Acusaron que el Auto de Vista Complementario Nº 99/2018 de 23 de marzo, concedió más allá de lo peticionado en la demanda, el cual tornó la Sentencia en extra petita puesto que sin que ninguna de las partes haya pedido, declaró que el monto total del dinero establecido en el informe “constituyen bienes acciones y derechos de la masa hereditaria al fallecimiento del Sr. Roger Aburdene Negrete”, lo cual es contrapuesto a la demanda cuya única pretensión es la rendición de cuentas.

2. Reclamaron que la Sentencia Nº 171/16 concedió más allá de lo pedido por el demandante y extendió su pronunciamiento a cuestiones fuera de su conocimiento, no existiendo en el proceso la fijación de los puntos de hecho a probar, consecuentemente tampoco al interventor perito le estableció los puntos sobre los cuales debió realizar la pericia encomendada.

Casación en el fondo.

1. Manifestaron que el Ad quem al confirmar la sentencia incurrió en error en conceder más allá de lo pedido por las partes, puesto que la parte actora no buscó el establecimiento de la masa hereditaria sino la rendición de cuentas. Se quejaron que el juez de instancia no consideró la ganancialidad de los bienes, por lo que también otorgó más allá de lo pedido.

2. Denunciaron que el A quo y Ad quem, no valoraron el informe del perito que es todo menos claro, puesto que contiene asientos duplicados y hasta triplicados y que el Auto de Vista replicó la conducta agraviosa del A quo, máxime si el juez apoyó su decisorio para conceder algo que no le fue solicitado.

3. Demandaron que el Auto de Vista no compulsó adecuadamente los agravios sobre los que se asentó el proceso, y de esta manera vulneró excediendo la pretensión demandada, puesto que únicamente la pretensión fue sobre la rendición de cuentas de dineros que podrían corresponder a la sucesión hereditaria del extinto Roger Aburdene Negrete. Así también que el Auto de Vista no dilucidó que en la liquidación de rendición de cuentas existen dineros retenidos que corresponden al patrimonio particular de los otros demandados, el informe subsume las retenciones como parte de las cuentas, afectándoles, a los codemandados sin ser causantes de la parte demandante, permitiendo que el dinero del patrimonio particular de personas que no corresponden al de cuyus se incorporen ilegal e injustamente a la masa hereditaria que oficiosamente determinó el juez de instancia, sin considerar la titularidad de los fondos retenidos ni la ganancialidad de los dineros.

4. Alegaron que el Auto de Vista no se pronunció sobre las razones que los lleva a considerar que no existió incongruencia, a pesar de que en toda la parte considerativa de la sentencia el juez A quo señaló que el objeto litigado es la rendición de cuentas y la parte dispositiva falló en otro sentido, tornando en incongruente la misma.

5. Expresaron que el Auto de Vista emitió una resolución desprovista de fundamentación respecto a la sentencia, sin considerar los agravios expresados en el recurso de apelación, puesto que la misma se refiere al informe pericial como rendición de cuentas, consiguientemente al ser una rendición cuentas que no fue rendida por la parte demandada, ésta tiene el derecho de ser observada de acuerdo al art. 690 del Código de Procedimiento Civil, lo contrario significó cercenar derechos, máxime aclarando las observaciones al informe presentado por el perito interventor debió dejar en claro la duplicidad de los asientos, lo que determinaría cuentas ajustadas a la realidad.

Petitorio.

Solicitaron casar, volviéndose a realizar una rendición de cuentas conforme el art. 689 del Código de Procedimiento Civil.

En su caso anular el Auto de Vista complementario por conceder más de lo peticionado en la demanda, así como la sentencia, debiendo dictarse nueva sentencia en el marco de lo peticionado por las partes

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

La demandante refirió que respecto al recurso presentado de Juan Carlos Aburdene Alfonso, la madre demandada estuvo siempre representándolo y el hecho de que este haya interpuesto apelación por sí mismo, así como la interposición del recurso de casación es con la intención de confundir y sorprender a las autoridades jurisdiccionales.

Asimismo, en relación al abandono que hubieran hecho sus dos hermanos, refirió que fue por dejadez, y que tampoco el hermano recurrente podría reclamar por el otro hermano, puesto que el reclamo es personalísimo y en su debido momento.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1 De la prueba de oficio y el principio de verdad material.

El art. 264.I el Código Procesal Civil señala: “… Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer. En esta audiencia las partes podrán formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para formular sus conclusiones y luego se nombrará vocal relator para que en el plazo máximo de veinte días, se proceda a la relación de la causa. Vencido este plazo el tribunal señalará día y hora de audiencia para la lectura del auto de vista, que no podrá exceder de tres días”. Similar precedente contenido en el art. 233.II del Código de Procedimiento Civil que disponía: “El juez o tribunal podrá asimismo, antes del decreto de autos disponer se produzca la pruebas que estimare convenientes.”, en esta misma lógica el art. 4 num. 4) del mismo cuerpo legal, que regulaba entre las facultades del Juez o Tribunal las de: “Exigir las pruebas que consideren necesarias, como exhibiciones, peritajes y juramentos, llamar a los testigos ofrecidos por las partes, efectuar careos y emplear cuantos medios fueren conducentes al mayor esclarecimiento del proceso.”, preceptos normativos aplicables al caso, por cuanto establecen la facultad de los jueces y Tribunales de producir prueba de oficio esto en procura de llegar a la verdad material de los hechos y lograr la emisión de resoluciones eficaces, que se materializan precisamente por el cumplimiento de los principios reconocido por la Constitución Política del Estado.

Es en este entendido que este Supremo Tribunal de Justicia a orientado a través de diversos fallos, entre ellos los Autos Supremos Nº 690/2014, N° 889/2015 y N°131/2016, que en este nuevo Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que según lo regulado en los arts. 4 num. 4) y 233.II del Código de Procedimiento Civil, el Juez o Tribunal tiene la posibilidad incluso más amplia (por el principio de verdad material art. 180 de la C.P.E.), de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tienen su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales. Razonamiento que tiene sustento en diversos fallos constitucionales que fundamentaron sobre el nuevo Estado Constitucional de Derecho que hoy rige la justicia boliviana entre ellas podemos citar a la SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril (hito) que señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

Así también, acudiendo al derecho comparado la Sentencia N° T-264/09 de la Corte Constitucional de Colombia, desarrolla la verdad material realizando un análisis, minucioso respecto a este principio y la función de Juez en la averiguación de la verdad, señalando: “…es posible distinguir dos tendencias: una que preconiza que el proceso civil mantenga un carácter plenamente dispositivo, y otra que propugna por dar pleno alcance a las facultades oficiosas del juez, incluidas aquellas de carácter inquisitivo para la determinación de los hechos. La primera tendencia concibe al proceso exclusivamente como un mecanismo para la resolución pronta y definitiva de los conflictos sociales mediante la composición de los intereses en pugna, en tanto que la segunda lo concibe como una instancia destinada a lograr la vigencia y efectividad del derecho material.

La verdad, desde el primer punto de vista no resulta relevante e, incluso, puede convertirse en un obstáculo para la composición de conflictos dentro de términos temporales estrictos, pues supone (i) el alejamiento de posiciones intermedias que permitan soluciones sencillas y prácticas, o que lleven a un acuerdo para la terminación del proceso basado más en la conveniencia que en la verdad, y (ii) implica un desgaste de recursos, lo que disminuye la eficacia y eficiencia del proceso.

Desde el segundo punto de vista, en cambio, se considera que una decisión solo es justa si se basa en un soporte fáctico que pueda considerarse verdadero. En este sentido, la verdad es un fin del proceso, y la solución de conflictos solo se considera adecuada si se lleva a cabo mediante decisiones justas, basadas en un fundamento fáctico confiable y veraz.”.

En este entendido ninguna decisión judicial puede considerarse razonablemente correcta o justa, si se funda sobre una comprobación errónea o parcial de los hechos que hacen al fondo del proceso, la decisión es correcta si se pone fin al conflicto estando fundada sobre criterios legales y racionales, ya que en todo proceso la solución de conflictos es compatible con la búsqueda de la verdad, pues una resolución que no se fundamente en la veracidad de los hechos, viene a generar una desconfianza generalizada hacia el órgano judicial y un riesgo para mantener la armonía social, por lo que el compromiso del juez es con la verdad y no con las partes del procesopues tiene como instrumento para llegar a esta verdad material, la facultad de decretar pruebas de oficio, por ello la producción de pruebas de oficio en equidad no afecta la imparcialidad del juez, ya que estas pruebas de oficio que determinen la verdad real de los hechos pueden favorecer a cualquiera de las partes sin que esto signifique limitar el derecho de defensa y contradicción que tiene la otra parte, pues el juez solo debe buscar la verdad real de los hechos manteniendo firme su imparcialidad en la aplicación del principio de verdad material al caso concreto.

Consiguientemente, y toda vez que las partes acuden al órgano jurisdiccional para encontrar una solución a los conflictos que se les presenta, es que las decisiones de los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria deben basarse en la verificabilidad de los hechos comprobados así como en la legitimidad de los mecanismos probatorios. Asimismo, en el caso de que se genere duda razonable sobre algún hecho o extremo, es decir que no exista convicción suficiente que le permita al juzgador fallar sobre la pretensión deducida en el proceso por no contar con los suficientes medios que le permitan llegar a la verdad real de los hechos (verdad material), es decir el juez o Tribunal en quien se generó dicha duda, en virtud al principio de verdad material, desarrollado supra, y lo establecido en el art. 233.II del Código de Procedimiento Civil, tiene la facultad de solicitar la producción de prueba de oficio que considere conveniente y de esta manera dilucidar aquel aspecto sobre el cual no tiene certidumbre o convencimiento, para así poder emitir un fallo eficaz sustentado en medios probatorios que respalden el mismo.

Sobre el particular, es decir sobre la producción de prueba de oficio, este Tribunal emitió varios fallos, entre ellos corresponde citar el Auto Supremo Nº 92/2013 de 7 de marzo, que señala: “El art. 233 del Código de Procedimiento Civil cuenta con dos parágrafos, el primero referido a que el Juez o Tribunal podrá abrir un plazo probatorio no mayor a veinte días en caso de los cuatro numerales siguientes que se detallan y el parágrafo segundo, por el que el Juez o Tribunal, antes del decreto de Autos, podrá disponer se produzcan las pruebas que estimare convenientes, facultad como señala el Dr. Gonzalo Castellanos Trigo: "Con el fin de esclarecer la verdad jurídica objetiva de los hechos controvertidos, se permite a los Jueces complementar, por propia iniciativa, el material probatorio para adoptar las medidas para mejor proveer o resolver, para aclarar las dudas que puede tener el juzgador en el momento de resolver el auto de Vista..."; es decir si bien en uno y otro caso los de instancia tienen facultad potestativa para abrir un plazo probatorio y producir prueba; es también evidente que dicho Juez o Tribunal encuentra en la normativa dos opciones de poder contar con prueba que le ayude a mejor resolver.

En el sub lite, el Auto Supremo Nº 89/2012 es lo bastante claro cuando señala que en virtud al art. 233.II del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal Ad quem debe solicitar la prueba idónea a fin de determinar si el inmueble motivo de la litis se trata del mismo y con su resultado resolver; en momento alguno refiere que conforme señala el parágrafo I de la norma antes citada deba el Tribunal de alzada abrir un plazo probatorio no mayor de veinte días, sino que antes de resolver produzca prueba que estime conveniente y saque de dudas respecto a que si los dos inmuebles de los que se impetra la declaratoria de mejor derecho propietario tienen la misma ubicación geográfica, aspecto que se dejó muy en claro en el Auto Supremo antes citado a tiempo de anular, en virtud al Principio de Verdad Material por el que los Jueces de instancia tienen un rol más activo en la tramitación de los procesos a los fines de resolver de la manera más justa, por lo que interesaba en el sub lite contar con mayores elementos de probanza que hagan mejor el resolver…”

En alzada conforme a la prescripción contenida en el art. 264.I del Código Procesal Civil (Ley 439), la norma tiene el texto siguiente: “I. Recibido el expediente original cuando se hubiera concedido la apelación en el efecto suspensivo, el tribunal superior decretará la radicatoria de la causa, señalando audiencia en el plazo máximo de quince días para el diligenciamiento de la prueba a que se refiere el artículo 261, Parágrafo III de este Código, en caso de habérselas solicitado o si el tribunal viere por conveniente hacer uso de su facultad de mejor proveer …” (las negrillas no corresponde al texto original); de acuerdo a la norma descrita se tiene que la potestad de mejor proveer, es extensible al Tribunal de Alzada el que se constituye en una autoridad “de hecho”, para asimilar medios probatorios necesarios para otorgar justicia, en función del principio de verdad material contenido en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado.

III.2 El debido proceso y la congruencia de las resoluciones judiciales.

En relación  a ello la SCP N°1860/14 de 25 de septiembre estableció que:”…La SCP N° 0593/2012 de 20 de julio, con referencia a la congruencia como parte del debido proceso, estableció que: “El principio de congruencia adquiere manifiesta relevancia en dos ámbitos, por una parte respecto al proceso como unidad, a delimitar el campo de acción de las partes y del órgano jurisdiccional en la que condiciona su desenvolvimiento; por otra, respecto a la estructura de la Resolución, a fin de que absuelva todos los puntos a consideración del juzgador.

La SC N° 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia, refiriéndose a los siguientes aspectos señalados en dicha sentencia: 'La Constitución Política del Estado, en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía; es decir, está reconocido por la misma Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, un principio procesal y una garantía de la administración de justicia. De ello, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo, indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en «El Derecho de los Derechos»: «El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dichos procedimientos de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático…»'.

En este sentido, la naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, así la SC N° 1289/2010-R de 13 de septiembre, indicó que la Constitución instituye al debido proceso como:

1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad.

De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Recurso de casación de Juan Carlos Aburdene Alfonso.

1. Denunció que se vió afectado injustamente en sus derechos, porque sin haber sido demandado ni citado con demanda alguna se le afectó reteniéndole injustamente sus fondos bancarios del Banco Mercantil Santa Cruz, así como el derecho a la defensa, a la igualdad y seguridad jurídica y al debido proceso.

Al efecto corresponde precisar que en la demanda de fs. 472 a 480 vta., se estableció a los sujetos demandados en los que fue parte el recurrente, así se tiene también que en los memoriales presentados por la parte demandada encabezada por la madre siempre figuró el nombre del recurrente, tal el caso de los memoriales cursantes a fs. 1630 y vta., 1708 a 1709 y vta., 1761 y vta., 1809 y vta., 2033 a 2034, 2074 y vta., y posteriormente suscribió los recursos de apelación por sí mismo de fs. 2116 a 2126 y de fs. 2155 a 2157 así como el memorial de ratificación de pruebas presentado por el recurrente cursante a fs. 2139 y vta. y el presente recurso, establecen que el recurrente es parte del proceso en su calidad de demandado y estuvo bajo conocimiento del proceso conjuntamente su madre y también realizó actos individuales en propia defensa, lo cual demuestra que en el a specto reclamado, en ningún momento se vio afectado  de su derecho a la defensa, igualdad jurídica y debido proceso.

En cuanto a la retención de sus fondos bancarios en el “Banco Mercantil Santa Cruz”, corresponde puntualizar que si bien las medidas precautorias abarcaron a todas las cuentas de los codemandados; sin embargo, siendo que el presente análisis corresponde a la forma no amerita realizar un análisis de fondo, en ese sentido corresponderá su revisión, y si es debido el Tribunal revisor deberá enmendar tal situación.   

2. Reclamó que en el proceso no se dictó el Auto de fijación de puntos de hecho a probar, conforme lo dispone el art. 371 del Código de Procedimiento Civil, no existiendo término probatorio, sin embargo se dictó sentencia y se le causó indefensión.

Respecto al perito, expresó que como no existió la fijación de los puntos de hecho a probar tampoco se estableció los puntos sobre los cuales debía realizar la pericia encomendada, tal como establece el art. 431 del Código de Procedimiento Civil.

Al efecto correspondía solicitar al juez fije los puntos del peritaje o en su caso la intervención de un nuevo peritaje al amparo del art. 432 del Código de Procedimiento Civil.

Con carácter previo corresponde precisar que la autoridad jurisdiccional debe cumplir con el principio de legalidad, sujetándose a las normas constitucionales y leyes ordinarias, promoviendo en cada caso en concreto el goce efectivo de los derechos y libertades individuales en pro de la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

En sujeción a ello y de la revisión al proceso se tiene que la demanda, su ampliación y posterior ratificación de fs. 472 a 480 vta., de fs. 521 a 524 vta., y de fs. 1535 a 1539 vta., fue interpuesta en principio el 2 de agosto de 2011 y el 31 de agosto respectivamente, siendo ratificada el 28 de marzo de 2014, apersonada la demandada a fs. 1522 y contestada el 6 de junio de 2014, cursante de fs. 1558 a 1559 vta., actuados que se desarrollaron en  vigencia del anterior Código de Procedimiento Civil, posteriormente el 25 de noviembre de 2014 cursante a fs. 1711 vta., el juez estableció se oficie al Colegio de Auditores para que remitan terna de profesionales a efecto de que entre ellos se designe interventor judicial.

A fs. 1734 el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Santa Cruz remite al juez un listado de tres profesionales para el efecto, existiendo posteriormente un acta de posesión del interventor judicial (fs. 1739), así transcurridos otros actuados no se encuentra ninguno en el que el juez de la causa haya definido atribuciones del “interventor judicial” o en su caso “del perito”, hasta que de fs. 1845  a 1851 se encuentra el informe pericial, mismo que fue impugnado por la parte demandada (fs. 1944 a 1946), ante lo cual cursa providencia  de 30 de septiembre donde el juez señaló: “En atención a lo solicitado, por el interventor proceda a informarse conforme al art. 165 inc. 4) del CPC”.

Al efecto se puede observar que por una parte el juez se estableció el nombramiento de un “interventor judicial”  y por otro lado se observa un “informe pericial” mismo que fue reclamado e impugnado; pero que fue ignorado por el juzgador, asimismo cabe aclarar que el interventor judicial tiene atribuciones distintas al perito, existiendo un total contrasentido entre ambos cargos, por lo que el administrador de justicia imprecisó y confundió ambos cargos y peor aún porque no estableció los puntos en los que el profesional auditor desarrollaría sus labores en el proceso.

Bajo esas consideraciones la observación de la impugnación fue realizada en la etapa pertinente, pero fue ignorada por el juez, así se tiene que si bien la preclusión opera al vencimiento de los plazos, en esa línea el art. 16.I de la LOJ, ordena a los administradores de justicia que deben continuar el proceso excepto cuando la irregularidad sea reclamada oportunamente y que conforme a la referida jurisprudencia vulnere el derecho a la defensa, ello de acuerdo al art. 17.III de la mencionada Ley, que establece: “La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos”.

Con ese antecedente corresponde establecer también que en el caso concreto se desarrolló un proceso anómalo puesto que las pretensiones de las partes (demandante y demandada), delimitaron el objeto del mismo que debió ser asimilado por la autoridad jurisdiccional al tenor de lo establecido en el art. 371  del Código de Procedimiento Civil (norma vigente en ese momento), correspondiendo a tal efecto también establecer que la omisión de alguna diligencia procesal esencial, incide directamente en el ejercicio del debido proceso  que es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, así la SC N° 1289/2010-R de 13 de septiembre, indicó que la Constitución instituye al debido proceso como:

“…'1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.

2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad…”. (las negrillas son nuestras.)
Entendimiento compatible con la doctrina establecida en el punto III.1 en la presente resolución.

En consecuencia, y como ya se señaló supra, al constituirse el Tribunal de apelación en una instancia de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, se infiere que el mismo tiene la obligación de corregir todas aquellas omisiones en que hubiese incurrido el juez de primera instancia y emitir un criterio de fondo sobre las mismas, las cuales obviamente de acuerdo al análisis de la trascendencia que estas conlleven, dará lugar a que el Tribunal de alzada confirme la sentencia de primera instancia o en su defecto revoque la misma; pero bajo otra perspectiva, puesto que en el caso concreto tal informe pericial debe ser evaluado y subsanado en los temas de ingresos, egresos, reprogramación de DPFs. (depósitos a plazo fijo) para evitar duplicidad de asientos, produciendo prueba pericial de mejor proveer de acuerdo a la doctrina del punto III.1. de la presente resolución para establecer el elemento objetivo de las pretensiones formuladas por las partes, en pro de una resolución clara y con justicia material.

En aras de que el proceso tenga mayores elementos de convicción, el Tribunal de revisión debe solicitar mayor producción de los mismos, en amparo de lo establecido por el art. 264 del Código Procesal Civil, es decir hacer “uso de la facultad de mejor proveer”, para resolver el fondo de litis y no soslayar con argumentos como lo hizo erradamente en desmedro de los principios de verdad material y debido proceso, máxime si existió un memorial que refirió impugnación al informe pericial.

Ante la duda sobre la veracidad de los datos del informe realizado por el administrador, correspondía designe un perito especializado que coteje el mismo a efectos de sanear el informe del administrador y otorgar seguridad jurídica, la necesidad de producción probatoria necesaria puede hacerlo de acuerdo a sus facultades y en pro de resolver satisfactoriamente el conflicto jurídico.

3. Refirió que la sentencia establece memoriales de la demanda como ratificaciones a la demanda sin considerar la modificación del memorial de la demanda de fs. 521 a 524 en la que solamente se dirige contra la madre, siendo ello antes que una ratificación, una modificación, sin embargo la sentencia resulta ser extra petita al considerar que los bienes inmuebles y el informe pericial constituyen los bienes, acciones y derechos de la masa hereditaria del de cujus.

En ese sentido alegó que al no haber existido una fijación de los puntos de hecho a probar así como tampoco se estableció los puntos de la pericia, la sentencia tampoco consideró como se iba a proceder con los medios de descargo de los gastos realizados ni la forma como debió ser considerada la comunidad ganancial ni de la protección de la alícuota parte de cada uno de los herederos, sobre todo de los herederos que no serían parte del proceso, como Roger David que abandonó la demanda y el recurrente que refirió no haber sido demandado.

Al respecto corresponde precisar que siendo un reclamo mixto que enfoca al fondo del proceso y dada la naturaleza de la resolución, este Tribunal se ve impedido de realizar precisiones al respecto, existiendo en parte reclamos de forma, la misma mereció, respuesta en los demás puntos de esta resolución.

4. Demandó falta de motivación del Auto de Vista recurrido porque estableció que en el recurso de apelación no se expresaron agravios, cuando se expresó que el Auto interlocutorio cursante a fs. 2144 es vulneratorio y no se valoró adecuadamente dicho incidente.

En este punto, corresponde citar el art. 115.I de la Constitución Política del Estado que establece que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. II. “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Así también el art.15 de la Ley Nº 025 señala la aplicación de las normas constitucionales y legales.

Al respecto corresponde establecer que la normativa constitucional debe ser acogida con carácter primordial como garantía jurisdiccional, en ese entendido es que el Auto de Vista y su complementación, no ponderaron adecuadamente los agravios expresados en la apelación ni la gravedad esencial de la transgresión procesal del A quo; por ello ante los agravios expuestos en las apelaciones, el Auto de Vista no debió concluir estableciendo los mismos carentes de agravios ni que debía circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior, cuando claramente se encontraba ante un proceso carente de informe económico adecuado, deviniendo la actuación del denominado “interventor judicial” que emitió un “informe pericial” sin lineamientos ni puntos establecidos por el A quo, limitando a las partes poder aplicar correctamente el citado art. 440.II del CPC.

De la revisión del denominado “informe pericial” de fs. 1845 a 1851 se tiene que el mismo basó su averiguación en la información arrimada al proceso relativa a depósitos a plazo fijo, cuentas corrientes, cuentas por cobrar y otros que se registraron entre mayo de 2002 y diciembre de 2014, así se tiene cursante a fs. 1852 el detalle de los depósitos a plazo fijo en cuyas primeras casillas consigna fecha de contrato estableciendo como fecha inicial del mismo a junio de 2002 referente al Banco Santander cuya titular de la cuenta es Dolores Alfonso Vda. de Aburdene consignando un monto total de $us. 1.010.438,20 (un millón diez mil cuatrocientos treinta y ocho 20/100 de dólares americanos), basándose en la información de fs. 1370, 1433 y 1434, al efecto corresponde puntualizar que las misivas del Banco Santander cursantes de fs. 1433 a 1434, tanto en idioma ingles como la traducida al español refieren que Dolores Alfonso Vda. de Aburdene fue cliente desde julio de 2002, mismas que en el encabezamiento consignan a los cinco hijos beneficiarios de dicha cuenta (Juan Carlos, Julio Enrique, Gisela, Roger David y Luis Fernando Aburdene Alfonso), la información brindada a fs. 1370 corresponde a un resumen del Banco Santander correspondiente a marzo de 2012 que muestra un cuadro de la evolución del patrimonio en los últimos doce meses consignando al efecto desde abril de 2011 a marzo de 2012 donde el total del patrimonio al final de periodo corresponde a $us.1.010.438,20 (un millón diez mil cuatrocientos treinta y ocho 20/100), monto que debió ser tomado para la liquidación total hasta la gestión 2012.

Por ende la información que el perito estableció a través de esta documental y que tomó como fecha inicial a la gestión de junio de 2002 no resulta ser correcta, puesto que esa suma corresponde a marzo de 2012 es decir diez años después.

Así se tiene también por documental arrimada al proceso de fs. 1557 y 1880 en las que cursan notas del Banco Santander (Private Banking) donde refieren y certifican que la cliente Dolores Alfonso Vda. de Aburdene conjuntamente sus cinco hijos beneficiarios, son clientes desde julio de 2002 con un depósito inicial de $us. 300.000,00 (trescientos mil 00/100 dólares americanos), aclarando que el monto del millón de dólares se alcanzó en octubre de 2007, manteniéndose el millón en enero del 2010, al efecto el perito tomó dicha cifra $us. 300.000,00 (Trescientos mil 00/100 dólares americanos), adicionalmente para sumarla a la primera, realizando un razonamiento incorrecto e inflando montos fuera de la realidad.

Las cartas y notas del Banco Santander hacen constancia y respaldan la versión de la principal demandada en el proceso, estableciendo por todas las misivas presentadas al proceso que de forma coincidente refieren que la cuota inicial fue de trescientos mil dólares y nunca de un millón de dólares como erróneamente consignó el perito en su informe.

Asimismo, la demandada de fs. 1944 a 1946 refirió y detalló de qué manera el perito duplicó los montos en su informe, puesto que no estableció ni consideró los retiros realizados ni tampoco los nuevos depósitos (cuyas fechas coinciden) en el Banco de la Nación Argentina, es así que en fecha 10 de enero 2003, la demandada retiró $us. 300.000,00 (Trescientos mil 00/100 dólares americanos) y en la misma fecha renovó $us. 200.000,00 (Doscientos mil 00/100 dólares americanos), sin embargo el perito sumó estas dos cifras convirtiéndolas en $us. 500.000,00 (Quinientos mil 00/100 dólares americanos), cuando lo real resulta ser que entre una y otra transacción quedó en el Banco $us. 200.000,00 (Doscientos mil 00/100 dólares americanos), suma que posteriormente fue depositada al banco Santander para completar el millón de dólares requeridos en dicho DPF.

Así también en el mismo Banco de la Nación Argentina el 3 de octubre de 2003 la demandada retiró su DPF de $us. 100.000,00 (cien mil 00/100 dólares americanos) y renovó el 13 de noviembre de 2003 con un monto de $us. 50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 dólares americanos), lo propio en este caso el perito sumó ambas cifras convirtiéndolas en $us. 150.000,00 (Ciento cincuenta mil 00/100 dólares americanos) siendo lo real $us. 50.000,00 (Cincuenta mil 00/100 dólares americanos), información contenida en fs. 1370, 1633, 1444, 1439 a 1442, 1632 al respecto corresponde imperativamente su revisión.

Así transcurrido el proceso, en segunda instancia debió llamar la atención del Tribunal de alzada en su calidad de revisor y en aplicación a los principios que sustentan el Órgano Judicial establecidos en el art. 3 de la Ley Nº 025, el art. 115 de la CPE citado supra, los arts. 218.II, 264 y 265.III del Código Procesal Civil, debió rectificar y requerir de oficio prueba de mejor proveer.

Con base a lo manifestado supra, y ante la evidencia de la inexistencia de elementos como los ingresos, egresos, reprogramación de DPFs. (depósitos a plazo fijo) para evitar duplicidad de asientos, evitando se trasgreda la esencia del proceso en directa vulneración al debido proceso, este Tribunal en aras del resguardo de derechos y garantías aunque debiendo retrotraer etapas que inciden en la protección de lograr una justicia pronta y sin dilaciones, que también es deber y principio de este Tribunal; pero ante todo analizando y ponderando, se determina en el caso concreto, establecer la importancia del debido proceso y derecho a la defensa, por lo que resulta obligado tomar medidas de ultima ratio para enmendarlo, tal como establece la doctrina y jurisprudencia establecida por este Tribunal, solamente la nulidad procesal puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y la normativa conexa.

Recurso de casación de Dolores Alfonso Vda. de Aburdene y Luis Fernando y Julio Enrique Aburdene Alfonso.

Por razón de orden y ante una eventual nulidad, se toman en cuenta en primer término los reclamos de forma.

Casación en la forma.

1. Acusaron que el Auto de Vista Complementario concedió más allá de lo pedido en la demanda, lo cual tornó la sentencia en extra petita puesto que sin que ninguna de las partes haya pedido, declaró que el monto total del dinero establecido en el informe “constituyen bienes acciones y derechos de la masa hereditaria al fallecimiento del Sr. Roger Aburdene Negrete”, lo cual es contrapuesto a la demanda cuya única pretensión es la rendición de cuentas.

Al ser una demanda relativa a la rendición de cuentas de bienes sucesorios a partir de bienes y dineros constituidos entre cónyuges y ante el fallecimiento de uno de ellos, corresponderá establecer ello dentro de la revisión del Auto de Vista que deberá subsanar todo lo pertinente, por lo que se insta a la parte recurrente observar que el proceso, en el futuro, se lleve a cabo de la mejor manera posible.

2. Reclamaron que la sentencia concedió más allá de lo pedido por el demandante y extendió su pronunciamiento a cuestiones fuera de su conocimiento, no existiendo en el proceso la fijación de los puntos de hecho a probar, consecuentemente tampoco al interventor perito le estableció los puntos sobre los cuales debió realizar la pericia encomendada.

Respecto al reclamo de la fijación de puntos de probanza el mismo se encuentra precluido conforme al art.16 de Ley del Órgano Judicial.

Al respecto, y dada la naturaleza de este fallo, corresponderá al Tribunal de revisión subsanar y enmendar ello. 

Casación en el fondo.

Al respecto corresponde puntualizar que, siendo la decisión anulatoria, no corresponde ya ingresar al fondo de la controversia.

Respuesta al recurso de Casación.

Al respecto y al no ingresar al fondo de la controversia, no corresponde su análisis.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme a lo establecido en el art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA Auto de Vista Nº 12/18 de 15 de enero y Complementario N° 99/2018 de 23 de marzo, que cursa a fs. 2187 a 2189 vta. y de fs. 2199 a 2202 vta., respectivamente, pronunciados por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I y III de la Ley Nº 439.

Siendo excusable el error en que han incurrido los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no se les impone multa.

En virtud a lo previsto en el art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.                

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.