TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

S A L A  C I V I L



Auto Supremo: 137/2019        

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: CH-46-18-S.

Partes: Servicio Nacional de Patrimonio del Estado c/ Caja de Salud de Caminos  

            y otros.  

Proceso: Fraude procesal.                                      

Distrito: Chuquisaca.

VISTOS: El recurso de casación de la Caja de Salud de Caminos, que cursa de fs. 1252 a 1253, contra el Auto de Vista Nº 147/2018 de 18 de mayo, (225 a 226 vta.) pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en el proceso civil de fraude procesal seguido por el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado contra la recurrente, Auto de concesión a fs. 258, Auto Supremo de admisión de fs. 262 a 263 vta., y lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Wilson Arancibia Barrientos, en representación del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, Distrital Chuquisaca por memorial cursante de fs. 34 a  45 vta.,  interpuso demanda  de fraude procesal, en contra de la Caja de Salud de Caminos y ramas anexas representada por Rosario Virginia Cors Pedrozo y el Registro de Derechos Reales de la ciudad de Sucre representado por Hugo Jamil Sánchez Moscoso, de quienes solo la entidad de salud opuso en su defensa excepción de cosa juzgada y repelió la demanda. Debido al silencio del codemandado este fue declarado rebelde. Excepción que fue resuelta y rechazada por Auto Interlocutorio de 20 de marzo de 2018 y el trámite principal culminó con la Sentencia Nº 53/2018 de 10 de abril, cursante de fs. 178 vta. a 182 vta., que declaró PROBADA la demanda de fraude procesal, con costas y costos.

2. Ante la insatisfacción con la determinación del decisor  el sujeto pasivo apeló, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 147/2018 de 18 de mayo, por el que se revocó parcialmente la sentencia en relación al pago de costas y costos, en lo demás confirmándose, con el fundamento principal  de que la Caja de Salud de Caminos carente del derecho propietario sobre el inmueble, dedujo demanda de sub-inscripción contraviniendo lo previsto en el art. 1551 del Código Civil, por cuanto dicha norma solo daría lugar a rectificaciones de datos de un derecho inscrito, pero no a efectuar cambio de titular como ocurrió en aquel proceso, por el que el Fondo Complementario de Seguridad Social de Caminos y Ramas Anexas dejo de ser propietario, emergiendo como nuevo propietario la Caja de Salud del servicio de Caminos y Ramas Anexas, advirtiéndose el acto fraudulento. Añade que los reclamos dirigidos a la falta de legitimación activa debieron ser efectuados oportunamente vía excepción siendo extemporáneos.

En lo que respecta al reclamo relativo a la excepción de cosa juzgada refirió que si no estaba de acuerdo con su rechazo debió apelar en el efecto diferido y fundamentar conjuntamente la apelación contra la sentencia, que al no haber procedido así existió tácito consentimiento.

Finalmente, arguyó que de acuerdo al art. 39 de la Ley Nº 1178 (SAFCO), no corresponde el pago de costas y costos a entidades estatales como es la parte demandada, por lo que en este punto acogió el recurso.  

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación: 

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CONTESTACIÓN

Del recurso de casación se extraen los agravios siguientes: 

Del recurso de casación en el fondo.

1. Acusó que el Auto de Vista y la sentencia fueron fundadas en un solo hecho, el de la titularidad del derecho propietario que tuviere el SENAPE, sin el análisis profundo sobre el hecho mismo, que la demanda fue planteada para determinar si en el proceso de adecuación y rectificación existió fraude procesal y no para determinar la titularía del inmueble.

2. Denunció que la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas desde la compra efectuada a la familia Chumacero (1988) se encuentra en posesión del inmueble, y que cuando planteó la demanda  de rectificación y adecuación de partida (2004) ya no existían los fondos complementarios tampoco el SENAPE, como lo establece el D.S. 21637, por cuya razón la demanda fue dirigida contra Derechos Reales, de modo que el juez al señalar que con la demanda debió citarse  al Estado, dicho razonamiento no sería viable porque el inmueble en aquella época no era de su propiedad, toda vez que el SENAPE fue creado recientemente el año 2005; es decir, después de la emisión de la Sentencia Nº 457/2004.

3. Reclamó que el A quo y el Ad quem, no valoraron el informe del Notario de Gobierno, donde señala que del protocolo notarial del Testimonio Nº 18 /1999 solo existe una hoja y que no cumplió con la Ley del Notariado.

4. Apuntó que el Auto de Vista revocó parcialmente la sentencia con el mismo argumento emitido por el A quo, que la Caja de Salud de Caminos y R.A. al momento de iniciar el proceso de adecuación y rectificación de partida no tenía titularidad, por lo que no se adecua la sentencia, ni el Auto de Vista al principal argumento de la demanda planteada por el SENAPE, que es la falta de notificación al fondo complementario, constituyendo la razón de la demanda de fraude procesal, no así la titularidad del inmueble.

Respuesta al recurso de casación.

El demandante respondió manifestando en lo principal que el recurso carece de fundamentación, por cuanto, por una parte, no se precisó si el reclamo deviene en la forma o en el fondo, por otra parte, no se hizo referencia a la transgresión, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley, tampoco a la mala apreciación de la prueba, por lo que impetra la improcedencia del recurso o alternativamente se infunde.  

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Sobre el principio de congruencia.

El  Auto Supremo Nº 639/2016 de 27 de junio pronunciado por la Sala Civil de este Tribunal Supremo de Justicia, respecto al principio de congruencia estableció: “Respecto a la congruencia que deben guardar las resoluciones de segunda instancia respecto a la apelación, y la aplicación del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, se debe considerar lo razonado en el Auto supremo Nº 48/2013 de 17 de mayo, entre otros, en el que se señaló que: “Con relación al anterior, recurrimos a la S.C. 0486/2010-R de 5 de julio, emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que refiere: El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

Más adelante la misma resolución judicial señaló: “Deberá además tenerse presente lo normado por el Art. 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial que refiere en su parágrafo II que: “En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse, solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos”. Entendiéndose que dicho régimen normativo regula la función contralora de la autoridad ordinaria de apelación, respecto de los de primera instancia y los de casación respecto de los de apelación, marcando el límite y el alcance sobre el cual deben desarrollar su actividad jurisdiccional; existiendo salvedad en la verificación de actuados de oficio- por lesión a derechos y garantías constitucionales, a efectos sin embargo de una nulidad para su reparación, que no es el caso, el presente”.

III.2. De la motivación en las resoluciones judiciales.

La Sentencia Constitucional Nº 0577/2012 de 20 de julio de 2012, determinó que la motivación de una Sentencia o cualquier otra Resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y que la motivación no tiene que ser ampulosa sino puede ser breve, así lo dispone la señalada Sentencia Constitucional, que expresamente indicó: “En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al indicar: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”.

Asimismo la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 0235/2015-S1de 26 de febrero, al respecto señaló: “En cuanto al derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, este se constituye en la garantía del sujeto procesal, de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición; en consecuencia, toda autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que respaldan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras).”.

III.3. Del per saltum.

Al respecto el Auto Supremo Nº 939/2015 de 14 de octubre, ha referido: “De lo anteriormente expuesto, se advierte dos aspectos importantes, 1).- que los argumentos expuestos en el recurso de casación, nunca fueron observado en el recurso de apelación, y 2).- Que el Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre los agravios expuestos, en segunda instancia, empero, por lógica consecuencia, los argumentos expuestos en casación nunca merecieron pronunciamiento en el Auto de Vista por los motivos descritos, motivo por el cual los mismos no merecen consideración alguna en aplicación del principio del per saltum (pasar por alto), puesto que para estar a derecho, los recurrentes debieron instar en apelación dicho debate y así agotar legal y correctamente toda la segunda instancia. Criterio asumido en varios Autos Supremos que orientan sobre la aplicación del per saltum, así tenemos el A.S. Nº 154/2013 de fecha 08 de abril, el cual estableció que: “Por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las violaciones que se acusan deben haber sido previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión de los mismos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los Tribunales inferiores conforme cita el art. 254 núm. 4) del Código Adjetivo Civil, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque no es aceptable el "per saltum", que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de Casación, como es el caso. Toda vez que el Tribunal de Casación, apertura su competencia para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, respecto precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem.” (El resaltado nos corresponde).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1.Acusa que el Auto de Vista y la sentencia fueron fundadas en un solo hecho, el de la titularidad del derecho propietario que tuviere el SENAPE, sin el análisis profundo sobre el hecho mismo, que la demanda fue planteada para determinar si en el proceso de adecuación y rectificación existió fraude procesal y no para determinar la titularía del inmueble.

Al respecto es necesario traer a colación el entendimiento vertido en el punto III.1, ya que en diferentes fallos este Tribunal ha determinado que el limite competencial del Tribunal de apelación se encuentra determinado por los agravios determinados en el recurso de apelación, entendimiento que encuentra su respaldo en el principio de pertinencia derivativo del principio de congruencia y dispositivo, establecido en el art. 265.I del Código Procesal Civil, caso contrario si la resolución desconoce el citado parámetro nos encontramos frente a lo que en doctrina ha sido definido como un fallo ultra, citra, extra o infra petita, lo cual implica una vulneración al debido proceso en la citadas vertientes.

En el sub lite, del análisis minucioso del recurso de casación se infiere que el recurrente no ha entendido los fundamentos que sustentan el fallo de alzada, pues en ningún momento afirmaron o generaron un  criterio de fondo en sentido que el derecho propietario perteneciera al SENAPE, al contrario el Ad quem dentro del marco de la pertinencia antes señalado en el punto 2 del Considerando II (ver Auto de Vista de fs. 225 a 226) claramente determinó: “ no resulta evidente que la resolución no exponga los motivos y la leyes que basa su decisorio, cuando  claramente refiere que la Caja de Salud de Caminos a pesar de ya no ostentar derecho propietario sobre el inmueble formula una demanda de sub inscripción que en su resultado excede el alcance del art. 1551 del Cod. Civil como norma que sirve para rectificar datos de hecho de un derecho inscrito y no así para temas sustanciales de derecho propietario como se hizo, cual es el cambio de titularidad, al dejarse sin efecto vía sub inscripción la titularidad del Fondo Complementario de Seguridad Social de Caminos y Ramas anexas por  el de la Caja de Salud del Servicio de Caminos y ramas anexas que resultan ser personalidades jurídicas distintas, emergiendo de ahí el acto fraudulento a criterio del juez”(las negrillas y cursiva nos pertenecen), debe tenerse en claro que el citado argumento es derivativo de un reclamo de -falta de motivación y fundamentación- de la sentencia; y no un reclamo de fondo en cuanto a la procedencia o no de la demanda principal, es bajo ese antecedente que el Auto de Vista respetando el parámetro de pertinencia como dijimos estableció que la sentencia si es motivada o fundamenta, entonces el recurrente de forma errónea asimiló el argumento de alzada, no pudiendo observar un argumento de fondo que nunca fue pregonado o generado un entendimiento de esta categoría, cuando lo coherente en un correcto obrar recursivo era observar y controvertir el tema estructural de la motivación y no la decisión de fondo, motivos por los cuales resulta errado el entendimiento acusado.

2.- Por pedagogía jurídica se analizará en una sola respuesta los puntos de  controversia 2 y 3, donde observan que la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas desde la compra efectuada a la familia Chumacero (1988) se encuentra en posesión del inmueble y que cuando planteó la demanda de rectificación y adecuación de partida (2004) ya no existían los fondos complementarios tampoco el SENAPE, como lo establece el D.S. 21637, por cuya razón la demanda fue dirigida contra Derechos Reales y que no valoraron el informe del Notario de Gobierno, donde señala que del protocolo notarial del Testimonio Nº 18 /1999 solo existe una hoja y que no cumplió con la Ley del Notariado.

Como se mencionó al inicio del párrafo anterior corresponde analizar en una sola respuesta todos esos puntos controversiales porque tienen en  común que no fueron -en esos términos- planteados al momento de interponer su recurso de apelación o en su caso pecan de ser argumentos que recién pretende traer a casación, motivo por el cual no merecen consideración alguna debido al principio del per saltum, como fue explicado en el apartado III.3 para estar a derecho, la entidad recurrente debió materializar en su recurso de apelación los agravios  ahora invocados; es decir, las supuestas violaciones que se acusan deben haber sido previamente controvertidas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen aprehensión y puedan ser resueltos, ya sea de forma positiva o negativa conforme a la doble instancia, o sea, el agravio debe ser denunciado oportunamente ante los tribunales inferiores, y de ningún modo realizarlo en el recurso extraordinario de casación, porque conforme a la orientación que se tiene de la doctrina aplicable, no es aceptable el “per saltum”, que implica el salto de la o las instancias previas a la intervención del Tribunal de casación.

El citado principio es aplicable al presente caso toda vez que en apelación en ningún momento se observó que la Caja de Salud de Caminos y Ramas Anexas desde la compra efectuada a la familia Chumacero (1988) se encuentra en posesión del inmueble, pues si bien en apelación se hace cita del DS Nº21637 de 25 de junio de 1987 es para establecer que su derecho propietario emergen del citado actuado, pero de ninguna forma fue tema de debate para alzada la posesión o su inicio, resultando dos argumentos totalmente contrapuestos. En cuanto al tópico inherente a la falta de valoración del informe del Notario de Gobierno, donde señala que del protocolo notarial del Testimonio Nº 18/1999 solo existe una hoja y que no cumplió con la Ley del Notariado, del mismo modo es una temática que no ha sido debatida, ni discutida en alzada, que si bien fue aludida era a los fines de la falta de motivación que fue debidamente desarrollada en el punto 2 del Considerando Segundo (Auto de Vista), pero no de forma independiente como errónea valoración, convirtiéndose al igual que en el caso anterior  un hecho nuevo, en consecuencia al tratarse de nuevas temáticas que no fueron debatidas en apelación este Tribunal se ve impedido de aperturar su competencia,  porque para juzgar la correcta o incorrecta aplicación de los citados reclamos, como dijimos estos debieron ser activados oportunamente en apelación para ser sometidos a conocimiento del Ad quem, aspecto que no fue considerado por la entidad recurrente al momento de la interposición de su recurso de casación, situación que genera un límite a este Tribunal viéndose impedido de analizar dichos argumentos.

3.- En el acápite 4, de forma extraña apunta que el Auto de Vista revocó parcialmente la sentencia con el mismo argumento emitido por el A quo, que la Caja de Salud de Caminos y R.A. al momento de iniciar el proceso de adecuación y rectificación de partida no tenía titularidad, por lo que no se adecua la sentencia, ni el Auto de Vista al principal argumento de la demanda planteada por el SENAPE, que es la falta de notificación al fondo complementario, constituyendo la razón de la demanda de fraude procesal, no así la titularidad del inmueble.

Para tener una idea clara corresponde analizar lo debatido en dos partes.

En principio reiteramos el recurrente realizó una incorrecta apreciación de todos los antecedentes del proceso sobre todo de la resolución de alzada, porque de una revisión detallada de sus fundamentos en ningún momento se aprecia que revocatoria parcial de la decisión de grado, sea como emergencia de un tema de fondo, al contrario el entendimiento central para asumir esa forma de resolución radica en que:  “el art. 39 de la Ley Nº 1178 SAFCO de 20 de julio de 1990, cuando establece que: “en los procesos judiciales y administrativos  en ninguno de sus grados es instancias darán lugar a la condena de costas y honorarios profesionales corriendo éstos a cargo de las partes del proceso” criterio concordante con lo previsto en el artículo 52 de su reglamento aprobado mediante decreto Supremo Nº 23215 de 22 de julio de 1992 y que en definitiva orienta la decisión de este Tribunal en sentido de determinar que en proceso judiciales como el de la especie, no corresponde la cancelación de costas, ni honorarios profesionales” de la cita realizada se desprende que el único motivo que dio lugar a la revocación parcial del Auto de Vista tiene su génesis en el  pago de costas y costos al estar exento el Estado, no obstante la entidad recurrente descontextualizando los argumentos  jurídicos da a entender que sería otro el argumento como ser el de fraude procesal, situación que no es para nada correcta.

Ahora, en cuanto al tema del fondo en sentido que los de alzada hubieren manifestado el tema de la titularidad seria el central para la revocatoria, nos ratificamos en los argumentos vertidos en el acápite primero donde claramente se hizo el respectivo análisis donde concluimos que en ningún momento afirmó dichos temas de fondo, no mereciendo mayor análisis al respecto.

Consiguientemente, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art.220.III del Código Procesal Civil.

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num.1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en aplicación a lo previsto en el Art. 220. II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación que cursa de fs. 1252 a 1253, contra el Auto de Vista Nº 147/2018 de 18 de mayo, saliente de fojas 225 a 226 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional para el abogado que responde el recurso en la suma de Bs. 1.000. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.