TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                          S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 133/2019        

Fecha: 12 de febrero de 2019   

Expediente: LP-76-18-S.

Partes: Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. EMA c/Alanoca Ltda.  

Proceso: Resarcimiento de daños y perjuicios.                                       

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación presentado por Rosa Alanoca Chávez, en representación de la Empresa Alanoca Limitada, Logística en Transportes y Montajes Industriales de fs. 973 a 984 vta., impugnando el Auto de Vista Nº 53/18 de 15 de febrero, cursante de fs. 965 a 971, pronunciado por la Sala Civil Quinta en lo Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de resarcimiento de daños y perjuicios seguido contra la Empresa Alanoca Limitada, Logística en Transportes y Montajes Industriales, la concesión a fs. 995, Auto Supremo de Admisión de fs. 1001 a 1002, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

I.1. Jaime José Antonio Trigo Flores, en representación de Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. interpuso demanda de resarcimiento de daños y perjuicios, cursante de fs. 186 a 193 y vta., modificada de fs. 323 a 332, en contra de la Empresa Alanoca Limitada, Logística en Transportes y Montajes Industriales, quien opuso excepción de incompetencia misma que fue declarada sin lugar  por Auto  Interlocutorio Nº 372/2007 de 1 de octubre, y al no haber contestado a la demanda le recayó la rebeldía, posteriormente incidentó la nulidad de obrados que también fue rechazada por Auto Nº 101/2014 de 3 de junio, trámite   que concluyó con la Sentencia Nº 256/2014 de 29 de diciembre de 2014, que declaró PROBADA la demanda condenando al pago de $us. 77.000 e intereses legales (fs. 885 a 890 y vta.).

I.2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, la empresa demandada recurrió en apelación tanto en el efecto diferido como en el suspensivo, motivando la emisión del Auto de Vista Nº 53/18 de 15 de febrero, por el que confirmaron la sentencia, con el fundamento principal:

a) En cuanto a la apelación en el efecto diferido, señalaron que la parte apelante a tiempo de apersonarse manifestó haber sido notificada por la oficial de diligencias, lo que importó convalidación del defecto es más el acto procesal cuestionado cumplió su fin procesal.

b) Respecto al recurso de apelación en el efecto suspensivo, arguyó que se confirmó el estado de ebriedad de Enrique Carmelo Zamora, y que para establecer la reparación del daño, no fue necesario el establecimiento de la culpabilidad mediante sentencia penal, para recién posteriormente exigir la responsabilidad civil.

Añadió que en el juicio el hecho analizado simplemente fue la conducta de Enrique Carmelo Ramos Zamora y no de los otros conductores porque la parte demandada no postuló su versión de los hechos; es decir, no contestó a la demanda.

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación.   

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CONTESTACIÓN

II.1. Del recurso de casación en la forma.

1. Denunció la vulneración de los arts. 48 y 67 del Código de Procedimiento Civil, y 115 y 117.I de la Constitución Política del Estado, por cuanto no se incluyó en la causa al chofer Enrique Carmelo Ramos Zamora, quien es el responsable del siniestro o hecho ilícito, debiendo anularse obrados hasta la admisión de la demanda e integrarse necesariamente al chofer aludido.

2. También acusó la vulneración de los arts. 190.III y 192 del Código de Procedimiento Civil y art. 213.I, II num. 3) y 4) del Código Procesal Civil, toda vez que en la sentencia se omitió relacionar, argumentar, motivar y resolver sobre los intereses corrientes bancarios devengados, y no existió razonamiento alguno sobre estos intereses bancarios, no hay condena, ni absolución por todo ello la sentencia es nula.


II.2. Del recurso de casación en el fondo.

1. Acusó error de juicio en la valoración de las pruebas por cuanto no podía pronunciarse sentencia y posteriormente confirmarse la resolución por los vocales  sobre la base de la imputación formal de fs. 157 a 161, cuya calificación es provisional y consiguiente acusación formal de fs. 927 a 929,  máxime cuando la acción penal fue extinguida por Resolución Nº 047/2015 (fs. 935 a 938), olvidando la presunción de inocencia; consiguientemente, es necesario contar con sentencia condenatoria con autoridad de cosa juzgada,  por lo que se vulneró los arts. 1286 del Código Civil, 397 del Código de Procedimiento Civil abrogado y 145 del Código Procesal Civil.

2. Que la ponderación de pruebas respecto a que el chofer Enrique Carmelo Ramos Zamora es el autor del siniestro porque conducía el vehículo en estado de ebriedad, es incorrecta, ya que no se demostró que aquel fuera el autor de la colisión o el siniestro del 11 de noviembre de 2004, es decir, nada se probó en el juicio civil, sólo trasladaron indicios recolectados en el proceso penal, en el que no hubo condena, siendo necesario para la generación de la responsabilidad civil. Añade que el estado de ebriedad  del chofer únicamente podía establecerse con un examen de alcoholemia en sangre y alcohotest, practicados de manera inmediata y hasta las 48 horas del suceso, respectivamente,  de modo que las declaraciones al respecto no son determinantes ni concluyentes, máxime cuando no existe prueba pericial en accidentologia que haya probado que el chofer hubiera sido el causante del siniestro; consecuentemente, no puede valorarse las actuaciones preliminares de investigación, cuando ni siquiera fueron recibidas por el fiscal, no correspondiendo la aplicación del art. 1060 del Código de Comercio, vulnerando el art. 1286 del Código Civil, 397 del Código de Procedimiento Civil y  145 del Código Procesal Civil.

II.3. Contestación al recurso de casación.

La entidad aseguradora respondió al recurso manifestando en lo principal, que la empresa demandada debe responder por su empleado como es el chofer y que la sentencia  se enmarcó en las cosas litigadas haciendo referencia a la normativa aplicada siendo la misma completa.

Que para establecer la responsabilidad civil, no es necesario contar previamente con una sentencia penal, porque la naturaleza del juicio civil y el juicio penal son distintos, ya que en la una se busca una condena traducida en una prestación, en cambio en la otra se busca una pena o medida de seguridad, por lo que pide se infunde el recurso. 

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. La responsabilidad civil no requiere condena penal.

Gilberto Martínez Rave, en el libro Responsabilidad Civil Extracontractual, décima edición, Editorial Temis, pág. 13, escribe: ¨…la punibilidad que exige la responsabilidad penal no es requisito para la responsabilidad civil. La punibilidad consiste en la necesaria consagración de una pena como consecuencia del delito. Si el Código Penal no contempla pena para la conducta, no es punible y por lo tanto no existe responsabilidad penal. Pero esa situación no tiene nada que ver con la responsabilidad civil. Para esta poco importa que el hecho esté o no sancionado con pena. Basta simplemente que el hecho sea dañoso… un hecho dañoso origina responsabilidad civil aunque no origine responsabilidad penal.¨    

III.2. La responsabilidad civil del empleador y la teoría del órgano.

El art. 992 del Código Civil, prescribe: ¨Los patronos y comitentes son responsables del daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos que les encomendaren.¨  dicho precepto normativo recoge la tesis  de la responsabilidad por hecho ajeno, en otras palabras responder por un tercero, la doctrina del órgano, entre otras, la justifica,  apuntando que ¨…bajo esta teoría que la responsabilidad del ente moral se compromete cuando, independientemente del cargo que ocupe el sujeto causante del hecho dañoso, éste se haya presentado dentro del ámbito del desarrollo de sus funciones dentro de la entidad. Cabe anotar que la responsabilidad del ente moral solo está comprometida por el accionar del órgano cuando éste ha actuado en su calidad de tal y bajo las funciones a él encomendadas.¨.

III.3. La responsabilidad civil y los intereses moratorios.

Una parte de la doctrina proclama que los intereses moratorios no tienen lugar en los casos de responsabilidad civil extracontractual, porque la responsabilidad civil en esencia constituye una institución para la reparación del daño, pero de ningún modo para el enriquecimiento inmoral. Por otra parte, se alega que los intereses moratorios al tener carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la prestación y a los fines de estimular su cumplimiento sería de útil aplicación en los casos que den lugar a la responsabilidad civil contractual. Dichas posturas si bien tienen sustento, en la práctica judicial aun no fueron adoptadas, porque al eliminarse del todo el interés moratorio, el responsable civil se ve desmotivado en hacer efectiva la cuantía adeudada, lo que implica que el afectado con el hecho dañoso aguarde indefinidamente la concreción del pago, lo que tampoco es conveniente, por dicha circunstancia los intereses moratorios se hacen útil en la medida en que al responsable extracontractual, ante su renuencia al pago  de lo adeudado, le corran los intereses y deba soportarlos siendo mejor pagar, si no quiere asumir dicha carga.

En conclusión, por un lado, no resulta conveniente eliminar por completo los intereses moratorios, por otro lado, tampoco resulta favorable al responsable civil pagar los daños y perjuicios más los intereses moratorios cuando la cuantía es elevada, máxime si a consecuencia del hecho resulta pobre o se ahonda su pobreza. Por lo que lo atinado es encontrar un punto de equilibrio, el mismo que se encuentra en el art. 994 del Código Civil, cuando señala: ¨III El juez puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fijarlo, considerando la situación patrimonial del responsable que no haya obrado con dolo.¨; consiguientemente, el intérprete judicial tiene el poder para reducir el monto de la cuantía  considerando ciertos aspectos.

Al respecto el renombrado profesor Carlos Morales Guillen en su libro Código Civil Concordado y Anotado, Editorial Gisbert, Tomo II, pag. 1281, escribe: ¨El parágrafo III (del art. en examen), faculta al juez a moderar la entidad del resarcimiento, para que, según la situación particular del responsable, no resulte excesivamente onerosa y que sobrepase los límites de lo moral.¨ 

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

1. Respecto a la inclusión necesaria en la causa al conductor Enrique Carmelo Ramos Zamora.

Primero, de acuerdo al principio de la personalidad de los medios impugnativos, la impugnación de la resolución solo tiene alcance respecto a quien la interpone y no respecto a terceros, siendo así, el recurrente no tiene legitimación para reclamar por otra persona.  

Segundo, de acuerdo al art. 992 del Código Civil, el empleador es el responsable del daño causado por el dependiente en el ejercicio de las tareas encomendadas, la doctrina particularmente la teoría organicista justifica dicha responsabilidad por hecho ajeno en el entendido de que el trabajador al ser parte de un todo (empresa), sus acciones en el ámbito de sus funciones no son aisladas sino responden a instrucciones encomendadas y si en el cumplimiento de dichas labores provoca un daño, el empleador debe responder. Desde dichas perspectivas no resulta necesario que el chofer sea incorporado al proceso civil, por lo que el reclamo no tiene sustento legal.

En el fondo.

1. Respecto a que no podía haberse sentenciado y confirmado la sentencia fundadas simplemente en la imputación formal y acusación formal, ya que sería necesario contar con sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada.

Primero. La responsabilidad no solo fue sustentada en la imputación formal y la acusación formal, sino también, en la atestación  de los testigos de cargo, concretamente Walter Onofre Quispe funcionario policial relató que la causa del accidente fue porque el camión (unidad A) proveniente de Tambo Quemado invadió el carril contrario, cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad y que las cabinas de los vehículos estaban totalmente destrozadas y uno de los cisternas se consumió en llamas en un 80%. (fs. 450). A su turno Félix Salomón Chambi Mamani, conductor del vehículo de TRANSMAS, atestó que el camión conducido por Carmelo Enrique Ramos Zamora venía en sentido contrario por el carril izquierdo e invadió el carril y a fin de evitar una colisión   frontal intentó esquivar sin éxito, porque le impactó en el costado del vehículo, incendiándose el camión en su totalidad quedando inservible, cuyas quemaduras alcanzaron a su cara y manos.

Posteriormente se enteró que el conductor de la Empresa Alanoca se encontraba ebrio, reconociendo que no es experto en alcoholemia (fs.450). Finalmente el testigo Jorge Ronald Revollo Fernández, también funcionario policial, declaró que a tiempo de auxiliar a los conductores malheridos, pudo sentir y percibir que el Sr. Ramos perteneciente a Transportes Alanoca estaba con tufo alcohólico fuerte y no estaba lúcido, incluso le preguntó lo acontecido contestando ¨he chocado y que¨, por lo que concluyó que no estaba sobrio. Añadió que los daños en los vehículos eran de magnitud y cuantiosos, advirtiendo indicios de invasión de carril, reconociendo no ser perito en accidentologia vial. (fs. 453).

También se tuvo en cuenta las literales de fs. 454 a 456, de los cuales se advierte que la Empresa Fortaleza Seguros y Reaseguros rechazó la solicitud indemnizatoria a la empresa Alanoca, con el argumento de que el conductor a tiempo del siniestro se encontraba en estado de ebriedad.

Asimismo, tuvieron en cuenta la prueba cursante de fs. 474 a 475, relativo al pago efectuado por Alianza en favor de los asegurados TESSA y TRANSMAS, como consecuencia del siniestro.

De donde queda nítidamente establecido que los testigos de cargo atribuyeron la responsabilidad del hecho dañoso al conductor de la Empresa Alanoca, también queda establecido el siniestro de los vehículos protagonistas y el pago indemnizatorio en favor de los asegurados.  

Segundo. Para establecer la responsabilidad civil o daño patrimonial extracontractual, no se requiere contar con sentencia penal condenatoria con autoridad de cosa juzgada, sino basta el hecho y la relación causal entre hecho y daño, como ocurre en la especie donde el conductor Enrique Carmelo Ramos Zamora del vehículo de propiedad de la empresa Alanoca en estado de ebriedad, protagonizó un accidente de tránsito originando daños considerables en los vehículos de TRANSMAS y TESSA, habiéndose consumido en llamas  quedando  inservibles, según se desprende del acta de inspección ocular de fs. 536 a 537,  las atestaciones antedichas y las placas fotográficas de fs. 167 a 171. Deviniendo el reclamo sin sustento legal.

2. En relación a que no se demostró que el conductor Enrique Carmelo Ramos Zamora, fuera el autor del siniestro y que el estado de ebriedad solo pudo establecerse con un examen de sangre y alcotest.

En el punto anterior se estableció que la responsabilidad civil fue comprobada no simplemente por los indicios recolectados en el proceso penal,  sino también en otros medios probatorios, precisándose también que no es necesario condena penal.

Ciertamente en el conductor no se practicó un examen de alcoholemia, debido a que la posta sanitaria de Patacamaya no contaba con los equipos necesarios para ello, realidad que no puede ignorarse; no obstante,  los testigos Ludwing Franz Luna Inocente y Jorge Ronald Revollo Fernández, profesional médico y policía, respetivamente, quienes  auxiliaron al chofer coincidieron en afirmar que el conductor se encontraba ebrio, estado establecido por el aliento alcohólico y la falta de armonía en sus movimientos y la imposibilidad de sostenerse por si mismo, también por su reacción prepotente. De ahí que el reclamo carece de sustento legal.

3. Respecto al reclamo relativo a los intereses corrientes. No es evidente que los intereses establecidos fueran fijados sin fundamento y motivación, por cuanto en el punto 4) de la sentencia de manera clara señala que los intereses fijados (6% anual) fueron establecidos de acuerdo a los arts. 347 y 414 del Código Civil y el adeudo de $us. 77.000, computable a partir del 12 de julio de 2005 (fs. 890), remarcando que dicho monto importa el resarcimiento al perjuicio generado.

Entonces no es cierto que dicho aspecto carece de fundamento y motivación,  sin embargo; queda claro que el recurrente manifiesta su desacuerdo con dicha determinación, por ello los jueces de instancia debieron dar aplicación al art. 994 del Código Civil, porque si bien el monto adeudado será cubierto por la empresa demandada, no es menor cierto que conforme lo determina el art. 993 también del sustantivo civil, quien como consecuencia de una acción de repetición en definitiva será el conductor quien deberá soportar la cuantía adeudada, trabajador que por sus múltiples necesidades personales y familiares se encuentra en la condición de dependiente  cuyo estado económico es como de la mayoría de los choferes asalariados del país quienes trabajan para el sustento del diario vivir, además debe tenerse en cuenta que el hecho dañoso se originó en un accidente de tránsito, advirtiéndose la falta de intención de querer el daño, Asimismo adviértase que el vehículo de la empresa demandada quedó inutilizado, por dichas razones el interés fijado (6%) agrava la situación patrimonial de la empresa y el propio conductor mereciendo la reducción al (2%) anual por concepto de perjuicios, computables a partir de la citación con la demanda según lo previene el art. 340 del Código Civil. Por lo que el reclamo tiene sustento legal.                 

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.IV del Código de Procesal Civil, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 53/18 de 15 de febrero, cursante de fs. 965 a 971, pronunciado por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y resolviendo en el fondo declara probada en parte la demanda, estableciendo por concepto de perjuicios el pago del 2% anual de interés sobre el monto del daño condenado computable a partir de la citación con la demanda, manteniéndose  lo dispuesto en relación al daño ocasionado.    

Sin responsabilidad por ser error excusable.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.