TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 131/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Fecha:  25 de febrero de 2019

Expediente: CB-37-18-S.

Partes: Alberto Carvajal Aguilar y otros c/Juan Carlos Castillo Antezana y

             otros.  

Proceso: Reivindicación y entrega de bien inmueble.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 600 a 607, interpuesto por Juan  Carlos Castillo Antezana  y otros  contra el Auto de Vista N° 15/2018 de 18 de mayo, cursante de fs. 587 a 597 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, familiar y Niñez y Adolescencia  del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de reivindicación y entrega de bien inmueble, seguido por Alberto Carvajal Aguilar y otros contra los recurrentes, la respuesta de fs. 610 a 612 vta., la concesión de fs. 614, el Auto Supremo de Admisión N° 619/2018-RA de fs. 620 a 621 vta., los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 7 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pronunció la Sentencia de 2 de marzo de 2017 cursante de fs. 527 a 532 vta. de obrados, declarando PROBADA la demanda principal de fs. 13 y vta., ratificada y reforzada en sus fundamentos a fs. 376 a 382, IMPROBADA la demanda reconvencional opuesta contra la mutua petición e IMPROBADAS las excepciones perentorias de falta de acción y derecho, falta de interés legítimo para demandar, falsedad, ilegalidad e improcedencia  opuestas  contra la demanda principal, disponiendo que en ejecución de fallos, los demandados  restituyan y/o entreguen el inmueble de la litis a favor de los actores  en el plazo de tres días bajo conminatoria de librarse mandamiento de desapoderamiento. Siendo complementada la sentencia por Auto de complementación de 23 de marzo de 2017 a fs. 535, donde se condena a los demandados al pago de daños y perjuicios averiguables en ejecución de sentencia.

Contra la referida resolución, Juan Carlos Castillo Antezana, Virginia Castillo Antezana  y Bertha Antezana interpusieron recurso de apelación por memoriales de fs. 537 a 543 y 546 a 552, resuelto por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia  del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quien pronunció el Auto de Vista N° 15/2018 de 18 de mayo, cursante de fs. 587 a 597 vta., por el cual CONFIRMÓ la sentencia y  el Auto complementario impugnados, con costas y costos, bajo los siguientes argumentos:

Que la demanda fue debidamente planteada de acuerdo a las exigencias del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, siendo una facultad del juez el decretarla como defectuosa en virtud del art. 333 del mismo cuerpo legal. Asimismo por  el principio del iura novit curia, el juzgador falla de acuerdo a lo expuesto en la demanda y por ende le corresponde aplicar el ordenamiento  jurídico sustantivo pertinente frente a los hechos expuestos por las partes no siendo imperativas las normas citadas en la pretensión de acuerdo al Auto  supremo  92/2014 de 21 de marzo, sin embargo el demandado Juan Carlos Castillo opuso excepción previa de obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda respecto  a la proposición de la demanda, resuelta  en audiencia preliminar de 29 de diciembre de 2016 declarándola improbada, determinación contra la que no interpuso recurso alguno, por su parte las demandadas Bertha Antezana y Virginia  Castillo Antezana  no observaron  nada al respecto  convalidando la demanda, por lo que de cualquier anormalidad aparente  ha precluído su derecho a reclamo.

En cuanto a la falta de conexitud de la demanda reconvencional con la demanda principal, advierte los requisitos establecidos en el art. 327 del Código de Procedimiento Civil existiendo  conexidad entre la demanda de entrega  del bien  y la ratificación de demanda y refuerzo  de fundamentos de derecho y la demanda reconvencional de usucapión, porque fue deducida contra los actores en el mismo proceso de conocimiento y por los mismos tramites de la demanda principal, existe una demanda interpuesta que se encuentra pendiente, el objeto de la reconvención que se encuentre precisado y dirigido a la misma autoridad judicial competente por razón de materia y fue presentada conforme los requisitos para la demanda por lo que cumple con identidad de sujetos objeto y causa.

Sobre la observación de falta de admisión a la demanda reconvencional, si bien de acuerdo al art. 351 del Código de Procedimiento Civil se debe proceder a la misma, en el caso de autos dispuso su traslado debiendo entenderse como una implícita admisión favorable a los recurrentes, por lo que  concluye el Ad quem,  que las condiciones previstas por el art. 106.II de la Ley Nº 439, no se presentaron  por lo que no se presentaría la nulidad pretendida, suma a que no efectuó el reclamo de forma oportuna deviniendo en consecuencia una preclusión  procesal.

Sobre la aplicación errónea del art. 366 del Código Procesal Civil, cuestionando que la sentencia no refleja la realidad, el Tribunal de Alzada advierte que las partes  no formularon  observaciones al acta de audiencia sin embargo si bien reclaman que el acta no  refleja  la realidad de los hechos, empero  no tachan de falso  las afirmaciones efectuadas por el juez en la sentencia en cuanto al cumplimiento de los actos procesales extrañadas por los apelantes deduciéndose  que si se cumplieron pero que fueron relegadas en el acta de audiencia preliminar.

Con relación a las excepciones e incidente de improponibilidad, habiendo sido dictadas sin fundamentación y motivación el Ad quem, considera que  debieron  impugnar oportunamente por los recursos que le franquee la ley, al no haberlo hecho  han convalidado precluyendo su derecho y sobre la falta de notificación  de acuerdo al art. 82.II del Código Procesal Civil, las resoluciones pronunciadas en audiencia  se tienen por notificadas a los presentes en audiencia, por lo que no es evidente que falta  la notificación.

Sobre el saneamiento procesal, los apelantes pudieron identificar vicios de nulidad en el momento para sanear el proceso, como en la audiencia preliminar sin embargo no lo hicieron, por lo que se presume que no hubo motivos de nulidad, en consecuencia, cualquier reclamo posterior incurre en convalidación y preclusión procesal.

En cuanto a las audiencias de conciliación, fueron fijadas por el juzgador con la intención de poder hacer efectivo un acuerdo conciliatorio que no causó perjuicios.

Sobre la fijación del objeto del proceso, consideran que no es evidente que se hubiera fijado  el objeto del proceso  y los puntos  de hecho a probar en forma  imprecisa y confusa, ya  que el objeto de la prueba constituye los hechos  que se alegan como fundamento del derecho  que se pretende y con la pertinencia  que corresponde, que el juzgador  fijo el objeto del proceso como son los hechos controvertidos que son materia del proceso y los puntos de hecho a probar de forma clara, precisa y a su criterio en forma completa, ya que se amplió el objeto de la demanda principal que constituía inicialmente la entrega  de 4 habitaciones del inmueble de la litis a la entrega de todo el inmueble, según los hechos alegados en la audiencia preliminar, como señalo el juzgador sin que los recurrentes hayan formulado recurso alguno, precluyendo también así su derecho a reclamo en esa  instancia.

Que los agravios no contienen vicios procesales, pues los demandados no reclamaron ningún vicio procesal en consecuencia de acuerdo al principio de convalidación cualquier vicio anterior a la emisión de la sentencia no puede ser reclamados al haber sido consentidos tácitamente.

Sobre el error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba testifical, citando al Auto Supremo 293/2013 de 7 de junio, señala que no se concluye  sobre el error probatorio  en  que  incurrió el juez A quo  no establece cual el error  en la prueba  testifical de cargo y la forma de cómo se evidencio el mismo, limitándose solamente  a simples referencias que fue adecuadamente apreciada,  pues para restar fuerza probatoria de esta prueba, debieron plantear oportunamente  la tacha  en el plazo establecido por el art. 170 de la Ley Nº 439, y por las causales previstas en el art. 169  del mismo cuerpo normativo, al no haberlo hecho, consideran  que se valoró correctamente las declaraciones de los testigos de cargo conforme a las reglas de la sana crítica otorgando a su  contenido conclusivo la aplicación objetiva, concluyendo que todas las pruebas aportadas por las partes fueron consideradas por el juzgador de manera objetiva, conjunta e integral valorando los elementos trascendentales que hacen al proceso, considerando el principio de comunidad de la prueba y su valoración  expuso las razones en virtud del art. 145 de la Ley Nº 439 y art. 1286 del Código Civil, por consiguiente la sentencia fue emitida de acuerdo a la adecuada compulsa efectuada de los datos del proceso, tomando en cuenta el principio de unidad de la prueba.

Auto de Vista, contra el que Juan Carlos Castillo Antezana, Virginia Castillo Antezana y Bertha Antezana interpusieron planteó recurso de casación mediante memorial de fs. 600 a 607, objeto del presente análisis.


CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El Auto de Vista carece de fundamento, al inobservar las denuncias sobre defectos procesales, vulnerando así el debido proceso.

La parte recurrente menciona que hubo incumplimiento de normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio al tenor del art. 90 del Código de Procedimiento Civil, indica que la demanda inobservó los requisitos previstos  en el art. 327 del mismo cuerpo legal, sin que el juez de la causa haya rechazado la demanda por defectuosa de acuerdo al art. 333 del entonces adjetivo civil, no obstante el Tribunal Ad quem se limitó a señalar que no se efectuaron los reclamos oportunos de estas irregularidades  y habiendo quedado convalidados  y que la demanda fue acertadamente admitida, que por el principio iura novit  curia el juez puede fallar sobre lo señalado en los hechos expuestos en la demanda, no resultando un imperativo la cita de las normas legales para fundar una pretensión, sin embargo indica que bajo ese principio no está permitido suplir  los hechos, por cuanto esa facultad discrecional debió darse aplicación al art. 3 del Código de Procedimiento Civil, cuidando que el proceso se desarrolle sin  vicios de nulidad, lo que no habría sucedido en el caso de autos, sin embargo  han dado lugar a que la autoridad jurisdiccional durante la tramitación del proceso  haya  generado confusión en el proceso llegando a fijar los puntos  de hecho a probar para las partes de forma confusa, inexacta, incompleta y sin el detalle  necesario, en consecuencia considera que no correspondía aplicar el señalado principio  para  justificar y convalidar actuaciones viciadas de nulidad.

Añadiendo que hubo una incorrecta admisión de la acción reconvencional de usucapión; haciendo alusión al art. 348 del Código de Procedimiento Civil, observa  que el juzgador se limitó a correr traslado de la demanda reconvencional por usucapión, sin considerar si era admisible o no en virtud del art. 349 del mismo cuerpo legal, pues refiere que  la demanda principal y reconvencional son  contradictorias, contrapuestas y antitéticas siendo tramitadas por el juez A quo  en omisión de su labor como director del proceso según el art. 328 del señalado cuerpo normativo, pues debería derivar de la misma relación procesal o ser conexas lo que no acontece en el caso de autos, sin que este punto tampoco haya sido observado por el Tribunal Ad quem, incurriendo en una interpretación  errónea de las normas procesales dando lugar a una nulidad por vulneración de formas esenciales del proceso.

También acusa que no observó que hubo infracciones que interesan al orden público en el desarrollo de la audiencia preliminar, por cuanto de acuerdo al art. 366 del Código Procesal Civil, que es de orden público y de cumplimiento  obligatorio, el juez obvio cumplir a cabalidad con las actividades procesales establecidas al efecto, es así que del acta de audiencia principal de 29 de diciembre de 2016 de fs. 499 a 500 refiere que no se tiene constancia de que hayan alegado hechos nuevos tampoco que hayan aclarado los extremos oscuros, contradictorios o imprecisos aspecto que en sentencia hace constar como si se hubiera aclarado estos extremos. Además de no haberse observado que hubo una ampliación y/o modificación de la demanda principal  ya que estando contestada la demanda no correspondía accionar la reivindicación  con el argumento de que  estaba ratificando  y reforzando los fundamentos de la demanda principal, lo cual tampoco habría sido aclarado en la audiencia preliminar de 29 de diciembre de 2016, contrastando de que en sentencia se indica que los demandados  ratifican su defensa en las excepciones, reconvención  y medios probatorios, sin embargo del acta de audiencia preliminar no existiría constancia de estos extremos, no obstante de reclamos expuestos en el Auto de Vista se indicaría que no habrían pedido las aclaraciones, complementación y formular observaciones, aspecto que convalidaría las actuaciones del A quo, cuando de contrario el acta de audiencia preliminar no reflejaría la realidad de las actuaciones, consecuentemente el Auto de Vista  vulneró las normas procesales citadas y los derechos y garantías al debido proceso  en su elemento de aplicación objetiva de la norma  de acuerdo  art. 4 del Código Procesal Civil y la Constitución Política del Estado.

Afirma que hubo una infracción a la norma procesal estipulada en el inc. 2 del art. 366 del Código Procesal Civil, y que no fue considerada en el Auto de Vista  recurrido, ya que fue desarrollada de forma desordenada en tres audiencias perdiendo su continuidad, asimismo habría  observado el incumplimiento del inc. 3 del citado art. 366 del Código Procesal Civil, aludiendo a la recepción de la prueba para probar las excepciones extrañando el acta de audiencia preliminar donde se haya recepcionado las pruebas o se haya procedido al diligenciamiento de las pruebas pertinentes para probar las excepciones opuestas,  sin  embargo previo informe de secretaría se declaró improbadas  sin  contar con la debida  fundamentación y motivación, por lo que el incumplimiento de aplicar correctamente la norma procesal, señala que con ello se habría  vulnerado el debido proceso en sus elementos  de aplicación objetiva de la norma, motivación  y fundamentación, aspecto  que  tampoco fue  analizado  por el Auto  de Vista.

Señala que también observó el incumplimiento del num. 4 del art. 366  del Código Procesal Civil, ya que con arreglo al art. 98  del mismo cuerpo legal en aplicación del principio de dirección previsto en el inc. 4 del art. 1 del  Código Procesal Civil, observando que el juez de la causa debió encaminar las actuaciones procesales de forma eficaz y eficiente, de acuerdo a esa facultad otorgada, que era su obligación sanear el proceso ante las nulidades que contenían a pesar de que las partes no las hubieren observado, sin embargo no hubo tal saneamiento en el caso de autos, no obstante de haber apelado, este aspecto fue omitido por el Tribunal Ad quem.

Que no obstante de haber observado en su oportunidad a través del recurso de apelación, el Tribunal Ad quem paso por alto esta irregularidad, convalidando así la actuación del juez A quo.

Concluyendo que el Auto de Vista recurrido, carece de fundamento jurídico, a raíz de que tampoco apreció su denuncia sobre que el juez A quo fijo el objeto del proceso en forma imprecisa y confusa, sin considerar los fines y presupuestos  de la causa principal omitió dar aplicación al principio de pertinencia, e incompleta  ausencia en el diligenciamiento de la prueba, a partir de la vigencia del Código Procesal Civil, fijando los puntos de hecho a probar en consecuencia tenía la obligación  de valorar la prueba testifical en su conjunto; sin embargo sentenció solo en base a la simple manifestación de los testigos de cargo sin que les haya exigido las precisiones de circunstancias del tiempo, modo y lugar, existiendo un error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba testifical en vulneración de lo estatuido en los Autos Supremos 08/2014 de 7 de febrero, 703/2014 y 240/2015.

En ese sentido pide se case la sentencia y deliberando en el fondo se declare improbada la demanda principal o en su defecto se anule obrados hasta el vicio más antiguo.


DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

De la revisión de obrados se establece que corrido en traslado el recurso de casación, Ivone Concepción Carvajal Soto de Florero por sí y Eddy Walter Fernández Gutiérrez en representación de José Alberto Carvajal Soto, Carolina  Lourdes Micaela Carvajal Soto, Martha  Alexandra Carvajal Soto  y Rosario Silvia Carvajal Soto por memorial de fs. 610 a 612 vta., señalaron que el recurso de casación es improcedente en la forma a raíz de que no dio cumplimiento a los arts. 271 y 274 del Código Procesal Civil, concordando con lo estipulado por el Tribunal de Alzada al resolver cada agravio; y, que en el fondo el recurso sobre la observación de incursión en error de hecho  y de derecho en la valoración de la prueba testifical de cargo, reitera los argumentos vertidos por el tribunal de apelación al respecto.  

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la motivación y fundamentación de las resoluciones.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

El art. 192 num. 2) del Código de Procedimiento Civil y actualmente el art. 213-II del Código Procesal Civil dispone que la Sentencia contendrá la parte considerativa con exposición sumaria del hecho o del derecho que se litiga, el análisis y la evaluación fundamentada de la prueba y la cita de las leyes en que se funda; ahora bien, aparentemente tal disposición legal solo se aplicaría al fallo de primera instancia, porque se refiere en forma expresa al contenido de la Sentencia, empero, ello no es evidente, toda vez que el espíritu o razón de ser de esa norma, en lo concerniente a la necesaria motivación y fundamentación que debe contener toda resolución jurisdiccional, se aplica también a la Resolución de segunda instancia.

Sin embargo, como es lógico, la fundamentación de la Resolución de Alzada debe circunscribirse a los agravios expuestos en el recurso de apelación, pues al Tribunal de Alzada no le es exigible realizar una motivación respecto a todo lo debatido y controvertido en el proceso, sino únicamente respecto a aquellos motivos apelados, tampoco le es exigible una revalorización total de la prueba, sino solo de aquella que el recurrente acusa de indebidamente valorada o la que se vincula al agravio expuesto por el recurrente.

Al efecto podemos citar la SC. 0669/2012 de fecha 2 de agosto que ha referido:” …. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' ( SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).” Del entendimiento constitucional extractado se advierte que para el cumplimiento del debido proceso en su subelemento motivación de una resolución, no es necesario que la misma sea ampulosa, sino coherente, precisa y clara dando a entender el motivo de su resolución, realizada esa actividad intelectiva se tiene por cumplida la motivación de una resolución, empero, cuando las partes, no están de acuerdo con esa motivación en su contenido, otro resulta el tema o reclamo a invocar, como ser la errónea aplicación, interpretación o violación de la ley o en su caso errónea valoración de la prueba, mismo que debe ser impugnado vía recurso de casación en el fondo.

III.2. De la prueba y su valoración.

José Deker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil Comentado y Concordado, Pág. 240, nos menciona respecto de la prueba al profesor Hugo Alsina, quien nos dice: “En su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significado corriente, expresa una operación mental de comparación. Desde ese punto de Vista la prueba judicial es la confrontación de la versión de cada parte con los medios producidos para abonarla”.

Los hechos y los actos jurídicos dice Couture, son objetos de afirmación o negación en el proceso. Pero como el juez es normalmente ajeno a esos hechos sobres los cuales debe pronunciase, no pueden Sentencia teniendo en cuenta las simples manifestaciones de las partes; entonces debe disponer de medios para verificar la exactitud de esas proposiciones”, al respecto es menester comprobar la verdad o falsedad de ellas, con el objeto de formarse convicción a su respecto. Siendo estas definiciones generales de la prueba.

Sin embargo, a nosotros nos interesa ubicar a la prueba en el sentido procesal; en tal sentido diremos que la prueba es: “un medio de verificación de las proposiciones que formulan los litigantes durante la substanciación del proceso”.

Asimismo debemos tener en cuenta ciertos principios referidas a las pruebas, entre las cuales tenemos el “principio de la unidad de la prueba”.- significa; que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y como tal debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, documentales, testificales y otras, señalando sus concordancias y discordancias, y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme.

El Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, ha señalado que: “…es facultad privativa de los Jueces de grado, apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. En esta tarea jurisdiccional, la examinación de la prueba es de todo el universo probatorio producido en proceso, siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del Código adjetivo de la materia”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En aplicación de los principios constitucionales de impugnación y acceso a la justicia, este Tribunal pasa a resolver el motivo traído a casación, bajo los siguientes fundamentos:

El Auto de Vista carece de fundamento, al inobservar las denuncias sobre defectos procesales, vulnerando así el debido proceso.

La parte recurrente en síntesis alega que el Tribunal Ad quem vulneró el debido proceso al emitir el Auto de Vista recurrido, no consideró en su magnitud las denuncias que efectuó a través de su alzada sobre la presencia de defectos procesales en el caso de autos, por lo que el mismo carecería de fundamento, pues omitió tener presente las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio (art. 90 del Código de Procedimiento Civil), y que no pueden ser convalidados, puesto que inobservó que la demanda incumplió los requisitos previstos en el art. 327, sin que se la haya rechazado en conformidad al art. 333 ambos del mismo cuerpo legal, de igual forma  señala que hubo una incorrecta admisión de la acción reconvencional de usucapión al haberse providenciado con un “traslado” en inobservancia del art. 348 del Código de Procedimiento Civil, además de que ambas demandas son contrapuestas, acusando también que se soslayó la existencia de infracciones que interesan al orden público en el desarrollo de la audiencia preliminar, ante el incumplimiento del art. 366 del Código Procesal Civil, observando el acta de audiencia principal de 29 de diciembre de 2016 de fs. 499 a 500 donde  no constaría  que  hayan alegado hechos nuevos ni aclarado extremos oscuros, contradictorios o imprecisos; empero en sentencia se los tiene como realizados, tampoco constaría ampliación y/o modificación de la demanda principal, asimismo en sentencia se indica que los demandados ratificaron su defensa en las excepciones, reconvención  y medios probatorios, aspecto que en el acta de audiencia preliminar no existiría, acto que además perdió su continuidad, aspectos que demostrarían que se vulneró el debido proceso en sus elementos  de aplicación objetiva de la norma, motivación y fundamentación, sin que  haya existido saneamiento en el proceso, por cuanto el Auto  de Vista sin fundamento jurídico no apreció su denuncia sobre que el juez A quo fijo el objeto del proceso en forma imprecisa y confusa, sin proceder a valorar la prueba testifical en su conjunto.

De la revisión de los datos del proceso, se desprende que el ahora recurrente al formular su apelación ha denunciado entre otros aspectos la existencia de: a) Interpretación e incorrecta aplicación del art. 327 numerales 5, 6, 7 y 9) del Código de Procedimiento Civil; b) La demanda reconvencional de usucapión no guardó conexitud con la acción principal de entrega de bien inmueble para su admisión y tramitación; c) Interpretación e incorrecta aplicación del art. 366 del Código Procesal Civil; d) Incorrecta apreciación y valoración de la prueba testifical de cargo.

Agravios sobre los cuales el Tribunal de apelación ha señalado concretamente haciendo alusión a los arts. 105, 106, 107 y 108 de la Ley Nº 439 y el art. 16 de la Ley Nº 025 de la Ley del Órgano Judicial, sobre la nulidad y el principio de preclusión en segunda instancia.

a) Si bien la demanda debe cumplir el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, cuando esta no se ajusta a las reglas establecidas, el juez tiene la facultad de determinar si es defectuosa de acuerdo al art. 333 del cuerpo legal señalado, aspecto que en el caso de autos el Ad quem consideró que la demanda fue  debidamente planteada de conformidad con el art. 327 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia  acertadamente  fue  admitida por el A quo,  asimismo en cuanto a la normativa  observada que  no sustentaría la pretensión, señala que  por el principio iura novit  curia el juez  falla sobre lo señalado  en los hechos expuestos  en la demanda, es decir  que por el ejercicio de deber jurisdiccional, le corresponde al juez aplicar el ordenamiento jurídico  sustantivo, pertinente  frente a los hechos  expuestos  por los sujetos esenciales del proceso  por lo que  no le resulta  imperativo la cita de las normas legales, aspecto que se sustenta en la jurisprudencia establecida en el Auto  Supremo  Nº 92/2014  de 21 de marzo, asimismo hace constar que el demandado opuso excepción previa de oscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda respecto a la proposición de la misma, que fue resuelta en audiencia preliminar de 29 de diciembre de 2016 de fs. 499 a 500, declarándola  improbada, resolución contra  la que el recurrente no habría hecho uso de recurso alguno.

b) En cuanto a la admisión de la demanda reconvencional de usucapión, efectuó un contraste de la misma observando el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley, advirtiendo una conexidad entre la demanda de entrega de bien y la ratificación de la demanda y refuerzo de fundamentos de derecho de fs. 376 a 382, pues se tratan de las mismas partes y por los  mismos  tramites además del objeto, la materia existiendo identidad de sujetos objetos y causa, adicionalmente sobre el particular indican que  presentada la demanda reconvencional si cumple  con todos los requisitos el juez procederá a la admisión de la demanda reconvencional y que al haberse ordenado el traslado al actor reconvenido de acuerdo al art. 351 del Código de Procedimiento Civil, se debe entender ese traslado como una implícita admisión favorable inclusive a los mismos impetrantes que plantearon su recurso de alzada, aduciendo  que  en virtud del art. 1206.II de la Ley Nº 439, que establece que el que pretende la nulidad no puede ser el mismo  que  origino la misma y que debe demostrar  por el contrario un perjuicio a su derecho a la defensa, su interés en la subsanación del vicio, aspectos observados que no fueron acreditados, por lo que no corresponde la nulidad solicitada.

c) Respecto a la interpretación e incorrecta aplicación del art. 366 del Código Procesal Civil, advirtieron que ninguna de las partes formulo observaciones al contenido y veracidad del acta  de acuerdo al art. 98 del Código Procesal Civil, y si bien se reclamó que el acta  no contiene la realidad de los hechos, no se tachó  de falsas las afirmaciones realizadas por el juzgador  en cuanto al cumplimiento de los actos procesales que se extrañó en la apelación, asimismo sobre las excepciones e incidente de improponibilidad que denunciaron adolecería de falta de fundamentación, no se impugno dicho aspecto, lo cual significo una convalidación y consiguiente preclusión, siendo notificada esta determinación  en audiencia en virtud del art. 82.II del Código Procesal Civil; y, con relación al saneamiento procesal este pudo ser planteado a momento  de sanear el proceso  como es en audiencia preliminar, que al no haber efectuado de esa forma considera el Ad quem, que no hubo motivos de nulidad consecuentemente  de ser formuladas de forma posterior al momento procesal incurre en convalidación y preclusión procesal. En cuanto a las tres audiencias de conciliación, advirtió que fueron en procura del juez para generar un acuerdo entre partes.

En ese contexto, el Tribunal Ad quem verificó que no es evidente que no se hubiera fijado el objeto del proceso y los puntos de hecho a probar en forma  imprecisa y confusa, pues el juzgador fijó el objeto del proceso y los hechos  controvertidos y los puntos de hechos a probar de forma precisa y clara llegando  inclusive a ampliarse el objeto respecto a la totalidad del inmueble, recalcando que además de haber operado los principios de convalidación y preclusión tampoco se observó la vulneración de derechos como el debido proceso  ni a la defensa o igualdad de partes, tampoco de la aplicación objetiva de la norma, por tal motivo sumado a lo anteriormente señalado  consideraron que  no se encuentra justificado proceder a la nulidad solicitada por la parte entonces apelante; y, d) Con relación a la denuncia de incorrecta apreciación y valoración de la prueba testifical de cargo, el Tribunal Ad quem, haciendo cita de la jurisprudencia  contenida en el Auto  Supremo Nº  293/2013 de 7 de junio, advirtió  que los apelantes no concluyeron sobre  que  error probatorio incurrió el juzgador respecto a la prueba testifical de cargo además de la forma de evidenciarlo, limitándose solo a hacer una simple referencia de las declaraciones que no habrían sido apreciadas adecuadamente sin tener presente que para restar fuerza probatoria  de la prueba testifical de cargo, los apelantes debieron  plantear tacha contra los testigos  dentro del plazo  previsto por el art. 170 de la Ley Nº 439, de considerar que  se encontraban en las causales establecidas por el art. 169 del mismo cuerpo normativo, o bien solicitar alguna aclaración o precisión, al no haber procedido  de esa forma, el Ad quem comprobó que el juez A quo,  valoro correctamente las declaraciones testificales de los testigos de cargo  de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

De acuerdo a la doctrina desarrollada en el acápite III.1 del presente fallo, la motivación y fundamentación de las resoluciones constituyen elementos del debido proceso, consistentes en el contenido obligatorio de cada resolución  de exponer  los motivos que sustenten la decisión asumida,  a efectos de lograr un  convencimiento de las partes en conflicto sobre la misma, situación que aconteció en el caso de autos, tal cual se ha detallado a través de los párrafos que anteceden, donde se observa como el tribunal de segunda instancia, procedió a dar respuesta  a cada uno de los agravios formulados en etapa de apelación, explicando no solo el hecho factico sino también amparó su decisión en la normativa aplicable a la disyuntiva planteada,  consecuentemente no se observó que carezca de fundamentación, mucho menos que  no se haya  pronunciado sobre cada denuncia formulada, pues pese a que se pretendió  una nulidad de obrados, el Ad quem  ha verificado el correcto tramite y la falta de reclamo oportuno sobre aspectos que no  se hallaban sustentados para poder proceder a un saneamiento  procesal, que insistentemente la parte apelante y ahora recurrente pretende, sin que  dicho pedido se halle demostrado.

Ahora bien, en cuanto a una observación en la valoración de la prueba, la parte recurrente incurre en el mismo hierro a momento de interponer su recurso de apelación, pues no señala de qué forma se habría incurrido en error de hecho o de derecho en la valoración de la prueba testifical, situación que no puede ser subsanada por el Tribunal Ad quem, siendo que el mismo debe restringir su decisión a lo expuesto en la apelación de acuerdo al principio de pertinencia, no obstante de ello el Tribunal Ad quem advirtió que la prueba presentada fue correctamente valorada, y que con relación a la prueba testifical el apelante no objeto oportunamente su producción, por lo que el juez A quo ejerciendo su labor privativa de apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley fue realizada en resguardo del principio de la unidad de la prueba, habiendo procedido a confrontar las pruebas producidas en el caso de autos, de las cuales ha formado convicción sobre los hechos acontecidos, que han conllevado a la determinación asumida.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, arts. 134, 144, 145 y 186 del Código Procesal Civil, ni norma, ni principio, o garantía constitucional alguna que asiste a las partes, por lo que corresponde emitir resolución conforme a lo establecido por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 600 a 607, interpuesto por Juan  Carlos Castillo Antezana  y otros  contra el Auto de Vista N° 15/2018 de 18 de mayo, cursante de fs. 587 a 597 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.