TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 125/2019

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: SC-85-18-S                                                                   

Partes:  Wálter Carballo Martínez y Felicidad Avendaño Paredes c/ Cornelio Cayo 

              Puquimia.

Proceso: Rescisión del contrato por efecto de la lesión, devolución de dinero y pago 

              de daños y perjuicios.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 235 a 241 interpuesto por Wálter Carballo Martínez y Felicidad Avendaño Paredes  contra Auto de Vista No. 166/2018 de fecha 11 de abril cursante a fs. 229 y vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de rescisión del contrato por efecto de la lesión, devolución de dinero y pago de daños y perjuicios, seguido por los recurrentes en contra de Cornelio Cayo Puquimia, contestación al recurso de casación de fs. 244 a fs. 246 vta., el Auto de concesión  de fecha 13 de junio de 2018 cursante a fs. 248, el Auto Supremo de Admisión Nº 614/2018 de fs. 255 a 256 vta.; los antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Propuesta la demanda de rescisión del contrato por efecto de la lesión, devolución de dinero y pago de daños y perjuicios por Wálter Carballo Martínez y Felicidad Avendaño Paredes contra Cornelio Cayo Puquimia, quien de fs. 88 a fs. 105, contestó negativamente a la demanda y opuso excepciones de prescripción o caducidad, falta de legitimación, demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma e indebida acumulación de pretensiones y defensa sobrevinientes fundadas en hechos nuevos dirigidas al fondo.

En ese enfoque y conforme al desarrollo del proceso, en audiencia preliminar de 25 de julio de 2017 que cursa de fs. 132 a 139 vta., el Juez A quo declaró IMPROBADAS las excepciones previas planteadas por la parte demandada; en la audiencia complementaria del 22 de agosto de 2017 que cursa de fs. 154 a 160, prorrogada para el 12 septiembre de 2017 de fs. 178 a 182 vta., el juzgador de instancia mediante Sentencia Nº 054/2017 del 09 de octubre de 2017 cursante de fs. 183 a fs. 191 resolvió fallar declarando PROBADA en parte la demanda ordinaria de rescisión y/o resolución de contrato, improbada en relación al pago de daños y perjuicios y sin costas judiciales por ser declarada probada en parte.

Resolución de primera instancia que fue apelada por Cornelio Cayo Puquimia a través del memorial de fs. 196 a 212 vta., lo cual fue resuelto por Auto de Vista No. 166/2018 de fecha 11 de abril cursante a fs. 229 y vta., que ANULÓ obrados hasta fs. 114, en la que dispuso que el juez A quo señale audiencia preliminar debiendo sustanciar en forma debida las actividades procesales conforme al art. 366 del CPC, razonando que:

En la audiencia preliminar del 25 de julio de 2017 no se desarrolló las actividades procesales en el orden correlativo previsto por el art. 366 del Código Procesal Civil, realzó que la fijación definitiva del objeto del proceso es de vital importancia, puesto que delimita la acción y pretensión precisa de la demanda.

Mencionó los artículos 213.I, II. inc.1) y 366 del Código Procesal Civil, argumentando que la sentencia incurre en notoria incongruencia, por la falta definitiva del objeto del proceso, que el encabezamiento de la sentencia no es congruente por referir “cumplimiento de obligación” y en su parte resolutiva declarar probada la acción de rescisión y/o resolución de contrato.

Finalmente señaló que se contraviene el art 216.II y 213.II inc.8) de la norma adjetiva civil toda vez que la fecha de la sentencia sería errónea, además de que venció el plazo para la lectura de la sentencia.

Resolución que fue impugnada vía recurso de casación recurso de casación de fs. 235 a 241 interpuesto por Wálter Carballo Martínez y Felicidad Avendaño Paredes, recurso que se analiza.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurrente en casación en su acápite de agravios, señala en un amplio bagaje con respecto a las nulidades procesales, resaltando los principios que rigen las mismas, como ser el principio de especificidad y trascendencia (art. 105 de la Ley Nº 439), apuntando que tanto la audiencia preliminar como complementaria habrían cumplido con la finalidad prevista por ley; alude el principio de congruencia, principio de oportunidad y de preclusión conforme a los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 encaminando que en el presente caso no existió indefensión ni reclamo oportuno; cita el principio de protección, oportunidad, subsanabilidad, finalidad y conservación de los actos procesales, todo ello remarcando en que la Sentencia Nº 54/2017 del 09 de octubre de 2017 cumple con los requisitos formales y materiales, por lo que debe mantenerse firme e inmutable y no puede ser anulada por ningún motivo.

Acusó que en virtud del contrato de venta de mercaderías, que jamás se habría entregado un inventario al momento de la transferencia de abarrotes.

Denunció que la excepción de prescripción en cuanto al art. 635 de Código Civil opuesta por el demandado es improcedente, hasta impertinente; que el demandado pretende confundir la acción resolutoria, con un contrato aleatorio, indicando que nunca se acordó algún aspecto futuro e incierto, ya que el demandante entregó Bs. 140.000 a cambio de la entrega de mercadería, pero en contraposición el demandado entregó la mercadería en un valor menor al 50%.

Alegó que cuenta con legitimación en virtud al contrato privado de 27 de noviembre de 2015 para la transferencia de una tienda comercial de abarrotes por la suma de Bs. 140.000. Una vez que el demandante tomó posesión de la tienda comercial se percató que la suma de la mercancía apenas sumaba la de Bs. 58.420, mediante el informe de auditor financiero.

El recurrente expuso que la excepción de demanda defectuosa o trámite inadecuado no existe, por lo que la demanda es clara y precisa, resalta además que la demandada hizo abandono de la audiencia complementaria, lo cual se configuraría en ser desfavorable para la demandada.

Por último, manifestó que dentro del proceso existió fijación definitiva del proceso, así como se determinó el objeto de la prueba. No obstante, en caso de no existir objeto del proceso, este debió haberse reclamado oportunamente.

Por lo anterior peticiona que este Tribunal Supremo de Justicia admita el recurso de casación en el fondo y case el Auto de Vista Nº 166/2018 del 11 de abril.


De la respuesta al recurso de casación.

Manifestó que el recurrente no cumple con los requisitos señalados en el art. 274.I del Código Procesal Civil, a causa de que los recurrentes aducen sin fundamentar, tampoco señalan cual es el supuesto agravio sufrido.

Señaló que el Tribunal Ad quem al pronunciar el Auto de Vista Nº 166/2018 de 11 de abril de 2018 obró con legalidad, sujetándose de esa manera al art. 261.I y 265.I del Código Procesal Civil.

Expuso que al haberse omitido la fijación definitiva del objeto del proceso conforme al art. 366 núm.6) de la ley Nº 439, es que se infringió el principio de congruencia acorde al art. 213.I del CPC.

Para terminar, enunció que este Tribunal debe tener en cuenta que la fijación definitiva del objeto del proceso es imprescindible en virtud del art. 39.I inc. 5 del protocolo de aplicación del Código Procesal Civil Nº 189/2017.

Concluye el contenido de su contestación pidiendo que éste Tribunal Supremo declare la improcedencia, así como declarar infundado el recurso planteado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. Objeto del proceso.

De acuerdo al PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL tenemos que: “I. El objeto del proceso está constituido por la pretensión o pretensiones contradichas (problema jurídico) que las partes han introducido a la causa (insatisfacción), en mérito a la demanda, reconvención, sus respuestas, y cuando el objeto sea de orden público o sobre derechos indisponibles; que se determina por una petición declarativa, constitutiva o de condena. Es decir, el remanente del conflicto subsistente a ser resuelto en el proceso mediante sentencia, ejemplo, si la pretensión dentro de proceso ordinario sobre cumplimiento de obligación versa sobre la devolución de un capital prestado más el pago de intereses por dos años y la parte demandada señala respondiendo que pagó el capital y lo único que debe son dos años de intereses. El objeto del proceso viene a ser el conflicto sobre la devolución del capital y no así de los intereses de dos años reclamados.

II. Si existe demanda y reconvención, el objeto del proceso estará constituido por las pretensiones contradichas insertas por ambos actos de proposición.

III. Si por inasistencia de una de las partes se declara el desistimiento sea de la demanda o reconvención, el objeto del proceso estará constituido por la pretensión del acto de proposición subsistente.

IV. Si se declara el desistimiento de la pretensión y en su caso de la reconvención, ya no existe objeto de los actos postulatorios.

V. En el caso de existir un allanamiento y la pretensión es disponible la autoridad judicial deberá dictar resolución de fondo en forma inmediata.”

III.2. Ante la interposición del recurso de casación en la forma y fondo, es necesario en primer lugar resolver los reclamos de forma.

Sobre este punto, corresponde señalar lo expresado en la doctrina aplicable contenida en el AS  203/2016 de fecha 11 de marzo 2016, que de forma clara ha expresó: “En principio corresponde orientar que conforme establece el art. 274 del Código Procesal Civil, el recurso de casación puede ser interpuesto tanto en la forma como en el fondo; norma que posee un contenido análogo con lo que establecía el  art. 258 num. 2) del Código de procedimiento Civil, tipo de recursos que tiene relación con la forma de resolución que ha de emitirse, en vista de que el recurso de casación en la forma, es el mecanismo recursivo, mediante el cual se acusan aspectos inherentes a la forma de la tramitación de la causa, cuya finalidad es anular obrados y el recurso de casación en el fondo, es el mecanismo recursivo idóneo para observar la errónea aplicación, violación o interpretación de la ley realizado por los jueces de instancia y la finalidad de la misma es casar el Auto de Vista, y debido a esta notoria diferenciación, es que de principio y por metodología estructural corresponde pronunciarse en un primer momento, sobre los reclamos de forma, puesto que de ser evidente los mismos, la resolución a emitirse como se expuso es una anulatoria y  no corresponderá realizar un análisis en cuanto a los reclamos de fondo, entonces debido a ese antecedente, es que en principio corresponde realizar un análisis de los reclamos inherentes a la forma del proceso.”

III.3. De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señaló: I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente código. II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero, como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.4. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme el contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y, en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril 2016, en base a lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y apoyo normativo, en la Ley Nº 439 art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.”

CONSIDERANDO IV:

DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Antes de abordar las razones por las cuales el Tribunal Ad quem llegó a tal determinación debemos observar que el nuevo enfoque del Código Procesal Civil con respecto a la nulidad de los actos procesales, establece que esta es una medida de ultima ratio, es una vía excepcional a la regla de protección de los actos válidamente desarrollados en proceso.

1. Bajo tales lineamientos el Tribunal Ad quem desarrolló sus razones con base en la audiencia preliminar del 25 de julio de 2017, actuado que no se desarrolló las actividades procesales en el orden correlativo previsto por el art. 366 de Código Procesal Civil, en si a la falta de fijación definitiva del objeto por el juez, en el mismo sentido enfatizó que la sentencia tiene notoria incongruencia, por la falta definitiva del objeto del proceso.

Con base a las razones arribadas por el Tribunal Ad quem para anular obrados hasta fojas 114, debemos enfatizar que el Tribunal de segunda instancia advirtió una falta de congruencia ante la ausencia de la fijación definitiva del objeto del proceso en la audiencia preliminar.

Ahora bien en cuanto a la fijación definitiva del objeto del proceso debemos señalar que la misma es necesaria para limitar la actividad procesal sobre el cual el juzgador debe decidir, tanto por la pretensión formulada por la parte actora como por la defensa o excepción hecha por la parte demandada, las mismas que serán materia de actividad probatoria, para luego ingresar a valorar la admisión o no de los medios probatorios ofrecidos en la demanda y contestación, conforme lo desarrollado en la doctrina III.1. En este enfoque es evidente la necesidad práctica que conlleva la fijación definitiva del objeto del proceso en cuanto a los actos de postulación ofrecidas por las partes, objeto del proceso que no fue establecido por el juez en la audiencia preliminar, sin embargo, las partes no efectuaron reclamo alguno en la audiencia preliminar, dejando precluir el reclamo en dicho actuado procesal conforme describe la regla contenida en el art. 16.I de la Ley Nº 025. Al margen de ello la fijación del objeto del proceso se encuentra identificado con el elemento objetivo de la pretensión, que tiene reparto en los hechos fácticos planteados con base al cual se efectuó el diligenciamiento de prueba, por lo que la motivación descrita por el Ad quem, de ninguna manera puede acarrear la nulidad de obrados hasta la audiencia preliminar.

Con relación a la segunda observación del Tribunal de Alzada en sentido de que en sentencia, no estuviera descrito el objeto del proceso como exige el art. 213 del Código Procesal Civil, cabe destacar y priorizar lo normado por el art. 218.III del Código Procesal Civil en el que fija: “Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo”, de mismo modo el art. 265.III de la misma Ley alude: “Deberá decidir sobre puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiera solicitado aclaración, complementación o enmienda, siempre que los en los agravios se hubiere reclamado pronunciamiento sobre tales agravios”; por lo tanto y en tal entendimiento el Tribunal de segunda instancia tiene plenas facultades para pronunciar su resolución sobre el fondo del asunto y de igual manera sobre los puntos omitidos en la sentencia, y ante tal eventualidad correspondía al Ad quem suplir la omisión o el yerro generado por el juez en sentencia, con base a las citadas normas descritas, por lo que tampoco concierne vacío procesal en la sentencia.

2. En cuanto a la observación del contenido de la sentencia por el Ad quem sobre el encabezamiento que sería incongruente por referir “cumplimiento de obligación” y en su parte resolutiva declarar probada la acción de rescisión y/o resolución de contrato, que la fecha de la sentencia sería errónea y sobre el vencimiento del plazo para la lectura de la sentencia, cabe referir:

Si el Tribunal de segunda instancia se percató del encabezamiento de la sentencia cumplimiento de obligación- no coincide con la parte resolutiva -declarar probada la acción de rescisión y/o resolución de contrato-, en primer término, debió analizar si tal evento altera en lo sustancial la decisión principal, y caso contrario corregir o enmendar los errores materiales advertidos haciendo uso del art. 226.I. del Código Procesal Civil, o 218.III del mismo adjetivo civil. Por último, sobre el vencimiento del plazo para la lectura de sentencia, esta no afecta la validez de la misma por lo puntualizado en art. 217 de la Ley N° 439.

Ahora bien, establecido como está que la finalidad primigenia del proceso es contribuir en la solución efectiva del conflicto planteado por las partes que recurren al sistema judicial precisamente porque al margen de la intervención de autoridad competente no han podido superar sus dificultades, no resulta coherente que el Tribunal de Alzada, advirtiendo las infracciones en que ha incurrido el A quo con la emisión de una resolución que, infringiendo el deber que le impone la norma y conculcando los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, no ha resuelto la causa manteniendo latente el conflicto entre partes y lejos de poner fin a la controversia, la ha agudizado dilatándola innecesariamente y, sumado a esto, advertidos estos yerros, niega la tutela judicial efectiva a la que se encuentra reatado, sin advertir que en el caso de Autos  no ha puesto fin al conflicto solicitado por las partes contendientes, resultando indebida la nulidad decretada por el Ad quem, medida que conforme los principios que rigen a las nulidades procesales, sólo debe aplicarse en aquellos casos en los que no existe otro medio para dar solución al conflicto y cuando está afectado el debido proceso en su vertiente del derecho a la defensa, conforme rige el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley del Órgano Judicial, que conciben al proceso no como un fin en sí mismo sino como el medio a través del cual se logra la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva superando la concepción ritualista y transitando a corriente más amplia en la que lo importante es la protección que la norma procura a las partes a fin de que estas, en el marco del debido proceso puedan hacer valer sus pretensiones.

Siendo evidente la nulidad a disponerse conforme a lo expuesto en el punto III.2 no corresponde pronunciarse sobre los reclamos de fondo.

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada, no cumplió con las previsiones contenidas en los artículos 218.III y 265.I y III del Código Procesal Civil, normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Por lo expuesto, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.III núm. 1 inc. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 166/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 229 y vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que el Tribunal Ad quem, emita nueva resolución con base en el art. 265.I del Código Procesal Civil, sin espera de turno y previo sorteo. Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del artículo 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.