TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L




Auto Supremo: 122/2019

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: SC-83-18-S                                                                   

Partes: Empresa Construmax Bolivia S.R.L. y George Omar Mahoma Satt c/    Colinas del Urubó S.A.

Proceso: Constitución en mora y cumplimiento de contrato.

Distrito: Santa Cruz de la Sierra.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 366 a 375 interpuesto por Colinas del Urubó S.A., representada por Lidio René Landívar Landívar y Mario Foianini Foianini contra el Auto de Vista N° 125/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 360 a fs. 362, pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Doméstica o Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de constitución en mora y cumplimiento de contrato de compromiso de compraventa de inmueble urbano, seguido por José Carlos Murillo Fiori en representación de la Empresa Construmax Bolivia S.R.L., y del señor George Omar Mahoma Satt en contra de Colinas del Urubó S.A., representada por Juan Carlos Bascopé Arce y Lidio René Landivar Landivar, la contestación al recurso de casación de fs. 378 a fs. 381, el Auto de concesión  de fecha 13 de junio de 2018 cursante a fs. 382, los antecedentes procesales, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Planteada la demanda de constitución en mora y cumplimiento de contrato de compromiso de compraventa de inmueble urbano interpuesta por José Carlos Murillo Fiori en representación de la Empresa Construmax Bolivia S.R.L., y del señor George Omar Mahoma Satt en contra de Colinas del Urubó S.A., representada por Juan Carlos Bascopé Arce y Lidio René Landivar Landivar, que previa su citación contestó negativamente a la demanda y opuso excepción de demanda defectuosamente propuesta (fs. 205 a fs. 214 vta.).

El Juez décimo séptimo de partido en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, pronunció Sentencia N° 35-18 bis del 06 de febrero de 2017, cursante de fs. 308 a fs. 311, declarando IMPROBADA la demanda de constitución en mora y cumplimiento de contrato, con costas y costos.

Resolución de primera instancia que fue apelada por la parte demandante, que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista N° 125/2018 de fecha 27 de abril, cursante de fs. 360 a fs. 362, que ANULÓ obrados hasta fs. 308 para que el juez a quo dicte nueva sentencia, argumentando que:

Aludió la Sentencia Constitucional Nº 731/2014 de 10 de abril relativo a la congruencia de la resoluciones, alegando que el administrador de justicia tiene que tomar en cuenta todos los puntos expresados por las partes, de lo contrario se tendría una sentencia que no es precisa ni congruente y por tanto violenta las garantías del peticionario.

De igual manera describió el art. 213 del Código Procesal Civil en sus incs. 3 y 4, explicando que se debe tener en cuenta la litis entre las partes tienen como principales pretensiones a la constitución en mora de la acreedora y el cumplimiento del contrato de compromiso de compraventa de inmueble urbano, mismos que no han sido cumplidos conforme al art. 213 inc. 3 y 4, por no tener congruencia en la parte resolutiva y dispositiva de la sentencia de primera instancia.

Resolución que fue recurrida en casación de fs. 366 a 375 interpuesto por Colinas del Urubó S.A., representada por Lidio René Landívar Landívar y Mario Foianini Foianini, recurso que es objeto de análisis.


CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

Los recurrentes hacen un breve relato: con respecto al inicio de la demanda, su admisión; las actitudes que habrían tomado como demandados concretadas en una excepción de demanda defectuosamente propuesta y una contestación negativa, en las que identifican como problemática central el incumplimiento de contrato de acuerdo a la cláusula décima, la constitución en mora y el cumplimiento de contrato en cuanto a las obligaciones del demandante, a lo cual contrarresta haciendo mención respecto a que el incumplimiento de contrato no opera cuando existe plazo pendiente; en cuanto a la constitución en mora indicó que de acuerdo a la cláusula séptima del contrato de 26 junio de 2016, misma que no reconoce a terceros beneficiarios y que no corresponde una cesión de derechos por no existir aquiescencia del acreedor, por lo que no puede prosperar la misma en virtud al art. 539 del Código Civil; y en cuanto al cumplimiento de contrato conforme a las obligaciones previstas en los arts. 327 y 520 del CC, el recurrente al limitarse a rechazar y negar a transferir un inmueble a un tercero que no participa del contrato, no estaría incumpliendo ninguna obligación.

Por otra parte, cuestiona la errónea interpretación del art. 213 inc. 3) y 4) del Código Procesal Civil, concluyendo que el considerar que la sentencia no cumple con la exigencia de la motivación y la congruencia, sería una decisión que tiene carácter arbitrario, puesto que la sentencia de 06 de febrero está suficientemente motivada, conforme al objeto de la prueba, la cita de leyes, además que la sentencia cuenta con el estudio de los hechos probados y no probados, por lo que no se necesita una sentencia amplia, sino basta que se exponga el hecho y señalar el criterio al respecto, por lo que la sentencia sería congruente y está debidamente fundamentada.

Por último y con base a los criterios vertidos, que ante la interposición del recurso de casación en el fondo, pide se conceda y posteriormente éste Tribunal case totalmente la resolución cuestionada, confirmando la resolución de primera instancia.

De la respuesta al recurso de casación.

Ahora bien, el demandante viene en contestar el recurso de casación, arguyendo que se evidencia una impugnación forzada: ya que Tribunal de apelación pronunció un Auto de Vista justiciero; que la parte demandada pretende impugnar una resolución mediante la mención de actuados procesales y precedentes jurisprudenciales; que el Tribunal de apelación constató que dicha sentencia no es precisa ni congruente; que el Auto Supremo citado por el recurrente en ninguna parte prevé que la transgresión del principio de congruencia pueda ser tolerada o soportada en detrimento del debido proceso y en favor del principio de celeridad; para luego inferir que la anulación de obrados hasta la sentencia  se generó en virtud de los arts. 115.II de la CPE y 213 núm. 2 y 3 del Código Procesal Civil.

Indicó sobre la correcta anulación de la sentencia incongruente en segunda instancia, misma que ha sido sancionada correctamente con la nulidad de obrados, y que del análisis de la demanda es que se demandó la constitución en mora, eludiendo los artículos 327 y 520 del Código Civil, por lo tanto la sentencia de fs. 308 a 311 incurrió en una incongruencia negativa, es decir citra petita, aspecto que motivó la correcta nulidad de obrados adoptada por el Tribunal ad quem.

De modo semejante contesta el recurso de casación aludiendo a la falta de valoración de las pruebas de cargo, infringiendo así el art. 115.II de la CPE; que al no analizar y valorar todas las pruebas se le habría causado agravio, que el Juez A quo efectuó una cita vaga e imprecisa de algunas pruebas, como ser de documentales de fs. 1 a 17, de fs. 29 a 89, ni las pruebas de reciente obtención de cargo de fs. 275 a 293, ni la prueba de confesión provocada de fs. 302 a 304; resaltó que el juez de instancia al admitir tales pruebas tenía la obligación valorarlas en forma expresa; y que al momento de emitir la sentencia el juez de instancia tenía la obligación de valorar todas la pruebas; bajo ese tenor enfatizó que se estaría infringiendo el art. 213.II del Código Procesal Civil, así como el art 30 núm. 11 de la Ley del Órgano Judicial.

Concluye el contenido de su contestación pidiendo que éste Tribunal Supremo declare infundado el recurso de casación.


CONSIDERANDO III:


DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. De la incongruencia omisiva y de la trascendencia o relevancia en la incongruencia.

Con relación a la trascendencia de la incongruencia a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se orientó en sentido que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los arts. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.

Del lineamiento Jurisprudencial extractado se puede establecer que este Tribunal bajo un criterio de logicidad en aplicación del principio de razonabilidad, ha determinado que si bien debe respetarse el debido proceso en su elemento congruencia; empero, ese criterio no debe ser sustentado o interpretado bajo paradigmas estricta y rigurosamente formales, sino que la interpretación de legalidad debe ser desde y conforme  un enfoque constitucional donde la finalidad del debido proceso, sea la preeminencia de derechos sustantivos sobre los adjetivos, criterio que resulta aplicable; siempre y cuando bajo un criterio de previsibilidad se advierta que corrigiéndose esos errores o defectos formales, la Resolución de fondo no ha de sufrir modificación alguna, resultando  por ende la nulidad procesal a disponerse una con un carácter netamente formal que no posea un fin sustancial, es decir, que la misma no ha de tener relevancia en el proceso, un entendimiento antagónico implicaría desconocer los principios que rigen la nulidad de obrados (los cuales se detallaran en el punto siguiente) como ser el de trascendencia, criterio que también fue asumido por Tribunal Constitucional bajo el denominativo de -relevancia constitucional-, el cual orienta en sentido que la tutela constitucional en tema de infracciones procedimentales es  acogida cuando : “ esa infracción procedimental da lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (SCP Nº1062/2016-S3 Sucre, 3 de octubre de 2016). En ese mismo sentido, la SC 1905/2010-R de 25 de octubre, sostuvo que: “…una problemática no tiene relevancia constitucional cuando la resolución de fondo que la jurisdicción ordinaria emitió no vaya a ser modificada o de resultado diferente, aun cuando se disponga subsanar los errores u omisiones de procedimiento incurridas por el demandado de amparo constitucional”.

El entendimiento expuesto supra resulta aplicable al tema de la incongruencia omisiva, bajo el entendido de que los recurrentes deben fundamentar en sentido que de disponerse la restitución o pronunciamiento sobre esta pretensión, la decisión de fondo ha de sufrir modificación, esto con la finalidad de que la determinación a ser asumida no sea con un carácter netamente formal, es por dicho motivo que ese derecho no resulta absoluto, sino que debe responder a los principios y criterios dogmáticos que hacen a una nulidad procesal bajo una interpretación sistemática, y en caso de reunir los presupuestos citados corresponde otorgar y disponer la restitución del defecto formal por ser gravitante y trascedente. 

III.2. De la nulidad procesal.

Si bien el régimen de la nulidad de obrados, se encontraba orientado bajo un enfoque totalmente formalista conforme orientaba el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (Abrogada), empero, con el transcurso del tiempo conforme al principio de progresividad, dicho instituto jurídico procesal ha sido modulado  por la  jurisprudencia y reorientado por nuestro ordenamiento jurídico procesal actual, mereciendo consideración especial, en  los nuevos Códigos en si regulando su procedencia (Ley del Órgano Judicial Nº 025 y Código Procesal Civil Ley Nº 439), esto debido a la importancia que relieva su aplicación en los distintos procesos que se desarrollan, pues es concebido como un instrumento que permite remediar la violación del debido proceso en su elemento de derecho a la defensa, pero de ningún modo constituye el medio para el cumplimiento de fórmulas ritualistas establecidas en el procedimiento, por ello es contundente el art. 16 de la Ley Nº 025 al indicar que: “Las y los magistrados, vocales y jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa”, entendimiento  en concordancia con  la Ley Nº 439, respecto a  la nulidad de los actos procesales, con vigencia anticipada, que precisa la especificidad y trascendencia de vicio para que opere la nulidad procesal poniendo como factor gravitante para esa medida la indefensión que hubiere causado aquel acto.

Estos presupuestos legales, han sido establecidos en desarrollo de la garantía constitucional que desprende el art. 115 de la CPE., que indica  “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, estableciéndose que es Política del Estado garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el derecho a un proceso sin dilaciones, o sea sin aquellos obstáculos procesales que tienden a dilatar la tutela jurisdiccional solicitada.

Por lo manifestado, es indiscutible resaltar y reiterar que la nulidad procesal es una medida de -ultima ratio-, siendo la regla la protección de los actos válidamente desarrollados en proceso, por lo que,  ahora resulta limitativo aplicar una nulidad procesal, puesto que si en la revisión de los actos procesales desarrollados se verifica que esa irregularidad no fue reclamada oportunamente y el acto cumplió con su finalidad procesal, no puede pretender el juzgador fundar una nulidad procesal en ese acto procesal por su sola presencia en la causa, sino se debe apreciar  la trascendencia de aquel acto  de manera objetiva en relación al derecho a la defensa de las partes.

En ese sentido en el régimen de nulidades procesales, impuesta en la nueva normativa jurisdiccional, elaboró los presupuestos de una posible nulidad conforme a la doctrina de los principios procesales, por ello se hace indispensable que el operador de justicia cuando tome una decisión anulatoria verifique a luz de estos esa disposición como última opción; en ese cometido podemos manifestar que el Principio de Especificidad o Legalidad, se encuentra establecido en el art. 105.I de la Ley Nº 439 que establece que “Ningún acto o trámite judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la Ley”; criterio de nulidad específica, pero esta no se concibe en el principio de legalidad en su forma pura, sino en una forma mucho más amplia y flexible, atenuada, acorde a las necesidades de la práctica forense y con mayor criterio de juridicidad, misma sustancia se aprecia de la primera parte del parágrafo II del artículo precitado.

El Principio de Trascendencia y el Principio de finalidad del acto procesal, sitúan su lugar en el art. 105.II del Código Procesal Civil, que indica que: “El acto será válido, aunque sea irregular, si con él se cumplió con el objeto procesal al que estaba destinado, salvo que se hubiere provocado indefensión”, cabe resaltar que la sola presencia de un vicio no es razón suficiente para que el Juez declare la nulidad de un acto procesal, se requiere además, compulsar si el acto aunque anómalo cumplió con el propósito procesal (finalidad del acto) y que ese vicio sea trascendente; es decir, que determine un resultado probablemente distinto en la decisión judicial o coloque al justiciable en estado de indefensión. No procede, por tanto, la nulidad fundada en el mero interés de la ley, sino cuando la inobservancia de las formalidades del acto causa un daño que no puede ser reparado si no es por esta vía excepcional.

El Principio de Protección tiene como fundamento la protección del acto, y en ello proteger aquellos sujetos inmersos en un proceso, ya como parte o como terceros, en ese fin el proponente de la nulidad no puede ser el mismo que ha originado la supuesta nulidad, pues ese actuar estaría afectando a otros interesados en el proceso, por ello se dice que el presupuesto de la nulidad es la ausencia de culpa o dolo de quien la alega; quien la deduce debe acreditar un perjuicio cierto y actual a su derecho de defensa, demostrando también su interés en la subsanación del vicio; bajo esa concepción el art. 106.II del Código Procesal Civil establece: “También la nulidad podrá ser declarada a pedido de la parte que no concurrió a causarla y que tenga interés en la observación de la norma respectiva, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para la obtención de su fin y haber sufrido indefensión”.

El fundamento del Principio de Convalidación es que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, no obstante haber tenido expedito el derecho para deducir su nulidad, no lo hace oportunamente en su primera actuación; con ese proceder dota a dicho acto de plena eficacia jurídica; en ese mérito se estableció que “II. No podrá pedirse la nulidad de un acto por quien la ha consentido, aunque sea de manera tácita. III. Constituye confirmación tácita, no haber reclamado la nulidad en la primera oportunidad hábil” (art. 107 de la Ley Nº 439).

Asimismo el Principio de conservación que implica la conservación de los actos procesales, la cual sólo admite excepciones ante supuestos de lesión al debido proceso con incidencia en el derecho a la defensa, se encuentra instituido en el art. 107-I) de la norma procesal citada que sostienen: “Son subsanables los actos que no hayan cumplido con los requisitos formales esenciales previstos por ley, siempre y cuando su finalidad se hubiera cumplido”.


CONSIDERANDO IV:


DE LOS FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Dados los criterios vertidos, tanto en la doctrina aplicable al caso, como en la revisión del proceso, se llega a advertir que el Auto de Vista Nº 125/2018 de 27 de abril, cursante de fs. 360 a fs. 362 anula obrados hasta fojas 308, es decir hasta el dictamen de la sentencia, señalando que la sentencia no tiene congruencia en la parte resolutiva y dispositiva, citando al efecto el art. 213 núm. 3 y 4 del Código Procesal Civil.

Bajo esos antecedentes corresponde con carácter previo a resolver los reclamos expuestos en el recurso de casación planteado, mencionar que el art. 106 del Código Procesal Civil faculta al Tribunal de casación revisar de oficio el proceso cuando en su parágrafo I señala, que “la nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte en cualquier estado del proceso, cuando la ley lo califique expresamente”, disposición legal que se relaciona con el art. 5 del mismo adjetivo civil, que otorga el carácter de orden público a las normas procesales y por lo tanto de cumplimiento obligatorio; esto, porque en los procesos que llegan a su conocimiento se debe verificar si en ellos se observaron las formas esenciales que hacen eficaz a un proceso de conocimiento y fundamentalmente que las resoluciones que contenga, sean útiles en derecho y guarden la seguridad jurídica  que las partes buscan a través de aquel, lo contrario sería hacer insubsanables las consecuencias materiales y jurídicas del mismo.

En este contexto, es menester señalar que conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el recurso de apelación, se constituye en el más importante de los recursos ordinarios, es el remedio procesal por el que se pretende que un Tribunal Superior, revoque o modifique una resolución judicial que se estima errónea en la interpretación, aplicación del derecho, en la apreciación de los hechos y de la prueba, ello supone una doble instancia donde el Tribunal debe circunscribirse a examinar la decisión impugnada, sobre la base del material reunido en primera instancia. (Las negrillas son nuestras). En ese entendimiento se examina que el recurso de apelación planteado por Jose Carlos Murillo Fiori en representación de la Empresa Construmax Bolivia S.R.L., y del señor George Omar Mahoma Satt a través del memorial de fs. 319 a 324 vta., cuenta con reclamos que aluden a la falta de valoración de la prueba, verdad material, cita de normas legales, estimando que el resultado de la sentencia fuera diferente en base a un análisis íntegro del Tribunal de segunda instancia, lo cual no aconteció en el presente proceso toda vez que el Tribunal ad quem se limitó a anular obrados, sin entrar a resolver los errores acusados.

En ese entendido, haciendo un análisis minucioso del Auto de Vista recurrido, se evidencia que el Tribunal Ad quem en el razonamiento de fs. 362, únicamente alude que: “(…) que debe tener su congruencia en la parte RESOLUTIVA Y DISPOSITIVA de la Sentencia de Primera Instancia, al declarar PROBADA ó IMPROBADA la demanda en cuanto a cada una de pretensiones de la demanda principal, y al no haber cumplido con los requisitos exigidos el art. 213-3 y 4 del Código Procesal Civil, corresponde ANULAR la Sentencia de fs. 308 a 311, para que se dicte nueva sentencia (…)”, por tal motivo el Tribunal de Alzada realiza un abstracción jurídica, sin concretar en qué sentido se lesionó la falta de congruencia, incluso sin distinguir el resultado concreto de la Sentencia de 06 de febrero de 2017 cursante de fs. 308 a 311 que declaró IMPROBADA la demanda, aspecto por el cual adoptó un criterio general, soslayando la resolución de la causa.

En tal sentido se debe recordar que el Tribunal de segundo grado, al constituir un órgano judicial de conocimiento y no así de puro derecho como es el Tribunal de casación, tiene la facultad y la obligación de analizar y resolver todos los fundamentos del recurso de alzada, apreciando y considerando el conjunto de la prueba acumulada durante la tramitación del proceso, no pudiendo soslayarse a la resolución de la causa, si en el texto del memorial de apelación constan fundamentos y especialmente agravios que deben ser dilucidados, resueltos y considerados sin restricción alguna.

Consiguientemente, correspondía al Tribunal de apelación, pronunciarse resolviendo los recursos de apelación, otorgando a las partes recurrentes una respuesta razonada y efectiva, dentro de los límites que establece el art. 265. I y III del Código Procesal Civil, y al no haberlo hecho ha vulnerado una norma de orden público y de cumplimiento obligatorio que acarrea la nulidad de obrados, toda vez que no existe pronunciamiento sobre las pruebas adjuntas al proceso en primera y segunda instancia y los aspectos alegados en el recurso de alzada y en el de su contestación, situación que condice con el reclamo del ente demandado que alega que el Auto de Vista es arbitrario

En conclusión, se advierte que el Tribunal de Alzada, no cumplió con las previsiones contenidas en los arts. 218.III y 265.I y III del Código Procesal Civil, normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio.

Por lo expuesto, en aplicación del art.106. I del Código Procesal Civil, corresponde a este Tribunal fallar en la forma prevista por el art. 220.III del mismo adjetivo civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.III.1. c) del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista N°125/2018 de 27 de abril, cursante a fs. 260 a 262 pronunciado por la Sala Primera Civil, Comercial, Familiar, Niñez, Adolescencia, Violencia Intrafamiliar y Doméstica o Pública del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, disponiendo que el Tribunal de Alzada pronuncie nueva resolución conforme el art 265.I del Código Procesal Civil, sin espera de turno y previo  sorteo. Sin multa por ser excusable.

Póngase en conocimiento del Consejo de la Magistratura el presente Auto Supremo, en virtud del art. 17. IV de la Ley del Órgano Judicial.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.