TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                   S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 117/2019

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: CB-31-18-S

Partes: Víctor Jaime Arnéz Camacho y María Luisa Gamarra Salas. c/ José Omar Arzabe Maure y Ligia Jacqueline Aranibar La Fuente.

Proceso: Cumplimiento de contrato y otro.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 292 a 310, interpuesto por José Omar Arzabe Maure y Ligia Jacqueline Aranibar La Fuente contra el Auto de Vista de 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 283 a 288 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato y otro, seguido por Víctor Jaime Arnéz Camacho y María Luisa Gamarra Salas contra los  recurrentes, la contestación cursante de fs. 313 a 317, el Auto Supremo de Admisión Nº 536/2018 de 26 de junio cursante de fs. 324 a 325 vta., los antecedentes del proceso. y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. En base a la demanda cursante de fs. 18 a 21 vta., Víctor Jaime Arnéz Camacho y María Luisa Gamarra Salas iniciaron un proceso ordinario de cumplimiento de contrato y otro; acción que fue dirigida contra José Omar Arzabe Maure y Ligia Jacqueline Aranibar La Fuente, quienes una vez citados, por memorial de fs. 33 a 39 vta., contestaron negativamente a la demanda y presentaron acción reconvencional de reivindicación; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia de fecha 30 de noviembre de 2015, cursante de fs. 197 a 204, donde el Juez de Partido Tercero en lo Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró IMPROBADA la demanda principal de cumplimiento de contrato más pago de daños y perjuicios, PROBADAS las excepciones perentorias y PROBADA la demanda reconvencional de reivindicación.

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Víctor Jaime Arnéz Camacho y María Luisa Gamarra Salas mediante memorial de fs. 207 a 214 vta.; la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emitió el Auto de Vista de fecha 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 283 a 288 vta.,  REVOCANDO la sentencia apelada, en consecuencia declaró PROBADA la demanda de cumplimiento de contrato, IMPROBADAS las excepciones perentorias opuestas a la demanda principal, IMPROBADA la demanda reconvencional de reivindicación, y PROBADA  la excepción de improcedencia opuesta por la parte actora contra la demanda reconvencional, determinación asumida en función a los siguiente argumentos:

- De la cláusula octava  del  contrato de compromiso de venta se tiene que las partes acordaron un plazo de 15 días para la aprobación del crédito bancario con el que pagarían el saldo restante de $us. 55.000,00, debe tenerse presente que la noción de interés esencial de la parte actora no ha sido declarada contractualmente, por el contrario, puede establecerse que las partes han convenido que los vendedores podrán, en caso de incumplimiento, ofrecer la vivienda a otros compradores, lo que no se ha materializado en este caso, de  modo que esta situación descarta la posibilidad de que el plazo acordado sea de esencial interés, ya que se  autorizaba la comercialización del inmueble a favor de otra persona, condición que inviabilizaría el compromiso de venta solo al materializarse la nueva trasferencia, por lo que considera un error tener por resuelto tácitamente el contrato.

- Y respecto al plazo contractual  para el pago del saldo, se tiene como se ha mencionado antes, que las partes pactaron que el plazo de quince días se otorgó para la aprobación del crédito bancario mencionado en la cláusula quinta. Ahora bien el incumplimiento del contrato facultaba a los vendedores a transferir el inmueble a otras personas o a reajustar el precio, pero no la resolución tacita a falta del pago oportuno del saldo concluyendo que la decisión del  A quo es incorrecta.

3. Fallo de segunda instancia que es recurrido en casación por José Omar Arzabe Maure y Ligia Jacqueline Aranibar La Fuente según memorial cursante de fs. 292 a 310 de obrados, recurso que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN     

  1. Que no fue debidamente apreciado que el plazo o termino de los 15 días era de interés esencial conforme manda el art. 571 del CC, debido a que los compradores anticipadamente consintieron  que al incumplimiento del plazo podían ofrecer la vivienda a otras personas o reajustar dicho precio, o sea que si no fuera importante el plazo no se lo habría convenido en el contrato, situación que implica una tacita resolución del contrato.
  2. Refiere que de forma inusual  el Ad quem señala que solo  se convino ofrecer a otros compradores, sin enfatizar la posibilidad del reajuste del precio conforme al criterio comercial de los vendedores, situación que podía darse y les facultaba  a realizar esta operación, de modo que al descartar que el plazo de 15 días no era esencial, inviabiliza el compromiso de venta solo al materializarse otra venta falta de razonabilidad, quedando claro que la materialización de la venta a tercero no fue convenido como condición para operar la resolución no pactada.
  3. Que el Tribunal de apelación al determinar que el interés esencial no ha sido declarada contractualmente, incurre en error de interpretación confunde la resolución no pactada con lo previsto en el art. 569 del CC, porque la resolución no pactada significa que las partes no han determinado esta resolución, lo cual demuestra el error de interpretación.
  4. Que el Tribunal de apelación no entendió que para solicitar el cumplimiento de la obligación debe en principio cumplir con su obligación, pues el art. 568 del CC, es claro al determinar tal aspecto.
  5. La incorrecta interpretación y aplicación de la norma por parte del Tribunal  de Alzada en los puntos 1 y 2 de los fundamentos del Auto de Vista, toda vez que a momento de emitir el mismo confundió la “condición resolutoria contractual” prevista en el art. 569 del Código Civil, con la “Resolución no pactada” establecida por el art. 571 del mismo cuerpo legal. 
  6. Que el Tribunal de apelación no ha fundado en derecho las razones del por qué excluyó la prueba testifical de descargo cursante a fs. 157, 161 y 162, siendo que en esta prueba los testigos de manera clara y unánime expresan que les consta la existencia de terceros interesados en la compra del inmueble objeto de litigio, sin embargo se desanimaron porque los demandantes no querían salir del inmueble lo que impedía mostrarles físicamente el mismo.
  7. Refiere que el Tribunal de apelación realiza una incorrecta interpretación, debido a que la excepción perentorio no estaba destinada a cuestionar la legitimación procesal sino la sustancia, en sentid que carece de acción, porque el contrato quedó resuelto.
  8. Que el Tribunal de Alzada incurrió en error de hecho al excluir de su valoración probatoria la carta notariada, que demostraba plenamente los presupuestos para que la acción reivindicatoria planteada por la parte demandada ahora recurrente sea declarada probada, limitándose a sostener que no podía darse tutela a la reivindicación porque en su entender la posesión de los demandantes estaba siendo ejercida por que los recurrentes voluntariamente accedieron a ello. 

Contestación al recurso de casación.

Tal como dice el Ad quem no existe una sola prueba que acredite  el carácter esencial del plazo pactado, al contrario se ha demostrado que el cumplimiento del plazo pactado estaba condicionado a la entrega de los documentos, pero los vendedores se apersonaron al Banco recién en fecha 31 de mayo de 2012 y hacen entrega de la documentación del inmueble, tal cual se acredita a fs. 1.

Debe entenderse  y aplicarse lo estipulado en el art. 510 del CC, que determina que se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes, que si ambos han determinado el pago con financiamiento bancario debe entenderse que tienen la obligación de entregar los documentos y firmar la minuta. Y que en caso de duda al no ser redactado por ellos el contrato corresponde la interpretación a su favor.

Que la documentación fue entregada al banco, por los vendedores el 31 de mayo 2011, que crédito fue aprobado el 03 junio y el préstamo fue emitido en 14 de junio de 2011.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA  APLICABLE AL CASO

III.1. De la Interpretación del Art. 568 del Código Civil.

Que al respecto, el art. 568 del Código Civil prevé: I. "En los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez…”, La norma citada, evidentemente presenta en lo principal dos alternativas como base de las acciones de resolución de contrato y  el cumplimiento de contrato que nacen de un contrato celebrado con prestaciones recíprocas, es decir, que por lo dispuesto por dicho precepto normativo la parte que ha cumplido con su obligación puede exigir judicialmente el cumplimiento a la parte que incumplió; y por otro lado, que la parte que ha cumplido, pida judicialmente la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño.

En este sentido se ha orientado a través del Auto Supremo N° 609/2014 de 27 de octubre que: “…el art. 568 del Código Civil, pues dicha norma conforme a lo establecido anteriormente hace referencia a que en caso de incumplimiento de contrato, la parte que cumplió el mismo tiene dos opciones, la primera es la resolución judicial del contrato, cuando este hubiese sido incumplido por la otra parte, y la segunda opción es pedir a la parte que incumplió con el contrato que cumpla el mismo, es decir que en este segundo caso lo que se pretende es que el contrato se ejecute…”, y en los casos de incumplimiento recíproco en el AS Nº05/2014 de fecha 08 de septiembre 2014, se ha orientado cuales los tópicos a ser analizados refiriendo que: “si bien en definitiva ambas partes incumplieron sus obligaciones, le correspondía al Juez determinar cómo se analizó supra, cuál de las obligaciones era de primigenia exigencia, y de la norma contenida en el art. 568 del Código Civil entender que quien dio cumplimientoasí no sea total- de lo pactado en el contrato en cuestión, lo esencial en situaciones como las que se controvierte en el caso de Autos, es que debe examinar el jugador la razón inicial que motivó el incumplimiento, ese aspecto está inserto precisamente en el contrato en cuestión, y es tarea del juzgador dilucidar ese aspecto, al no hacerlo se vulnera entonces el debido proceso y no se cumple con la tutela judicial efectiva, en razón que el derecho constitucional fundamental al debido proceso se funda, entre otros aspectos, en la garantía de que, sometido un asunto al examen de los Jueces, se obtendrá una definición acerca de él, de donde se desprende que normalmente la sentencia tiene que plasmar la sustancia de la resolución judicial.”, de lo que se puede concluir que al ser aplicable el art. 568 del CC, a las relaciones contractuales bilaterales, resulta importante, determinar que para su procedencia el orden o prelación de la obligaciones generadas, es decir, se debe establecer que obligación depende de la otra,  para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato,  o sea, que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma, interpretación que debe ser realizado por todo juzgador para resolver las pretensiones cuya base jurídica sea el art. 568 del CC.

III.2. De la interpretación de los contratos.

Según Carlos Morales Guillen, en su obra Código Civil Concordado y Anotado, Cuarta Edición, Tomo I, respecto de la interpretación de los contratos nos señala que; interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance, Determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes, No se discute la necesidad de interpretación para el normal funcionamiento del derecho, Es consecuencia lógica de que toda la vida de relación esta moldeada por el derecho.

Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es entre tanto se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.

En nuestra legislación el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues investigar la intención es ralamente una operación inductiva. De esta regla resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.

La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo aun el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.

El principio fundamental de la interpretación el “a tanto se obliga el hombre a cuanto quiso obligarse”. En ese a cuanto quiso esta toda la clave: la necesidad de la interpretación y la subjetividad de la misma.

La primera regla de la interpretación, no inserta el Código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.

Si la construcción gramatical de las cláusulas del contrato, es ambigua o anfibológica y provoca en su inteligencia direcciones distintas, es decir, como dicen las reglas, hace al contrato todo, o a una o varias de sus cláusulas, o a alguna de sus palabras, susceptibles de diversos sentido o acepciones, deberá entenderse el más adecuado, que produzca efecto conforme a la materia y naturaleza del contrato.

Siendo el contrato una asociación de pensamientos encaminados al logro del fin buscado por la voluntad, asociación en la que las cláusulas son sus componentes, forzosamente la interpretación ha de ser integral y sistemática, resolviéndose la oscuridad o ambigüedad de una cláusula, por el sentido que resulta del conjunto de ellas.

III.3. De las causales de resolución del contrato.

Respecto a la resolución de contrato por incumplimiento voluntario, el Auto Supremo No. 381/2012, de 29 de octubre de 2012, señaló que: “Establecido lo anterior, cabe señalar que según prevé el art. 450 del Código Civil, hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica.

Una vez constituida la relación contractual, lo normal es que ésta culmine con el cumplimento de su objeto, alcanzando el fin por el que ha sido celebrada. No obstante es posible que la relación contractual se extinga sin que medie cumplimiento.

Una de esas formas anormales de extinción del contrato es la resolución, que se constituye en el modo de extinción de un contrato que se produce en virtud de una causa prevista por las partes, expresa o tácitamente, o contemplada en la ley, sobreviviente a su celebración, que opera con efecto retroactivo (ex tunc), aunque los efectos recíprocamente cumplidos quedan firmes.

Para Messineo, citado por Carlos Morales Guillen en su obra Código Civil Concordado y Anotado "la resolución del contrato, presupone un negocio perfecto y, además, un evento sobrevenido o un hecho nuevo o un comportamiento de la contraparte, posterior a la formación del contrato, que altera las relaciones entre las partes o perturba el normal desarrollo del contrato en su ejecución".

La resolución tiene lugar en tres casos que se encuentran expresamente regulados por el Código Civil: 1) por incumplimiento voluntario; 2) por imposibilidad sobreviniente (incumplimiento involuntario); 3) por excesiva onerosidad.

Respecto a la resolución por incumplimiento voluntario, el art. 568 del Código Civil prevé que en los contratos con prestaciones recíprocas cuando una de las partes incumple por su voluntad la obligación, la parte que ha cumplido puede pedir judicialmente el cumplimiento o la resolución del contrato, más el resarcimiento del daño; o también puede pedir sólo el cumplimiento dentro de un plazo razonable que fijará el juez, y no haciéndose efectiva la prestación dentro de ese plazo quedará resuelto el contrato, sin perjuicio, en todo caso, de resarcir el daño.

III.4. Reivindicación.

En el Auto Supremo Nº 207/2016 de fecha 11 de marzo de 2016 se orientó en cuanto al tema expresando: “corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es: aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales a efectos obtener su devolución por un tercero que la detenta, de esta definición se puede extraer un punto esencial para su procedencia: -Ser propietario y a efectos  de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que  significa propiedad, según el Diccionario de derecho Omega Tomo II el termino propiedad significa: “ Facultad ilegítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido , podemos expresar la doctrina expresada por Capitant, el cual sobre el tema expresa que es el “ Derecho de usar, gozar y disponer de un cosa en forma exclusiva y absoluta”. En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de  manos de un tercero, es decir el IUS IN RE, a efectos de ejercitar todos los derechos  como se dijo: IUS UTENDI FUENDI ETE ABUNDE, y de los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: propietario que ha perdido la posesión de una cosa y que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la posesión civil”, que está integrada en sus elementos “ corpus y animus” quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y pude ser aplicada en cualquier momento por el propietario”.

Asimismo corresponde enfatizar algunos supuestos a presentarse dentro de la acción, puesto que cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción de reivindicación adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no ser de mera condena sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras tendrá que hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación por tanto sin controversia sobre el derecho, el resultado será una Sentencia de simple condena en la faz petitoria”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del estudio de su recurso de casación se aprecia que en su integridad todos sus puntos son confusos, reiterativos y no generan una acusación precisa, sin embargo de aquella ambigüedad, se pudo inferir los siguientes puntos de controversia.

1. En su primer punto acusa la indebida apreciación del plazo o término esencial de los 15 días que era de interés primordial conforme manda el art. 571 del CC, debido a que los compradores anticipadamente consintieron que al incumplimiento del plazo  podían ofrecer la vivienda a otras personas o reajustar dicho precio, o sea que si no fuera importante el plazo no se lo habría convenido en el contrato, situación que implica una tacita resolución del contrato.

El reclamo efectuado nos orilla a realizar un estudio del contrato objeto de litis de fs. 2 a 3, y de su examen se evidencia una serie de cláusulas que determinan los parámetros de dicho acuerdo jurídico, en la cláusula primera describe las partes contratantes, en la segunda hace referencia a los antecedentes, el acápite tercero relata el objeto del contrato y la cuarta el precio que es de 85.000 $us., la quinta establece la forma de pago determinando de forma contractual que : “Las partes acuerdan que el precio pactado por la venta del inmueble será cancelado en 2 cuotas y bajo la siguiente modalidad.5.1.un primer pago de  $us. 30.000,00 (Dólares Americanos Treinta Mil 00/100) en efectivo como pago a cuenta por la compra de la vivienda. 5.2., un segundo y último pago de $us. 55.000,00 (Dólares Americanos Cincuenta y cinco mil 00/100) a través de crédito bancario. Los compradores caerán en mora de no realizar este pago sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial alguno.” la cláusula octava es textual al determinar la forma de entrega: “Los Vendedores realizaran la entrega de la vivienda contra entrega del primer pago de  $us. 30.000,00 (Dólares Norteamericanos treinta mil 00/100) entregado a la fecha de suscripción de este contrato en espera de la aprobación del crédito bancario por un plazo de 15 días para el pago de la última cuota de $us. 55.000,00 (Dólares Norteamericanos Cincuenta y cinco mil 00/100)” en cuanto al tema de la incumplimiento los sujetos contractuales determinaron: “En caso de incumplimiento de los COMPRADORES, en los pagos, estos consienten que LOS VENDEDORES podrá ofrecer la vivienda a otras compradores y los pagos efectuados  como anticipo o primer pago serán devueltos al momento de la ocupación de la vivienda por una tercera persona y se suscriba a dicha tercero la minuta de transferencia, dichos pagos no generaran interés alguno hasta la fecha de la devolución.

Asimismo se determina que ante cualquier incumplimiento de los COMPRADORES el presente documento, LOS VENDEDORES realizara un REAJUSTE del precio conforme al criterio comercial de los vendedores.” (sic.)

Teniendo en claro los parámetros del contrato, es imprescindible analizar los presupuestos establecidos en el art.  571.I del CC, que de forma textual señala:  “Si el término concedido a una de las partes es considerado esencial en interés de la otra, y vence sin que el deudor haya cumplido su prestación se tendrá el contrato por resuelto extrajudicialmente de pleno derecho, aunque no se hubiera pactado expresamente la resolución”, la citada normativa da la posibilidad de establecer la resolución extrajudicial del acto jurídico bilateral y esta radica en la importancia del término para el cumplimiento de la obligación; cabe aclarar que hacemos alusión al vocablo término y no plazo, por tener en doctrina matices disimiles, retomando el tema el término para ser considerado esencial debe poseer una característica, es decir que ese momento especifico es determinante para los fines o intereses del acreedor en el negocio jurídico, y en caso de ser cumplido de forma posterior la misma resulta irrelevante por carece de importancia o valía, frustrando de cierta manera el fin de la obligación generada, sin embargo puede darse el caso que dentro de la obligación acordada no exista un término esencial que sea determinante, sino simplemente un plazo determinado, ante tal situación no existe la posibilidad de obrar vía resolución extrajudicial, en el mismo sentido Patricia López Días en su ensayo no expresa: “Sin embargo, puede ocurrir que la prestación deba ejecutarse en un único momento al que el acreedor subordina la satisfacción de su interés contractual, esto es, en cierto día o espacio de tiempo, en términos tales que si vencido dicho día o espacio de tiempo la prestación no se ejecuta, se frustra el interés del acreedor. En tal caso estaremos ante el denominado término esencial ”.

Bajo los citados parámetros en sub lite, de la compulsa del contrato descrito supra (ver fs. 2-3) se evidencia en la cláusula octava que se estableció un -plazo-  de 15 días para el pago  del saldo de $us. 55.000, sin embargo no debemos  confundir a ese plazo determinado como un término esencial, había cuenta que esta última reúne los requisitos de estar avocada a un momento específico dentro de ese plazo, el cual debe ser determinante, caso contrario se frustra los intereses del acreedor. El citado acuerdo contractual en la fijación de ese plazo determinado, en principio no genera un criterio de un momento especifico y en segundo plano y el más importante, es el hecho de que este sea determinante, ya que en ninguna de las clausulas en ninguna parte establece que ese plazo sea determinante a los fines del negocio jurídico, estableciendo una simple situación de posibilidad de ofrecimiento a terceros,  lo cual no evidencia los requisitos antes anotados, o sea y valga la redundancia no acredita como se vio frustrado en sus intereses como para que desaparezca la finalidad acordada en el contrato, avizorándose simplemente una demora en el plazo pero no así una resolución por termino esencial descrito en el art. 571 del CC.

En otro punto, el recurrente refiere que de forma inusual  el ad quem señala que sólo se convino ofrecer a otros compradores, sin enfatizar la posibilidad del reajuste del precio conforme al criterio comercial de los vendedores, lo cual podía darse y les facultaba  a realizar esta operación, de modo que al descartar la idea en sentido del plazo de 15 días fuese esencial, inviabiliza el compromiso de venta solo al materializarse otra venta falta con total falta de razonabilidad, al contrario al incumplimiento de un plazo de 15 días se resuelve el contrato, quedando claro que la materialización de la venta a tercero no fue convenido como condición para operar la resolución no pactada.

Al respecto se puede evidenciar que su argumento en parte es reiterativo en lo que corresponde al término esencial, por cuanto a fin de evitar un dispendio de argumentación reiterativa nos ratificamos en los fundamentos expuestos en el punto que antecede. En lo que concierne al reajuste de precio, cabe hacer mención que este no fue un tópico en la demanda o contestación, menos en la litis como para que pretenda que este Tribunal establezca o no la posibilidad del reajuste del precio, quedando salvada la vía para el análisis de este punto, y si bien no se pactó una condición resolutoria, sin embargo como se dijo no se hacen presentes los requisitos para la viabilidad del art. 571 del Código Civil, por lo que su reclamo carece de relevancia.

2. Que el Tribunal de apelación al determinar que el interés esencial no ha sido declarado contractualmente, incurre en error de interpretación confundiendo la resolución no pactada con lo previsto en el art. 569 del sustantivo de la materia, porque la resolución no pactada significa que las partes no han determinado esta resolución, lo cual demuestra el error de interpretación.

Sobre el particular si bien resulta evidente lo argumentado por el recurrente en sentido que el Ad quem hubiera determinado que no se pactó la resolución por termino esencial, criterio que va en contraposición con el citado art. 571 del CC que es coherente con exponer que el contrato queda -resuelto extrajudicialmente de pleno derecho, aunque no se hubiera pactado expresamente la resolución-, y en todo caso si hizo mención al plazo determinado o a la causal de resolución expresa por incumplimiento al plazo, empero esta situación no es gravitante a la Litis, es decir que no repercute en el fondo de la decisión, esto de acuerdo a los argumentos esgrimidos en el primer punto donde asumiendo la tesis del recurrente, o sea analizando la viabilidad del término esencial, no se ha podido advertir la presencia de los requisitos determinantes para su procedencia, lo cual por sindéresis jurídica y relevancia constitucional no corresponde acoger lo solicitado al no repercutir en el fondo de lo debatido.

3. Que el Tribunal de apelación no entendió que para solicitar el cumplimiento de la obligación debe en principio cumplir con su obligación, pues el art. 568 del CC es claro al determinar tal aspecto.

Debemos partir por el entendimiento asumido en el acápite III.2, en cuanto a la aplicación del art. art. 568 del CC, o sea la resolución o cumplimiento de las relaciones contractuales bilaterales,  para lo cual no se debe hace un análisis sesgado, al contrario  resulta importante, determinar el orden o prelación de la obligaciones generadas, es decir, se debe establecer que obligación depende de la otra, para determinar quién incumplió con su obligación, en cuya finalidad y en procura de resolver dicho aspecto se debe realizar una interpretación amplia del contrato,  o sea, que dicha interpretación debe ser en relación a la redacción del contrato, la intención común de las partes contratantes, y la conducta de las partes en la ejecución de la misma.

Partiendo de aquella lógica y teniendo en claro que en la Litis, no se apercibe  la presencia un término esencial en el contrato de fs. 2 a 3, sino por el contrario se desprende una simple demora en la ejecución de la misma, la cual no impide el cumplimiento, al no estar sujeto a una clausula resolutoria en caso de incumplimiento en el plazo, sobre todo si de la conducta en la ejecución de las partes, se demuestra por la literal de fs. 14 que el préstamo Bancario ya se encuentra aprobado a favor del demandado ahora recurrente, pues la misma es enfática al señalar: “La provisión de los recursos emergentes del crédito se realizaran una vez que las partes realicen la firma de la documentación.” entonces dentro de ese análisis de la conducta de las partes en la ejecución o desarrollo de las prestaciones evidencia una conducta activa por parte del demandante en lograr su cumplimiento no otra cosa demuestra la citada literal, entonces este Tribunal no advierte ninguna vulneración al citado art. 568 del sustantivo civil al contrario la interpretación y aplicación fue acorde a los parámetros anotados en el acápite III.1 y dentro de un enfoque de verdad material.

4. La incorrecta interpretación y aplicación de la norma por parte del Tribunal    de Alzada en los puntos 1 y 2 de los fundamentos del Auto de Vista, toda vez que a momento de emitir el mismo confundió la “condición resolutoria contractual” prevista en el art. 569 del Código Civil, con la “Resolución no pactada” establecida por el art. 571 del mismo cuerpo legal. 

Cabe aclarar que esta observación resulta a todas luces reiterativa, sobre todo si en el acápite tercero se hizo todo un despliegue de la actividad contractual establecida de fs. 2 a 3, concluyendo que si bien existía dicha observación, pero no corresponda descontextualizar toda la argumentación vertida en alzada donde se llegó a determinar la no viabilidad del art. 571 del citado cuerpo sustantivo civil,  lo cual implica que pese a esa observación, el resultado del fondo del proceso no ha de variar, por lo que no corresponde acoger su reclamo

5. Que el Tribunal de apelación no ha fundado en derecho las razones del por qué excluyó la prueba testifical de descargo cursante a fs. 157, 161 y 162, siendo que en esta prueba los testigos de manera clara y unánime expresan que les consta la existencia de terceros interesados en la compra del inmueble objeto de litigio, sin embargo se desanimaron porque los demandantes no querían salir del inmueble lo que impedía mostrarles físicamente el mismo.

Al respecto se debe tener en cuenta que la valoración probatoria como una de las tareas más importantes de la autoridad judicial, conlleva mucha importancia debido a que será en ese momento donde ponderaran todo el universo probatorio, para establecer y determinar cuáles son esenciales y determinantes a la causa, y en base a ella fundar la viabilidad o no de la acción planteada, actividad intelectiva que responderá a las diferentes clasificaciones de análisis probatorio, como ser el de la tasa legal, prudente criterio o en su caso la sana critica, sin dejar de lado que bajo el nuevo constitucionalismo imperante en esa modalidad de valoración también correspondera su apreciación de acuerdo a la realidad cultural en la cual se ha generado ese medio probatorio.

Siguiendo esa lógica en el caso de autos, el Tribunal de apelación hizo un despliegue de actividad intelectiva analizando los elementos probatorios determinantes de acuerdo al fin perseguido en el contrato objeto de Litis, para fallar en función a diferentes documentos como ser el de fs. 14, y concluir que la aprobación bancaria no estaba supeditada a la voluntad exclusiva del comprador sino que, que el vendedor estaba en la obligación de colaborar en la obtención del crédito bancario, y si bien estaba facultado a transferir a terceras personas cosa que no hizo, esto no implica  la no viabilidad de la demanda, criterio que es compartido por los suscritos habida cuenta que las pruebas testificales aludidas por el recurrente no son suficientes como para generar convicción, por no acreditar la existencia de una venta, sino de una posible venta lo cual no condice con lo establecido en el contrato clausula decima donde se establecía la posibilidad de otra transferencia y la devolución del adelanto una vez que se ejerza por posesión por parte del tercero, lo cual reiteramos no aconteció, máxime si no se ha demostrado la existencia de un término esencial, sino de un plazo, donde se incurrió en una simple demora.

6. Refiere que el Tribunal de apelación realiza una incorrecta interpretación, debido a que la excepción perentoria no estaba destinada a cuestionar la legitimación procesal sino la sustancial, en sentido que carece de acción, porque el contrato quedó resuelto.

Lo acusado carece de sustento y veracidad, debido a que el Tribunal de apelación en ningún momento hizo alusión a la legitimación procesal, sino a la subjetiva, tal es así que refiere la excepción de falta de acción no puede ser meritoria, toda vez que se ha demostrado legitimación de la parte actora, es decir su interés propio y la titularidad del derecho que emerge del contrato base de la demanda que invocan se tutele en su demanda, es decir concluye que la demandante tiene y posee legitimación para impetrar la demanda al estar acreditado el interés legítimo para observar el contrato objeto de Litis por formar parte de él, lo cual evidencia que su reclamo carece de certeza.

7. Que el Tribunal de Alzada incurrió en error de hecho al excluir de su valoración probatoria la carta notariada, que demostraba plenamente los presupuestos para que la acción reivindicatoria planteada por la parte demandada ahora recurrente sea declarada probada, limitándose a sostener que no podía darse tutela a la reivindicación porque en su entender la posesión de los demandantes estaba siendo ejercida por que los recurrentes voluntariamente accedieron a ello. 

Se debe tener en cuenta que la acción reivindicatoria es una acción real emergente de la titularidad o del dominio, o sea es una acción de defensa del derecho propietario que es planteada por propietario no poseedor contra el poseedor no propietario que tiene por fin recobrar el ejercicio de la posesión, para lo cual el demandado debe ser un tercero que no ostente ninguna clase de título de carácter real aun sea de garantía que justifique su posesión, bajo esa lógica en el  caso de autos la posesión ejercida por los demandantes devenía del contrato de  compra y venta antes analizado (ver fs. 2-3), entonces la posesión ejercida se encuentra justificada, sobre si dicho acuerdo contractual tiene plena validez al no haber sido dejado sin efecto, entonces no correspondía acoger la demanda de reivindicación como erradamente sostiene el recurrente.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 292 a 310, interpuesto por José Omar Arzabe Maure y Ligia Jacqueline Aranibar La Fuente contra el Auto de Vista de fecha 23 de marzo de 2018, cursante de fs. 283 a 288 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.

Ser regula honorario profesional al abogado que contesto el recurso en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.