TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 112/20 19        

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: LP-74-18-S.

Partes: Lucía Rosario Solíz Silva c/ María Salomé Velásquez de Gastelú y otros.   

Proceso: Cumplimiento de contrato y otros.                                   

Distrito: La Paz.                

VISTOS: El recurso de casación de fs. 888 a 893, interpuesto por María Salome Velásquez Arenas contra el Auto de Vista Nº 276/2017 de 27 de julio, cursante a fs. 885 y vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de cumplimiento de contrato y otros, seguido por Lucía Rosario Solíz Silva contra la recurrente y otros, la concesión de fs. 918 y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Lucia del Rosario Soliz Silva interpone demanda de cumplimiento de contrato y otros, por memorial de fs. 9 a 10, subsanado de fs. 23, 83 y 86; que citada la parte adversa, María Salome Velásquez Arenas contesta negativamente y plantea demanda reconvencional de  nulidad del contrato de 2 de julio de 1993 inserto en la Escritura Pública Nº 226/93 (fs. 122 a 124); así también se apersona Ruth Mamani Jarro, defensora de oficio, contestando en forma negativa (fs. 221 a 222). Tramitado el proceso ordinario, concluyó con la Sentencia Nº 36 “A”/2012 de fecha 24 de mayo, (fs. 669 a 683), en la que el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, declaró PROBADA la demanda de cumplimiento de contrato y otros, e IMPROBADA la demanda reconvencional de nulidad de escritura pública, e IMPROBADA la excepción perentoria de prescripción de la acción, con las determinaciones establecidas en dicha resolución.

2. La demandada María Salomé Velásquez Arenas notificada con la Sentencia, apeló dicha resolución por escrito de fs. 730 a 735, en cuyo mérito se pronunció el Auto de Vista Nº 276/2017 de 27 de julio, cursante a fs. 885 y vta., confirma la sentencia emitida, fundamentando, en lo principal, que en relación al nombre de la demandada, la notaria certificó que existe la Escritura Pública Nº 226/93 y que María Salome Velásquez de Gastelú asistió a su oficina, por lo que concluye que el C.I. Nº 1450465-Pt.,  pertenece a la recurrente; se determinó por inspección judicial la existencia del inmueble y su ubicación en Av. Iturralde esquina Haití Nº 1083; sobre el proceso penal y el apellido Gastelú es ajeno  al fondo de la emisión de la Escritura Pública Nº 226/93, y que la apelante no demostró que no sea ella quien no ha suscrito el documento base del proceso. 

3. Notificada la demandada recurrente, recurre en casación por escrito de fs. 888 a 893, que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

En la forma.

Acusó que tanto el Tribunal Ad quem como el A quo, vulneraron el art. 70 del Código de Procedimiento Civil, y desobedeció el AS Nº 602/2014, en la notificación de los codemandados José Manuel y Fernando Gastelú Averanga al no haberlos notificados en la misma forma en que fueron citados, posterior a ser declarados rebeldes.

En el fondo.

1. Sostuvo que reclamó en apelación contradicciones sobre la dirección del inmueble señaladas en sentencia, y que el Auto de Vista manifestó solamente que se debe tener en cuenta que se llevó adelante inspección judicial en el inmueble conforme a fs. 551 a 562, estableciendo su existencia y que se encuentra ubicado en la Av. Iturralde Esquina Haití, argumento insuficiente que genera incongruencia omisiva vulnerándose los preceptos del art. 115 de la CPE, y de los art. 218 y 213 del Código Procesal Civil.

2. Denunció también que se incurre en incongruencia omisiva ya que se hizo referencia a la falsedad de la Escritura Pública Nº 226/93  e hizo constar que existen dos escritura con el mismo número, que no mereció pronunciamiento lo que es error de derecho  en la apreciación de documentos auténticos, habiendo hecho también conocer la existencia de imputación y acusación por el uso de instrumento falsificado.

Concluyó solicitando se dicte auto anulatorio  o, si se ingresa al fondo, se case el Auto de Vista.

De la contestación al recurso de casación.

Yhamel Mayte Santana Soliz, heredera de Lucía del Rosario Soliz Silva, contestó al recurso de casación en lo siguiente:

Manifestó que la casación en la forma es defectuosa porque no señala la causal prevista en el art. 254 del Código Procesal Civil, y que no se puede reclamar por un tercero sino por indefensión propia, además no se cumple con los principios de especificidad y trascendencia.

Precisó que no se puede invocar nulidad porque su madre hizo notificar  a los posibles herederos  de Luis Pánfilo Gastelú Pereira, que se identificó a José Manuel y Fernando Javier Gastelú Averanga quienes fueron notificados  mediante edictos y se les nombró defensor de oficio y que el supuesto hecho que no se notificó a supuestos herederos no tiene relevancia.

Argumentó que el recurso de fondo no explicó de manera razonada dónde se encuentra  el error de hecho o de derecho y la norma violada. Agregó que se demostró que Lucia del Rosario Soliz Silva adquirió el inmueble mediante compra venta Nº 226/93 ubicado en Av. Iturralde Nº 1083 de la zona de Miraflores y que el vendedor Luis Pánfilo Gastelú hizo entrega del bien inmueble, quedando solo la concubina ocupando el departamento.

Añadió que los datos diferentes en la minuta y el protocolo no se alegó en la contestación y no fue objeto del proceso, por lo que no se puede alegar en casación el error en la numeración de la casa (consignada 1084 y en otro 1083) como causa de invalidez. También enfatizó que el error en la numeración del registro no constituye un argumento sólido  por ser error de número.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

III.1. Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda.

Corresponde al recurrente que previamente a utilizar el recurso de apelación o casación, hacer uso de la facultad establecida en el art. 226.III del Código Procesal Civil, norma que en forma precisa señala que se puede: “… solicitar aclaración sobre algún concepto oscuro, corrección de cualquier error material o subsanación de omisión en que se hubiese incurrido en la Sentencia, Auto de Vista o Auto Supremo”, facultad que permite subsanar la falta de pronunciamiento por los Tribunales o Jueces de instancia, caso contrario en aplicación del principio de convalidación, al no utilizar el mecanismo para su corrección, implica una aceptación tácita de la omisión acusada, precluyendo por simple consecuencia su derecho de reclamar aspectos de nulidad no reclamados en su oportunidad, conforme determinan las normas citadas supra.

Asimismo, se debe considerar que si emitido el Auto de Vista no se hace el uso de la facultad de subsanación de omisión, no puede reclamarse en la forma aquella omisión en casación, porque el Auto Supremo está limitado a considerar determinación anulatoria cuando se otorga más de lo pedido por las partes en el Auto de Vista, conforme precisa el art. 220.III num. 2 a) del Código Procesal Civil, y no en casos de omisión recursiva. 

Entendimiento orientado por este Tribunal Supremo en diversos fallos entre ellos el Auto Supremo Nº 32/2015 donde señaló: “Respecto a la falta de pronunciamiento del segundo punto apelado, se debe indicar que, el Ad quem, de forma genérica arribó a la conclusión de que el Auto de 10 de junio de 2003 que resolvió las excepciones no se las puede revisar en vía del recurso de apelación porque dicha resolución hubiera causado ejecutoria, esa es una respuesta de forma general a las acusaciones relativas a la forma de resolución de las excepciones formuladas por los recurrentes.

Ahora si dicha respuesta, no satisfacía las expectativas deducidas por los recurrentes debieron formular la petición de complementación y aclaración en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que los recurrentes no agotaron el mecanismo de protección oportuno para la satisfacción del reclamo que ahora se traen en casación, consiguientemente se advierte no haberse dado cumplimiento a la premisa establecida en el art. 17 parágrafo III de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En la forma.

Se acusó vulneración al art. 70 del Código de Procedimiento Civil, y desobediencia del AS Nº 602/2014, en la notificación de los codemandados José Manuel y Fernando Gastelú Averanga al no haberlos notificado en la misma forma en que fueron citados, posterior a ser declarados rebeldes. Al respecto, se debe precisar que a la recurrente no le corresponde reclamar derechos de otros codemandados por carecer de legitimación procesal para ese propósito, más aún cuando no se expone cuál  el perjuicio generado o de qué manera esa omisión le habría causado indefensión a su persona. La alegación de incumplimiento a la norma procesal o de una determinación judicial no constituye motivo para disponer la nulidad del proceso, si no está sustentada en un perjuicio directo de afectación al derecho a la defensa de la parte recurrente, pues actuar de diferente manera supone protección de meras formalidades sin incidencia a la  afectación de los derechos de las partes litigantes, no siendo ese el espíritu de los arts. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y arts. 105 al 109 de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil. Por lo cual este agravio no puede ser analizado por la carencia de legitimación procesal de la parte recurrente conforme a lo explicado. 

En el fondo.

1. Se sostuvo por la recurrente que respecto al reclamo de las contradicciones en sentencia sobre la individualización del inmueble en apelación, el Auto de Vista se limitó a manifestar que se debe tener en cuenta que se llevó adelante la inspección judicial en el inmueble conforme a fs. 551 a 562, estableciendo su existencia y que se encuentra ubicado en la Av. Iturralde esquina Haití, argumento insuficiente que genera incongruencia omisiva vulnerándose los preceptos del art. 115 de la CPE, como también los arts. 218 y 213 del Código Procesal Civil.

Respecto a este agravio se debe manifestar que la recurrente si bien acusa al Auto de Vista de incongruencia negativa, sin embargo, de manera incoherente con el agravio, identifica la respuesta que se le otorgó a su reclamo postulado en apelación, por lo cual, se  establece que no existe la incongruencia denunciada. Además, se debe advertir que cuando el Tribunal de apelación refiere a la inspección judicial llevada en la etapa probatoria, es porque ese acto procesal individualizó de manera concreta y correcta el bien inmueble, por lo que cualquier incorreción en la dirección del inmueble no significa indeterminación del objeto en el contrato (inmueble), pues, conforme manifestó el Tribunal de alzada, la inspección judicial determinó la existencia y ubicación del inmueble. Por lo manifestado no se evidencia derecho vulnerado  de la recurrente y por tanto infracción del art. 115 de la Constitución Política del Estado y los arts. 213 y 218 del Código Procesal Civil.

2. Respecto a la denuncia de incongruencia omisiva porque se hizo referencia a la falsedad de la Escritura  Pública Nº 226/93 e hizo constar que existen dos escritura con el mismo número, que no mereció pronunciamiento en el Auto de Vista; se debe indicar que, esta postulación de forma y no de fondo, debió ser instada en su consideración mediante la facultad de subsanación de omisión incurrida por el Auto de Vista, establecida en el art. 226.III del Código Procesal Civil, ya que al no haber sido solicitada oportunamente su subsanación  se considera su conformidad con esa determinación, y  al no haber sido estimado por el Tribunal de Alzada, inhibe el examen de la denuncia, conforme se tiene razonado en el punto III.2 de la doctrina legal aplicable.

Así también, cuando la recurrente alega un error de derecho en la apreciación de la prueba, sin individualizar el medio de prueba y sin concretar el aparente yerro del juzgador, imposibilita realizar el análisis del elemento probatorio que tuviera posible error; y el hecho de haber manifestado anteriormente la existencia de imputación formal por el uso de instrumento falsificado contra el notario, no es sustancial sino se concretiza con la afectación de su derecho relacionado a las pretensiones deducidas en la etapa de postulación.

Por lo manifestado corresponde emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ejerciendo la facultad conferida por los arts. 41 y 42.I num. 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el  recurso de casación de fs. 888 a 893, interpuesto por María Salome Velásquez Arenas contra el Auto de Vista Nº 276/2017 de 27 de julio, cursante a fs. 885 y  vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costos y costas a la recurrente.

Se regula el honorario del abogado de la parte demandante en la suma de Bs. 1000. 

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.     

JLRA