TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                           S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 111/2019        

Fecha: 12 de febrero de 2019   

Expediente: LP-65-18-S

Partes: Valentina Quispe de Paucara c/ Abigail Oporto Coria.  

Proceso: Mejor derecho propietario y otros.                                       

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación que  cursa de fs. 653 a 654 vta.,  planteado por Valentina Quispe de Paucara por sí y en representación de sus hijos Ana María, Juan Carlos, Eduardo Luis, Leonardo Franz, Herminia Luisa y Rogelio Eloy todos ellos Paucara Quispe, impugnando el Auto de Vista No. 498/2017 de 30 de noviembre (fs. 648 a 651), pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso civil ordinario sobre mejor derecho propietario y otros, que siguen los recurrentes contra Abigail Oporto Coria,  Auto de concesión de fs. 659, Auto Supremo de admisión N° 501/2018-RA de fs. 665 a 666 vta., y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

I.1. Valentina Quispe de Paucara por sí y en representación sin mandato de sus hijos Ana María, Juan Carlos, Eduardo Luis, Leonardo Franz, Herminia Luisa y Rogelio Eloy todos ellos Paucara Quispe, con memorial cursante de fs. 24 a 25 vta.,  interpuso demanda de mejor derecho propietario, reivindicación más pago de daños y perjuicios, en contra de Abigail Oporto Coria, quien repelió y reconvino por acción negatoria más pago de daños y perjuicios, trámite que culminó con la Sentencia  No 490/2015 de 4 de diciembre,  declarando probada en parte la demanda respecto al mejor derecho propietario y reivindicación e improbada el pago de daños y perjuicios, también improbada la reconvención.   

I.2. Ante la insatisfacción con dicho fallo, la demandada recurrió en apelación, motivando la emisión del Auto de Vista No. 498/2017 de 30 de noviembre, cursante de fs. 648 a 651, que Anuló la sentencia, fundamento que la misma no está debidamente motivada y fundamentada además sería incongruente, por cuanto no se hubiera efectuado una valoración integral de las pruebas y que la parte demandante señaló que el inmueble se encuentra ubicada en Achocalla contradictoriamente, en la sentencia indica que el inmueble se encuentra en la ciudad de La Paz. Añadió que la Escritura Pública No 3395/95, tiene pleno valor legal y probatorio ya que el Tribunal Ad quem profirió resolución  absolutoria en favor de la demandada.     

En ese contexto histórico procesal se analiza el recurso de casación:   

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y CONTESTACIÓN.

II.1. Del recurso de casación en la forma.

1. Denunció que no sería evidente que la sentencia carece de  fundamentación, por el contrario efectuó una valoración integral de la prueba aplicando el principio de verdad material, no existiendo ninguna duda sobre la ubicación del inmueble ubicada en la zona de bajo Llojeta de la ciudad de La Paz, manzana D, No 9, con una superficie de 250 m 2. El Tribunal de Alzada con el propósito de favorecer a la demandada y continuar dilatando indebidamente el proceso, anuló obrados infringiendo el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

II.2. Del recurso de casación en el fondo.

1. Que demostró el mejor derecho propietario de Valentina Quispe de Paucara e hijos, registrada en Derechos Reales con la matrícula computarizada 2.01.3.01.0020879.

2. Alegó que los documentos presentados por la contraparte están cuestionadas porque no figura en los protocolos notariales las minutas originales, máxime cuando los apoderados de la Urbanización Illimani declararon en juicio, que jamás vendieron terreno alguno a Alberto Trino, Enrique Ross y Abigail Oporto, la última aprovechando que su esposo Ramiro Carrasco quien también fue apoderado de la antedicha Urbanización, habría utilizado dos minutas firmadas en blanco para apoderarse de terrenos que fueron otorgados a la familia Quispe Paucara.         

II.3. Contestación al recurso de casación.

La demandada no respondió al recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1.  Los principios de eficacia y eficiencia en la práctica forense.

La jurisdicción ordinaria de acuerdo al art. 180 de la Constitución Política del Estado, ¨se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez¨. 

El precepto constitucional invocado fue desarrollado en la Ley del Órgano Judicial, concretamente en el art. 30 que prescribe: ¨7. EFICACIA. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia¨ ¨8. EFICIENCIA. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respecto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal.¨

A su turno el Código Procesal Civil en el art. 1. núm.10 respecto a la Celeridad refiere: ¨La economía del tiempo procesal  esta edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El Juez no podrá  aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla salvo por razones expresamente que autorice el presente Código. ¨

Por su parte el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial indica: ¨I. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. II. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados  en los recursos  interpuestos¨. III. La nulidad sólo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos…”.

III.2. La nulidad procesal.

En el Auto Supremo N° 06/2015 de 08 de enero, sobre el tópico de la nulidad procesal se razonó lo siguiente: “La línea Jurisprudencial sentada por este Tribunal Supremo en sus diferentes Autos Supremos sobre materia de nulidades, y específicamente a través del razonamiento asumido en el Auto Supremo Nº 78/2014 de fecha 17 de marzo de 2014, ha concretado en sentido de que el espíritu del art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial concibe al proceso no como un fin en sí mismo, sino como el medio a través del cual se otorga la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, en esa orientación los arts. 105 al 109 Ley Nº 439 (Nuevo Código Procesal Civil), establecen las nulidades procesales con criterio aún más restringido, especificando de esta manera que la nulidad procesal es una excepción de última ratio que se encuentra a su vez limitada por determinados principios universalmente reconocidos, tales como el principio de especificidad, trascendencia, finalidad del acto, convalidación,  preclusión, etc., los cuales no pueden ser desconocidos, y que frente a esa situación, se debe procurar resolver siempre de manera preferente sobre el fondo del asunto controvertido, en tanto que la nulidad procesal solo puede ser decretada cuando no existe ninguna otra posibilidad de salvar el proceso, buscando de esta manera la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia…”. 

El subrayado nos corresponde.

III.3. La función compleja de la reivindicación.

En el Auto Supremo No. 736/18 de 27 de julio, sobre la temática se apuntó en sentido de  ¨que en los procesos de reivindicación donde dicha acción adquirió una función compleja, debido a que las partes que discuten la posesión de determinado bien inmueble, alegan o demuestran tener derecho propietario, la acción no podrá ser de mera condena sino que previamente se tendrá que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, realizando un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.¨

III.4. Interpretación extensiva del derecho preferente.

El Auto Supremo No. 736/18 de 27 de julio, entre otros respecto a la interpretación extensiva del derecho preferente se escribió:“…la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquiridos de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un  mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y sus antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez,  para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)...”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

A fin de resolver a la impugnación planteada contra el Auto de Vista N° 498/2017 emitido en la presente causa se pasa analizar el agravio de forma, en consideración a que la resolución en examen, no ingresó al fondo.

En la forma.

1. Respecto a la carencia de fundamentación, la inadecuada valoración de la prueba y la inexactitud de la ubicación del inmueble objeto de lítis.

De la lectura de la demanda  y el Testimonio No 575/95  de 28 de diciembre (fs. 8 a 9 vta.), se advierte que se pretende la recuperación del bien inmueble sito en la región de Chacacoa, Condor Jipiña, Manzanani, Mulla Kani, Urbanización Illimani, Llojeta bajo, manzana D, No 9, de 250 m 2, con matrícula computarizada 2.01.3.01.0020879.

En el escrito de contestación o contradicción a la demanda si bien en principio hace entrever que se trataría de inmuebles diferentes, posteriormente a fs. 52 de manera clara refiere que se trata del mismo inmueble al señalar lo siguiente: ¨…obteniendo de esta manera LA PREFERENCIA ENTRE ADQUIRENTES DE UN MISMO INMUEBLE  como lo establece el art. 1545 del Código Civil concordante con la Ley de Registro de Derechos Reales art. 7,14,15,16, pues al haberse transmitido el mismo bien inmueble por los representantes legales  de la Urbanización Illimani, el que haya registrado primero en el Registro Público de Derechos Reales , ésta publicación es oponible a terceros, por lo que, tiene el Mejor derecho de propiedad con relación  a terceros, como es el caso de los demandantes.¨.

Corroborando dicha afirmación a tiempo de apelar de fs. 589 a 590 vuelve a señalar que le corresponde el mejor derecho de propiedad porque primero habría registrado su derecho propietario al manifestarDECLARAR EL MEJOR DERECHO DE PROPIEDAD AL ADQUIRENTE QUE HAYA INSCRITO PRIMERO SU TITULO¨, es decir  a mi persona que es sucesora a titulo onerosa por sucesivas transferencias en merito a la primera publicidad…¨. Declaraciones que la sustenta en el Testimonio Nro. 400/98 de 5 de junio, según el cual el inmueble está situado en Chachacoa, Condor Jipiña, Manmanani, Mullacani, Llojeta, Urbanización Illimani, Bajo Llojeta, manzana D, Lote No 9., con superficie de 250 mts.2, con matricula computarizada 2.01.0.99.0102634 (fs. 439 a 441).    

De donde queda claro y preciso que no es evidente que se trate de bienes diferentes o que haya imprecisión en su ubicación, por el contrario se trata del mismo bien. Si bien los términos de la sentencia da lugar a interpretaciones erradas respecto al lugar del inmueble, dicho aspecto no es   motivo válido y suficiente para anular la sentencia, porque  de la confrontación de ambos títulos se establece que se trata del mismo inmueble, máxime cuando la propia demandada de manera textual reconoce dicho extremo más de una vez pidiendo en definitiva se le asigne el mejor derecho propietario; consiguientemente, los Vocales si bien deben enmarcar su decisorio en el marco de los puntos apelados ello no implica que ciegamente deben dejarse influir por los argumentos de la apelación sino que su labor deben desarrollarla de manera prolija, compulsando adecuada y objetivamente los datos del proceso para arribar a la conclusión o decisión reflejo del razonamiento y la verdad material.

Por otra parte, el considerar que no se efectuó una correcta valoración de la prueba, tampoco constituye argumento válido para la anulación de la sentencia ya que la misma no constituye error in procedendo, sino  una nueva apreciación de la prueba que requiere un pronunciamiento de fondo en segunda instancia.

De modo que si detectaron la supuesta irregularidad valorativa del Testimonio Nro. 400/98 de 5 de junio y la prueba documental debieron ingresar al fondo y concluir en una de las formas establecidas en el art. 218.II.núm. 2 y 3  del Código Procesal Civil, siendo evidente el reclamo.

Finalmente  se advierte que la causa se inició el 10 de enero del 2009, habiendo transcurrido más de 10 años a la fecha, lo que implica una demora injustificada que atenta  al principio de celeridad procesal y justicia pronta prevista en el art. 180 de la Constitución Política del Estado, ameritando pronto despacho.                                 

POR TANTO: El Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) y art. 17. I de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación del art. 220. III. núm. 1 inc. c) del Código de Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista No.498/2017 de 30 de noviembre, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y se dispone que sin espera de turno y previo sorteo el Tribunal Ad quem resuelva la apelación con la pertinencia del art. 265.I de la norma adjetiva civil.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.  

Relator: Mgdo. Marco Ernesto Jaimes Molina.