TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A  C I V I L


                                                   

Auto Supremo: 110 /2019

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: LP 81 18 S

Partes: Nelson Federico Orosco Murillo c/Orlando Rojas Rojas, Rosendo

             Huchani Chapi, Miguel Acarapi Flores, Julián Castillo Mamani,

             Pascual Quispe Poma.

Proceso: Mejor derecho de propiedad, reivindicación, acción negatoria más

               daños y perjuicios.

Distrito: La Paz

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 902 a 904 vta., interpuesto por  Nelson Federico Orosco Murillo contra el Auto de Vista N° 55/2018 de 15 de febrero cursante de fs. 897 a 899 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario de mejor derecho de propiedad, reivindicación, acción negatoria más daños y perjuicios seguido por el recurrente contra Orlando Rojas Rojas, Rosendo Huchani Chapi, Miguel Acarapi Flores, Julián Castillo Mamani, Pascual Quispe Poma, las respuestas de fs. 906 a 908 y 912 a 915, Auto de concesión de fs. 919, Auto Supremo de Admisión 624/2018-RA de 10 de julio, cursante de fs. 924 a 925 vta., y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1.- Nelson Federico Orosco Murillo planteó demanda de mejor derecho de propiedad, reivindicación, acción negatoria más daños y perjuicios, cursante de fs. 3 a 4 vta. y fs. 53 a 54 vta., contra Orlando Rojas Rojas, Rosendo Huchani Chapi, Miguel Acarapi Flores, Julián Castillo Mamani, Pascual Quispe Poma, alegando ser el propietario de un inmueble de 3000 m2 ubicado en la carretera a Viacha ex fundo “Challa Putunku”, cantón Achocalla, provincia Murillo de La Paz, adquirido de María Quispe de Mamani según Escritura Pública de 18 de diciembre de 1974, debidamente registrada en la oficina de Derechos Reales bajo la partida Nº 145, fojas 145 del libro 40 de 1975.

Con base en esos antecedentes refirió que los demandados habrían ingresado a su propiedad y loteado el mismo, fingiendo poseer títulos, pretendiendo apropiarse de forma arbitraria,  por su parte los demandados Rosendo Huchani Chapi, Miguel Acarapi Flores y Pascual Quispe Poma, por memorial cursante de fs. 67 a 69 contestaron y reconvinieron la demanda por nulidad de la Escritura Pública Nº 447/74 por estar viciada y por carecer de los requisitos de formalidad que señala el ordenamiento jurídico, desarrollándose el proceso hasta la dictación de la Sentencia.

El titular del Juzgado segundo de Partido en lo Civil y Comercial de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, mediante Sentencia de 2 de marzo de 2009, cursante de fs. 361 a 365, declaró PROBADA EN PARTE, la demanda interpuesta por Nelson Federico Orozco Murillo, IMPROBADA en relación al pago de daños y perjuicios, IMPROBADAS las excepciones de citación al garante de evicción, oscuridad, contradicción, imprecisión y prescripción, IMPROBADA la demanda reconvencional de fs. 67 a 69.  Deducida la apelación por la parte demandada (fs. 369 a 372) y remitida la misma ante la instancia competente, la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº S-184/2011 de 1 de diciembre, cursante de fs. 418 a 420 vta., que ANULÓ obrados hasta fs. 127.

2.- En esas circunstancias, previa inspección judicial al bien inmueble e inspección a Derechos Reales, el 14 de septiembre de 2016, el Juez Público Civil y Comercial de la ciudad de El Alto dictó Sentencia Nº 643/2016, cursante de fs. 787 a 791, declaró IMPROBADA LA DEMANDA y PROBADAS EN PARTE LAS DEMANDAS RECONVENCIONALES de fs. 67 a 69 y de fs. 121 a 126. Resolución que fue apelada por la parte demandada de fs. 799 a 800 vta.

3.- El 12 de mayo de 2017 la Sala Civil Tercera por Auto de Vista resolución Nº 236/2017, cursante de fs. 837 y vta., declaró INADMISIBLE el recurso de apelación por considerarlo carente de agravios, mismo que fue recurrido en casación por el demandante (fs. 845 a 849), que mereció el Auto Supremo Nº 1138/2017 de 31 de octubre, dictado por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia que ANULÓ el Auto de Vista, cursante de fs. 882 a 887.

4.- En cumplimiento del Auto Supremo Nº 1138/2017, la Sala Civil Tercera mediante Auto de Vista Nº 55/2018, el 15 de febrero que CONFIRMÓ la Sentencia Nº 643/2016 de 787 a 791, bajo los siguientes fundamentos; en lo que respecta a la reconvención y la pretendida nulidad de la Escritura Pública, concluyó que la misma objetivamente es procedente porque contiene la nulidad pretendida, por lo que resultaba ilógico e innecesario realizar la compulsa de la demanda por mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación y pago de daños y perjuicios, puesto que al demandante no le asiste ningún derecho legítimo.

Estableció que la Escritura Pública mencionada no nació a la vida jurídica, siendo consecuentemente nula, adecuándose la causal del art. 549 núm. 1 del Código Civil, que el recurrente  no pudo subsanar la misma, habida cuenta que tenía la carga de procurar la legalidad del acto, asimismo refirió que la inspección ocular, la confesión judicial provocada, las declaraciones de testigos, el muestrario fotográfico e informe pericial, no son medios que acrediten la legalidad del título de propiedad del recurrente, menos son elementos que enervarían la nulidad detectada, por ende no son pertinentes a la causa, ni acreditaron dejar sin efecto los títulos de los demandados, por consiguiente aquellos títulos tienen toda la fuerza probatoria que la Ley les otorga.

Bajo los fundamentos anteriormente expuestos, la referida Resolución de alzada fue recurrida en casación por  Nelson Federico Orosco Murillo de fs. 902 a 904 vta., correspondiendo su análisis y resolución. 

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU CONTESTACION.

El recurrente en su recurso de casación, señaló -en resumen- los siguientes reclamos:

Denunció que los de instancia aplicaron indebidamente el art. 549 del Código Civil, decretaron la nulidad de un contrato por falta de un requisito de validez; pero no valoraron el art. 551 del Código Civil que establece que sólo puede ser demandada por una persona con interés legítimo, en el caso se atiende una reconvencional sin legitimidad alguna.

El contrato cuya nulidad se pretende, tiene fuerza de Ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por Ley, expresó que el contrato sigue vigente entre las dos partes contratantes y la inexistencia de algún requisito de validez puede subsanarse entre las partes con legítimo interés, por ello reclamó que los avasalladores de su terreno no tendrían legitimación alguna para demandar nulidad de los referidos documentos.

Concluyó expresando que los de instancia actuaron otorgando privilegio al aspecto formal pese a causar daño a un derecho fundamental.

Petitorio.

Solicitó dejar sin efecto el Auto de Vista, casando el mismo por infringir el art. 551 del Código Civil vigente.

De la Respuesta al Recurso de Casación.

Respuesta de Miguel Acarapi Flores.

Refirió que el recurso de casación interpuesto por su contraparte no precisó si es de forma o fondo o en ambos, siendo irregular y carente de fundamentación.

El recurrente expresó que el Tribunal de segunda instancia habría aplicado indebidamente el art. 549 del Código Civil porque no habría valorado el art. 551 del mismo cuerpo legal; sin embargo no precisa ni especifica cual inciso del art. 549.

El Auto de Vista recurrido es claro al establecer y fundamentar que el título del recurrente está viciado de nulidad, lo cual no pudo ser rebatido ni enervado en el recurso de casación.

Expresó que el recurrente invocó el Auto Supremo Nº 639/2015 de 4 de agosto, sin embargo no logra relacionarlo al caso concreto. De igual forma refirió que cuando invocó la  SCP 0010/2010 misma que estableció que los requisitos formales no deben primar sobre los derechos sustanciales; sin embargo tampoco logró concretar la relación vinculante entre la misma y el caso concreto.

Así también el recurrente reclamó infracción del art. 551 del Código civil, resultando ser un planteamiento caótico porque no logró diferenciar entre la aplicación indebida de la Ley y la infracción de la Ley.

Concluyó solicitando se declare improcedente o en su caso infundado el recurso de casación.

Respuesta de Fermina Chambi Ruelas por Pascual Quispe Poma y Rosendo Huchani Chapi.

Refirió que de la lectura al recurso de casación del recurrente, no establece si es de forma, fondo o ambos para que el Tribunal pueda ingresar a resolver el mismo, siendo un requisito imprescindible al amparo del art. 274 núm. 3 del CPC, por lo que el Tribunal deberá decláralo improcedente.

Petitorio.

Refutó que sus poderdantes no tuvieran legitimación, sosteniendo que desde que el momento en que el demandante inició la causa en su contra, ellos al ser codemandados automáticamente tienen el interés legítimo en la causa.

Refirió que no es verdad lo que el recurrente aduce en su recurso puesto que sus poderdantes ocupan sus terrenos con los debidos títulos respaldatorios que acredita su derecho propietario.

De lo anterior denunció que el recurso de casación interpuesto por el demandante es infundado, premeditado y dilatorio.

Concluyó solicitando que de ser considerado el recurso pueda ser declarado infundado.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO.

III.1. Del art. 551 del Código Civil de la legitimación para plantear nulidad  de   contratos.

El Auto Supremo de admisión Nº 350/2018 de 7 de mayo, así como, el Auto Supremo Nº 664 de 6 de noviembre de 2014 sobre la legitimación para instaurar una nulidad de documento por un tercero orientaron en sentido que: “De manera general se tiene que la nulidad de un contrato puede ser pretendida por las partes del contrato o finalmente por sus causahabientes o herederos, toda vez que se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes conforme manda el art. 524 del Código Civil, quienes tienen la legitimación activa para pretender la nulidad del mismo. Por otro lado, también es posible que la nulidad de un contrato pueda ser instada por un tercero  que no fue parte de la relación contractual que se pretende invalidar, en este caso, cuando la nulidad es pretendida por un tercero el art. 551 del Código Civil indica: “la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”, entendiéndose que el interés legítimo configura la legitimación activa para poder demandar, configurándose esa legitimación en un presupuesto de admisibilidad de la demanda que debe ser analizada por los Jueces al momento de admitir la demanda; por lo tanto el interés legítimo debe ser demostrado ab initio al momento de la presentación de la demanda y los Jueces tiene el deber de exigir dicha prueba a tiempo de admitirla porque de ella depende la acreditación de la legitimación activa del actor, que constituye presupuesto de admisibilidad como se señaló.

En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda.

La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos.

Convengamos entonces que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual e inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimación activa, es decir el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge del derecho subjetivo en función inmediata de la nulidad del contrato.

III.2. De la acción reivindicatoria y sus requisitos.

En el Auto Supremo Nº 207/2016 de fecha 11 de marzo de 2016 se orientó en cuanto al tema expresando: “corresponde referir que doctrinariamente la reivindicación es: aquella que tiene por objeto el ejercicio por el propietario de una cosa, de los derechos dominiales a efectos obtener su devolución por un tercero que la detenta, de esta definición se puede extraer un punto esencial para su procedencia: -Ser propietario y a efectos  de seguir desmembrando este punto es primordial señalar que  significa propiedad, según el Diccionario de derecho Omega Tomo II el termino propiedad significa: “ Facultad ilegítima de gozar y disponer de una cosa con exclusión del arbitrio ajeno y reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro” y en el mismo sentido , podemos expresar la doctrina expresada por Capitant, el cual sobre el tema expresa que es el “ Derecho de usar, gozar y disponer de un cosa en forma exclusiva y absoluta”. En suma, se puede expresar que el derecho de propiedad permite reivindicar la cosa de  manos de un tercero, es decir el IUS IN RE, a efectos de ejercitar todos los derechos  como se dijo: IUS UTENDI FUENDI ETE ABUNDE, y de los cuales están enmarcados en el art. 105 del sustantivo de la materia, de lo que se concluye que la acción reivindicatoria y este Tribunal determino en varios fallos que la reivindicación como acción de defensa de la propiedad se halla reservada al: propietario que ha perdido la posesión de una cosa y que el derecho propietario por su naturaleza, conlleva la posesión emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que tiene la posesión civil”, que está integrada en sus elementos “ corpus y animus” quedando claro, que la acción de restitución o devolución de la propiedad de un tercero es imprescriptible y pude ser aplicada en cualquier momento por el propietario”.

Asimismo corresponde enfatizar algunos supuestos a presentarse dentro de la acción, puesto que cuando el demandado de reivindicación resista esa pretensión alegando ser el propietario de la cosa, la acción de reivindicación adquiere una función compleja, pues aunque en principio sea una acción de condena, si lo que se discute es la posesión entre partes que sostienen o demuestran derecho propietario sobre la cosa, la acción no ser de mera condena sino que previamente tendrá el juez que decidir a quién corresponde la titularidad del derecho, en otras palabras tendrá que hacer un juicio declarativo de mejor derecho de propiedad.

En cambio, si la resistencia del demandado de reivindicación se reduce a la situación de hecho, sin alegación por tanto sin controversia sobre el derecho, el resultado será una Sentencia de simple condena en la faz petitoria”.

Respecto a los requisitos para la procedencia de la acción reivindicatoria corresponde citar el contenido del Auto Supremo 193/12 de 6 de septiembre de Sala Liquidadora, en él se señaló lo siguiente: “…la acción reivindicatoria, prevista en el artículo 1453 del Código Civil, es una acción de defensa de la propiedad. Al respecto Néstor Jorge Musto, en su obra Derechos Reales, señala que: "la reivindicación es la acción que puede ejercitar el propietario, que no posee contra el poseedor que, frente al propietario, no puede alegar un título jurídico que justifique su posesión". En otras palabras la acción reivindicatoria es la que tiene el propietario que no posee frente al poseedor que no es propietario.

La acción reivindicatoria es una acción real, pues nace del derecho de propiedad que tiene este carácter; y está dirigida a obtener el reconocimiento del citado derecho y la restitución de la cosa a su dueño. La acción real de reivindicación, es la que la ley le otorga al propietario de una cosa singular de la que no está en posesión, para que la ejerza contra la persona que está poseyéndola.

Para la procedencia de la referida acción son tres los presupuestos esenciales: 1) el derecho de propiedad de la cosa por parte del actor; 2) la posesión de la cosa por el demandado; y 3) la identificación o singularización de la cosa reivindicada. Consiguientemente la prueba de la acción reivindicatoria debe estar dirigida a demostrar esos tres presupuestos o requisitos, es decir quien demanda la reivindicación de un bien debe demostrar: 1) el derecho de propiedad de quien se pretende dueño; 2) la determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3) la posesión de la cosa por el demandado.

Al respecto el autor "Arturo Alessandri" señala que corresponde al reivindicador demostrar los supuestos de la acción reivindicatoria, precisando seguidamente cuáles son los principales puntos que deben ser probados, a saber: a) el dominio.- El reivindicador debe probar, dice, su derecho de dominio sobre la cosa que pide le sea restituida (...); b) la posesión de la cosa por el demandado.- el reivindicador está en la necesidad de probar que el demandado es el actual poseedor de la cosa que pretende reivindicar (...); c) la identificación de la cosa reivindicada.- el actor debe determinar e identificar la cosa que pretende reivindicar, es decir, demostrar que ella es la misma que el demandado posee…”

III. 3. De la Nulidad Regulada en el Art. 549 del Código Civil.

Al respecto el Auto Supremo N° 938/2017 de 29 de agosto, estableció en sentido  que la acción de nulidad está regulada por el art. 549 del CC., nulidad que procede cuando el contrato o acto Jurídico del cual deberían emerger obligaciones contiene vicios insubsanables por disposición expresa de la ley, que impide que un contrato o acto jurídico tenga validez jurídica, nulidad o invalidez que es entendida como la sanción legal que priva de sus efectos propios a un acto jurídico (contrato), en virtud de una falla en su estructura simultánea con su formación. De lo manifestado se puede establecer que la nulidad se origina en una causa existente en el momento mismo de la celebración del acto jurídico y no por un motivo sobreviniente, esta característica es esencial para diferenciar precisamente la nulidad de la resolución.

En este antecedente, se debe precisar que del análisis del art. 549 del CC., se tiene que dicho precepto legal establece cinco causales por los cuales se puede demandar y determinar la nulidad de un contrato o acto jurídico, causales que resulta necesario analizar; en este entendido diremos que la nulidad procede en cuanto al inc. 1) Por faltar en el contrato, objeto o la forma prevista por ley como requisitos de validez.”, inciso aplicable a los contratos donde se observa la falta de objeto, debiendo entender que el objeto se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), es decir el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer en este entendido no se podría pensar la existencia de un contrato u obligación sin objeto. En cuanto a la falta de la forma, se aplica a los contratos en los que se observa la falta de los requisitos establecidos en el art. 452 del CC., o en los que la forma es un requisito para su validez como los señalados en el art. 491 del CC. Respecto al inc. 2) Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley”, diremos que esta causal hace referencia a los requisitos establecidos por el art. 485 del CC., que textualmente señala: “Todo contrato debe tener un objeto posible, licito y determinado o determinable.”, sobre el que el Auto Supremo Nº 504/2014 de 08 de septiembre del 2014, orientó que: “el objeto de un contrato o de un convenio, debe reunir ciertos requisitos, conforme a los que señala el art. 485 del Código Civil, debe ser posible, lícito y determinado o determinable, cuando el Código hace referencia al requisito de lo posible, señala que la prestación prometida sobre un bien debe pertenecer al obligado y en el caso de una venta, el cual el objeto del contrato resulta ser la transferencia del derecho de propiedad de un bien, y este bien debe pertenecer al vendedor, de ello se deduce que la transferencia del derecho propietario tenga un objeto posible, conlleva a señalar que el vendedor se encuentra en la posibilidad de transferir dicho bien”.

En relación al inc. 3) Por ilicitud de la causa  y por ilicitud del motivo que impulso a las partes a celebrar el contrato., precepto que debe entenderse en sus dos elementos como ser la causa ilícita y el motivo ilícito, en el primer caso diremos que la causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; por otra parte en un contrato con causa ilícita las partes persiguen una finalidad económico- práctica, contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral). En el segundo caso el motivo ilícito se encuentra regulado en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres.”, motivo que se encuentra en la voluntad de la partes de dar vida al contrato (elemento subjetivo), bajo estos términos se debe tener presente que la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo.

Al respecto, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 252/2013 de 17 de mayo, que: “Ahora el Código Civil en lo pertinente "De la causa de los contratos" en su art. 489 refiere: "(Causa Ilícita) La causa es ilícita cuando es contraria al orden público o las buenas costumbres o cuando el contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma imperativa". En lo referente, nuestra legislación, conforme la corriente doctrinaria moderna, aceptó a la causa como un elemento constitutivo del contrato, entendiendo a ésta en la función económica-social que el contrato desempeña, tesis defendida por Mazeaud, entre los más destacados, que al exponer sus argumentos de la causa indicaba que "...ésta cumple una función económico- social, que el contrato cumple, y consiste en la modificación de una situación existente que el derecho objetivo considera importante para sus propias finalidades; como tal, la causa es constante e inmutable, sea cual fuere la intensión personal de cada una de las partes". De igual criterio podemos citar a Carlos Miguel Ibañez (Derecho de los contratos, 2010, pág. 358) que señala: "...la causa es la finalidad inmediata y directa que se propone el que se obliga, y esa finalidad es igual para todos los que celebran un mismo contrato con igual carácter en él. Todo comprador se propone la adquisición de una cosa, todo vendedor la obtención del precio en dinero. Entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa Sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico-social que se vaya a cumplir.

La causa es lícita cuando es conforme al orden público o las buenas costumbres y no busca eludir una norma de aplicación imperativa; en contrario sensu, se puede referir un contrato con causa ilícita cuando las partes persigan una finalidad económico- práctica contraria a normas imperativas (contrato ilegal) o a los principios de orden público (contrato prohibido) o de las buenas costumbres (contrato inmoral).

Si el contrato es ilícito por ilicitud de causa, forzosamente es ilícito para ambos contratantes, porque la causa es un elemento común, ya que juntas proponen conseguir el fin propio del contrato celebrado, por ello, el motivo -como elemento subjetivo- que instó a alguna de las partes a contratar, no puede supeditar al contrato como ilícito, más aun sabiendo que la parte que concurre al contrato de buena fe lo hace pretendiendo cumplir con una finalidad lícita. Estableciéndose que para sancionar con nulidad por causa ilícita a un contrato, necesariamente debe probarse en Autos que ambas partes lo celebraron con una finalidad contraria al orden público o las buenas costumbres, o cuando lo hicieron para eludir la aplicación de una norma imperativa, conforme establece el art. 489 del Código Civil.”

En cuanto al motivo ilícito el Auto Supremo Nº 311/2013 de 17 de junio, orientó que: “…el mismo se encuentra comprendido en el art. 490 del Código Civil que textualmente señala: “(Motivo ilícito) El contrato es ilícito cuando el motivo que determina la voluntad de ambos contratantes es contrario al orden público o a las buenas costumbres”, entendiendo por causa esa sola finalidad del valor constante y abstracto...". Bajo estos términos la causa es independiente de la voluntad de los contratantes y es distinta del motivo, pues solo tiene relevancia la causa final. Es por ello, que en nuestra normativa sustantiva Civil, se distinguió claramente en lo referente a la causa de los contratos, la causa ilícita (art. 489 Código Civil) y al motivo ilícito (art. 490 Código Civil); razón que la doctrina refiere que para la causa no interesa el motivo, que es individual y contingente, sino el fin económico- social que se vaya a cumplir.

Asimismo diremos que el objeto del contrato, se encuentra constituido por el conjunto de las obligaciones que se ha generado con la operación jurídica (contrato), consiguientemente corresponde señalar que el objeto del contrato es la obligación de las partes, el objeto de la obligación es la prestación debida, dar hacer o no hacer.”.

En cuanto al inc. 4) “Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato., de dicha disposición se infiere que cuando el error recae sobre la naturaleza del contrato, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto, como cuando una entiende concurrir a un arrendamiento y la otra comodato y no hay ni arrendamiento ni comodato, porque cada una de las parte ha querido algo diferente; y el error esencial sobre el objeto del contrato, es aquel que recae sobre la identidad del objeto, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra. Finalmente el inciso 5) establece en los demás casos determinados por ley”, que en términos redundantes hace referencia la nulidades establecidas por expresa disposición de la ley.

III.4. De los artículos 1295 y 1299 del Código Civil.

A través del Auto Supremo Nº 644/2013 de 1 de diciembre se ha orientado que: “…el actual régimen normativo prevé en el art. 1295 del Código Civil que los documentos públicos otorgados por personas que no sepan o no puedan firmar, firmará otra persona a ruego por ella, y se estampará las impresiones digitales del otorgante, haciéndose constar esta circunstancia al final de la escritura, aparte de firmar también los testigos instrumentales; ésta norma regula la otorgación de una escritura pública para personas que no sepan firmar o que no pueden hacerlo a momento de la otorgación. En relación a la extensión de un documento privado por una persona que no pueda hacerlo por estar impedido nuestro régimen normativo no fue tan claro, sin embargo se debe diferenciar de este supuesto -de persona que no pueda firmar por algún motivo- de la persona analfabeta; el art. 1299 del Código Civil que regula los documentos privados otorgado por analfabetos señala que éstos documentos llevarán siempre sus impresiones digitales puestas en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisitos sin los cuales son nulos, formalidades previstas por acudir al documento una persona analfabeta que tiene incapacidad de leer lo que el texto expresa y por tanto de saber de su contenido. Sin embargo, situación diferente sucede cuando se suscribe un documento privado por una persona que sabe leer y escribir, o sea que no es analfabeta, pero que por alguna circunstancia sobreviniente no puede imprimir su firma en el documento privado. Al efecto es necesario remitirnos al art. 1300 parágrafo II del sustantivo civil que señala en el caso de personas que no saben o no pueden firmar, se hará el reconocimiento de la firma a ruego, y el otorgante reconocerá por su parte el contenido del documento y el hecho de haber estampado en él sus impresiones digitales, misma sustancia prevé el art. 18 parágrafo IV de la Ley Nº 1760, que concuerda con lo descrito en el art. 1295 del Código Civil sobre el requerimiento de la firma a ruego y la impresión digital, exceptuando a los testigos instrumentales ya que el documento privado no contiene el formalismo del público, en ese sentido lo que la norma prevé para personas que no sepan firmar o no puedan hacerlo es que el documento privado presente la firma a ruego y las huellas digitales de la parte contratante, pues debe entenderse que éste último por su aptitud de lectura del texto conoce el contenido del documento; situación diferente del analfabeto que por su vulnerabilidad ante el desconocimiento de lo que se contrata es necesario el advenimiento no sólo del firmante a ruego sino también de la presencia de dos testigos que hagan conocer del contenido de lo que está contratando y legitimen el acto. Es por ello que, en un documento privado, para la persona que no sepa o no pueda firmar la ley no ha previsto un formalismo tan riguroso, sino que por su situación de conocimiento del documento y para atestiguar su consentimiento se amerita la firma a ruego y la impresión de sus huellas digitales, siendo innecesario que se acuda con otros testigos al acto”.

III.5. De la Legitimación.

El art. 115-I de la Constitución Política del Estado, señala lo siguiente: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, como se podrá apreciar, la norma constitucional describe la defensa de los derechos y los intereses legítimos de las personas, debe ser protegida por los operadores judiciales, consiguientemente, la norma activa la función jurisdiccional, siempre y cuando se trate de los intereses legítimos que las partes deben acreditar.

Sobre el particular es conveniente señalar que la legitimación, conforme a la doctrina se clasifica en legitimación procesal y legitimación ad- causam; la primera está referida a la aptitud o idoneidad para intervenir válidamente en el proceso, ya sea de parte del demandante o del demandado o de quienes intervienen en su representación (apoderados); es una cuestión de carácter estrictamente formal; en tanto que la legitimación ad causam se vincula con la titularidad del derecho sustancial que se pretende ejercitar con la demanda, exige que la demanda sea presentada por quien realmente tenga la titularidad del derecho sustancial que se reclama, es una cuestión que hace al fondo de la pretensión.

Para el entendimiento de este fallo es necesario señalar de manera general que al hablar de legitimación se tiene que en doctrina, existe la legitimación procesal o “ad procesum”, que en criterio de diferentes procesalistas ente ellos Eduardo Couture, señala: “la legitimación procesal es la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro”, es decir que la legitimación en el proceso comprende tanto a la capacidad procesal, como la aptitud que tienen las personas que actúan en calidad de representantes de otras (por carencia de capacidad procesal o por representación voluntaria); y por otra parte existe la legitimación en la causa “ad causan” o de  obrar,  que resulta  un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.

Elemento que resulta de suma importancia para que los juzgadores puedan ingresar a realizar una valoración de fondo del proceso y las pretensiones que en él se incoan, es en este entendido que Lino E. Palacio en su obra "Derecho Procesal Civil" Ed. Abeledo Perrot, Tomo I, págs. 405 a 406 refiere: "Para que el juez se encuentre en condiciones de examinar la pretensión procesal en cuanto al fondo es preciso que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las "justas partes" o las "partes legítimas", y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal. Cabe, pues, definir a la legitimación para obrar o procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa...", por ello se deduce que la legitimación es un requisito que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona legitimada, por lo que se entenderá que la ausencia de legitimación, sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de "falta de legitimación".

Para el caso en estudio resulta necesario centrar el análisis en la legitimación en la causa “ad causan” o de  obrar, que en doctrina es considerado o denominado de distintas formas como ser: Legitimación en la causa, Legitimación material, legitimación para accionar, legitimación de obrar, sin embargo todos se refieren a este elemento como un presupuesto procesal de fondo de suma importancia dentro la configuración del proceso.

Sobre el particular, debemos referir que la legitimación “Ad causam”, es la condición particular y concreta de las partes, que se deriva en su vinculación con el objeto del litigio; que en criterio de Hernando Devis Echandía, en su obra Teoría General del Proceso, 2da Edición Buenos Aires Edit. Universidad 1997 página 269, señala: “Tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad con la ley sustancial, puede formular o contradecir las pretensiones contenidas en la demanda o en la imputación penal, por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica sustancial pretendida o del ilícito penal imputado, que deben ser objeto de la decisión del Juez…”, es decir, que la legitimación en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, esto es, que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.

Sobre el particular, existe una vasta jurisprudencia emitida pòr el Tribunal Constitucional que en la Sentencia Constitucional Nº 1587/2011-R de 11 de octubre que al referirse a la legitimación dijo: “La legitimación en el orden procesal debe relacionarse con el concepto de acción y por consiguiente, con sus sujetos activo y pasivo, se configura con el reconocimiento que el derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal - legitimación activa -, o de resistirse a ella eficazmente - legitimación pasiva…”, por lo que la legitimación resulta ser un presupuesto que afecta tanto al actor como al demandado. La pretensión, en efecto, debe ser deducida por y frente a una persona legitimada, lo contrario torna inadmisible la demanda.

Criterio también desarrollado por este Tribunal Supremo de Justicia, que al respecto ha orientado a través de Auto Supremo Nº 23/2016 de 20 de enero, que: “Corresponde señalar que los presupuestos procesales, tanto de forma como de fondo, el primero se refiere a la presentación de la demanda, la dirección del Juez y la capacidad de las partes, y el segundo se refiere al interés de obrar, la “legitimación para obrar” y la posibilidad jurídica, sobre la “legitimación para obrar” el procesalista Fausto Viale especialista en derecho procesal señala lo siguiente: "La legitimidad para obrar está referida a los sujetos que, ya sea en la posición de demandantes o de demandados, la ley autoriza a formular una pretensión determinada o a contradecirla, o a ser llamados al proceso para hacer posible una declaración de certeza eficaz o a intervenir en el proceso por asistirles un interés en su resultado. La legitimidad para obrar tiene una definitiva vinculación con la relación jurídica de derecho material o estado jurídico cuya declaración de certeza, ejecución, u otro tipo de providencia judicial se pretende. Como la anota Vescovi, la legitimidad para obrar se refiere a la posición de un sujeto respecto al objeto litigioso que le permite obtener una providencia eficaz. Aunque es un concepto procesal, la legitimidad está referida a la pretensión objeto del proceso, esto es, al derecho sustancial reclamado".

Esta legitimación para obrar cuando se trata de impugnar contratos- tiene estrecha relación con el art. 551 del Código Civil, que señala: “(Personas que pueden demandar la nulidad) La acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga un interés legítimo”, entre estas se encuentra los titulares de la relación contractual o terceros con interés legítimo por ejemplo una persona que tendría que hacer valer su derecho subjetivo en caso de lograr la ineficacia estructural del contrato impugnado de nulidad, así se puede citar que a partir del Auto de Supremo Nº 664/2014 de 06 de noviembre, se orientó la línea jurisprudencial en el que se señaló lo siguiente: “De manera general se tiene que la nulidad de un contrato puede ser pretendida por las partes del contrato o finalmente por sus causahabientes o herederos, toda vez que se presume que quien contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes conforme manda el art. 524 del Código Civil, quienes tienen la legitimación activa para pretender la nulidad del mismo. Por otro lado, también es posible que la nulidad de un contrato pueda ser instada por un tercero que no fue parte de la relación contractual que se pretende invalidar, en este caso, cuando la nulidad es pretendida por un tercero el art. 551 del Código Civil indica: “la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”, entendiéndose que el interés legítimo configura la legitimación activa para poder demandar, configurándose esa legitimación en un presupuesto de admisibilidad de la demanda que debe ser analizada por los Jueces al momento de admitir la demanda; por lo tanto el interés legítimo debe ser demostrado ab initio al momento de la presentación de la demanda y los Jueces tienen el deber de exigir dicha prueba a tiempo de admitirla porque de ella depende la acreditación de la legitimación activa del actor, que constituye presupuesto de admisibilidad como se señaló.

En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda.

La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos.

Convengamos entonces que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual e inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimación activa, es decir el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge del derecho subjetivo en función inmediata de la nulidad del contrato…”. (Lo subrayado es nuestro).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

En el marco establecido por el fundamento del recurso en análisis, su contestación y la Doctrina Legal aplicable para el presente caso, se ingresa a resolver el recurso planteado en base a las siguientes consideraciones:

Denunció que los de instancia aplicaron indebidamente el art. 549 del Código Civil, decretaron la nulidad de un contrato por falta de un requisito de validez; pero no valoraron el art. 551 del Código Civil que establece que sólo puede ser demandada por una persona con interés legítimo, en el caso se atiende una reconvencional sin legitimidad alguna.

Expresó también que el contrato cuya nulidad se pretende, tiene fuerza de Ley entre las partes contratantes, no puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por Ley, expresó que el contrato sigue vigente entre las dos partes contratantes y la inexistencia de algún requisito de validez puede subsanarse entre las partes con legítimo interés, por ello reclamó que los avasalladores de su terreno no tendrían legitimación alguna para demandar nulidad de los referidos documentos.

De la revisión al cuaderno procesal, se tiene que cursan de fs. 6 a 8 vta., el Testimonio Nº 447/74 de 18 de diciembre de 1974, correspondiente a la venta de 3000 m2 en el sector de “Jacha Larka” efectuada por María Quispe de Mamani en favor de Nelson Orosco Murillo, mismo que ampara su pretensión en dicho documento. Por otra parte cursa también de fs. 110 a 112 vta., Testimonio Nº 446/73 suscrito el 14 de junio de 1973, en el que María Quispe Mamani transfiere 2 hectáreas y 7000 m2 en favor de Benigno Gómez Morales y Maruja Tola de Gómez en el sector denominado “Hachalarka”.

En ese sentido para evidenciar si el terreno en disputa es el mismo que las partes alegan, se tiene la acta de audiencia de inspección judicial al bien inmueble objeto de la litis (fs. 669 y vta.), donde en presencia de las partes, el Juez determinó que dicho terreno es coincidente con las pretensiones de ambas partes, sujetándolo a complementación con más elementos técnicos, que fue complementado por informe técnico pericial de fs. 687 a 690.

Así también se tiene que por certificación dominial de derechos Reales cursante de fs. 575, se establece que en los antecedentes registrales figura como primera propietaria María Quispe de Mamani  con una superficie de 12 hectáreas y 1.170 m2, posteriormente limitando a dicha partida se encuentra Benigno Gómez Morales y Maruja Tola de Gómez con una superficie de 2 hectáreas y 7000 m2, también limitando a dicha partida se encuentra el codemandado Miguel Acarapi Flores y Juana C. Mamani de Acarapi sobre un lote de terreno con una superficie de 350 m2.

De igual manera se encuentra en el proceso de fs. 77 a 78, el Testimonio Nº 382 de 25 de junio de 1975 en el que los esposos Benigno Gómez Morales y Maruja Tola de Gómez transfieren un lote de terreno de 350 m2 en favor de Orlando Rojas Rojas, codemandado en la presente demanda.

Cursa también en el proceso, actas sobre la audiencia  de inspección judicial a la Notaría de Fe Pública Nº 2 de la ciudad de La Paz (fs. 308 y vta. y fs. 653 y vta., en la que el A Quo evidenció inexistencia de las firmas de los testigos a ruego y la inexistencia del protocolo Notarial de la Escritura Pública Nº 471/1974 respectivamente con la que el demandante inscribió su derecho propietario en la oficina de Derechos Reales.

Se tiene también la inspección a Derechos Reales de la ciudad del Alto (de fs.675 vta.), donde se estableció que la partida 145 de fs. 145, libro 40 del año 1974 corresponde a Mauricia Mamani Vallejos y no a Nelson Federico Orosco Murillo.

Al respecto se tiene que en el caso concreto la nulidad pretendida por la demanda reconvencional fue invocada por terceros que si bien no suscribieron los documentos impugnados, sin embargo cada uno de los codemandados posee derecho propietario registrado en la oficina de Derechos Reales tal como se puede apreciar de fs. 201 hasta fs. 276 sobre porciones o lotes fraccionados que corresponden al mismo terreno incoado en la demanda, siendo por tanto que con dichos antecedentes, la disputa por la titularidad abrió la posibilidad y configuró interés legítimo para la reconvención sobre nulidad de Escrituras Públicas y  registro en Derechos Reales, demanda reconvencional que fue acogida, por cuanto los demandados tienen un interés legítimo en hacer prevalecer la legalidad de su propietario sobre sus lotes de terreno, que por la presente demanda pretenden ser reivindicados por un título anómalo.

Para el efecto de la jurisprudencia emanada por este Tribunal se tiene El Auto Supremo Nº 664/2014 de 6 de noviembre: “…Por otro lado, también es posible que la nulidad de un contrato pueda ser instada por un tercero  que no fue parte de la relación contractual que se pretende invalidar, en este caso, cuando la nulidad es pretendida por un tercero el art. 551 del Código Civil indica: “la acción de nulidad puede ser interpuesta por cualquier persona que tenga interés legítimo”, entendiéndose que el interés legítimo configura la legitimación activa para poder demandar, configurándose esa legitimación en un presupuesto de admisibilidad de la demanda que debe ser analizada por los Jueces al momento de admitir la demanda; por lo tanto el interés legítimo debe ser demostrado ab initio al momento de la presentación de la demanda y los Jueces tiene el deber de exigir dicha prueba a tiempo de admitirla porque de ella depende la acreditación de la legitimación activa del actor, que constituye presupuesto de admisibilidad como se señaló.

En ese entendido, también corresponde establecer qué es lo que se entiende por el interés legítimo normado en el art. 551 del Código Civil, presupuesto necesario que debe tener quien pretenda la nulidad de un contrato en el que no es parte, motivo por el cual se dirá que la titularidad de un derecho subjetivo cuya eficacia dependa real y directamente de la invalidez del contrato o del acto jurídico que se pretende su nulidad, configura el llamado interés legítimo, en otras palabras los efectos generados por el contrato o acto jurídico cuya invalidez se pretende que entren en pugna con el derecho subjetivo del cual es titular la persona que demanda.

La fórmula del art. 551 del Código Civil, solo dispensa la calidad de accionante a quien tenga interés legítimo, y no está abierto a todas las personas estantes del Estado, pues la nulidad siendo de orden público apunta a la invalidez de un acto jurídico privado, donde no existe la afectación de un derecho difuso, siendo el punto de partida la consideración del carácter privado del acto jurídico que se pretende invalidar, pues lo contrario nos situaría en una acción de defensa de derechos colectivos o difusos.

Convengamos entonces que la norma permite accionar la nulidad cuando el interesado ostenta un derecho subjetivo no hipotético que dependa actual e inmediatamente de la invalidez del acto jurídico, siendo ese el interés legítimo que debe demostrar para acreditar la legitimación activa, es decir el interés legítimo está limitado al interés personal que emerge del derecho subjetivo en función inmediata de la nulidad del contrato”.

En el caso presente, los codemandados demandan la nulidad del contrato de la Escritura Publica Nº 447/74 suscrita entre el demandante Nelson Federico Orosco Murillo  y María Quispe de Mamani así como la cancelación de su respectivo registro, por otro lado demostraron poseer los terrenos, acreditando los mismos con el derecho registrado en cada uno de los casos, lo cual les certifica su legitimación de defensa a los mismos, ante la amenaza de un eventual título viciado que estaba siendo mal utilizado en su contra con el propósito de despojarles sus terrenos y su derecho propietario, por lo cual demostraron el derecho subjetivo acreditando el derecho propietario alegado; porque dicha titularidad constituyó en la presente causa, el derecho subjetivo que entraría en pugna con el derecho del demandante, lo que en definitiva constituyó en el interés legítimo alegado por la parte reconvencionista, aspecto que fue otorgado correctamente a tiempo de admitir la demanda, porque como se indicó, el interés legítimo se constituye en presupuesto de admisibilidad.

Por todo lo expresado se tiene que no existe vulneración alguna a la normativa referida, siendo este reclamo infundado.

De la respuesta al recurso de casación.

Respuesta de Miguel Acarapi Flores.

Siendo que la pretensión es que se declare improcedente o en su caso se infunde el recurso y dado que esa última es la postura asumida, no se requiere mayor abundamiento. 

Respuesta de Fermina Chambi Ruelas por Pascual Quispe Poma y Rosendo Huchani Chapi.

Se tiene que la misma está dirigida a establecer sin fundamento el recurso interpuesto, y siendo que en el presente caso la resolución es infundada en conformidad a lo solicitado,  por lo cual no se ingresa a establecer mayores detalles.

Por todo lo expresado en la presente Resolución, corresponde a este Tribunal resolver conforme lo establecido en el art. 220.II del CPC.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. I.1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por  mediante memorial cursante de fs. 902 a 904 vta.; y, en consecuencia, firme y subsistente el Auto de Vista N° 55/2018 de 15 de febrero, con costas y costos.

Se regula honorarios en favor de los abogados que contestaron el recurso, en la suma de Bs. 1.000.- (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Magistrado Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.