TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 108/2019                                                                

Fecha: 12 de febrero de 2019                                                 

Expediente: SC-84-18-S                                                                                 

Partes: CARLOS CABALLERO S.R.L. c/ B.B.A. TRANSPORTE INTERNACIONAL S.R.L.                                

Proceso: Pago de daños y perjuicios.                                                                             

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1309 a 1311 vta., interpuesto por la empresa CARLOS CABALLERO S.R.L. a través de sus representantes legales, contra el Auto de Vista N° 119/2018 de fecha 23 de abril, de fs. 1300 a 1301 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario sobre pago de daños y perjuicios, seguido por el recurrente en contra de la empresa B.B.A. TRANSPORTE INTERNACIONAL S.R.L.; la respuesta al recurso de casación de fs. 1314 a 1319 vta.; el Auto de Concesión de fecha 14 de junio de 2018, cursante en fs. 1320; el Auto Supremo de Admisión de fs. 1327 a 1328 vta.; los demás antecedentes procesales; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Que, en Audiencia Preliminar, el Juez Público Civil y Comercial Nº 9 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto Definitivo Nº 285 de fecha 10 de noviembre de 2016, cursante de fs. 1251 a 1253 vta., por la que declaró: IMPROBADAS las excepciones de falta de personería del demandante, falta de acción y derecho e impersonería del demandado, oscuridad e imprecisión en la demanda y transacción; y PROBADA la excepción de prescripción opuesta a través del escrito que cursa de fs. 621 a 637 vta., de obrados.

Resolución de primera instancia que fue apelada por la empresa CARLOS CABALLERO SRL, a través de sus representantes legales, mediante el escrito de fs. 1266 a 1270 vta., a cuyo efecto la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el Auto de Vista N° 119/2018 de fecha 23 de abril, obrante de fs. 1300 a 1301 vta., CONFIRMÓ totalmente, el Auto Interlocutorio Definitivo antes mencionado, argumentando que en lo concerniente a la colisión de normas alegadas por el apelante, es por demás claro que el art. 1504 inc. 2 del Código Civil, si bien menciona que, la interrupción de la prescripción es ineficaz cuando se presenta la extinción de la acción, dicha normativa no puede ser entendida de manera aislada, sino que debe complementarse bajo las reglas de la interpretación sistemática con lo establecido en los arts. 309, 311 y 312 del Código Procesal Civil, y en ese entendido, corresponde diferenciar dos situaciones puntuales; la primera referida a la extinción de la instancia a la que se refiere el citado art. 1504 inc. 2 y la segunda respecto a los efectos de la perención regulado por el art. 311 del CPC, de ahí que normativamente, la ineficacia de la interrupción de la prescripción se presenta cuando se deja extinguir la instancia y es precisamente que uno de los efectos de la perención, declarada por primera vez es la extinción de dicha instancia, por lo que se puede concluir que la perención declarada, ingresa dentro de las causas de invalidez de la interrupción de la prescripción señalada por el art. 1504 inc. 2 del Código Civil.

Esta resolución fue impugnada mediante el recurso de casación que cursa en fs. 1309 a 1311, interpuesto por la empresa CARLOS CABALLERO S.R.L., el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

  1. Señala que, en su apelación, desarrolló ampliamente la diferencia entre acción, derecho e instancia y su incorrecta aplicación en el Auto Definitivo N° 285, empero, el Auto de Vista, sin fundamento alguno, se limitó a desarrollar los efectos de la perención en la instancia, omitiendo expresar criterio respecto a los efectos de la perención sobre el derecho y la acción.
  2. Indica que el Auto de Vista, sin haber diferenciado los conceptos instancia, derecho y acción, asume que ha prescrito el derecho, contrariando lo establecido por los arts. 311 y 312 del CPC, que establecen los efectos sobre el derecho en el caso de la segunda declaración de perención, y en ese entendido señala que, la extinción de la instancia no importa la extinción de la acción, pues por ello se fija un año para interponerla nuevamente, de ahí que la no interrupción del plazo de prescripción por declaratoria de perención establecida en el art. 1504 inc. 2 del C.C., debe ser aplicada tomando en cuenta los arts. 309, 311 y 312 del C.P.C. 
  3. Reclama que en el Auto de Vista no se desarrolla en absoluto, la diferencia entre acción, derecho e instancia, y solamente se contempla la remisión al art. 309 del CPC (sin que tenga relación directa con el art. 1504 inc. 2 del C.C.), desechando la aplicación de los arts. 311 y 312 del C.P.C., situación que importa la falta de fundamentación y motivación de la resolución recurrida, lo que acarrea su nulidad, al haberse negado su derecho a la tutela judicial.
  4. Reiterando el contenido del art. 311 del CPC, indica que la demanda fue presentada, dentro del año siguiente a la declaración de perención, pues la misma data del 27 de octubre de 2014 y la presente acción fue presentada el 20 de octubre de 2015, entonces de acuerdo a esta norma, la acción no estaba extinguida en esta última fecha, menos aun cuando el art. 312 del mismo Código, refiere que la acción solo se extingue con la segunda perención.
  5. Finalmente, señala que el Auto de Vista, carece de fundamentación, al no señalar argumento alguno respecto al conflicto de leyes alegado en la apelación, así como respecto a la falta de fundamentación del Auto Definitivo N° 285; omisiones que acusa, violentan el debido proceso e implican la nulidad del fallo recurrido. 

Por lo expuesto, solicita se emita Auto Supremo anulando el Auto de Vista recurrido.

Respuesta al recurso de casación.

  1. Indica que la demanda a la que hace referencia el art. 311 del C.P.C., hubiere procedido, si se hubiera citado a B.B.A. TRANSPORTES INTERNACIONAL S.R.L., antes de encontrarse prescrito el derecho del demandante, es decir dentro de la prescripción estipulada en el art. 1508 del Código Civil, ya que el término para la prescripción trienal del supuesto derecho del demandante operó el 13 de junio de 2009, en razón a que la supuesta responsabilidad del siniestro, base de la demanda, se generó el 12 de junio de 2006, empero, en el caso analizado, la citación con la demanda recién fue efectuada el 31 de diciembre de 2015.
  2. Sostiene que es intrascendente que las autoridades judiciales, tengan que hacer mención al art. 312 del C.P.C., puesto que dicha norma no es aplicable al caso de autos, toda vez que encontrándose prescrito el supuesto derecho del demandante antes de la citación de la demanda, el demandante ya no tenía la facultad de esa segunda oportunidad para demandar la misma acción.
  3. Manifiesta que el Auto de Vista y la resolución de primer grado, han sido dictadas en estricto apego a la ley y con argumentos legales y motivados, garantizando la congruencia, fundamentación y por ende el debido proceso, ya que en las referidas resoluciones se consignan los argumentos de hecho y derecho que conllevaron a la declaración de prescripción del supuesto derecho del demandante.
  4. Señala que en el presente caso, no existe el aludido conflicto de leyes al que hace referencia el recurrente, pues los arts. 309 al 313 del C.P.C., regulan la perención de instancia por abandono de la acción, por más de seis meses, y sin embargo el art. 1504 inc. 2 del C.C., previene en que, casos no se interrumpe la prescripción, por lo que es evidente que ambas leyes establecen institutos legales diferentes, sin contraponerse el uno al otro, es decir cada uno tiene su propio significado y connotación legal, ya que uno apunta a la “perención”  el otro a la “prescripción”.

En base a lo expuesto, solicita se declare infundado el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, y sea con costas y costos.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- Sobre la ineficacia de la interrupción de la prescripción por declaratoria de perención.

Respecto a este tema, el Auto Supremo Nº 158/2010 de 24 de mayo, ha señalado que: “El artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, dispone que la perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente. Al respecto, corresponde analizar, qué se entiende por acción y qué por instancia para interpretar la extinción de cada una de ellas. En el primer caso, cuando nos referimos a la acción estamos hablando del derecho que asiste al titular respecto a su reclamación ante el órgano jurisdiccional, o lo que es lo mismo, la acción, no es sino el derecho de pedir en juicio lo que a uno se le debe. O como señala el procesalista Piero Calamandrei cuando admite la acción "como un poder jurídico dirigido a obtener la actuación de la ley", adhiriéndose a la tesis Chiovendiana en cuanto considera que la misma se ejercita respecto del Estado y no del adversario.

En cuanto a lo que se entiende por instancia, ésta debe diferenciarse de la "acción" que tiene una acepción sustancial en el procedimiento, para Alsina por ejemplo instancia "es el conjunto de actos de procedimiento que realizan las partes para obtener la decisión judicial de una litis, desde la interposición de la demanda hasta el llamamiento de autos para sentencia".

Para otros se considera que la instancia sigue hasta la conclusión definitiva del proceso, incluso la ejecución de la sentencia. Así establecida la diferencia entre instancia y acción, diremos que en el caso del artículo 1504 inc. 2 del Código Civil, "cuando establece que la prescripción no se interrumpe en el caso de que el demandante deje extinguir la instancia", se refiere concretamente al proceso mismo más no a la acción; en este caso nos encontramos frente al clásico ejemplo de extinción de la instancia, cual es la perención de instancia, en cambio el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, no se refiere a la instancia, si no a la acción, por cuanto la perención es sinónimo de caducidad de instancia, y lo que dispone la norma es que la perención de instancia no importará la extinción de la acción, toda vez que la demanda puede ser reproducida dentro del año de la perención. Consecuentemente, el recurrente, no puede tomar la interposición de una nueva demanda dentro del año, como que la instancia inicial no se hubiere extinguido y por consiguiente el plazo de la prescripción se hubiera interrumpido con la demanda interpuesta dentro del año de la perención decretada en el primer proceso de nulidad incoado…” (El resaltado nos pertenece).

Criterio concordante con lo razonado por el Auto Supremo N° 108/2014 de 27 de marzo, que refiere: “…No obstante lo manifestado, no podemos soslayar referirnos a lo previsto por el art. 1504 del Código Civil, que contiene el catálogo de supuestos en que la interrupción de la prescripción resulta ineficaz razón por la que el curso de la prescripción no se afecta y el mismo sigue su curso normal como si nunca hubiera existido obstáculo alguno.

Al respecto el art. 1504 inc. 2 del citado Código Civil, respecto a la ineficacia de la interrupción prevé: “Si el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia, con arreglo al Código de Procedimiento Civil”, así se deduce que dicha norma se refiere a la extinción de la instancia, esa extinción es la referida a la perención de instancia conforme al art. 309 del Código de Procedimiento Civil, pues dicho precepto establece la extinción de la instancia que llega a constituirse en la acción. Conforme esa disposición legal, la prescripción no se interrumpe cuando el demandante deja extinguir la instancia, es decir cuando por su dejadez o negligencia opera la perención de instancia”. (El resaltado nos pertenece)

III.2.- Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales.

Sobre este particular, la SC 0012/2006-R de 4 de enero, ha razonado: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…), y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria…”.

A ese respecto la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, también estableció: “…la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas…. (El resaltado nos corresponde)

En ese mismo entendido, en la SCP Nº 0903/2012 de 22 de agosto, se ha señalado que: “…la fundamentación y motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo.

Finalmente, la SCP 0075/2016-S3 de 8 de enero, sobre este tema ha sintetizado señalando: “…es una obligación para la autoridad judicial y/o administrativa, a tiempo de resolver todos los asuntos sometidos a su conocimiento, exponer las razones suficientes de la decisión adoptada acorde a los antecedentes del caso, en relación a las pretensiones expuestas por el ajusticiado o administrado; pues, omitir la explicación de las razones por las cuales se arribó a una determinada resolución, importa suprimir una parte estructural de la misma.

Por lo expuesto se puede colegir, que para el cumplimiento del debido proceso en sus elementos debida fundamentación y motivación, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas de su resolución,  y que respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo se tiene por realizada la motivación de una resolución.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuesta como está, la doctrina aplicable al presente caso, corresponde enunciar las siguientes consideraciones:

  1. Del análisis de los reclamos formulados en los puntos 1), 3) y 5) del recurso de casación, se colige que como cuestión principal el recurrente acusa la falta de fundamentación del fallo impugnado, arguyendo que el tribunal de alzada, no desarrolló en absoluto, la diferencia entre acción, derecho e instancia, normados en los arts. 309, 311 y 312 del C.P.C., y solamente se contempla la remisión al art. 309 de la misma norma, desechando la aplicación de los referidos arts. 311 y 312 y en ese entendido el Ad quem, no señalaría argumento alguno respecto al conflicto de leyes alegado en la apelación, omisiones que acusa, violentan el debido proceso e implica la nulidad del fallo recurrido. 

Sobre este reclamo, corresponde señalar que de acuerdo a los criterios desarrollados en el punto 2 de la doctrina aplicable, la fundamentación y/o motivación, importa que las autoridades judiciales expongan los hechos, realicen la fundamentación legal y citen las normas que sustentan la parte dispositiva de sus resoluciones; consecuentemente cuando un juez omite fundamentar o motivar una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino que también toma una decisión de hecho y no de derecho que vulnera de manera flagrante el debido proceso que permite a las partes conocer, cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo, cuál es la razón de derecho que llevó al juzgador a tomar la decisión de fondo.

De ahí que este Tribunal Supremo, ha entendido la importancia de la motivación y la fundamentación, como uno de los elementos que garantiza el debido proceso consagrado en el art. 115.II de la CPE, puesto que su ausencia coloca en incertidumbre si los órganos administradores de justicia, han considerado o han descartado las alegaciones planteadas por los justiciables;  entonces habrá falta de fundamentación y/o motivación, cuando la autoridad judicial no sustente, no argumente, no justifique o no explique lo decidido, sino que simple y llanamente decida, sin más, omitiendo el análisis que la ley exige a quienes administran justicia, empero se debe tener presente que para el cumplimiento de esta exigencia, la estructura de la resolución en la forma y el fondo, no requiere de una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que basta que esta sea coherente, precisa y clara, dando a entender los motivos y/o convicciones determinativas del fallo, y que estas respondan a los antecedentes del caso en relación a las pretensiones de los sujetos procesales, cumplido este extremo, se tiene por realizada la motivación de una resolución judicial.

En ese contexto, de una prolija revisión de los argumentos puntualizados en el Auto de Vista de fs. 1300 a 1301, se puede advertir que esta resolución si contiene las razones determinativas de su fallo, al contar con la suficiente claridad y describir de manera fundamentada los juicios cognitivos que analizan el objeto central de la impugnación de alzada, cual es “la presunta colisión normativa de los arts. 1504 inc. 2 del C.C. y los arts. 311 y 312 del C.P.C.”, de manera tal que este fallo, considerando que la problemática central formulada por recurrente gira en torno a dicha cuestión, concluye señalando que, si bien el art. 1504 inc. 2 del C.C., menciona que la interrupción de la prescripción es ineficaz cuando se presenta la extinción de la instancia, dicha normativa no puede ser interpretada de manera aislada, sino que debe ser examinada en relación a los arts. 309, 311 y 312 del C.P.C., y en ese entendido diferencia dos situaciones puntuales; la primera referida a la extinción de la instancia a la que se refiere el citado art. 1504 inc. 2; y la segunda respecto a los efectos de la perención regulado por el art. 311 del C.P.C., de ahí que concluye señalando que la ineficacia de la interrupción de la prescripción se presenta cuando se deja extinguir la instancia y asume que la perención declarada ingresa dentro de las causas de invalidez de la interrupción de la prescripción señalada por el art. 1504 inc.2 del Código Civil.

Razonamiento, que nos permite deducir que las afirmaciones del recurrente resultan inconsistentes, ya que en la resolución recurrida claramente se observan los fundamentos que explican las razones por las cuales fue confirmada la determinación de instancia, sin que sea necesaria una diferenciación entre las categorías “acción, perención e instancia”, pues la problemática de fondo se encuentra abocada a establecer si la extinción de la instancia (arts. 309, 311 y 312 del C.P.C.) constituye o no una causal de invalidez de la interrupción de la prescripción señalada en el art. 1504 inc. 2 del C.C., por lo que no es evidente que se haya desechado la aplicación de los art. 311 y 312 del C.P.C., pues fue en el marco de esta normativa y en base a un método de interpretación sistemático que el tribunal de alzada, realizó la interpretación del referido art. 1504 inc. 2, tal cual consta en el punto 1 de la parte considerativa del Auto de Vista, mucho menos es evidente que no se haya emitido pronunciamiento sobre este tema (colusión normativa), cuando por lo descrito, se tiene que ese fue la cuestión central sobre el cual fue analizado el recurso de apelación, situación por la cual no amerita expresarse mayores consideraciones al respecto.

  1. Ahora bien, lo descrito en los puntos 2) y 4) del recurso casación, da cuenta de un reclamo relacionado al objeto central de la problemática debatida en la  litis, pues en está, se trae a colación diferentes argumentos orientados a que este tribunal pueda establecer los efectos de la declaratoria de perención regulado por los arts. 309, 311 y 312 del C.P.C., en relación a las causales de invalidez o ineficacia de la interrupción de la prescripción establecidas en el art. 1504 del C.C., concretamente en relación al inciso 2 de dicha norma vinculada a la extinción de la instancia.

Y en ese entendido se formula una tesis en la que el recurrente señala que la extinción de la instancia por declaratoria de perención no importa la extinción de la acción, pues es por ello que el art. 311 del C.P.C., fija un año para interponerla nuevamente; así como el art. 312 del mismo Código, establece que la acción solo se extingue con la segunda declaratoria de perención, de ahí que en el sub judice, su derecho a demandar el pago de los daños y perjuicios, no habría prescrito, pues esta demanda fue presentada, en fecha 20 de octubre de 2015, es decir, dentro del año siguiente a la declaración de perención que data del 27 de octubre de 2014.

Sobre esta problemática, conviene de inicio señalar que en términos del autor boliviano Morales Guillen, la prescripción es el modo con el cual, mediante el transcurso del tiempo, se extingue un derecho por efecto de la falta de su ejercicio, cuyo presupuesto es la inactividad del titular del derecho1, criterio concordante con lo establecido por el AS Nº 265/2016 de 11 de marzo, que ha definido a la prescripción como: “…una institución jurídica por la cual se extingue el derecho por el transcurso ininterrumpido del tiempo determinado en ley…”, contexto en el cual nuestra legislación establece que para que la prescripción surta su efecto extintivo, debe reunir tanto el tiempo determinado por la ley como la inactividad del titular ante el incumplimiento de la obligación, y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establecen los arts. 1492.I y 1493 del Código Civil.

Y en ese orden, respecto al comienzo de la prescripción, se debe tener presente lo referido por el mencionado art. 1493 del C.C., que establece que la prescripción comienza a correr desde que el derecho ha podido hacerse valer o desde que el titular ha dejado de ejercerlo, a cuyo respecto el ya citado autor Morales Guillén, aludiendo a Pothier, refiere que: “El punto de arranque para computar la prescripción, es el día a partir del cual puede ser ejercitada la acción por el acreedor, esto es, desde el día que el acreedor puede demandar a su deudor…"2 y transcurrido el periodo establecido por ley, se hace material el efecto extintivo de la prescripción.

Empero el cómputo de la prescripción puede verse suspendido en los casos señalados por el art. 1502 del C.C. (excepciones), así como también, dicho computo, puede verse afectado por las causas que interrumpen la prescripción, que conforme manda el art. 1503 de la norma sustantiva civil, puede darse por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente, norma que es aclarada por el art. 1504 del CC, que estatuye que esa interrupción es ineficaz cuando; 1) la notificación con alguno de los mencionados actos, es anulada por falta de forma o se declara su falsedad; o 2) Cuando el demandante desiste de su demanda o deja extinguir la instancia con arreglo a la norma adjetiva civil; y 3) cuando el demandado es absuelto de la demanda.

Ahora bien, adentrándonos a la problemática de fondo concerniente a la ineficacia de la interrupción reglada en el señalado inc. 2) del art. 1504 del Sustantivo Civil, en relación a la perención de la instancia normada por el Código de Procedimiento Civil (como causal de extinción de la instancia), corresponde señalar que si bien el art. 311 del mencionado Código procedimental, refiere que la perención no importa la extinción de la acción (salvo que esta haya sido declarada en dos oportunidades - art. 312), la jurisprudencia de este tribunal (descrita en el punto III.1 de la doctrina aplicable), ha interpretado esta disposición normativa, en sentido de que en el caso del art. 1504 inc. 2 del C.C., al establecer que la prescripción no se interrumpe cuando el demandante deje extinguir la instancia, se refiere concretamente al proceso mismo, más no así a la acción; por cuanto la perención es sinónimo de caducidad de instancia, y lo que dispone la norma del art. 311 del C.P.C., es que la perención de instancia no importará la extinción de la acción, toda vez que la demanda puede ser reproducida dentro del año de la declaratoria de perención, consecuentemente, el demandante, cuya instancia ha sido declarada caduca por efectos de la perención, no puede tomar la interposición de una nueva demanda dentro del año, como que la instancia inicial no se hubiere extinguido y por consiguiente el plazo de la prescripción se hubiera interrumpido con la demanda interpuesta dentro del año de la perención decretada en el primer proceso de nulidad incoado ya que el curso de la prescripción no se afecta y el mismo sigue su cauce normal como si nunca hubiera existido obstáculo alguno; y de esa manera lo que se busca es materializar los efectos de la perención (caducidad) dispuestas en el art. 309 del C.P.C., y en cierta medida sancionar al litigante apático que por su dejadez o negligencia deja operar la perención de instancia.

Consiguientemente, habrá que considerar que en materia de prescripción, existen supuestos expresamente normados en la ley que determinan la ineficacia de la interrupción de la prescripción, por lo que no se puede hablar de la interrupción al término de la prescripción únicamente de acuerdo a las reglas del art. 1503 del Código Civil, sino que esta debe ser analizada al tenor del art. 1504, esto en procura de interpretar la norma conforme al principio de verdad material y en base al método de interpretación sistemático que exige este tipo de casos.

En ese contexto, en el caso de autos es la propia parte demandante, que a tiempo de interponer la presente demanda sobre pago de daños y perjuicios (fs. 473 a 488 y 493), señala que en fecha 29 de mayo de 2007, interpuso una demanda contra la empresa B.B.A. TRANSPORTE INTERNACIONAL S.R.L. y en ese entendido reconoce que en ese primer proceso (sobre la misma pretensión), operó la perención de instancia, lo que consta en la documental de fs. 448 a 452 de la presente causa, relativa a la fotocopia simple del Auto Supremo Nº 503/2014 de 24 de octubre, por el que fue consolidada la declaratoria de la perención dictaminada por el Juez Quinto de Partido Civil y Comercial de Santa Cruz mediante la Resolución Nº 29/2009 de 15 de abril, consecuentemente, en aplicación del citado art. 1504 inc. 2 del Sustantivo Civil, la citación efectuada en aquel proceso y a la cual la parte recurrente le atribuye el efecto de haber interrumpido la prescripción trienal dispuesta en el art. 1508.I del referido Código, no surtió ese efecto y la prescripción iniciada el 12 de junio de 2006 (fecha en la cual suscitó el hecho generador de esta acción) no se interrumpió por esa citación, en razón a que en el proceso en el que se practicó la misma operó la perención de instancia, y en ese contexto tomando en cuenta que en el presente caso, la citación con la demanda recién fue practicada el 31 de diciembre de 2015, se tiene que han transcurrido nueve años desde que se generó el hecho generador de la responsabilidad demandada en esta litis, lo que hace que la alegación recursiva formulada por el recurrente sea inviable.

En consecuencia, se concluye que el Tribunal de Alzada, arribó a una conclusión correcta, en sentido de establecer que el término de la prescripción

trienal dispuesto por el art. 1508.I del C.C., no fue interrumpido por efectos del inicial proceso, de pago de daños y perjuicios seguido por el recurrente en contra de la empresa B.B.A. TRANSPORTE INTERNACIONAL S.R.L.

Por lo que, corresponde dictar resolución conforme manda el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 1309 a 1311 vta., interpuesto por la empresa CARLOS CABALLERO S.R.L. a través de sus representantes legales, contra el Auto de Vista N° 119/2018 de fecha 23 de abril, de fs. 1300 a 1301 vta., pronunciado por la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, con costas y costos.

Se regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos), para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.                              


1 MORALES, G. Carlos (1982), “CODIGO CIVIL”, Concordado y Anotado, Tomo I-II, Segunda edición, La Paz, Edit. Gisbert y Cia. S.A., pag.1563 a 1564.

2 Ibídem.