TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                      S A L A C I V I L



Auto Supremo: 107/2019

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: O-22-18-S

Partes: Bacian Villca Villca c/ Milton Armando Villca Flores y Elizabeth Gloria

            Kussy Flores.   

Proceso: Nulidad de contratos y cancelación de registros.

Distrito: Oruro. 

VISTOS: El recurso de casación planteado por Bacian Villca Villca (fs. 706 a 715), impugnando el Auto de Vista Nº 58/2018, pronunciado el 12 de abril, por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, cursante de fs. 697 a 703, en el proceso de nulidad de contratos y cancelación de registros, seguido por el recurrente contra Milton Armando Villca Flores y Elizabeth Gloria Kussy Flores; contestaciones de fs. 720 a 721 vta. y fs. 723 a 725 vta., Auto de concesión de fs. 726, Auto Supremo de Admisión Nº 522/2018-RA de 20 de junio de fs. 734 a 735 vta., y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

1. Bacian Villca Villca planteó demanda ordinaria, por nulidad de contratos y cancelación de registros contra Milton Armando Villca Flores y Elizabeth Gloria Kussy Flores  de fs. 18 a 22 subsanada y ampliada de fs. 53 a 57 vta. y 60 a 63 vta., contestando la codemandada por memorial de fs. 156 a 163, interponiendo demanda reconvencional  por reivindicación y pago de daños y perjuicios y la contestación negativa del otro codemandado por memorial de fs. 224 a 228 vta., tramitado así el proceso hasta la emisión de la sentencia.

2. El 17 de octubre de 2017, el Juez  Público Civil y Comercial Cuarto de la ciudad de Oruro, dictó Sentencia Nº 98/2017 declarando IMPROBADA en todas sus partes la demanda de nulidad de contratos, documentos públicos y cancelación de registros en Derechos Reales, PROBADA EN PARTE la demanda reconvencional  por reivindicación interpuesta por la codemandada e IMPROBADA en cuanto al pago de daños y perjuicios.

3. Apelada la Sentencia por el demandante (fs. 637 a 651 vta.), el 12 de abril de 2018, la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, emitió el Auto de Vista Nº 58/2018 (fs. 697 a 703.) que CONFIRMÓ LA SENTENCIA, asumiendo  lo siguiente:

Que se tomó todos los elementos de prueba que demostraron y confirmaron que el demandante sí firmó y suscribió la minuta de transferencia de 07 de mayo de 2009, así también en referencia a los arts. 1538, 1540 y 1542 del Código Civil expresó que los mismos tratan sobre la publicidad de los Derechos Reales y no se refieren a las causas de nulidad de los contratos o de actos jurídicos y siendo que la demanda versa sobre la nulidad de transferencia de bien inmueble y no del cumplimiento de requisitos de publicidad, registro en Derechos Reales o efectos contra terceros, no corresponde el análisis ni aplicación de los mismos.

Asimismo, de lo establecido como objeto de la prueba en el proceso refirió que tal como estableció el A quo, fueron todos los aspectos o hechos que fueron contradichos, únicamente y no así todos los hechos que fueron manifestados pero que no fueron refutados entre las partes.

Expresó en relación a  la confesión provocada del demandante la misma no aportó mayores elementos de juicio que aquellos que merecieron otros medios de prueba tasados por ley mucho más pertinentes como los peritajes producidos, no encontrándose ningún otro elemento en la misma que no haya sido considerada por el Juez que le hubiera permitido cambiar el fondo de la decisión.

Concluyó refiriéndose a la declaración de la Notaria en calidad de testigo, misma que no declaró sobre la falsedad o veracidad de las firmas o rúbricas de los documentos, sino sobre la presencia del demandante y demandado en la Notaría de Fe Pública para la tramitación del protocolo.

CONSIDERANDO II:

CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN.

Conforme lo expuesto del recurso de casación de Bacian Villca Villca, se extractan los siguientes reclamos:

1. Denunció  infracción del art. 213.II. núm. 3) de la Ley Nº 439, arguyendo, que el Tribunal de alzada no realizó una debida motivación y fundamentación respecto a la precisión de una prueba conducente porque valoró un papel notarial pifiado (errado) que condujo al absurdo de ser considerado como prueba justiciable trascendente que generó fallos contaminados de nulidad, en ese sentido le correspondía al Tribunal de alzada, revocar la sentencia y al no hacerlo conculcó el debido proceso, la seguridad jurídica, afectando al fondo mismo de la Litis con decisiones totalmente parcializadas, prohibiéndole administrar su derecho propietario y quitándole contar con una vivienda.

En ese sentido, acusó errónea y discordante argumentación contenida en el Auto de Vista Nº 58/2018  interpretación de los arts. 134 y 145 del Código Procesal Civil, porque no existe norma legal que disponga se oficie e incorpore una prueba ilegal como es el documento pifiado, esa incongruencia sufrida fue denunciada ante el Tribunal de apelación que no ha sido objeto de valoración ni fundamentación alguna y  confirmó la Sentencia basada en certidumbres subjetivas  del Juez A quo carentes de todo sustento probatorio producido ilegalmente.

2. Se quejó que pese a que la parte demandada solicitó prueba por informes consistente en la notificación a la ex Notaria de fe Pública Mildred Loayza, el A quo dispuso su rechazo; sin embargo el mismo Juez de forma sorprendente dispuso que la misma se hiciera presente para recibir su declaración, contraviniendo así al debido proceso y a la seguridad jurídica.

3. Demandó que los de instancia dieron credibilidad de forma falaz e ilegal al informe pericial cursante de fs. 526 y siguientes, sobre la base de un papel doméstico pifiado sin saber su rango de razonabilidad o credibilidad, asaltándole su derecho privado sobre su inmueble.

En ese sentido, expresó infracción y errónea aplicación de los arts. 134 y 145 del Código Procesal Civil, así como la errónea interpretación de los arts. 1289.I y 1297 del Código Civil y de los arts. 39, 44, 48 y 56 inc.g) de la Ley del Notariado Plurinacional, porque el Auto de Vista no revisó la interpretación correcta de la ley, ni la legalidad y el espíritu de las normas procesales, por el contrario conculcó la legalidad y verdad material, judicializando arbitrariamente la literal de fs. 481, documento que carece de relevancia jurídica y probatoria

Así, el auto de Vista se apartó de la interpretación legal al considerar el papel simple notarial de fs. 481, por la sola tenencia y presentación de la ex Notaria, sin ser documento público ni documento privado reconocido como exigen los arts. 1287 y 1297 del Código Civil, dicho papel no es parte del documento notarial ni de la Escritura Pública Nº 125/2009, tal como disponen los arts. 39 y 44 de la Ley Nº 483, lo que le correspondía era dejar sin efecto ello realizando la interpretación de legalidad contenida en los arts. 1289 y 1297 del Código Civil y debió revocar la sentencia.

4. Refirió que el Tribunal de alzada incurrió en error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, porque se apartó de los dos informes periciales porque se limitó a establecer que los mismos son contradictorios, incurriendo en la interpretación de la verdad material, el Ad quem otorgó valor a un papel simple y pifiado, no dio respuesta ni se pronunció respecto a la pretensión sobre la nulidad del Protocolo Notarial Nº 125/2009. Así reclamó que provocó lesión a la propiedad y al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación y congruencia porque los fallos de los de instancia se fundaron en el informe pericial de fs. 526 y siguientes sobre el papel notarial de fs. 481 pifiado.   

Concluyó solicitando casar el Auto de Vista recurrido, declarando la nulidad respectiva de los contratos peticionados y la respectiva cancelación de los registros correspondientes.

Respuesta al Recurso de Casación.

Respuesta al recurso de casación de Elizabeth Gloria Kussy Flores.

Refirió que su ex suegro viene ocupando sin su autorización, una habitación (dentro de su propiedad), como simple detentador sin pagar ningún canon de alquiler, rehusándose a desocupar causándole perjuicio en su derecho de propiedad que por ley le pertenece, en ese sentido dijo que los arts. 105 y 1453.I del Código Civil y la jurisprudencia tal el caso del Auto Supremo Nº 188 de 10 de junio del 2010 y la Sentencia Constitucional 1241/2005-R de 10 de octubre, le amparan su derecho propietario por ende reivindicar la misma.

Expresó que cuenta con documentos que tienen todo el valor legal, emitidos por autoridad competente con calidad de cosa juzgada material, tal el caso de la Escritura Pública Nº 340/2015 de 15 de junio de 2015, emergente de un proceso de desvinculación judicial con sentencia ejecutoriada cuya única forma de anularla sería a través de un recurso de revisión extraordinaria de sentencia.

Petitorio.

Solicitó declarar infundado el recurso de casación, confirmando el Auto de Vista Nº 58/2018 de 12 de abril.

Respuesta al recurso de Casación de Milton armando Villca Flores.

Solicitó rechazar el recurso porque el recurrente incumplió los requisitos establecidos en el art. 274.3 del Código Procesal Civil, porque no precisó de qué manera, fáctica, teórica o jurídicamente se habría vulnerado la Ley Nº 439, tampoco expuso de qué manera se habrían invalorado las pruebas que acusó.

Refirió que el contrato de compra y venta de un inmueble por su naturaleza es eminentemente consensual, sin que sea necesario para su validez el cumplimiento de ninguna norma exigida por ley, por lo que la protocolización del documento de transferencia ante un Notario de Fe Pública, no constituye un acto de perfeccionamiento, sino solamente el cumplimiento de un requisito de forma, por lo que no existe conculcación que afecte al orden público.

Respecto a la apreciación otorgada por los de grado, refirió que el Ad quem otorgó la valoración en el marco de los agravios deducidos en la apelación confirmando así la sentencia emitida por el A quo, arribando correctamente a la verdad material y real de los hechos en sentido de que el demandante emitió su consentimiento para la transferencia del bien inmueble, cumpliendo con el art. 145 del Código Procesal Civil.

Expresó que no existió errónea interpretación de los arts. 39, 44, 48 y 56 inc. g) del Código Procesal Civil ni de la Ley del Notariado Plurinacional, toda vez que los de instancia no refirieron nada respecto a otorgar valor probatorio a algún medio de prueba, tampoco se dio valor a la prueba de fs. 481.

En cuanto al error de hecho no existió ninguna fundamentación de actos que demuestren la equivocación manifiesta de la autoridad judicial, por lo que no existió apreciación errada de los hechos, ni se alteró ni modificó el contenido objetivo de la prueba. Asimismo, respecto a su reclamo relativo a la omisión de valoración de los dos primeros informes periciales, no puede ello servir de excusa para una nueva valoración, porque no van fundamentados a la existencia o no del error atribuido, tampoco concluyó sobre el error que hubiera habido en la valoración de la prueba.

Concluyó solicitando se declare infundado el recurso.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA LEGAL APLICABLE.

III.1. Del contrato de compra venta.

El art. 584 del Código Civil señala: “La venta es un contrato por el cual el vendedor transfiere la propiedad de una cosa o transfiere otro derecho al comprador por un precio en dinero”, en cuanto a la característica de este tipo de contratos Guillermo A. Borda en su obra “Manual de Contratos” refiere: “no es formal aun en el caso de que tenga por objeto la transmisión de inmuebles, la escritura pública (…) es un requisito de la transferencia del dominio pero no del contrato en sí, que puede ser válidamente celebrado en instrumento privado aun verbalmente”.

En este entendido, citamos a Roque Fortunato Garrido y Jorge Alberto Zago, que de igual manera en su libro “Contratos Civiles y Comerciales” Tomo II, que también sobre el tema de las características de este tipo de contratos exponen que es: “consensual, porque según de la definición del codificador, una de las parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa, es decir que en el acto de contratar no la transfiere sino que se obliga a transferir, y la otra parte se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Ello señala que los efectos del contrato surgen desde el momento mismo en que se perfecciona el consentimiento contractual; es por tanto un contrato consensual…”.

Asimismo, en el Auto Supremo Nº 153/2014 de 16 de abril, se ha orientado que: “Al margen de lo expuesto, resulta conveniente realizar las siguientes puntualizaciones con respecto al contrato de compra venta, con la finalidad de lograr una mejor comprensión de lo antes señalado, por consiguiente se entiende que el contrato de compra venta es un contrato consensual, que para su nacimiento basta que ocurra el acuerdo de las voluntades, sin importar si éste se expresa en forma verbal o escrita en documento público o privado, no está sujeto a formalidades, como también señala Gonzalo Castellanos Trigo “No es formal o tiene forma Libre, porque la ley no impone como regla general, una solemnidad para su existencia (…) debiendo entenderse esta como una constancia documental del consentimiento expresado por las partes, por lo que la solemnidad de transcribirla en una escritura pública es simplemente un requisito para su inscripción en el registro Derechos Reales, lo que no significa que no surta efectos en cuanto a lo consensuado por las partes contratantes, razonamiento orientado en lo establecido por la Corte Suprema de Justicia que en el Auto Supremo Nº 64/2011 que dice “Es habitual, en nuestra práctica jurídica, que muchos de los contratos consensuales se redacte o documente a través de una minuta, dejando así la constancia escrita respecto del contrato celebrado entre partes y del consentimiento expresado por ellas, sin que ello suponga la infracción de ninguna norma legal, ni motive su invalidez por la nulidad o la anulabilidad, pues, si un contrato consensual, como es la compraventa, puede celebrase incluso en forma verbal, no existe ningún óbice legal para que el acuerdo de partes y el consentimiento de ellas respecto a ese contrato se lo documente a través de ese medio, sin que ello suponga causal de nulidad ni anulabilidad del contrato”.

III.2. En relación a la interpretación de los contratos.

El art. 519 del Código Civil dispone que: “(Eficacia del contrato). El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley”.

Asimismo, el art. 520 del mismo sustantivo, determina que: (Ejecución de buena fe e integración del contrato). El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad”.

Sobre el tema el autor Carlos Morales Guillen en su Libro “Código Civil Concordado y Anotado”, Cuarta Edición, Tomo I, Pág. 741 refiere que: “…es principio supremo y absoluto que domina todo el derecho de obligaciones, el de que todas las relaciones de obligación, en todos los aspectos y en todo su contenido, están sujetos al imperio de la buena fe…El precepto dispone que los efectos de los contratos, no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o la equidad corresponda a la naturaleza del contrato…”.

De la relación normativa y doctrinal precedentemente efectuada, se conoce que las partes deben concurrir al negocio jurídico voluntario de buena fe y expresar en el contrato los términos convenidos de forma clara, expresa y concreta, toda vez que el contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes, es más los efectos de los contratos no solo alcanzan a las cosas o hechos expresados en ellos como objeto determinado o determinable, sino también respecto de todo lo que por imperio de la ley, de los usos o de la equidad corresponde a la naturaleza del contrato, en esa medida el contrato será interpretado por el juzgador en el marco de la equidad y de la buena fe y a ese efecto resulta acertado el criterio vertido por Guillermo A. Borda en su libro “Manual de Contratos” al señalar : “…cuando las mismas partes con su conducta posterior han revelado inequívocamente cuál es el resultado y el alcance del contrato, no podrán luego ampararse en una cláusula de interpretación dudosa para desviarse de lo que ellas mismas han demostrado querer…”.

III.3. La falsificación de documentos y sus efectos jurídicos.

Con base en los argumentos respecto a los valores y principios constitucionales expuesto en la Sentencia Constitucional Plurinacional N 0112/2012 de 27 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia dictó el Auto Supremo N 275/2014 de 2 de junio, en la parte que refiere sobre falsificación de documentos y sus efectos jurídicos estableció lo siguiente: “La falsificación de instrumentos privados o públicos se considera una forma especial de engaño que como tal entra en pugna con los principios y valores ético morales en que se sostiene el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora bien los efectos jurídicos que devienen de un hecho ilícito deben tener en relación al actor eminentemente efectos de reproche a la conducta ilícita, y por ningún motivo debe significar la consolidación de derechos favorables al actor que incurrió en el acto ilícito. En consecuencia un hecho ilícito debe generar para el autor efectos de reproche, no de consolidación de un derecho adquirido por un ilícito, que conciba efectos benignos para el autor, como el que podría darse en el caso de Autos, si se reconoce validez a una transferencia que deviene de una falsificación.

En este entendido debemos puntualizar que toda falsificación es evidentemente un acto ilícito y como tal no puede ser considerado como válido para generar efectos favorables para su autor, más al contrario como se mencionó, por lógica, debe producir efectos de reproche a ese acto, que atentaría contra el orden legal y la convivencia social, recriminación que si bien debe operar esencialmente en la vía del derecho penal, pero también en la esfera del derecho civil debe reprimirse el acto ilícito que altera el ordenamiento jurídico, no pudiendo en consecuencia avalarse los pretendidos efectos del hecho ilícito.

Si bien el art. 554 inc. 1) del Código Civil establece la causal de anulabilidad por falta de consentimiento, se debe puntualizar que esta causal no contempla dentro sus previsiones aquellas causales que derivan de una ilicitud sancionada incluso penalmente, sino que esta contempla esencialmente aquellos casos en los que por ejemplo: un cónyuge transfiere un bien inmueble sin el consentimiento de su cónyuge, cuando este bien inmueble resulta ser un bien ganancial, sin encontrar en este acto de disposición un ilícito sino simplemente, una ausencia de consentimiento del cónyuge quien resultaría el legitimado para validar esa transferencia, o; en el caso de que se le confiera poder a una persona para hipotecar un bien inmueble, y este mandatario va más allá de lo dispuesto en su mandato y transfiere el bien inmueble, acto que, per se, no constituiría un ilícito, sino que solo implicaría la ausencia de consentimiento del legitimado para disponer la venta del bien inmueble.

En virtud a este razonamiento, este Tribunal Supremo no puede reconocer una transferencia que se originó en una falsificación de documentos, ya que estaría yendo contra la ética, los principios, valores, la moral y las buenas costumbres que rigen el Estado, desechando la  posibilidad de que en aquellos  casos en que a raíz de una falsificación que evidencia un ilícito penal, este acto se subsuma a una causal de anulabilidad, dando en consecuencia la posibilidad de la confirmabilidad del ilícito. Esto supondría generar un caos en el ordenamiento jurídico por contravención a los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado que determinan la moralidad y las buenas costumbres que deben regir en la convivencia social del Estado Plurinacional de Bolivia. (…) ”. Como en el presente caso que se evidenció un documento de transferencia en el que intervendría una persona fallecida años antes de su celebración, consiguientemente podemos concluir que la falsedad de un acto no habilita su invalidación por vía de anulabilidad sino por vía de nulidad por su manifiesta ilicitud”.

III.4. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra “Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia” señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del mismo Código Sustantivo que dice “El delegado puede oponer al delegatorio las excepciones concernientes a su relación con él”. 

En este marco este Supremo Tribunal a través de diversos fallos  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

III.5. Teoría de los actos propios.

Sobre el tema podemos citar el Auto Supremo: 658/2014 de fecha 06 de noviembre, señala: “no resulta coherente que ahora pretenda negar sus propios actos contrariando sus propias declaraciones, actitud que atenta la buena fe y la lealtad que se deben quienes suscriben contratos con prestaciones recíprocas, o quienes participan en un litigio, para mejor entendimiento, resulta pertinente referirnos a la teoría de los actos propios, definida la misma por los doctrinarios como : “La doctrina de los actos propios es un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente”, cuyo fundamento reposa en el hecho de que resulta inadmisible que un litigante o contratante sostenga su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud opuesta a la tomada anteriormente en otro acto. La teoría de los actos propios prohíbe la sorpresa, la volubilidad en el actuar de las partes preservando el ámbito del litigio judicial, pero también el de las relaciones contractuales, de los cambios bruscos de conducta, sean estos culposos o malintencionados; el Dr. Marcelo J. López Mesa en su obra: “la doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación”, refiere: “Se ha resuelto que la doctrina de los propios actos importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, por la cual se impide el obrar incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, pues no es posible permitir que se asuman pautas que suscitan expectativas y luego se auto contradigan al efectuar un reclamo judicial”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN.

1. Denunció  infracción del art. 213.II inc. 3) de la Ley Nº 439, arguyendo que el Tribunal de alzada no realizó una debida motivación y fundamentación respecto a la precisión de una prueba conducente porque valoró un papel notarial pifiado (errado) que condujo al absurdo de ser considerado como prueba justiciable trascendente que generó fallos contaminados de nulidad, en ese sentido le correspondía al Tribunal de alzada revocar la sentencia y al no hacerlo conculcó el debido proceso, la seguridad jurídica, afectando al fondo mismo de la litis con decisiones totalmente parcializadas, prohibiéndole administrar su derecho propietario y quitándole contar con una vivienda.

En ese sentido, acusó errónea y discordante argumentación contenida en el Auto de Vista Nº 58/2018  en la interpretación de los arts. 134 y 145 del Código Procesal Civil, porque no existe norma legal que disponga se oficie e incorpore una prueba ilegal como es el documento pifiado, esa incongruencia sufrida fue denunciada ante el Tribunal de apelación  que no ha sido objeto de valoración, ni fundamentación alguna y  confirmó la sentencia basada en certidumbres subjetivas  del Juez A quo carentes de todo sustento probatorio producido ilegalmente.

En principio corresponde establecer que la motivación y fundamentación no exige necesariamente ser ampulosa sino precisa, clara y suficiente, por otra parte tampoco significa que tenga que dar necesariamente la razón en todo lo que fue pretendido, puesto que tal como se tiene los de instancia valoraron toda la prueba de forma integral tomando en cuenta aquellos conducentes a la pretensión, así tomó en cuenta los antecedentes de la causa de anulabilidad donde el demandante  planteó contradictoriamente y con anterioridad a la presente causa la anulabilidad de la Escritura Pública 125/2009, también tomó en cuenta: la confesión provocada del demandante, la inspección judicial, copia de la minuta de 7 de mayo de fs. 341 y vta., los informes de los peritos Iber Javier Céspedes Fernández y Marlon Rodolfo Luizaga, así como también el informe del tercer perito asignado Filimon Condori Calizaya y la acta de declaración de la ex Notaria en calidad de testigo que fue convocada por el juez A quo, así como el documento denominado pifiado.

En esa relación del análisis de la prueba los de instancia tienen el deber de valorar integralmente todas y cada una de las pruebas que para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, o a quien bien puede invocarla, compatible con la doctrina de referencia en el punto III.3. de la presente resolución, todo ello en sujeción al art. 145 del Código Procesal Civil en relación al art. 134 del mismo cuerpo legal, puesto que el objetivo del Juzgador fue establecer la verdad material valiéndose de todos los medios de prueba en base a un análisis integral, tal como sucedió en la presente causa.

Al respecto referir que el Auto de Vista de fs. 700, dio respuesta estableciendo que el juez de acuerdo a la nueva normativa procesal puede impulsar el proceso de oficio, recabando todas las pruebas conducentes como fue el caso de convocar a terceras personas como la Notaria, que no fue parte del proceso, con el fin de averiguar la verdad material del conflicto jurídico.

En ese sentido, con esa base el A quo estableció conclusiones que dieron como resultado declarar improbada la demanda, en esa línea el Auto de Vista recurrido confirmó la misma, sin que ello signifique que no hubiera motivado ni fundamentado su resolución o que simplemente haya tomado una sola prueba conducente tal como afirma el recurrente, por lo tanto no se evidencia la existencia de tal reclamo.

2. Se quejó que pese a que la parte demandada solicitó prueba por informes consistente en la notificación a la ex Notaria de Fe Pública Mildred Loayza, el A quo dispuso su rechazo; sin embargo el mismo Juez de forma sorprendente dispuso que la misma se hiciera presente para recibir su declaración, contraviniendo así al debido proceso y a la seguridad jurídica.

Respecto al debido proceso se tiene que el mismo, es un principio legal por el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, vale decir tanto demandante como demandado y a permitir la oportunidad de que ambas partes puedan ser oídas y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez o tribunal, quienes deben observar los derechos fundamentales de las partes, principios y reglas esenciales, exigibles dentro del proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos, en ese marco la seguridad jurídica  no es sino un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo de acuerdo a lo establecido por el art. 178 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, por ende constituyen garantías de la independencia judicial el desempeño de los jueces y la autonomía del órgano judicial.

En aplicación a ello, en el caso concreto, el juez en atención a los elementos de prueba que fueran necesarios en atención al principio de la verdad material pudo a criterio propio y estuvo facultado, para recabar las pruebas que coadyuven al esclarecimiento de los hechos en controversia, es así que en esa medida el A quo convocó a la ex Notaria principalmente para poder formar criterio respecto al esclarecimiento de hechos que habrían ocurrido en la Notaría a su cargo, siendo que esta prueba conjuntamente el resto de las pruebas conducentes coadyuvaron a que tome convicción clara de los hechos y circunstancias en aras del debido proceso y la seguridad jurídica no solo para el demandante sino para ambas partes, por lo tanto los juzgadores protegen los derechos y aplican los principios en los que descansa la potestad de impartir justicia con la seguridad jurídica para todos los que reclamen ser asistidos en sus derechos vulnerados.

En ese análisis no se advierte ninguna vulneración, por lo tanto su reclamo, no tiene asidero.

3. Demandó que los de instancia dieron credibilidad de forma falaz e ilegal al informe pericial cursante de fs. 526 y siguientes, sobre la base de un papel doméstico pifiado sin saber su rango de razonabilidad o credibilidad, asaltándole su derecho privado sobre su inmueble.

Con base a ello, expresó infracción y errónea aplicación de los arts. 134 y 145 del Código Procesal Civil, así como la errónea interpretación de los arts. 1289.I y 1297 del Código Civil y de los arts. 39, 44, 48 y 56 inc. g) de la Ley del Notariado Plurinacional, porque el Auto de Vista no revisó la interpretación correcta de la ley ni la legalidad y el espíritu de las normas procesales, por el contrario conculcó la legalidad y verdad material, judicializando arbitrariamente la literal de fs. 481, documento que carece de relevancia jurídica y probatoria

Así el Auto de Vista de apartó de la interpretación legal al considerar el papel simple notarial de fs. 481, por la sola tenencia y presentación de la ex Notaria, sin ser documento público, ni documento privado reconocido como exigen los arts. 1287 y 1297 del Código Civil, dicho papel no es parte del documento notarial, ni de la Escritura Pública Nº 125/2009, tal como disponen los arts. 39 y 44 de la Ley Nº 483, lo que le correspondía era dejar sin efecto ello realizando la interpretación de legalidad contenida en los arts. 1289 y 1297 del Código Civil y debió revocar la sentencia.

En relación a estos reclamos alusivamente repetitivos corresponde referir que en ningún momento se otorgó validez legal al documento de fs. 481, puesto que el mismo sirvió para ratificar la declaración de la ex Notaria que recordó y afirmó la presencia del demandante, corroborando también su intención de transferencia de su bien inmueble.

Así también, no es ético que el demandante utilice sus propios actos para negar o contradecir pretensiones anteriores tal el caso de la demanda por anulabilidad de la Escritura Pública 125/2009  donde sostuvo que sí firmo bajo presión el referido documento, en tanto que en la presente causa refirió no haber firmado nunca el mismo documento.

En ese contexto la doctrina de los actos propios es un principio general del derecho, fundado en la buena fe, que impone un deber jurídico de respeto y sometimiento a una situación jurídica creada anteriormente por la conducta del mismo sujeto, evitando así la agresión a un interés ajeno y el daño consiguiente, cuyo fundamento reposa en el hecho de que resulta inadmisible que un litigante o contratante sostenga su postura invocando hechos que contraríen sus propias afirmaciones o asuma una actitud opuesta a la tomada anteriormente en otro acto, doctrina aplicable en el punto III. 5 de la presente resolución.

Por lo tanto no resulta cierto que únicamente se valoró el documento pifiado, sino también la conducta y el proceder contradictorio del demandante, por lo que su reclamo deviene en infundado.


4. Refirió que el Tribunal de Alzada, incurrió en error de hecho y derecho en la apreciación de la prueba, porque se apartó de los dos informes periciales porque se limitó a establecer que los mismos son contradictorios, incurriendo en la interpretación de la verdad material, el Ad quem otorgó valor a un papel simple y pifiado, no dio respuesta ni se pronunció respecto a la pretensión sobre la nulidad del protocolo Notarial Nº 125/2009. Así reclamó que provocó lesión a la propiedad y al debido proceso en sus vertientes de derecho a la defensa, motivación y congruencia porque los fallos de los de instancia se fundaron en el informe pericial de fs. 526 y siguientes sobre el papel notarial de fs. 481 pifiado.

Al respecto de la revisión al Auto de Vista recurrido, específicamente a fs. 702, el Tribunal de alzada refirió que si bien los dos primeros informes periciales podrían no ser del todo similares sin embargo la declaración de la ex Notaria asumiendo su falta respecto al documento denominado “pifiado”, consolidó la asistencia del demandante a la Notaría, por ello y en base a esos elementos el Tribunal de alzada determinó que los primeros informes periciales no ameritarían ni serían elementos suficientes para declarar la nulidad de la referida Escritura Pública.

En ese sentido claramente se pudo establecer que en el caso presente, no es que se otorgó valor al “documento pifiado” sino más bien que a partir de la declaración de la ex Notaria se establecieron mayores elementos para establecer las discordancias en el protocolo, que en el caso se reputan a la responsabilidad de la ex Notaria como tenedora de los protocolos y no de las partes, puesto que las partes concurrieron a la Notaría de Fe Pública, siendo suficiente para desvirtuar la versión de falsificación de su firma aducida en la demanda, por lo que se rescata de los informes la correcta firma y rubrica en la minuta correspondiente y siendo que la compra venta se perfecciona consensualmente tal el caso de la compra venta, la misma resulta suficiente para establecer que el demandante en ese momento asumió vender su inmueble, resultando que el mismo manejó diferentes versiones tal el caso del memorial cursante a fs. 53 a 57 vta., que a todas luces en un mismo párrafo existe contradicción en su pretensión “…en apego a mi conciencia, no recuerdo absolutamente nada, si yo Bacian Villca Villca, he estampado mi firma y rúbrica al pie de la Escritura Pública Nº 125/2009, porque a partir del mes de febrero del año 2009 hasta la culminación de ese año, mi persona se encontraba en un estado de salud muy delicado, con constantes tratamientos y con una intervención quirúrgica. Reitero y estoy muy seguro que yo Bacian Villca Villca, nunca he estampado mi firma y rúbrica al pie de la minutade 7 de mayo de 2009, con mi propio puño y letra como falsamente se me hace aparecer”.(Las negrillas son nuestras).

Así también, no es coherente por parte del demandante pretender en una primera demanda por anulabilidad y en otra segunda por nulidad, con versiones totalmente contradictorias, todo ello lleva a la firme convicción de que el simple arrepentimiento de un acto consolidado en un primer momento no puede dar lugar a que transcurrido cierto tiempo después se invoque por nulidad del mismo.

Por todo ello se tiene que no existen fundamentos que hagan valedera su pretensión.

Respuesta al Recurso de Casación:

Respuesta al recurso de casación de Elizabeth Gloria Kussy Flores.

Dado que el mismo es infundado acorde también a lo esgrimido en la respuesta, no corresponde considerarla.

Respuesta al recurso de Casación de Milton armando Villca Flores.

De igual manera se tiene que la presente resolución es conducente a lo esgrimido en esta respuesta, por lo que siendo conducente a la misma, no amerita mayores argumentos.

POR TANTO: La Sala Civ il del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. I.1 de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Bacian Villca Villca mediante memorial cursante de fs. 706 a 715; y, en consecuencia, firme y subsistente el Auto de Vista N° 58/2018 de 12 de abril, con costas y costos.

Se regula honorarios en favor de los abogados que contestaron el recurso, en la suma de Bs. 1.000.- (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.