TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

  S A L A  C I V I L


Auto Supremo: 106 /2019

Fecha: 12 de febrero de 2019

Expediente: CB-33-18-S.

Partes: Nila Mireya Rojas Aldunate y otros. c/ Abraham Camacho Valdivia y Elvira 

            Montaño de Camacho.

Proceso: Extensión de escritura pública traslativa de dominio.

Distrito: Cochabamba.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 117 a 119 vta., interpuesto por Nila Mireya Rojas Aldunate, por sí y en representación de Elda Lina, Hugo Ovidio, Ángel Eduardo y Dunia Lisberth Rojas Aldunate, contra el Auto de Vista de 10 de abril de 2018 cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de extensión de la escritura traslativa de dominio, seguido por Nila Mireya Aldunate y otros contra Abraham Camacho Valdivia y Elvira Montaño de Camacho, el Auto de concesión de fs. 124, la admisión mediante el Auto Supremo Nº 559/2018-RA de 28 de junio de fs. 131 a 132 vta., y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Nila Mireya Rojas Aldunate en representación de Elda Lina, Hugo Ovidio, Ángel Eduardo y Dunia Lisberth todos de apellidos Rojas Aldunate, planteó demanda de extensión de escritura traslativa de dominio mediante memorial de fs. 26 a 27, subsanado a fs. 34 y vta., en contra de Abraham Camacho Valdivia y Elvira Montaño de Camacho, solicitando a los demandados les extiendan y firmen una nueva minuta de transferencia en favor de sus personas como herederos al fallecimiento de sus padres Jaime Rojas Soriano e Inés Aldunate de Rojas de un lote de terreno de 500 m2 ubicado en la zona Villa Moscú, en la calle Los Laureles de la ciudad de Cochabamba, el cual fue transferido a sus padres en vida.

Admitida la demanda se citó a los demandados, no habiendo comparecido dentro del plazo establecido por el art. 345 del Código de Procedimiento Civil se declaró su rebeldía, mediante Auto de 6 de septiembre de 2013 (fs. 38 vta.).

2. La Jueza Público Civil y Comercial Nº 9 de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia el 7 de octubre de 2016, cursante de fs. 84 a 88, declarando improbada la demanda de extensión de minuta traslativa de dominio.

3. Resolución de primera instancia que al ser apelada por Nila Mireya Rojas Aldunate, mereció el Auto de Vista de 10 de abril de 2018, que resolvió confirmar en su integridad la sentencia apelada, con costas y costos a la parte apelante.

El Tribunal Ad quem argumentó que la Jueza concluyó acertadamente que no se demostró la ubicación precisa del inmueble, tal es así que en la copia del documento privado, el inmueble se halla ubicado en la zona de Aranjuez (hoy Villa Moscú), en los comprobantes de pago de impuestos se halla en una calle innominada s/n. Queru Queru Alto y en el memorial de solicitud de aprobación de regularización de lote, señala su ubicación en la calle Los Laureles s/n, que la parte actora no extremó actuaciones para demostrar que se trata del mismo bien inmueble, su ubicación real y actual con sus respectivas colindancias, el registro actualizado en Derechos Reales merced a que la cursante en obrados data de hace 35 años, así como los gravámenes que pudiera existir y demás aspectos extrañados en la Sentencia de grado. En cuanto a la incongruencia no es evidente la acusación por cuanto la Sentencia fue pronunciada dentro del marco de la congruencia y el debido proceso.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la demandante Nila Mireya Rojas Aldunate, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, la siguiente:

1. Acusó que el Auto de Vista viola los arts. 105, 1297, 1327 y 1329 del Código Civil y 397, 424 y 476 del Código de Procedimiento Civil y 115 y 180.I de la Constitución Política del Estado, incurriendo en vulneración del debido proceso, al derecho de sucesión y la falta de aplicación del principio de verdad material desconociendo toda la prueba ofrecida, sin tomar en cuenta la rebeldía de los demandados ante la existencia de prueba plena. El documento privado de compra venta del lote de terreno aclara en cuanto a las características, ubicación y precio, que no se dio la validez correspondiente. Por su parte, los pagos de impuesto catastral, certificación de la Junta Vecinal prueban que su padre fue vecino y ha fallecido. También relatan sobre las declaraciones de los testigos que reconocen como propietarios a sus padres fallecidos y finalmente señala sobre la confesión presunta.

Petitorio.

Solicitó casar el Auto de Vista recurrido y declarar probada la demanda con las condenaciones de ley.

No hay respuesta de los demandados siendo su situación rebeldía.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE

III.1. Sobre el principio de verdad material.

En el Auto Supremo Nº 690/2014 de 24 de noviembre, se refirió lo siguiente: “La SCP Nº 0112/2012 de 27 de abril señaló: “…la constitución de 2009, inicia un constitucionalismo sin precedentes en su historia, que es preciso comprender para construir, hilar una nueva teoría jurídica del derecho boliviano, en una secuencia lógica que va desde la comprensión de este nuevo derecho hasta los criterios para su aplicación judicial. Esto debido al nuevo modelo de Estado ínsito en el texto constitucional… con un rol preponderante de los jueces a través de su labor decisoria cotidiana.”. Lo que significa que en este nuevo Estado Social Constitucional de derecho, la primacía de la Constitución desplaza a la primacía de la ley, exigiendo de los Jueces un razonamiento que desborda la subsunción a la ley, en aplicación primaria de los principios y valores constitucionales.

En esta misma lógica la SCP Nº 0140/2012 de 9 de mayo, razonó lo siguiente: “Desde la concepción del Estado Constitucional de Derecho, la tramitación de los procesos judiciales o administrativos no debe constituirse en simples enunciados formales (justicia formal, como mera constatación de cumplimiento de las formas procesales), sino debe asegurar la plena eficacia material de los derechos fundamentales procesales y sustantivos (justicia material, debido proceso y sus derechos fundamentales constitutivos y sustantivos)”. En este entendido Bolivia asume un nuevo modelo de Estado a partir de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el año 2009, basado en el respeto e igualdad de toda la sociedad boliviana, resaltando los principios y valores constitucionales que procura lograr armonía social, destinada a la consolidación del fin primordial del Estado Plurinacional que es el Vivir Bien.

Ahora bien, en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al  Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los Jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales”.

Asimismo en el Auto Supremo Nº 22/2016 de 15 de enero se razonó lo siguiente: “Conforme el principio de verdad material u objetiva, la función jurisdiccional desarrollada y aplicada con plenitud, va mucho más allá de la verdad formal que subyace en la mera formalidad de la norma jurídica en la cual el Juez se constituye en un simple espectador de los acontecimientos que se suscitan en el proceso que lejos de contribuir, obstruye el efectivo surgimiento de la verdad del hecho controvertido en detrimento del objetivo primario de las autoridades jurisdiccionales, que debe ser la materialización de la justicia a través de un fallo en el que impere no solo la correcta aplicación de la norma, sino por sobre todo el logro de la justicia, en ese entendido, el proceso no puede ser conducido en términos puramente formales, sino que debe encaminarse al establecimiento de la denominada verdad jurídica objetiva (real) como esencia de la justicia”.

III.2. Sobre la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme manda el art. 1286 del CC”.

En este marco y en relación a lo dispuesto por el art. 1330 del Código Civil, respecto a la valoración de la prueba testifical este Supremo Tribunal en el Auto Supremo N° 703/2014 orientó que: “…al respecto debemos señalar que la prueba testifical constituye un medio probatorio por el cual una persona ajena al proceso realiza declaraciones sobre determinados hechos de los que tenga conocimiento, siendo el objeto de dicha prueba la demostración de las pretensiones formuladas ya sea en la demanda o en la contestación a la misma, estas atestaciones, versarán sobre hechos ocurridos con anterioridad a la demanda o contestación a la misma, pues el testigo emitirá un juicio de valor sobre la existencia, inexistencia o la manera en cómo se produjeron los hechos, de esta manera es que el art. 1327 del Código Civil prevé su admisibilidad, al igual que su eficacia probatoria que conforme lo establece el art. 1330 de la norma ya citada, esta se encuentra reservada al Juez quien deberá apreciar la misma considerando la credibilidad personal de los testigos, las circunstancias y la eficacia probatoria suficiente que de sus declaraciones sobre los hechos pueda resultar, por lo que se deduce que este medio de prueba en lo que respecta a su apreciación y valoración se encuentra inmerso en las reglas de la sana critica”.

Orientado por otra parte, respecto a la actividad valorativa de la prueba por parte de los de instancia en el Auto Supremo N° 240/2015 que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397.II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. En relación a que el Auto de Vista recurrido viola los arts. 105, 1297, 1327 y 1329 del Código Civil, y 397, 424 y 476 del Código de Procedimiento Civil, y 115 y 180.I de la Constitución Política del Estado, incurriendo en vulneración del debido proceso, al derecho de sucesión y la falta de aplicación del principio de verdad material desconociendo toda la prueba ofrecida sin tomar en cuenta la rebeldía de los demandados ante la existencia de prueba plena, al no haber tomado en cuenta el documento de compra venta del lote de terreno, las boletas de pago de impuestos, la certificación de la Junta Vecinal, las declaraciones de testigos y la confesión presunta.

De la revisión de las pruebas presentadas con la demanda se establece la existencia del derecho propietario a título sucesorio de los demandantes, quienes buscan la regularización de su derecho propietario mediante la extensión de escritura pública traslativa de dominio, conforme señala el art. 105 del Código Civil.

En ese sentido, de la copia del documento privado con reconocimiento de firmas (fs. 17 y vta.) se verifica la transferencia de bien inmueble efectuada entre los vendedores (Abraham Camacho Valdivia y Elvira Montaño de Camacho) y compradores (Jaime Rojas Soriano e Inés Aldunate de Rojas) suscrito el 30 de junio de 1978, por lo que, el Auto de Vista no vulnera el art. 1297 del Código Civil, por cuanto no se ha declarado la ineficacia de la copia del documento privado presentado, es más tiene la eficacia respecto a la verdad de sus declaraciones.

Por otra parte, el mismo documento analizado supra, no cuenta con los datos de frente, de fondo y de contrafondo, tampoco se señala qué parte del total de la superficie se ha cedido, si es a la izquierda o la derecha, no existiendo ni un croquis del mencionado lote de terreno en toda la documentación presentada que de cuenta de este extremo. Además de no contar con las colindancias con referencia a los cuatro puntos cardinales con los nombres de los vecinos o propiedades, por lo que, el documento analizado no cumple con las exigencias para el registro en la Oficina de Derechos Reales, establecidas en el art. 72 del D.S. Nº 27957 de 24 de diciembre de 2004.

Con relación al pago de impuestos de fs. 18 a 21 y 45, no siendo estas boletas que definen el derecho de propiedad ya que se tratan de literales complementarias, que señalan otra ubicación del lote de terreno en la zona de Queru Queru Alto Calle innominada SN, siendo que comparativamente los datos que se desprende del documento de fs. 17 señala la zona Aranjuez.

Asimismo, la Certificación de la Junta Vecinal Villa Moscú, de 24 de octubre y 16 de diciembre de 2013 (fs. 46 y 67), no se advierte datos con relación a las medidas y colindancias, por lo que no es idónea.

En relación a la vulneración del art. 1327 y 1329 del Código Civil, de la revisión de lo vertido por los tres testigos de fs. 58 a 64 vta., se puede establecer la posesión en calidad de dueño y del padre de los actores, empero ninguno de los testigos ha indicado las colindancias, las medidas del lote de terreno transferido ni la dirección del lote de terreno con las calles colindantes. Por lo que son válidas las atestaciones dentro de las versiones señaladas en el acta de declaración, no teniendo mayores alcances.

En cuanto a la confesión de los demandados conforme al acta de fs. 71 y vta., ante la incomparecencia de los emplazados se aplicó la confesión presunta en aplicación del art. 424 del Código de Procedimiento Civil, empero la deficiencia está en el interrogatorio planteado para la confesión (fs. 70), cuya primera pregunta señala solo sobre la venta efectuada del lote de terreno de 500 m2 y la ubicación en la zona de Aranjuez y la segunda pregunta se circunscribe a la posesión habiendo construido una vivienda donde viven dos de los herederos, sin mayores datos que tomar en cuenta, en consecuencia aplicando el art. 476 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que no llenan los datos omitidos en la copia del documento de fs. 17 ya que las preguntas no hacen mención en cuanto a las dimensiones y colindancias del lote de terreno ni las calles donde estuviera ubicada la propiedad en cuestión.

Con referencia al art. 397 del Código de Procedimiento Civil que determina la forma de apreciar las pruebas y tomar en cuenta las esenciales y decisivas, el mismo ha sido considerado en la interpretación efectuada por el Tribunal Ad quem, debido a que se hizo una valoración de las pruebas en conformidad al desarrollo de la doctrina aplicable en el punto III.1, ya que analizando en conjunto las pruebas no se demostró la ubicación y medidas de la propiedad transferida.

En conclusión, por todo lo señalado, pese a la valoración efectuada de las pruebas ofrecidas de la parte demandante, revisadas las mismas no son las idóneas para determinar los datos de medidas, linderos y dirección de las calles y adyacentes indispensables para el registro en la Oficina de Derechos Reales, no advirtiendo vulneración del principio de la verdad material conforme prescriben los arts. 180.I de la Constitución Política del Estado y 1 num. 6) del Código Procesal Civil. Por lo que el Auto de Vista recurrido ha efectuado una adecuada compulsa de las pruebas, no habiéndose vulnerado el debido proceso ni la verdad material en la presente causa.

Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 117 a 119 vta., interpuesto por Nila Mireya Rojas Aldunate, por sí y en representación de Elda Lina, Hugo Ovidio, Ángel Eduardo y Dunia Lisberth Rojas Aldunate, contra el Auto de Vista de 10 de abril de 2018 cursante de fs. 112 a 114 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Sin costas y ni costos por no haberse contestado al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.