TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                    S A L A    C I V I L



Auto Supremo: 103/2019

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: SC-95-18-S

Partes: Marcelino Beltrán Arancibia. c/ Walter Arteaga Mancilla.

Proceso: Fraude procesal y otros.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 725 a 733, interpuesto por Marcelino Beltrán Arancibia, a través de su representante legal Fidel Tejerina Huallpa, contra el Auto de Vista Nº 91/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 717 a 721 vta., pronunciado por la Sala Civil Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de fraude procesal y otros, seguido por el recurrente contra Walter Arteaga Mancilla, auto de concesión, cursante de fs. 737, y todo lo inherente;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Marcelino Beltrán Arancibia a través de su representante legal Fidel Tejerina Huallpa interpuso demanda de fraude procesal y otros, por memorial de fs. 58 a 61 y vta., y una vez tramitado el proceso ordinario concluyó con la Sentencia Nº 296/2017 de 11 de octubre, cursante de fs. 668 a 672 vta., pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Nº 12 de la Capital, que declaró PROBADA la excepción perentoria de cosa juzgada, planteada por el demandado y PROBADA la demanda reconvencional sobre acción negatoria, interpuesta por el demandado e IMPROBADA la demanda principal de fraude procesal y otros.

2. Notificado el demandante Marcelino Beltrán Arancibia, a través de su representante legal Fidel Tejerina Huallpa, impugnó dicha resolución mediante recurso de apelación, cursante de fs. 694 a 705, que fue resuelto por Auto de Vista Nº 91/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 717 a 721 vta., que en su parte dispositiva Revocó parcialmente la Sentencia, solo en cuanto a la excepción de cosa juzgada planteada por el demandando, manteniendo firme e incólume en lo demás la Sentencia apelada, decisión asumida en función a la siguiente argumentación jurídica:




3. Contra la citada determinación, la parte demandante por medio de su representante interpuso recurso de casación de fs. 725 a 733, que es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Acusa que no se tomó en cuenta, el agravio referente al incumplimiento de lo ordenado en el AS 642/2018, que anula la sentencia, para que pronuncie una nueva, resolviendo todas las pretensiones demandadas, sin embargo, el juez de la causa no cumplió en absoluto con dicha determinación y simplemente copio nuevamente la resolución.

2. Que el Tribunal de Alzada no resolvió el punto apelado referente a la falta de resolución de todas las acciones formuladas, violando el principio de pertinencia y congruencia.

3. Aduce que el Auto de Vista, omitió cumplir con todos los postulados establecidos en la Ley tornando su fallo en violatorio al debido proceso previsto en el art 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, por carencia de motivación y fundamentación.

4. Expresa que el Tribunal de Alzada, en lugar de anular la sentencia, por vulneración al principio de congruencia con relación a la acción de fraude procesal, tomó la errada atribución de resolver en el fondo dicha acción, realizando una sesgada y meridiana valoración para determinar que no existe fraude procesal, cuando lo que corresponde era anular la sentencia por desconocer el citado principio.

5. El Tribunal de segunda instancia indica, que no es cierto que el juez A quo se hubiera declarado sin competencia en el presente proceso; de lo descrito si bien el A quo no declaró expresamente su incompetencia en el presente caso, consideró y determinó que la acción de fraude procesal es de competencia del Tribunal Supremo de Justicia y no de su despacho, pero además, considero que no se había demostrado  el fraude, resultando en consecuencia una incongruencia mayúscula, que el de alzada no observó en su fallo para anular la sentencia apelada de fs. 668 a 672 vta., vulnerando los arts. 90, 91, 252 y 236 del Código de Procedimiento Civil. 

6. El Tribunal de Alzada en referencia a las nulidades planteadas en apelación por falta de motivación y fundamentación de la sentencia, señaló que no se puede hacer caer en nulidad la sentencia, tomando en cuenta la jurisprudencia glosada por el Tribunal Supremo de Justicia, resultando dicho criterio incorrecto, incongruente y falto de fundamentación, ya que no es evidente que una resolución que carezca de fundamentación y motivación no sea susceptible de nulidad a los efectos de una debida fundamentación, esto conforme a las múltiples Sentencias Constitucionales y Nacionales S.C.P 0075/2016-S3, S.C. 2023/2010-R, S.P.C 0903/2012 y AS. 388/2016, donde establecen que la falta de motivación y fundamentación de los fallos, violan el debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, que reconoce el derecho a las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del juez.

7. Respecto a las demás pretensiones de mejor derecho propietario, reivindicación, desocupación, y entrega del inmueble, acción negatoria y pago de daños y perjuicios, el tribunal Ad quem señaló que al haber sido afectado su título de propiedad por el anterior proceso de usucapión presentado por Walter Arteaga Mancilla ahora demandado, perdió su derecho propietario, en tal sentido, no tendría legitimación para interponer dichas pretensiones, aspecto falso ya que su título de propiedad sigue vigente en Derechos Reales, conforme a la documentación  cursante en el proceso, mientras no se produzca su cancelación o la acción de fraude procesal tenga la calidad de cosa juzgada, su título tiene la eficacia que le otorgan los arts. 1538 y 1545 del Código Civil, por lo que determina que existiría una incongruencia  en la estructura de la resolución.

8. El tribunal de segunda instancia, con relación a la acción reconvencional del demandado sobre acción negatoria, realizo una incorrecta interpretación, omitiendo pronunciarse al respecto, y siendo apelada esta omisión, el tribunal estaba en la imperiosa obligación de analizar la sentencia en cuanto a la acción negatoria o en su defecto anular la misma.

9. Aduce que no se tomó en cuenta todo expuesto en la demanda de fraude procesal, ya que el tema de los metros es solamente un apéndice  de los actos fraudulentos desarrollados en el juicio de usucapión, o sea que no analizó los demás actos referidos en el recurso de apelación, que dan cuenta que en el proceso de usucapión se actuó en forma fraudulenta introduciendo documentos contrarios a la verdad histórica de los hechos, existiendo vulneración de los arts. 1286 y 1330 del Código Civil, sobre todo al no considerar y valorar las pruebas testificales.

10. Como otro punto, sostiene que para la viabilidad de la acción de fraude procesal, no se tomó en cuenta los siguientes hechos: el pago de impuestos anuales de fs. 9 a 12, que se demandó la usucapión sobre la superficie  420 m2 y no de 810 m2, que no se dio cumplimiento al requerimiento fiscal, no analizó la documental de fs. 19, donde da cuenta que al realizar la inspección ocular en dicho predio solo existía una construcción, menos aprecio el contenido de los edictos que establecen la medida del predio 420 m2, que en el auto de relación procesal no se notificó a las partes.

Contestación al recurso de casación.

Que sustanciado el recurso de casación no mereció contestación alguna.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. Del Principio de congruencia y el art. 265.I del Código Procesal Civil.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa que es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…"(las negrillas nos pertenecen). Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014.

De lo expuesto se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita); en este entendido, este Tribunal Supremo de Justicia ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que, citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el Tribunal de Alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el Tribunal de Alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

De igual forma, a través del Auto Supremo Nº 254/2014 se ha orientado que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: Incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e Incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes…

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”

III.2. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

De acuerdo a lo expresado precedentemente, se ha establecido que la  congruencia en su sentido restringido, es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto, conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente el art. 213.I del Código Procesal Civil, y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra, infra o citra petita, y en su sentido amplio la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí.

En tal sentido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principios de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto, no resultando viable disponer una nulidad de obrados por este motivo.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico y como apoyo normativo la Ley N° 439 en el art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el Auto Supremo Nº 304/2016 de fecha 06 de abril, donde se ha delineado en sentido que: Los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley N° 439 la falta de congruencia, no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley N° 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (El resaltado nos pertenece)

III.3. De la incongruencia omisiva y su trascendencia.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265.I del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

En este antecedente, el Tribunal de casación a momento de realizar, el análisis sobre los reclamos de incongruencia omisiva en que habría incurrido el Tribunal de Alzada respecto a los puntos acusados en apelación, se debe tener presente que al ser un aspecto que acusa un vicio de forma como es la incongruencia omisiva que afecta la estructura de la resolución, el análisis debe limitarse a contrastar en el contenido de la resolución la existencia o no de dicha omisión, razonamiento compartido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1083/2014 de 10 de junio, ha interpretado los alcances del recurso de casación en la forma en relación a la falta de respuesta a los puntos de agravio del recurso de apelación, conforme desarrolla: “…En ese contexto, cabe recalcar que, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ante el planteamiento de un recurso de casación en la forma, debe limitar sus consideraciones a las causales establecidas en el art. 254 del C.P.C. En el presente caso, al estar extrañada la falta de respuesta a los puntos de agravio identificados en el recurso de apelación, el tribunal de casación debe limitar su consideración únicamente para establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo; así, los Magistrados demandados, luego de efectuar un examen de los antecedentes del legajo procesal, concluyeron que el Tribunal de apelación, otorgó la respuesta extrañada, inclusive extrayendo citas textuales que ellos consideraron como respuestas a la apelación contra la Sentencia; por lo tanto, el Auto Supremo Nº 434/2013, no incurre en incongruencia omisiva ni carece de la debida motivación, ya que la labor del Tribunal de casación estaba restringida a efectuar el control para determinar si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente y, fue ésa la misión que cumplieron los Magistrados demandados; por lo tanto, cumple con el debido proceso” (las negrillas y subrayado son nuestras).

Sin embargo, al margen de realizar esta verificación de agravios de apelación, se debe tomar en cuenta, el régimen de nulidades actualmente vigente a partir de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Plurinacional que reconoce el derecho a una justicia pronta y oportuna a las partes (art. 115), lo dispuesto en los arts. 16 y 17 de la Ley N° 025 y el régimen de nulidades regulado actualmente en los artículos 105 al 109 del Código Procesal Civil; este Tribunal Supremo de Justicia  al respecto ha orientado a través del Auto Supremo Nº 254/2014, que: “La inobservancia de estas reglas conllevan incongruencia, que a decir de la doctrina se diferencian en: incongruencia positiva, que es aquella en la que el juzgador extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido a su consideración; e incongruencia negativa, cuando el juzgador omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. En ésta última, encontramos la denominada “citra petita”, que resulta de la omisión de alguna de las pretensiones deducidas en proceso…

Es de importancia considerar que el principio de congruencia procesal, si bien pondera el derecho al debido proceso, sin embargo “no es absoluto”, en la medida de la afectación de otros derechos, garantías y principios fundamentales que emergen en procura de brindar la tutela judicial efectiva a las partes.

En el recurso de casación en la forma y en relación al principio de congruencia, la trascendencia y la afectación del agravio debe gravitar indefectiblemente para suponer la nulidad de obrados, previendo siempre la garantía al debido proceso, a la defensa y a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que sustenta el art. 115 de la Constitución Política del Estado.

De donde se tiene que el Juez no puede simple y llanamente aplicar la nulidad, que es restrictiva, sino que debe ponderar la omisión frente a los otros principios y derecho constitucionales fundamentales para llegar a una decisión judicial que esté acorde con la nueva dogmática de la nulidad que se afianzó con la Constitución Política del Estado Plurinacional en su art. 115 y los art. 16 y 17 de la Ley N° 025, pues sólo será posible la nulidad si existe afectación del derecho a la defensa.”.


III.4. Del Fraude procesal.

El art. 284 del Código Procesal Civil, establece los casos de procedencia del recurso de revisión extraordinaria de sentencia, entre ellos, en el parágrafo III se anota que habrá lugar a este recurso si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada, entonces,  cada una de las causales de procedencia constituye una etapa previa a la interposición del Recurso Extraordinario de Revisión de sentencia, que resulta ser un mecanismo excepcional contra la cosa juzgada, que tiene por finalidad permitir que una decisión judicial (Sentencia), con carácter de cosa juzgada sea revisada y se establezca la ocurrencia o no de los  hechos constitutivos referentes a cada causal del art. 284 del Adjetivo Civil, siendo requisito sine quanon la presentación de la sentencia ejecutoriada que declare la existencia de cualquiera de las 4 causales establecidas en la norma procedimental citada.

En el proceso ordinario de declaratoria de fraude procesal, no se discuten los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales del proceso en el que se pretende se declare el fraude procesal, sino solo los hechos que dieron origen a dicho fraude procesal, que según Jorge Peyrano se da cuando: “…media toda conducta, activa u omisiva unilateral o concertada, proveniente de los litigantes, de terceros, del oficio o de sus auxiliares, que padece el apartamiento dañoso de un tramo del proceso o del proceso todo de los fines asignados; desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales instrumentados a otros efectos por el ordenamiento respectivo”.

En este entendido, la jurisprudencia desarrollada por este Tribunal de Casación respecto al fraude procesal ha orientado en el Auto Supremo N° 159/2012 de 22 de junio, cuando se encontraba vigente el anterior Código de Procedimiento Civil que: “El fraude procesal, como causal de procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia, por mandato del art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil, debe necesariamente ser demostrado en proceso ordinario, en el que no se discuten los derechos en controversia ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales, sino los hechos que dieron origen al fraude procesal que se acusa. En ningún caso este proceso ordinario constituye una instancia de revisión, es un nuevo proceso de conocimiento en el que deben probarse los hechos constitutivos del fraude procesal entendido -según el Diccionario de Edgar Oblitas Fernández- como toda maniobra de las partes, del Juez, de terceros o de auxiliares que tienda a obtener o dictar una sentencia- sin valor de cosa juzgada o la homologación de un acuerdo procesal u otra resolución judicial, con fines ilícitos o impedir su pronunciamiento o ejecución.

El fraude procesal entonces necesariamente debe establecerse en proceso ordinario por mandato del art. 297-3) del Código de Procedimiento Civil relacionado con el art. 316 del mismo cuerpo legal, sólo para efectos de viabilizar la procedencia de la revisión extraordinaria de sentencia a la que se refiere precisamente el citado art. 297 num. 3).

De manera que pretender que un Juez de partido, a través de un proceso de fraude procesal, en definitiva declare la nulidad de las actuaciones producidas en un proceso de conocimiento, resulta inadmisible conforme lo previsto por el art. 297 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que tal determinación corresponde al Tribunal Supremo de Justicia por ser el único órgano competente para conocer la revisión extraordinaria de sentencia ejecutoriada; aclarando que ésta procede entre otras causales por fraude procesal”.

Asimismo en el Auto Supremo: 280/2013 de 27 de mayo, se ha expresado que: “…conforme señala Peyrano, “Existe fraude procesal cuando media toda conducta, activa u omisiva unilateral o concertada, proveniente de los litigantes, de terceros, del oficio o de sus auxiliares, que padece el apartamiento dañoso de un tramo del proceso o del proceso todo de los fines asignados; desviación que, por cualquier circunstancia y sin que medie culpa del afectado, no puede ser subsanada mediante los remedios legales instrumentados a otros efectos por el ordenamiento respectivo (PEYRANO, Jorge W; Fraude Procesal)…”.

Por otra parte, en el Auto Supremo Nº 532/2013 de 21 de Octubre, también se ha orientado que: “…El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio, refiere que: “La noción procesal de fraude reviste mayor amplitud, por cuanto comprende toda resolución judicial en que el juzgador ha sido víctima de un engaño, por una de las partes, debido a la presentación falaz de los hechos, a probanzas irregulares, en especial por testigos amañados o documentos alterados, e incluso por efecto de una argumentación especiosa…”; de lo que se infiere que en el fraude procesal necesariamente debe existir la malicia humana con la que se ha actuado para hacer víctima de engaño al juzgador quien ha emitido una sentencia favorable a quien con engaños (una de las partes) ha introducido en el proceso de manera dolosa probanzas irregulares, documentos alterados, etc.

De otro lado, se tiene que una vez emitida la sentencia y ejecutoriada la misma, esta tiene carácter irrevocable, resguardado por el principio de conservación de la cosa juzgada, sólo existe la posibilidad de que está pueda ser modificada y revisada en dos situaciones: la primera, tratándose de procesos ejecutivos, conforme prevé el art. 28. I de la Ley Nº 1760 que modifica el art. 490 del Código de Procedimiento Civil, señala que lo resuelto en el proceso ejecutivo podrá ser modificado en proceso ordinario posterior y que una vez ejecutoriada la sentencia, cualquiera de las partes cuenta con el plazo de seis meses para promover dicho proceso, vencido el mismo caducará el derecho a demandar la revisión del fallo dictado; y la segunda, una sentencia podrá ser revisada siempre y cuando la misma este ejecutoriada en proceso ordinario, sea el resultado de un fraude procesal. Ello, evidentemente dará lugar a la aplicación de lo previsto en el art. 297 del Código de Procedimiento Civil; que de manera textual refiere: “Habrá lugar al recurso extraordinario de revisión ante la Corte Suprema de Justicia, de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario en los casos siguientes: 3) Si se hubiere ganado injustamente en virtud de cohecho, violencia o fraude procesal declarado en sentencia ejecutoriada”; de ello se infiere que uno de los requisitos establecidos para incoar una demanda por fraude procesal, necesariamente es el hecho de que la revisión extraordinaria será de una sentencia ejecutoriada en proceso ordinario.

Conforme se tiene de la jurisprudencia emitida por la ex Corte Suprema de Justicia, con la que se comparte criterio, la demanda de declaratoria de fraude procesal debe ser incoada por las mismas personas que sostuvieron anteriormente el proceso ordinario; toda vez que son a estos actores a quienes interesa la revisión extraordinaria de la misma, así se corrobora del AS Nº 247/98 que refiere: “La demanda tiene como pretensión la declaratoria de fraude procesal que se habría producido en un anterior proceso que sostuvieron las mismas partes hoy en conflicto, para abrir luego el recurso de revisión extraordinaria de sentencia…. bajo la determinación de los arts. 1 y 190 del indicado código procesal, sin que les sea permitido extender la misma a otros aspectos que están reservados a otros órganos jurisdiccionales…”; de lo que se concluye dos aspectos importantes, el primero. respecto a que ante el ordinario para la declaratoria de fraude procesal, necesariamente la intervención corresponde a los mismos actores de un proceso anterior; y el segundo referido a que se regirán a determinar únicamente el fraude en virtud al cual el proceso ordinario cuestionado fue resuelto, no siendo el fin de esta acción declarativa de fraude procesal la consideración y pronunciamiento sobre la legalidad, ilegalidad, corrección o incorrección de las resoluciones dictadas en el proceso de conocimiento”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Del contexto del recurso de casación se denota que se han planteado reclamos tanto de forma, como de fondo, de manera indiscriminada, por cuanto por pedagogía jurídica, es primordial analizar los reclamos de forma, ya que al ser evidentes la resolución a emitirse será anulatoria, no resultando necesario analizar los inherentes al fondo.

1. En el punto 2, alega que el Ad quem no resolvió varios puntos apelados entre ellos la falta de análisis, en cuanto a todas las acciones formuladas, vulnerando el principio de congruencia.

Se debe tener en cuenta que su reclamo tiene como eje central la falta de pronunciamiento por parte del tribunal de apelación, es decir incongruencia omisiva, ante tal reclamo este tribunal de casación como apuntamos en el acápite III.3, debe limitar su consideración únicamente a establecer si hubo o no respuesta a los reclamos del recurrente, lo contrario implicaría ingresar a cuestiones que atingen a la impugnación en el fondo, correspondiendo en consecuencia realizar ese contraste.

Tomando como parámetro lo anotado, de manera preliminar podemos afirmar que no resulta evidente lo reclamado, es decir que las pretensiones de la demanda reconvencional no han sido analizadas, al contrario han merecido el siguiente argumento por parte del Tribunal  de apelación: “ se debe contar con un título de propiedad que no se encuentre afectado por otro derecho propietario y del análisis de los antecedentes  cursantes en el expediente se tiene que el titulo presentado por el demanda de fs. 50 a 52 se encuentra afectado por el derecho propietario adquirido por Walter Arteaga Mancilla tal como  se evidencia por el certificado alodial cursante a fs. 54 y mientras no varié esta situación, no se encuentra legitimado el recurrente para accionar por las acciones mencionadas líneas arriba por haber perdido el derecho propietario emergen al proceso de usucapión ” la cita realizada evidencia que el Ad quem emitió criterio en sentido que el recurrente carecería de legitimación para activar esas acciones, no existiendo la omisión acusada, con la aclaración que la presente aseveración de no existencia de incongruencia omisa no implica una aceptación en el fondo de la pretensión sino un análisis formal sobre incongruencia.

2. En el punto primero, el recurrente sostiene, que no se dio cabal cumplimiento a lo delimitado en el AS 642/2017 que anula la sentencia, para que se pronuncie resolviendo todas las pretensiones de las partes, pero el juez de la causado no cumplió en absoluto con dicha determinación copiando nuevamente la resolución.

Para determinar la  veracidad o no de este reclamo necesariamente debe realizarse la compulsa del AS 642/2017 para determinar cuál el argumento jurídico que sustenta el fallo, entonces siguiendo esa idea colegimos que la citada resolución como punto neurálgico determinó -que la demanda reconvencional de acción negatoria únicamente está orientada al desconocimiento del derecho que alegare el  demandante y no otro punto, como ser la cancelación en derechos reales del registro-, entonces al determinarse dicho aspecto se actuó en forma incongruente,-  resultando ese el sustento de dicho fallo, no observamos su incumplimiento por parte del A quo al contrario se desprende que dando cumplimiento a la resolución jerárquica, la autoridad de primera instancia en la sentencia de fs. 668 a 672 vta., no ordenó la cancelación del registro, en  base a todos esos antecedentes y bajo un criterio lógico jurídico, concluimos que se dio cabal y correcto cumplimiento al Auto Supremo Nº 642/2017, deviniendo en infundado su reclamo.

3. Continuando con el análisis de los puntos de controversia,  como cuarto  y quinto tópico el recurrente sostiene que el Tribunal de Alzada en lugar de anular la sentencia por vulneración al principio de  congruencia con relación a la acción de fraude procesal, tomó erradamente la atribución de resolver en el fondo dicha acción, realizando una sesgada  y meridiana valoración para determinar que no existe fraude procesal, cuando lo que correspondía era anular la sentencia que determinó que es de competencia del Tribunal Supremo.

De lo anotado se infiere que el reclamo, trasunta en el hecho que al no anular la sentencia por el errado entendimiento vertido en cuanto al fraude procesal se quebranta el debido proceso, al respecto es necesario poner de manifiesto que este Tribunal a través de diversos fallos ha sentado línea jurisprudencial en sentido que el instituto procesal (nulidad) ha sido reorientado en su entendimiento y aplicación, debido a que dejo de ser un instrumento de protección a ultranza de formalidades y  paso a ser un mecanismos de protección a derechos constitucionales, resultando aplica ante la vulneración del debido proceso con incidencia al derecho a la defensa bajo un esquema de juridicidad, entonces bajo esa directriz en el caso en cuestión el Tribunal de apelación advirtió un errado entendimiento en el fondo por parte del Juez de instancia y en ejercicio de su competencia como titular de la función jurisdiccional luego de un análisis pormenorizado de todo el proceso generó un nuevo entendimiento de fondo sobre la citada pretensión determinando que no se llegó a probar la existencia de fraude procesal en el proceso de usucapión, ya que esa pretensión solo se sustentaba en la vulneración del art. 124 del Código de Procedimiento Civil y la errónea apreciación del predio en usucapión, concluye que esos no eran motivos suficientes como para disponer el fraude procesal, de este antecedente podemos advertir que no correspondía anular la sentencia por dos motivos en específico, el primero porque se trata de un tema de fondo y no de forma, entonces al evidenciar un error de interpretación normativa  o valoración probatoria no corresponde anular obrados como antiguamente se hacía, sino que en ejercicio de su competencia analizar el proceso y generar un nuevo criterio de fondo, ya sea para revocar o confirmar la resolución pero ninguna manera retrotraer el procesos ante contingencias que pueden ser suplidas en alzada y el segundo plano, como dijimos supra la nulidad procesal es una medida de ultima ratio aplicable en determinados casos como ser la dilación al debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, lo cual no acontece, porque en la litis el recurrente no sufrido indefensión alguna, no resultando viable en consecuencia encontrar una supuesta nulidad por defectos de fondo.

4. Como sexto motivo aluden que el Tribunal de Alzada en referencia a las nulidades planteadas en apelación por falta de motivación y fundamentación de la sentencia, señalo que no se puede hacer caer en nulidad la sentencia, tomando en cuenta la jurisprudencia glosada por el Tribunal Supremo de Justicia, a ese argumento lo acusan de incorrecto, incongruente y falto de fundamentación, ya que no es evidente que una resolución que carezca de fundamentación y motivación no sea susceptible de nulidad a los efectos de una debida fundamentación esto conforme a las múltiples Sentencias constitucionales y nacionales.

Al respecto, de acuerdo al entendimiento vertido, en el punto III.2 de la doctrina aplicable  y conforme se ha desglosado en el punto anterior, la nulidad procesal como instituto jurídico no es aplicado de forma independiente, sino que a través de un nuevo modelo constitucional, que tiene su influencia en todas las normas jurídicas del cual no se encuentra excluido el instituto en análisis, por lo que a la luz de ese constitucionalismo, la administración de justicia debe procurar lograr su más alto fin que es la solución al conflicto jurídico para lograr la paz social, por encima de la perfección procesal, debiendo en cada caso advertir si un defecto posee o no relevancia constitucional que en la materia es asimilado como el principio de trascendencia, es decir si en caso de enmendar el defecto procedimental el proceso, este hecho ha de repercutir de alguna manera en la decisión de fondo, es por eso que asimilando dicho entendimiento, se delineó que la falta de fundamentación o motivación, ya no catalogadas como causales de nulidad y pueden ser suplidas por el Tribunal de Alzada, entonces la decisión asimilada en apelación al determinar que este hecho no es catalogado como causal de nulidad es totalmente correcta, no existiendo vulneración alguna.

5. En el punto séptimo, con un poco de dificultad se advierte que el recurrente alega incongruencia interna en la resolución de alzada al determinar que su título ha sido afectado cuando su inscripción en derechos reales sigue vigente.

Sobre el particular se debe poner de énfasis que la congruencia interna implica la correlación que debe existir en una resolución, es decir la coherencia y precisión, entre los fundamentación jurídica, fáctica y parte resolutiva, de tal manera que plasme una sola interpretación y entendimiento, en esa idea la resolución de alzada no peca de ser incongruente en su contenido al contrario como se hizo mención en el primer punto la autoridad jurisdiccional al momento de analizar las acciones reales determinó que el título del demandante se vio afectado y por ende carece de legitimación, antecedente que por su sola mención no es incongruente, al contrario decante en congruente de forma interna, con la aclaración que estamos ante un reclamo de forma como es la incongruencia interna y no de fondo, deviniendo en consecuencia en infundado su reclamo.

6. En cuanto al punto octavo, vinculado a la inviabilidad de la acción negatoria, se debe enfatizar que es nuevo hecho traído casación en pleno desconocimiento del principio de per saltum, pues por la característica de demanda de puro derecho a la que se asemeja el recurso de casación, las infracciones o transgresiones que se acusan deben ser previamente reclamadas ante el Tribunal de Alzada, a objeto de que estos tomen conocimiento de estos y puedan ser resueltos conforme la doble instancia que reza el proceso y de ningún modo realizarlo de manera directa en el recurso de casación, siendo que la apertura de la competencia de este Tribunal para juzgar la correcta o incorrecta aplicación o inaplicación de la norma contenida en el pronunciamiento de alzada, está condicionada precisamente, al o los agravios que oportunamente fueron apelados y sometidos a conocimiento del Ad quem, y en el caso en cuestión el recurrente no ha tomado en cuenta la naturaleza vertical de este medio impugnatorio, pues la argumentación recursiva propuesta como agravios, no condice con los fundamentos expuestos en el fallo recurrido, y ello porque en casación viene a reclamar nuevos hechos que no fueron oportunamente formulados ante el Tribunal de Alzada, argumentos que centran su análisis en la falta de pronunciamiento de las acciones reales pretendidas y el fraude procesal, pero no de la acción negatoria del demandado, por lo que en atención al principio “per saltum”, que en fondo exige que el recurso de casación sea interpuesto en contra de los extremos resueltos en la resolución de segunda instancia, es decir, contra el Auto de Vista, conforme orienta el art. 270.I del Código Procesal Civil, y en razón a que el recurso de casación es un recurso vertical donde todos los reclamos formulados deben ir orientados a observar aspectos de forma y fondo que surjan de la determinación asumida por el tribunal de segunda instancia, no amerita ingresar a la consideración del referido reclamo.

7. Los puntos 9 y 10, se encuentran destinados a observar la acción de fraude procesal  alegando que no analizó los demás actos referidos en el recurso de apelación que dan cuenta que en el proceso de usucapión actuó en forma fraudulenta, como ser el pago de impuestos anuales de fs. 9 a 12, que demandó la superficie 420 m2 y no de 810 m2,  no dio cumplimiento al requerimiento fiscal, no valoró la documental de fs. 19 donde da cuenta que al realizar la inspección ocular en dicho predio solo existía una construcción y que con el auto de relación procesal no se notificó a las partes.

Del análisis minucioso del reclamo efectuado se desprende que el recurrente en el sub judice pretende la declaratoria de fraude procesal por la errónea valoración de las documentales de fs. 9 a 12, inherente al pago de impuestos, así como de la incorrecta apreciación de la inspección judicial, donde únicamente se acredita 2 construcciones y del defecto procesal contenido en los edictos, en otras palabras su fundamento radica, en la errónea valoración probatoria y defectos procedimentales, situación que no condice con la finalidad de este tipo de procesos pues  conforme al entendimiento vertido en el acápite III.4 en el proceso ordinario de declaratoria de fraude procesal, no se discuten los derechos en controversia, tampoco los actuados procesales, ni las decisiones de las instancias jurisdiccionales del proceso en el que se pretende se declare el fraude procesal, sino solo los hechos que dieron origen a dicho fraude procesal, entonces al no encuadrar los hechos alegados dentro del marco de fraude procesal, se advierte que el tribunal de apelación actuó de forma correcta al declarar probada la demanda de fraude procesal no existiendo contravención alguna.

8. En el apartado tercero, aduce que el auto de vista omitió cumplir con todos los postulados tornando la decisión en violatorio al debido proceso previsto en el art 115 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, por carencia de motivación y fundamentación. Sin embargo, su alegación resulta siendo genérica, debido a que no precisa que parte de la resolución o cual punto analizado peca de ser inmotivado, falta de precisión o vinculación con un hecho preciso, impidiendo a este Tribunal determinar en que radica, aquél defecto y por ende ingresar al análisis de lo acusado.

Por lo expuesto, corresponde emitir fallo en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42. I núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 725 a 733, interpuesto por Marcelino Beltrán Arancibia, a través de su representante legal Fidel Tejerina Huallpa, contra el Auto de Vista Nº 91/2018 de 11 de abril, cursante de fs. 717 a 721 vta., pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Sin costas ni costos, por no existir contestación al recurso de casación.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.