TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

        S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 101/2019

Fecha:  06 de febrero de 2019.

Expediente: LP-64-18-S.

Partes: Juana Carolina Balderrama Caballero        c/ Waldo Pablo Machicado.

Proceso: Extinción de usufructo.  

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 1806 a 1809 vta., planteado por Waldo Pablo Machicado Andia, impugnando el Auto de Vista Nº S-72/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 1800 a 1803, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de extinción de usufructo, seguido por Elsa María Machicado Balderrama, María Isabel Machicado Balderrama y Moisés Miguel Machicado Balderrama contra el recurrente; Auto de concesión de fs. 1820, Auto Supremo de admisión de fs. 1825 a 1826, todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial Catorce de la Ciudad de La Paz, dictó Sentencia Nº 135/2016 el 20 de noviembre, cursante de fs. 1615 a 1622 y Auto de Complementación y Enmienda Nº 36/2017 de 18 de enero a fs. 1656, que declaró IMPROBADA la demanda de fs. 204 a 208, subsanada de fs. 211 a 213 vta., IMPROBADA la demanda reconvencional interpuesta por Waldo Pablo Machicado Andia; en mérito de ello dispone declarar sin lugar a la extinción de usufructo; sin lugar a la nulidad de contrato solicitada y el levantamiento de todas las medidas precautorias dispuestas.

Resolución recurrida en apelación por Betty Petronila Zalazar Iturralde en representación de María Isabel Mudry, Elsa María y Moisés Miguel Machicado Balderrama de fs. 1683 a 1691, y por el demandado reconvencionista  Waldo Pablo Machicado Andia de fs. 1709 a 1715 vta., mereciendo el Auto de Vista Resolución Nº S-72/2018 de febrero 21, cursante de fs. 1800 a 1803, por el cual la Sala Civil Comercial y Familiar Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ANULÓ la Sentencia Nº 135/2016 de 17 de noviembre de fs. 1615 a1622, debiendo en consecuencia, emitirse nueva resolución conforme a los datos del proceso, determinación asumida en función a que:

La sentencia incumple con lo determinado en los arts. 190 y 192 del Procedimiento Civil, porque da una enunciación de los medios probatorios que no han de ser valorados, sin mayor fundamentación, sin que exista una explicación razonada, con respecto a las pruebas valoradas limita su actuar a una enunciación genérica, toda vez que no existe una operación lógica jurídica que indique como esos medios probatorios generan convicción, es decir que realizó una relación de antecedentes o actuados procesales, pero sin realizar fundamentación alguna.

Contra la referida resolución Waldo Pablo Machicado Andia de fs. 1806 a 1809 vta. interpone recurso de casación, el cual es objeto de análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso, interpuesto en la forma, aduce:

1. Que la prueba observada por el Ad Quem, no reúne los presupuestos jurídicos procesales de conducencia y pertinencia necesarios para ser valorados por el A quo como de manera manifiesta pretende el Auto de Vista recurrido.

2. Denuncia que el Ad Quem, funda su nulidad en la no valoración de la prueba inconducente, impertinente e innecesaria de la parte actora como principal fundamento anulatorio, mientras que por otro lado no otorga la misma atención a su reconvención.

3. Que el Auto de Vista impugnado vulnera el deber de motivación determinado por el art. 218.I con relación al 213.II num. 3) del Código Procesal Civil, ya que la autoridad de segunda instancia actúa sin fundamentación e ingresa a la discrecionalidad.

4. Reclamó que el Auto de Vista impugnado carece de motivación y fundamentación, conforme lo descrito en el art. 4  del Código Procesal Civil  y el art. 30.12) de la Ley del Órgano Judicial, fundando su nulidad en la no valoración de la prueba y que otorgó la misma atención en lo concerniente a la reconvencional, por lo que se evidencia vulneración  del derecho a la defensa  previsto por el art. 115 de la Constitución Política del Estado con la falta de fundamentación en el Auto de Vista, provocando lesión al debido proceso.

5. Manifestó que la nulidad establecida en el Auto de Vista no cumple con el principio de especificidad o legalidad, previsto por el art. 17.I de la Ley Nº 025 y el art. 105.I del Código Procesal Civil.

SOBRE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE CASACIÓN

Betty Petronila Zalazar Iturralde, contesta negativamente al recurso, señalando que el recurrente no aclara si su pedido es revocatorio o anulatorio; transcribe y reclama normas que no fueron base del recurso de apelación; que era obligación cumplir a cabalidad con los arts. 271.I, 274 y 276 del adjetivo civil; que en el recurso de casación se debe indicar la forma, modo y manera en que estas habrían sido vulneradas y, las normas que se citen o enuncien deben resultar pertinentes y adecuadas pues la mera transcripción de disposiciones legales no es por sí factor de fundamentación; asimismo advierte que la motivación y fundamentación son instituciones jurídicas distintas (la primera es la relación fáctica del proceso y la segunda se refiere al contenido normativo); la casación interpuesta señala que el Auto de Vista genera incertidumbre, pero no indica de qué forma se ha lesionado el debido proceso, si como derecho, garantía o principio; tampoco refiere cual es el agravio sufrido con el Auto de Vista siendo este el interés legítimo para impugnar conforme lo prevé el art. 272.I del Código Procesal Civil y por último que no se agotó la vía de la complementación y enmienda, por lo que pide declarar el recurso de casación improcedente o infundado con costas.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la nulidad procesal en segunda instancia.

Sobre el tema el art. 108 del Código Procesal Civil señala: “I. El tribunal de segunda instancia que deba pronunciarse sobre un recurso de apelación, apreciará si se planteó alguna forma de nulidad insubsanable de la sentencia o nulidad expresa de actos de la primera instancia, conforme a lo dispuesto en el presente código.

II. Si la reclamación de nulidad hubiere sido planteada a tiempo de la apelación, se resolverá sobre ella, y sólo en caso de rechazarla, se pronunciará sobre los agravios de la apelación. Si se opta por la declaración de nulidad se dispondrá la devolución de obrados al inferior para que se tramite la causa a partir de los actos válidos, con responsabilidad al inferior de acuerdo a ley.”, de la norma en cuestión se establece que el Tribunal de segunda instancia al momento de aplicar esta medida de anular obrados, deberá advertir si la misma ha sido reclamada en el recurso de apelación, y en caso de ser reclamada dicha solicitud deberá ser resuelta con prioridad a los reclamos de fondo, empero como se expuso supra es viable disponer la misma, cuando se trate de un hecho que por su trascendencia vulnere el debido proceso con incidencia al derecho a la defensa.

III.2. De la nulidad en segunda instancia por incongruencia en la sentencia.

En principio corresponde precisar que en su sentido restringido la congruencia es la correlación existente entre lo demandado y lo resuelto conforme orientaba el art. 190 del Código de Procedimiento Civil y actualmente en lo contenido en el art. 213.I del Código Procesal Civil,  y en caso de no respetarse este parámetro la resolución a ser emitida peca de ser ultra, extra o citra petita, y en su sentido amplio  la congruencia también debe entenderse en la correlación interna que debe existir en la misma resolución y con el proceso en sí. 

Tomando como parámetro lo referido, ante la existencia de una resolución de primera instancia incongruente que hubiese sido reclamada oportunamente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal, empero debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, en aplicación del principio de protección de actuados con la finalidad de que el proceso alcance el fin esperado de solución al conflicto jurídico por su calidad de teleológico, bajo esta premisa el Tribunal de apelación en aplicación de sus prerrogativas deberá resolver en el fondo este aspecto o en su caso de no ser posible enmendarlo, corresponderá en aplicación del art. 109 del Código Procesal Civil disponer la nulidad parcial, sin afectar otros actuados no inherentes a esa pretensión, bajo una correcta aplicación del principio de causalidad que ya fue esbozado en el AS Nº 370/2016 de 19 de abril, en base a lo explicado no resulta viable disponer una nulidad total de esa resolución.

Lo expuesto tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, y apoyo normativa, en la Ley Nº 439 art. 218.III que de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de Alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el AS Nº 304/2016 de fecha 06 de abril 2016 donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley 439 la falta de congruencia, (ultra, extra o citra petita) no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (Las negrillas pertenecen a esta resolución).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurrente en los puntos 4 y 5 de forma precisa observa la nulidad dispuesta en segunda instancia refiriendo que no responde a lo establecido en el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial, es decir que no se enmarca al principio de legalidad ni de especificidad, por lo que no correspondía anular obrados por falta de motivación.

De la síntesis de las acusaciones traídas a casación, resulta pertinente remitirnos a la resolución recurrida en casación, en ese sentido, del análisis del Auto de Vista Nº S-72/2018 de 21 de febrero cursante de fs. 1800 a 1803, se infiere a prima facie que la razón que motivó al Tribunal Ad quem a anular la sentencia de primera instancia, fue porque consideró que el Juez de la causa al emitir tal resolución no realizó una debida fundamentación y motivación,  con relación a las pruebas, es decir  sin efectuar una valoración integral ni individualizada de toda la prueba aportada.

De estas consideraciones, se infiere que el Tribunal Ad quem, anuló la sentencia de primera instancia por posibles irregularidades procesales que atingen a la estructura formal de la resolución, como es la falta de fundamentación o análisis probatorio; empero conforme a lo ya dispuesto en la doctrina aplicable al presente caso, esta supuesta anomalía procesal ya no se constituye como causal de nulidad, toda vez que ante la concurrencia de irregularidades procesales, como son la falta de motivación, fundamentación e incongruencia, ya sea extra, citra, infra o ultra petita, tal y como lo establecen los arts. 218.III y 265.III ambos del Código Procesal Civil, es deber del Tribunal de Alzada que se percató de los mismos fallar en el fondo y no disponer la nulidad de obrados, aunque no se hubiese solicitado la aclaración, complementación o enmienda, máxime cuando estos extremos no fueron objeto de apelación; en ese entendido, se deduce que la decisión de segunda instancia (anular la sentencia), resulta discorde no solo con lo establecido en las normas citadas supra, sino también con los nuevos lineamientos constitucionales y los principios procesales que rigen la materia como son los principios de legalidad, dirección, concentración, celeridad, igualdad procesal y probidad.

En tal sentido, se tiene que el Tribunal de Alzada, precisamente en razón al nuevo modelo constitucional que rige en nuestro ordenamiento jurídico Civil, el cual se encuentra perfectamente reflejado en la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil), que amplía las facultades de este Tribunal, debió actuar dejando de lado el criterio formalista arcaico y, en aplicación de las prerrogativas que se encuentran expresamente señaladas en la ley, fallar en el fondo resolviendo los defectos procesales advertidos, pues al constituirse en una instancia de conocimiento y no de derecho como es el Tribunal de casación, posee las mismas facultades que un Juez de primera instancia o de hecho, cuya finalidad es resolver el conflicto llevado a estrados judiciales, evitando dilaciones innecesarias que lo único que ocasionan es una retardación en el acceso a la justicia; de ahí que en el caso de autos corresponde anular el Auto de Vista recurrido con la finalidad de que los Jueces de Alzada que conforman el Tribunal de Apelación, fallen en el fondo, resolviendo de manera congruente todos los agravios que fueron denunciados en esa instancia, las cuales obviamente, de acuerdo al análisis de la trascendencia que estas conlleven, darán lugar a que éstos confirmen la sentencia de primera instancia o en su defecto, si no están de acuerdo con el razonamiento y la decisión asumida por el A quo, revoquen la misma.

Por lo expuesto, corresponde acoger lo denunciado por la parte recurrente, en razón a que el extremo que motivó al Tribunal de Alzada a emitir un Auto de Vista anulatorio ya no se constituye en una causal de nulidad, consiguientemente se debe emitir resolución en la forma prevista por el art. 220.III del Código Procesal Civil.

Por lo expuesto, corresponde emitir resolución conforme a lo establecido en el art. 220.III del Código Procesal Civil, es decir anulando el Auto de Vista recurrido.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código de Procesal Civil, ANULA Auto de Vista Nº S-72/2018 de 21 de febrero, cursante de fs. 1800 a 1803, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y dispone que sin espera de turno y previo sorteo, el Tribunal de Alzada emita nuevo Auto de Vista, en base a los fundamentos precedentemente expuestos, dentro del marco de lo establecido por el art. 265.I y III de la Ley Nº 439.

Sin responsabilidad por ser excusable.

En aplicación del art. 17.IV de la Ley Nº 025 remítase antecedentes al Consejo de la Magistratura.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizu.