TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                            S A L A   C I V I L


Auto Supremo: 100/2019

Fecha: 06 de febrero de 2019 

Expediente: LP-61-18-S

Partes: Bertha Flores Ramallo c/ Iberth Cerezo Aguilar y Cinthya Velásquez  

            Torrez.

Proceso: Mejor derecho propietario y cancelación de matrícula en Derechos

              Reales.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 293 a 300, interpuesto por María Esther Pantoja Flores en representación de Bertha Flores de Pantoja, contra el Auto de Vista Nº 435/2017 de 04 de diciembre, que cursa de fs. 288 a 291 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso de Mejor derecho propietario y cancelación de matrícula en Derechos Reales, seguido por la recurrente contra Iberth Cerezo Aguilar y Cinthya Velásquez Torrez; la respuesta de fs. 302 a 305 vta.; el Auto de Concesión de fs. 306; el Auto Supremo de Admisión Nº 455/2018-RA de 07 de junio; los antecedentes del proceso, y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

  1. Bertha Flores Ramallo Vda. de Pantoja, amparada en el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los arts. 105, 106, 107 y 1538 del Código Civil, planteó acción de Mejor Derecho Propietario y cancelación de matrícula en Derechos Reales, señalando ser propietaria de un lote de terreno y sus construcciones, bien ubicado en la calle Diego de Peralta N° 989 esq. Tejada Sorzano, con una superficie de 314 m2., adquirido en compra venta de forma fraccionada por las Escrituras Públicas N° 565/1994 y 566/1994, ambas registradas bajo las Partidas computarizadas 01268995 y 01268982, fusionadas las dos partidas mediante la Escritura Pública N° 645/1994 de fecha 7 de octubre, es registrada bajo la partida N° 01273536 y actualizada en la matricula Nº 2.01.0.99.0061111.

Bajo este antecedente, señala que de forma arbitraria ese lote de terreno fue detentado primero por Guillermo Flores Uscamayta y actualmente por Iberth Cerezo Aguilar y Cinthya Velásquez Tórrez, quienes manifestarían ser titulares del mismo por la Escritura Pública N° 035/14, registrada en DDRR bajo el Asiento A-4 de la matrícula N° 2.01.0.99.0032937 con una superficie de 65,53 mts2 (fs. 27-29 y 36). 

2. Iberth Cerezo Aguilar y Cinthya Velásquez Torrez, planteando excepciones de obscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y citación previa al garante de evicción, responden la demanda con los siguientes argumentos: a) Que la superficie real no es de 314 m2., sino de 242mts2., encontrándose corroborado por la Escritura Pública de fusión de las partidas N° 645/1994 de 7 de octubre, cuyos antecedentes, refieren que el lote de terreno de la demandante tiene su origen en el derecho Propietario de Félix Ricardo La Fuente y Máxima Cabrera Vda. de Liendo; b) Que existe una sub inscripción que indica, que se sub inscribe Plano por la partida 11044311 por la cual la superficie es de 242.90 mts2.; c) Que según el numeral 2) del Certificado de Tradición, se registró el Derecho Propietario de Liendo Cabrera Luis Manuel con una superficie de 72 mts2., adquirido mediante Escritura N° 453 de fecha 18/03/1990, de compra-venta de derechos y acciones otorgada por Ana Ortiz Cabrera y Luciano Ortiz Cabrera; d) Que fusionadas las partidas computarizadas 01268982 y 01268995 bajo la partida 01273536, depurada en la matricula 2010990061111, el derecho propietario de Bertha Flores de Pantoja desde su origen es de 242.00 mts2; e) Que la demandante falsificó el documento de aclaración de superficie donde en ninguna de las colindancias está la calle Napoleón Vargas, declaración de la misma demandante que ahora se contradice; y f) Que por esta misma causa la demandante inició otros dos procesos, en el Juzgado 12° de Partido en lo Civil inició un proceso contra David Paye y otros, sobre Mejor Derecho de Propiedad; en el Juzgado 9° de Instrucción en lo Civil, contra Guillermo Flores Uscamayta sobre Interdicto de Adquirir Posesión, en el refiere que el demandado vive en el terreno objeto de la litis, siendo éste el motivo para que no inicie demanda de Reivindicación (fs. 68-71 vta).

3. Asumida la competencia por la Juez Publico Civil y Comercial Octavo de la ciudad de La Paz, pronuncia la Sentencia Nº 057/2017 de 01 de febrero, declarando IMPROBADA la demanda de mejor derecho de propiedad y cancelación de Matricula en DDRR; de igual forma declara IMPROBADAS las excepciones de cosa juzgada, prescripción y desistimiento del derecho opuestas por los demandados, con costas, en base a los siguientes fundamentos (fs. 247-255 vta).

a) Sobre el mejor derecho de propiedad.

No se ha probado que corresponda declarar el mejor derecho de propiedad de la actora sobre el bien inmueble, pues no existe prueba plena sobre la superficie real en la proporción que pretende de 314 mts2, y en la inspección se ha verificado que no existe continuidad del predio de la actora con los 65,52 mts2 de los demandados. De igual forma, tampoco adjuntó un plano aprobado por el G.A.M.L.P., donde se determine que la superficie ha sido fraccionada en dos partes.

En cuanto al derecho propietario de la parte demandada, tiene otro antecedente dominial diferente al de la demandante y al ser ambos inmuebles de diferente tradición y ubicación, no es viable la declaratoria de mejor derecho de propiedad en favor de la actora, porque para esa pretensión no se cumplen los presupuestos del art. 1545 del CC.

b) Sobre la cancelación de la Matricula Nº 2.01.0.99.0032937.

Al no haberse probado la pretensión principal, no corresponde la cancelación pretendida, en ese contexto no se puede vulnerar los derechos de la parte demandada, cuando no se ha justificado su procedencia.

c) En cuanto a las excepciones.

i. Cosa juzgada, la excepción no ha sido probada con prueba fehaciente que permita establecer que existe otro proceso que cumpla la triple identidad, vale decir los mismos sujetos procesales, el mismo objeto y causa, además de contar con una sentencia ejecutoriada.

ii. Prescripción, las acciones de mejor derecho propietario y reivindicación son imprescriptible y pueden ser interpuestas en cualquier tiempo por personas que estén legitimadas para ello, y en el caso de autos la parte demandada ha señalado que la actora ha instaurado otras acciones en relación al mismo bien inmueble, más aún si la excepción no ha sido debidamente definida, si se opone como prescripción del derecho o de la acción.

iii. Desistimiento del derecho, esta excepción tampoco ha sido demostrada con prueba pertinente que establezca haberse producido dentro del proceso seguido en el Juzgado 12° de Partido en lo Civil, lo previsto por el art. 305 del Código de Procedimiento Civil, no habiéndose adjuntado una resolución ejecutoriada que determine la aceptación del mismo.

4. Impugnada la resolución de primera instancia por la demandante, el Auto de Vista Nº 435/2017 de 04 de diciembre (fs. 288-291 vta.), resuelve CONFIRMAR la Sentencia Nº 057/2017 de 01 de febrero, con los siguientes fundamentos:

a) Que, de la relación de las pruebas aparejadas al proceso, el inmueble de la parte demandante y el bien de la parte demandada, no son los mismos, siendo este un aspecto negativo para la procedencia del mejor derecho propietario, toda vez que, la identificación e identidad del inmueble son presupuestos básicos para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales.

b) En lo concerniente a la valoración fraccionada del certificado de tradición, mientras no se demuestre haber adquirido la superficie del vendedor Liendo Cabrera, y que su antecedente dominial hubiere tenido la extensión impetrada, no puede pretenderse la obtención de una superficie que dentro su antecedente dominial no contenía, menos con una mera aclaración individual.

c) En cuanto a la errónea interpretación de los arts. 1538 y 1515 del CC y art. 15 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, sobre la existencia de un vendedor común, dicho atisbo resultaría equivoco, habida cuenta que de la lectura integra de la sentencia, la misma no haría alusión alguna a dicho aspecto, sino por el contrario, basa el fundamento en el mismo origen que el inmueble debe tener, no siendo cierto lo aseverado sobre una apreciación errónea por el A quo, en sentencia.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN

1.- EN LA FORMA.

a) Trasgresión del principio de congruencia de las Resoluciones Judiciales.

Refiere que, de la lectura de la demanda, la presente causa fue postulada bajo el instituto de mejor derecho propietario, siendo la pretensión que se disponga la preferencia del título de propiedad registral de la demandante, sobre el título registral de propiedad de las demandadas.

En ese entendido, siendo la fecha de registro del derecho propietario el punto determinante para la otorgación de la preferencia del título, además de la identidad del inmueble, se puede establecer que el límite de cualquier pretensión que pueda versar sobre esta acción judicial, será determinar la existencia o la inexistencia de la preferencia de un derecho propietario sobre otro. En ese margen, la parte demandada, al limitarse únicamente a contestar en forma negativa a la actora, no existiendo contrademanda, la causa tendría por objeto determinar la existencia o inexistencia de preferencia de un título de propiedad sobre otro.

Empero, de la lectura de la Sentencia N° 57/2017 y del Auto de Vista N° 435/2017, se habría ingresado no solamente a determinar la preferencia de un título de propiedad sobre otro, si no se habría emitido juicios de valor ultra petita señalando que el derecho propietario de la demandante solo corresponde a 242.90 mts2 y no así a 314 mts2; aspecto que no habría sido objeto del proceso, toda vez que la pretensión se limitaría a la declaración de preferencia de un título sobre otro.

Señala que dilucidar la existencia o inexistencia de un derecho real, requiere necesariamente el postulado de un determinado tipo de pretensión como la acción negatoria; sin embargo, en la presente causa al no mediar acción reconvencional, mal podría declararse la inexistencia del derecho propietario de la demandante.

Citando la SCP 0121/2012 de 02 de mayo, concluye que tanto la sentencia como el Auto de Vista, transgredieron el principio de congruencia de las resoluciones judiciales, por lo que solicita se enmiende dichos errores.

b) Trasgresión del principio de verdad material.

Citando el Auto Supremo N° 131/2016, refiere que la sentencia ha sido pronunciada con prueba insuficiente y sin que la autoridad judicial haya tenido pleno convencimiento de los hechos, pues según el Acta de audiencia complementaria, el A quo asumiría una postura de seguridad en la prueba existente, omitiendo diligenciar la prueba restante.

Añade que el A quo, al manifestar en el Considerando II de forma expresa, que no existe prueba plena sobre la superficie real que se pretende, se transgrede el principio de verdad material toda vez que la juez ha dictado una sentencia sin tener convicción sobre los hechos sometidos a su juzgamiento aun teniendo la facultad y más aún el deber de producir su propia prueba para generar el convencimiento suficiente.

2.- EN EL FONDO.

a) No se demostró la titularidad sobre 314 mts2.

Manifiesta que el Ad quem señaló como hecho no probado, no haber acreditado el derecho propietario sobre 314 mts2, sin embargo, según la Matricula Nº 2.01.0.99.0061111 se consignaría de forma concreta y precisa que la demandante es titular de un lote de terreno con una extensión superficial de 314 mts2, por lo que sería incomprensible e ilógico el análisis y valoración que realizó el Tribunal de apelación, demostrándose de esta manera que la referida autoridad omitió valorar la totalidad de la prueba aportada, apreciándola de forma arbitraria sin acatar los criterios de valoración probatoria dispuestos por nuestro ordenamiento jurídico.

Asimismo, refiere trasgresión del principio de indivisibilidad, pues al señalar que no existe relación entre el certificado de tradición y los actos que el mismo compone, se debió haber tomado en cuenta lo dispuesto por el art. 149.I. del CPC, que impone a momento de la valoración de la prueba, que un documento no puede ser apreciado de forma fraccionada, pues los documentos deberían ser valorados en su integridad tomando en cuenta la unidad de su contenido. En ese marco, el certificado de tradición contendría una unidad de actos que respetan el principio registral de tracto sucesivo, cuyo último asiento refiere que el derecho propietario de la demandante alcanza una extensión de 314 mts2.

b) No se demostró la identidad de los inmuebles.

Refiere que adjunto fotocopia legalizada del Certificado de Registro Catastral, determinando el alcance de su superficie así como la ubicación del predio; añade que el Folio Real y el Catastro al ser documentos públicos, tienen fuerza probatoria plena, al estar debidamente autorizados por funcionario público.

Señala que además de ser acusado de falso el Certificado Catastral y no aportar ni producir prueba que sustente tal situación, sería irregular la existencia del Certificado de Registro Catastral de fs. 69, tramitado curiosamente una semana antes del inicio de la presente causa, y al contar con el Certificado de Catastro con data del año 1998, el registro realizado por la demandante tendría preferencia con respecto al de las demandadas.

En cuanto a la identidad y ubicación, señala que la planimetría cursante a fs. 22 y las fotografías de fs. 24, 25 y 26, contrastadas con el Catastro de fs. 69, así como el Acta de Audiencia de Inspección Judicial, son prueba suficiente para determinar la ubicación exacta de los bienes en litigio.

c) Errónea interpretación de la ley.

Manifiesta, que la norma sustantiva Civil, así como la Ley de Inscripción de Derechos Reales, dan un supuesto donde un mismo vendedor ha trasferido a dos diferentes personas un inmueble, planteando la solución de quien tenga prelación en cuanto a la oponibilidad, será quien tenga un Derecho Propietario preferente; en el caso presente, la demandante como la parte demandada al poseer vendedores diferentes, que a su vez adquirieron sus derechos propietarios de diferentes personas, donde no existe ninguna similitud en cuanto a la tradición de ambos derechos propietarios desde su origen, puede aplicarse el art. 1545 del CC de forma análoga, pues el instituto jurídico de Mejor Derecho Propietario poseería dos supuestos: el primero, donde el vendedor, es el mismo, y el segundo, donde el vendedor no es el mismo o en defecto no existe un origen común. Para el primer supuesto dando aplicación textual al art. 1545 del CC y art.15 de la Ley de Inscripción de Derechos Reales, toda vez que dicho supuesto está regulado en la norma mencionada no existiendo mayor discusión al respecto; para el segundo supuesto, cita los Autos Supremos 1094/2015L de 16 de noviembre y 648/2013 de 11 de diciembre, concluyendo que puede aplicarse de forma análoga el art. 1545 del Código Civil, no siendo requisito sine qua nom la concurrencia de un origen común, y en el presente caso, el Ad quem habría omitido ingresar en los agravios expresados en base a la jurisprudencia citada, limitándose a realizar una aplicación textual del artículo mencionado anteriormente, pese a que el presente caso ameritaba un trato análogo y diferente.

PETITORIO.

Solicita se dicte Auto Supremo, CASANDO el Auto de Vista N° 435/2017 de 4 de diciembre y declare PROBADA la demanda disponiendo la Declaración de Mejor Derecho Propietario, o en su defecto ANULE la misma por transgredir derechos fundamentales y el debido proceso.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

1.- EN LA FORMA.

a) Respecto al incumplimiento de los requisitos exigidos en el art. 274 del Código Procesal Civil.

Señala que, si bien el recurso fue presentado dentro del plazo previsto en la norma, incumple los numerales 2 y 3 del art. 274.I. del Código Procesal Civil, pues no cita la foliación del Auto de vista y no expresa con claridad y precisión, la ley o leyes infringidas, violadas o aplicadas indebida o erróneamente interpretadas, ya que lo que pretende la recurrente es que se declare el mejor derecho propietario con la modificación de la superficie del inmueble, y no con el origen del derecho propietario.

b) Respecto a la transgresión del principio de la congruencia.

Señala que el lote de terreno, desde su origen no tenía la superficie de 314 mts2., y si aumentaron la superficie logrando registrar en DDRR, no habría sido de forma lícita, pues la Escritura Pública donde modifican la superficie de 242 a 314 mts2, no tiene relación de causalidad con el origen o la tradición del inmueble.

c) Respecto a la transgresión al principio de verdad material.

Manifiesta que es temerario sostener la transgresión a la verdad material, por el solo hecho de que el Folio Real contiene el registro de una superficie de 314 mts2, cuando estaría en contradicción con la tradición del inmueble y no cuenta con el catastro actualizado; añade que la recurrente, pretende que se valore solamente el folio real y el último registro de aclaración de superficie, ya que los demás registros, desde el origen refieren una superficie de 242 mts2, por lo que debería ser rechazada ya que el actuar del recurrente es carente de honestidad y probidad.

2.- EN EL FONDO

a) Respecto a la identidad de los inmuebles.

Señala que es total y absolutamente falso, que la recurrente haya probado la identidad de los dos inmuebles, dado que cada uno tiene código catastral diferente, además de ser el certificado catastral presentado por la demandante vetusto y obsoleto, y sin ninguna identidad con el certificado catastral del otro inmueble; en consecuencia, no sería cierto que el certificado catastral sea oponible desde el año 1998, sino todo lo contrario, al estar caduco y vetusto, está fuera de utilidad.

b) Respecto a la errónea aplicación de la ley.

Señala, que si bien los referidos autos supremos establecen que puede aplicarse el mejor derecho en forma análoga aquellos casos donde el origen de los títulos contrastados sean totalmente antagónicos, no siendo requisito sine qua nom la concurrencia de un causante vendedor común, la segunda parte referiría por el contrario, que en sentido amplio dicha determinación orienta a establecer si los derechos contrastados tiene un mismo origen; ratio decidendi, que no se da en el presente caso, porque 1) el origen del derecho propietario no es el mismo, 2) el certificado catastral, tampoco es el mismo; 3) por el contrario, con la modificación de la superficie pretende que se le declare el mejor derecho de propiedad.

PETITORIO.

Solicita se declare IMPROCEDENTE o en su caso INFUNDADO el recurso planteado, y en confirme el Auto de vista, con la declaratoria de temeridad y malicia, con costas y costos, y las formalidades de Ley.

CONSIDERANDO III

DOCTRINA LEGAL APLICABLE

1. Del mejor derecho propietario.

Al respecto, corresponde señalar que el art. 1545 del Código Civil dispone que: “Si por actos distintos ha transmitido el propietario los mismos bienes inmuebles a diferentes personas, la propiedad pertenece al adquiriente que haya inscrito primero su título”.

La línea jurisprudencial asumida por este Tribunal, ha orientado en el Auto Supremo Nº 588/2014 de 17 de octubre que:“…para la procedencia de la acción de mejor derecho propietario respecto a bienes sujeto a registro, se requiere de tres condiciones o requisitos a ser cumplidos: 1.- Que el actor haya inscrito en el Registro Público su título de dominio sobre el bien que ostenta su derecho propietario con anterioridad a la inscripción del título de dominio que tuvieren otros adquirentes del mismo bien; 2.- Que el título de dominio del actor y del demandado provengan de un mismo origen o propietario, y 3.- La identidad o singularidad del bien o cosa que se demanda de mejor derecho de propiedad”. Asimismo en el Auto Supremo Nº 618/2014 de 30 de octubre, se razonó que: “…sobre dicho articulado este Tribunal emitió el Auto Supremo N° 89/2012 de 25 de abril, que estableció: “…una acción de reconocimiento de mejor derecho propietario, el presupuesto esencial, radica en la identidad de la cosa, respecto a la cual dos o más personas reclaman derecho de propiedad; en otras palabras, la acción de reconocimiento de mejor derecho de propiedad, supone necesariamente la existencia de una misma cosa, cuya titularidad es discutida por dos o más personas…”, la norma de referencia establece el hipotético de que en el caso de que existan dos o más personas con título de propiedad sobre un mismo bien adquirido de un mismo vendedor, la norma concede el derecho al que ha registrado con prioridad su título, esa es la regla; empero de ello, de acuerdo a la concepción extensiva de la norma de referencia, también debe aplicarse a los hipotéticos de presentarse dos o más personas que aleguen ser propietarios de un mismo bien inmueble, que pese de no haber adquirido el inmueble (predio) del mismo vendedor, sino que cada uno de estos propietarios hubieran adquirido el bien inmueble de distintos vendedores y cuyos antecesores también ostenten título de propiedad, caso para el cual se deberá confrontar el antecedente dominial de cada uno de estos propietarios y su antecesores, con el objeto de verificar de que se trate de los mismos terrenos (total o parcialmente), para verificar cuál de los títulos de propiedad fue registrado con prioridad en el registro de Derechos Reales y por otra también corresponderá analizar si el título alegado por las partes mantiene o no su validez, para de esta manera otorgar el mejor derecho de propiedad, sea en forma total (cuando los títulos de las partes se refieran a la misma superficie) o en forma parcial (cuando los títulos de las partes solo hayan coincidido en una superficie parcial)”. Es decir, que para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde al juzgador definir cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.

En este entendido se puede concluir que actualmente no se puede negar una pretensión de mejor derecho propietario por el simple hecho de que los títulos propietarios de las partes no devienen de un vendedor común, manteniendo un análisis restringido de la norma que no condice con el principio de eficacia de la justicia ordinaria ni resuelve el conflicto de partes, que es fin esencial del Estado; por lo que en el caso de que no concurra el presupuesto de que un mismo vendedor hubiese transferido la propiedad tanto al actor como al demandado, la dilucidación del mejor derecho propietario no basta resolver siguiendo el principio de prelación del registro, sin antes hacer un minucioso estudio de la tradición de dominio que existió en ambos títulos y establecer mediante el análisis de ésta cadena de hechos si en sus antecedentes de dominio existe un causante común que habría transmitido la propiedad a distintos propietarios que constituyan a su vez el antecedente dominial del demandante y del demandado y establecer mediante el análisis de esta cadena de hechos a quien le corresponde el mejor derecho propietario.

2. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMENTARIOS Y CONCORDANCIA señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia  del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos  que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra LA PRUEBA JUDICIAL (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 397 del Código de Procedimiento Civil.  

En este marco el Tribunal Supremo a través de diversos fallos,  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento. Ésta Tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1. EN LA FORMA.

a) En cuanto a la trasgresión del principio de congruencia de las resoluciones judiciales.

Una máxima refiere que el Juez, no puede dar a las partes más de lo que piden, vale decir, que la autoridad judicial se encuentra condicionado al principio a la identidad entre lo resuelto y lo impetrado por las partes, pues de no producirse esta identidad, nos encontramos ante una decisión judicial incongruente.

En el presente caso, la recurrente acusa a las autoridades de instancia de transgredir el principio de congruencia, dado que su pretensión principal dentro la demanda planteada, era que el juez de la causa disponga la preferencia de su título de propiedad por sobre el título de las demandadas y no así, el de establecer un derecho propietario sobre una superficie de 242.90 mts2, cuando lo correcto serían 314 mts2. Ahora bien, de los antecedentes procesales, el A quo determinó que la demandante no “…ha probado que corresponda declarar el mejor derecho de propiedad de la actora sobre el bien inmueble…, pues el derecho propietario de la demandante, deviene de una tradición diferente y no es la misma que la de los demandados…”; asimismo, esta autoridad estableció que la parte demandada, tiene otro antecedente dominial diferente al de la demandante, aspecto demostrado por el informe rápido de DDRR. De igual gorma, la autoridad de alzada preciso que de la relación de las pruebas aparejadas al proceso, “…el bien inmueble de la parte demandante y el bien real de la parte demandada, no son los mismos sino distintos, siendo este un aspecto negativo para la procedencia del mejor derecho propietario…”   

En suma, ambas autoridades establecieron el porqué es improcedente la acción de mejor derecho propietario, por lo que no puede acusarse de transgresión al principio de congruencia, cuando las mencionadas autoridades resolvieron la controversia conforme a los puntos planteados en la demanda y el recurso de apelación; en cuanto a las observaciones realizadas a la superficie del bien, son aspectos que merecerán pronunciamiento en el inciso a) de los fundamentos de fondo.

b) En cuanto a la trasgresión del principio de verdad material.

i. Refiere que la sentencia fue pronunciada con prueba insuficiente y sin pleno convencimiento de los hechos, pues de acuerdo al Acta de audiencia pública complementaria (fs. 237 a 245 vta.), la juez habría asumido una postura de seguridad, sin tener convicción  sobre los hechos sometidos a su juzgamiento, omitiendo diligenciar toda la prueba ofrecida.

Del Acta de audiencia pública complementaria de fs. 237 a 245 vta., extraemos que la juez de la causa ha momento de iniciar el acto, dispuso diligenciar la prueba faltante, empero, el abogado de la demandante manifestó que no pudo conseguir el informe del Notario y el informe del Juzgado, presentando una fotocopia legalizada de planimetría del G.A.M.L.P., literal observada por la autoridad al no tratarse de un plano individual del inmueble; en el mismo acto, antes de ingresar al desarrollo de los alegatos, la juez concluye que la prueba referida no ha sido diligenciada, sin embargo, considera la prueba producida anteriormente, suficiente para pronunciar el fallo y con esa justificación, rechaza la solicitud de nuevos informes, disponiendo oficiar a la Dirección de Notarias y DDRR, para que expliquen el por qué no se cumplió con el requerimiento de las fotocopias legalizadas.

En resumen, si no se diligencio toda la prueba se debió a que la parte actora, incumplió con la carga procesal que le correspondía, pues habiéndose dispuesto en la audiencia preliminar de 12 de septiembre de 2016 (fs. 188-189), la remisión de copias legalizadas de las Escrituras Públicas Nº 951/1994, 950/1994, 1580/1994, 566/1994, así como del plano sub inscrito en DDRR, oficiando para ello a las autoridades respectivas con la facultad otorgada por el art. 134 del CPC, dichas copias nunca fueron adjuntas al proceso.

ii. Añade que el A quo, al manifestar que no existe prueba plena sobre la superficie real que se pretende, transgrede el principio de verdad material, toda vez que la citada autoridad tenía el deber de producir su propia prueba para generar convencimiento.

Debe tenerse presente por la demandante, que la carga procesal de promover la actividad probatoria, no es una obligación jurídica que deriva en una sanción, sino que su desatención va a generar el riesgo procesal de que su pretensión no encuentre amparo en la resolución judicial que ponga fin al conflicto; asimismo, la Sentencia Constitucional 0713/2010-R de 26 de julio, infiere que la labor de cumplimiento del principio de verdad material, refiere un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.

En suma, la recurrente no puede acusar al A quo de transgredir el principio de verdad material, por no haber producido su propia prueba, cuando la demandante previamente debió agotar todos los medios de prueba para demostrar su pretensión, ya que es a las partes, a quien incumbe probar sus afirmaciones conforme precisa el art. 136 del CPC.

2. EN EL FONDO.

a) En cuanto a la titularidad sobre 314 mts2.

Manifiesta que el Ad quem estableció como hecho no probado, el derecho propietario sobre 314 mts2, sin embargo, su Matrícula de propiedad consignaría la titularidad sobre la citada superficie; agrega, la trasgresión del principio de indivisibilidad, pues al señalar que no existe relación entre el certificado de tradición y los actos que la componen, el Tribunal de alzada omitió lo dispuesto por el art. 149.I. del CPC.

El Ad quem, para responder este mismo agravio y establecer que la parte demandante no demostró tener derecho propietario sobre una superficie de 314 mts2, sino sobre 242 mts2, tomó como parámetro el antecedente dominial plasmado en el Certificado de Tradición Treintañal (fs. 34-35 vta.), donde preciso que el inmueble de la actora surge de una superficie de 242 mts2, “…adquiere dicha superficie de por EP No. 566 de 31/08/1994 y EP No. 565 de 31/07/1994, confirmada por Escritura Publica No. 645 de 07 /10/1994 de fs. 12-13 vta., en la que declara que es propietaria de 242 mts.2, de lo que se tiene que la parte apelante pretende la valoración integra del certificado tradicional, cuando el punto 9 no contrasta con el contrato de compra venta realizado a su favor, pues este refiere a una extensión superficial de 314 mts2…”, concluyendo la autoridad, “…que mientras no demuestre haber adquirido dicha superficie del vendedor LIENDO CABRERA, y que su antecedente dominial también hubiere tenido dicha extensión, no puede pretender la obtención de una superficie que dentro su antecedente dominial no contenía…”.

De lo extraído, este Tribunal concuerda con los fundamentos plasmados en el Auto de Vista, pues cotejados los argumentos del Ad quem con el Certificado de Tradición Treintañal, tomó en su integridad el contenido de la citada literal para establecer que la demandante no demostró tener derecho propietario sobre una superficie de 314 mts2, y no solo en este punto, sino in extenso a momento de establecer que el bien inmueble de la parte demandante y la parte demandada, no son los mismos y que devienen de un origen dominial diferente, un punto que trataremos en el siguiente acápite. 

En definitiva, existiendo inconsistencia en la superficie que se pretende, la actora bien pudo subsanadas estas contradicciones con la presentación de la documentación exigida por la juez de instancia, consistente en el plano individualizado de su propiedad, las copias legalizadas de las Escrituras Públicas y el plano sub inscrito en DDRR, o en todo caso, produciendo prueba pericial, ya que habiéndose designado como perito a la Arq. Ninoska Maria Bolivar Rios, nunca se llegó a presentar la pericia asignada a la profesional, incumpliendo la demandante con la carga de la prueba que le correspondía; entonces, partiendo del hecho, que los medios probatorios forman una unidad y en tal sentido deben ser examinados y valorados por las autoridades judiciales en forma conjunta, confrontando uno a uno los diversos medios probatorios, puntualizando su concordancia y discordancia, para finalmente concluir sobre el convencimiento que a partir de ellas se forme, la suscrita Sala concluye, que ambas autoridades de instancia valoraron todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes y ello incluye a la matricula presentada por la actora, por lo que este agravio deviene en infundado.   

b) En cuanto a la identidad de los inmuebles.

La recurrente manifiesta que presentó fotocopia legalizada del Certificado de Registro Catastral, estableciendo el alcance de su superficie así como la ubicación del predio, y al contar con este documento que data del año 1998 tendría preferencia con respecto al Certificado Catastral de la parte demandada. Bajo este parámetro, la planimetría de fs. 22, las fotografías de fs. 24, 25 y 26, contrastadas con el Catastro de fs. 69 y el acta de Audiencia de Inspección Judicial de fs. 201 a 204 vta., serían prueba suficiente para determinar la ubicación exacta de los bienes en litigio.

Los agravios denunciados en este inciso, están muy relacionados con los argumentos del inciso anterior, ya que la recurrente pretende que este Tribunal pondere los certificados catastrales para ser contrastados con la planimetría presentada, las fotografías de fs. 24-26 y el Acta de Audiencia de inspección judicial, para así determinar la ubicación exacta del bien; empero, bajo los fundamentos expuestos en el punto anterior, de haber cumplido la actora con la carga de la prueba, ambas autoridades de instancia habrían precisado cual su ubicación, pues el Certificado de Tradición Treintañal consigna la calle Diego de Peralta Final Av. Iturralde Nº 370 (fs. 34-35); el informe de DDRR señala Av. Tejada Sorzano S/N Zona San Juan Lazarte (fs. 20); el Certificado de Catastro de 1998 refiere la calle Diego de Peralta Nº 988 (fs. 21); el Certificado de Catastro de 2015, cita Calle Napoleón Vargas S/N (fs. 67); en consecuencia, fue acertada la conclusión del Ad quem al esta blecer que “…tanto el inmueble de la parte demandante como el de la demandada, tienen códigos distintos desprendiéndose de forma inequívoca que los dichos bienes reales son distintos, lo que lleva a la conclusión que la acción pretendida no cumple con el requisito de identidad para su procedencia…”.

En síntesis, siendo que entre los presupuestos esenciales de la acción de reconocimiento del mejor derecho propietario, se encuentra la identidad de la cosa respecto a la cual dos o más personas reclaman un derecho de propiedad, lo que supone necesariamente la existencia de una misma cosa cuya titularidad es discutida por las partes, sin la cual resulta improcedente la referida acción, el presente agravio deviene en infundado, pues ambas autoridades de instancia determinaron que además de tener una cadena dominial distinta, no existe una ubicación precisa del inmueble que se pretende.

c) En cuanto a la errónea interpretación de la ley.

La demandante plantea, que al poseer vendedores diferentes que a su vez adquirieron sus derechos propietarios de diferentes personas, debió aplicarse el art. 1545 del C.C., de forma análoga, conforme se habría establecido en los Autos Supremos 1049/2015-L y 648/2013, pues el Ad quem se habría limitado a realizar una aplicación textual de la citada norma.

El Auto Supremo 1094/2015-L, estableció que: “…para resolver sobre una pretensión de mejor derecho de propiedad el presupuesto es que existan dos títulos de propiedad válidos sobre un mismo inmueble, en cuyo mérito corresponde definir al juzgador cuál de los titulares debe ser preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial.”; líneas más abajo refiere: “En la especie, se evidencia la concurrencia de dos títulos de propiedad sobre el mismo bien inmueble que tienen un origen o antecedente común que tiene su génesis en el Título Ejecutorial Nº 346647 de fecha 23 de mayo de 1966, donde el Supremo Gobierno dota a favor de Francisco Alba quince hectáreas (15.0000 Has.), inscribiendo su derecho propietario en fecha 09 de julio de 1987 conforme se conoce de la Matrícula Nº 7061010000772.”

El precedente invocado estableció que si bien existe una cadena dominial diferente, concurren los títulos sobre un mismo bien; en el presente caso, ambos derechos propietarios tienen una cadena dominial distinta, ya que el antecedente dominial de la actora deviene de los Sres. Felix Ricardo La Fuente y Maxima Cabrera Vda. de Liendo, y el de la demandada deviene de los Sres. David, Richard, Robert, Franklin y Maria Yovana Paye Calle; empero, tanto el inmueble de la parte demandante como el de la demandada, son distintos.

En el caso del Auto Supremo Nº 648/2013, se estableció que: “…el Juez de instancia y el Ad quem compulsaron el proceso verificando los antecedentes del registro y el causante inmediato de su derecho, y ante la ausencia del historial que permita aprehender el causante común de origen contando solo los elementos producidos en proceso-aplicaron el art. 1545 del  Sustantivo Civil, por no tener una solución más próxima a los fines de conocer el mejor derecho propietario sin que se conozca el antecedente de los causantes del bien inmueble; en tal sentido ante la limitación señalada ese baremo era el más adecuado por la ausencia de datos para establecer con exactitud mediante el tracto sucesivo los causantes anteriores a su derecho por lo que se justifica la aplicación del citado artículo.”; más adelante, precisa: “…Se debe señalar que el Informe de Peritaje técnico citado establece que del análisis de los documentos del proceso la propiedad del Banco Ganadero S.A. se encuentra dentro la propiedad de la Policía Nacional, en el entendido que los títulos de propiedad presentados acreditan la identidad del mismo bien inmueble, o sea que el terreno es el mismo, más dicho elemento probatorio no fue el decisivo para considerar el mejor derecho de propiedad, porque el fallo emanó de confrontar la fecha de registro de los títulos aportados en el proceso.” 

En este caso, el precedente afirma que, si bien no se pudo establecer una misma cadena dominial, los títulos de propiedad presentados acreditan la identidad del mismo bien inmueble, un aspecto que no sucede en el presente caso, pues como señalamos líneas arriba el inmueble de la parte demandante como el de la demandada, son distintos.

En conclusión, para la procedencia de la acción del Mejor Derecho Propietario, donde el juzgador definirá cuál de los títulos será preferido por el derecho, provengan ambos títulos de un mismo vendedor común o no, y tengan o no un mismo antecedente dominial, debe demostrarse la ubicación exacta del predio objeto de la litis, el cual debe guardar similitud con el área o superficie del inmueble que se pretende, lo que en el presente caso no sucedió; en consecuencia, de todo lo expuesto, este Tribunal concluye que fue correcta la decisión asumida por las autoridades de instancia, al declarar IMPROBADA la demanda planteada por María Esther Pantoja de Chávez en representación de Bertha Flores Ramallo Vda. de Pantoja.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida del art. 42.I. núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el Recurso de Casación en el fondo, interpuesto por María Esther Pantoja de Chávez en representación de Bertha Flores Ramallo Vda. de Pantoja, contra Auto de Vista Nº 435/2017 de 04 de diciembre, que cursa de fs. 288 a 291 vta., pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con costas y costos.

Se regulan los honorarios profesionales para el abogado que respondió al recurso en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.