TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L 


Auto Supremo: 98/2019

Sucre: 06 de febrero de 2019

Expediente:        CH-45-18-S

Partes: Empresa Chuquisaqueña XXI Comunicación Integral representado por

            Janet Rioja Valda c/ CIA Comercial Minera RICACRUZ LTDA

            representada legalmente por su presidente Luis Miguel Mercado

            Rocabado.

Proceso: Ordinario de Rendición de Cuentas.

Distrito: Chuquisaca

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1214 a 1219 vta., interpuesto por Empresa Chuquisaqueña XXI Comunicación Integral representado por Janet Rioja Valda; contra el Auto de Vista Nº SCCI-0133/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 1210 a 1212 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso ordinario de rendición de cuentas, seguido por la recurrente contra CIA Comercial Minera Ricacruz LTDA representada legalmente por su presidente Luis Miguel Mercado Rocabado; la contestación cursante de fs. 1222 a 1225 vta.; el Auto de concesión del recurso de 8 de junio de 2018, cursante a fs. 1226; el Auto Supremo de Admisión del recurso de casación Nº 513/2018-RA de fecha 13 de junio, cursante de fs. 1230 a 1231 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:  

ANTECEDENTES DEL PROCESO


El Juez Público Civil y Comercial Nº 5 de Chuquisaca, emitió la Sentencia Nº 35/2018 de fecha 12 de marzo, cursante de fs. 1180 a 1184 vta., declarando: 1.- IMPROBADA la demanda de rendición de cuentas interpuesta por Janeth Rioja Valda, cursante de fs. 93 a 94, subsanada a fs. 97. Con Costas y costos.

Resolución de primera instancia que fue recurrida en apelación por Empresa Chuquisaqueña XXI Comunicación Integral representado por Janet Rioja Valda mediante memorial cursante de fs. 1189 a 1194, en merito a esos antecedentes la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emitió el Auto de Vista Nº SCCI-0133/2018 de 08 de mayo, cursante de fs. 1210 a 1212 vta., donde el Tribunal de alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

El nuevo régimen de nulidades procesales propende a la conservación de los actos procesales a salvedad de la causal de nulidad sea especifica o vulnere garantías fundamentales de las personas y sobre tales no exista convalidación de la parte perjudicada por la nulidad, en ese entendido indicó que la resolución que declaró la contención de fs. 595 fue notificada a la apelante a fs. 596, sin que dentro del plazo legal haya sido recurrida oportunamente, habiendo consentido los efectos de la declaratoria de contención que tiene como base el propio contenido de la respuesta de la entidad demandada cursante de fs. 150 a 157 subsanada de fs. 165 a 169.

Refiere que por regla el juez debe instalar una audiencia programada bajo sanción de ser procesado y/o penalmente si la suspende sin instalación previa, conforme el caso de autos en el acta de fs. 1124 vta., se evidencia que el juez instaló la audiencia en la cual no se encontraba presente la demandante, según justificación verbal presentada por su abogado se permitió la participación de apoderado al igual que en la audiencia cuya acta cursa de fs. 1159 a 1160, donde se observa la personería del apoderado en la vía incidental siendo rechazada la misma a fs. 1160 vta. sin que dicha apelación haya sido objeto de apelación diferida conforme procedimiento razón por la que existe preclusión y tácito consentimiento a tal representación, no siendo lo observado relevante desde la perspectiva de la nulidad por que no afecta los derechos de la demandante, ya que ella dejo operar la preclusión.

El anuncio de apelación de una excepción de incompetencia no suspende la competencia del juez, no existe norma legal que respalde tal razonamiento, ya que por reglas procesales de tramitación de las excepciones solamente se suspende la competencia por resolución ejecutoriada que defina qué juez es competente, no existiendo tal resolución en el presente caso por que la empresa demandada al no apelar a dejado precluir su derecho.

Con relación al fondo el Tribunal de alzada arguye que la apelante acusa la vulneración de los arts. 510 a 518 del Código Civil, al interpretar el contrato de fs. 9 a 10, sin embargo en la acusación no señala que cláusula contractual es mal interpretada y cuál es la correcta interpretación judicial que reclama, ya que las reglas de los arts. 510 a 518 del Código Civil son generales y deben integrarse a cada contrato específico para determinar la intencionalidad subjetiva de las partes, aspecto que no fue realizado por la apelante quien de modo general esboza sin precisión debida que la intención común desconocida por el juez seria el no haber reconocido el cobro del 10% de los ingresos por propaganda nacional que administró y se benefició la entidad demandada, empero ese no es el objeto de la presente demanda, que se resume a la obligación de rendir cuentas por el demandado y no así al cumplimiento de esa obligación en específico, habiendo el juez de instancia resuelto que tal obligación de rendir cuentas no está acreditada por exclusión del propio contrato de fs. 9 a 10 que en su cláusula tercera refiere que la administración de la asociación accidental será dirigida por el directorio, aspecto relevante que ha determinado la convicción judicial de no existir en la empresa demandada la obligación de rendir cuentas por que tal rendición de acuerdo al contrato constitutivo de la asociación accidental se la encomienda al directorio y no a uno de los asociados como conclusión judicial que no ha sido apelada.

Fundamentos por los cuales el Tribunal de alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II num. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMA la Sentencia Nº 35/2018 de 12 de marzo, cursante de fs. 1180 a 1184 vta., y su complementación de fs. 1186. Con costas y costos.

Resolución que una vez puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que la Empresa Chuquisaqueña XXI Comunicación Integral representado por Janet Rioja Valda, interpusiera recurso de casación cursante de fs. 1214 a 1219 vta., el mismo que se pasa a analizar.  

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN


De las denuncias expuestas por el parte recurrente Empresa Chuquisaqueña XXI Comunicación Integral representado por Janet Rioja Valda, se extrae lo siguiente:

1.- Aduce  que el Auto de Vista, vulnera la debida aplicación del art. 688 en relación a su similar 693 del abrogado Código de Procedimiento Civil, en sentido que la Empresa demandada una vez citada con la demanda voluntaria de rendición de cuentas, de manera contraria al procedimiento, contesta negativamente y opone excepciones (no pertinentes al proceso voluntario), de dicha actitud se advierte que jamás la empresa demandada acreditó, ni manifestó expresamente (dentro de plazo prudente), no estar obligada a rendir cuentas, por lo que la declaratoria de contención realizada por el A quo, mediante Auto de 12 de enero de 2016, es nula, máxime si se toma en cuenta que el demandando no manifestó expresamente su ánimo de declarar la contención de la presente causa, siendo además oficiosa dicha declaración de contención, además de ser ultra y extra petita, aspectos que no fueron tomados en cuenta  por el Tribunal Ad quem, ya que se aferra a un criterio muy subjetivo de haber consentido dicho acto irregular por no haber sido reclamado oportunamente.  

2.- Acusa que el Juez A quo como el Tribunal de alzada, no consideran la correcta aplicación del art. 365.II del Código Procesal Civil, ya que una vez señalada la audiencia preliminar, la recurrente no pudo comparecer por razones de fuerza mayor insuperables relacionada con su estado de salud, extremo que fue puesto en conocimiento por su abogado en audiencia, solicitándose la suspensión de dicha audiencia y justificado de forma oportuna y documentada su inasistencia de forma posterior; empero, el juez de instancia antes de suspender dicha audiencia, continuó con la celebración de la misma, permitiendo la intervención de los apoderados de la empresa demandada, contradiciendo lo establecido por el art. 365 del CPC, siendo nulos todos los actuados realizados en dicha audiencia al generarle indefensión.

3.- Manifiesta que se observó el poder notariado con el que intervinieron los apoderados del demandado, porque en dicho poder estaba la participación del abogado Aldo Fimo Rojas Cáceres, en la audiencia preliminar empero él no contaba con la suficiente potestad representativa para ello, toda vez que la persona colectiva demandada es RICACRUZ quien está compuesta por Isabel Argandoña y Luis Mercado Rocabado según los instrumentos legales que presenta de los cuales RICACRUZ otorga poder a Luis Miguel Mercado Rocabado quien se constituye en representante de la persona colectiva demandada, dicho representante de RICACRUZ otorga poder de representación para el juicio al abogado Rojas y otros, pero lo hace como representante de RICACRUZ y no específicamente como RICACRUZ por lo que tales abogados representan al representante legal de RICACRUZ  pero jamás representan a RICACRUZ, en ese entendido el Tribunal de alzada se conforma con indicar que dicho poder notariado es legal por el hecho de estar inscrito en el Registro de Comercio, como si ese hecho le daría validez y eficacia pertinente, ya que se debe cumplir con el voto formal del código de Comercio cuando refiere a la otorgación de poderes por parte de los miembros del directorio de una sociedad comercial, misma que se relaciona con la exigencia de que todos los miembros que constituyen un directorio deben participar en el otorgamiento de un poder notariado especial y especifico a nombre de la sociedad, en consecuencia dicha actitud del Tribunal de alzada violatoria de la ley civil y comercial hace su actuar nulo e irregular.

4.- Manifiesta que en el recurso de apelación se alegó que el juez A quo no valoró la prueba ni interpretó correctamente la ley contenida en los arts. 145, 186 del Código Procesal Civil  y por ende violó con ello lo previsto en el art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado en relación a los arts. 510 al 518 del Código Civil, cuando obvio aplicarlos a momento de interpretar el contrato base de la presente demanda aplicándolo de manera parcializada a favor del demandado, a cuya realidad se opone el juzgador de alzada con su incongruente e ilegal apreciación del agravio expuesto, cuando manifiesta que no se indicó, ni especifico el articulado concreto del Código Civil generando con ello el juzgador de segunda instancia un vacío en su criterio jurisdiccional que impidió la formación de convicción a momento de resolver equitativamente la presente causa.

De lo expuesto solicita que se case el Auto de Vista y se declare probada la demanda.

De la respuesta al recurso de casación.

De la revisión de obrados se puede establecer que la COMPAÑÍA COMERCIAL MINERA RICACRUZ LTDA, representada por Aldo F. Rojas Cáceres mediante memorial cursante de fs. 1222 a 1225 vta., responde al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:

Que el recurso de casación es una copia fiel del recurso de apelación por lo que no es viable en casación impugnar lo fundamentado en sentencia, ya que dicho  recurso es manifiestamente defectuoso siendo que en vez de cuestionar los fundamentos del auto de vista cuestiona la decisión de primera instancia, bajo el argumento de tres puntos que fueron desvirtuados en la contestación de la apelación.

Manifiesta que la parte contraria en su recurso de casación se limita a argumentar de manera pobre que el Tribunal de alzada ha quebrantado la ley a tiempo de su interpretación y aplicación, traducido en un error de hecho y de derecho en la apreciación de la prueba y para ello solicita se anulen obrados, sin embargo no fundamenta objetivamente el error de derecho y de hecho, es decir no identifica ni acusa de forma clara y especifica infracción legal alguna, menos aún toma en cuenta la uniforme línea jurisprudencial asumida por el Tribunal de casación respecto a los requisitos intrínsecos del recurso de casación.

Alegan que con referencia a la prueba, el recurrente en su escrito de impugnación simplemente se limita a cuestionar la aparente inobservancia de la valoración de la prueba, sin concretar o acusar si hubo error de hecho o de derecho sobre las mismas, es mas no especifica con claridad la individualización de la prueba a la que se refiere.

Por lo que solicita se declare improcedente o infundado el recurso de casación en el fondo y en la forma por no existir violación a la ley.



CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO


III.1. De los principios que rigen las nulidades procesales

Al respecto y teniendo presente al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica y detallada a algunos de los principios que regulan las nulidades procesales, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos los Nros. 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "...No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de Convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta maneraeste principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

De dichos principios y concordante con lo desarrollado en el anterior numeral, se deduce que los jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente  vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.

III.2. De la Congruencia en las Resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el  Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.

III.3. De la Motivación y Fundamentación.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación. 

1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 1 está enmarcado a observar que el Auto de Vista, vulnera la debida aplicación del art. 688 en relación a su similar 693 del abrogado Código de Procedimiento Civil, en sentido que la Empresa demandada una vez citada con la demanda voluntaria de rendición de cuentas, de manera contraria al procedimiento, contesta negativamente y opone excepciones (no pertinentes al proceso voluntario), de dicha actitud se advierte que jamás la empresa demandada acreditó, ni manifestó expresamente (dentro de plazo prudente), no estar obligada a rendir cuentas, por lo que la declaratoria de contención realizada por el A quo, mediante de fecha 12 de enero de 2016, es nula, máxime si se toma en cuenta que el demandando no manifestó expresamente su ánimo de declarar la contención de la presente causa, siendo además oficiosa dicha declaración de contención, además de ser ultra y extra petita, aspectos que no fueron tomados en cuenta  por el Tribunal Ad quem ya que se aferra a un criterio muy subjetivo de haber consentido dicho acto irregular por no haber sido reclamado oportunamente.  

Partiendo del citado antecedente y de la revisión de obrados se puede establecer de acuerdo a la doctrina desglosada en el punto III. 1, algunos de los principios que rigen a las nulidades procesales, los cuales nos ayudaran a dilucidar el presente reclamo son el Principio de Convalidación referido a que una persona que es parte del proceso puede convalidar un acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión), este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a este hecho en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad, principio que es concordante con el principio de preclusión también denominado principio de eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales de manera que deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia.

En ese contexto en el caso de autos debemos considerar que conforme lo manifiesta la recurrente mediante auto de  12 de enero de 2016 cursante a fs. 595, el Juez de instrucción 4to en lo Civil y Comercial declaró la contención del proceso de rendición de cuentas y dispuso la remisión de obrados originales por ante el juzgado de Partido de turno en lo Civil  a cuyo efecto el 20 de enero de 2016 conforme diligencia cursante a fs. 596 se notificó a la recurrente, quien por memorial cursante a fs. 601 se apersonó ante el juzgado Publico Quinto en lo civil y comercial, y solicitó se dé cumplimiento a la disposición transitoria Quinta parag. I inc. a) del Código Procesal Civil, no realizando en su oportunidad ningún tipo de observación u oposición sobre la declaración de contención realizada por el Juez de instrucción en lo civil, por lo que en base a los principios que rigen las nulidades procesales,  se tiene que esa etapa procesal no puede ser abierta nuevamente, habiendo precluido su derecho de impugnar, resultando inviable impugnar en casación causales que no fueron reclamadas oportunamente, en consecuencia el reclamo que trae la recurrente referente a que el juez A quo de manera oficiosa declaro la contención de la presente causa, no es causal de nulidad, motivo por el cual este Tribunal comparte el criterio emitido por el Tribunal de alzada en ese entendido es que su reclamo no tiene asidero legal haciendo inviable su análisis.

2.- Continuando con la dilucidación del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 2 está enmarcado a observar que el juez A quo como el Tribunal de alzada, no consideran la correcta aplicación del art. 365.II del Código Procesal Civil, ya que una vez señalada la audiencia preliminar, la recurrente no pudo comparecer por razones de fuerza mayor insuperables relacionada con su estado de salud, extremo que fue puesto en conocimiento por su abogado en audiencia solicitándose la suspensión de dicha audiencia y justificado de forma oportuna y documentada su inasistencia de forma posterior,; empero, el juez de instancia antes de suspender dicha audiencia, continuó con la celebración de la misma, permitiendo la intervención de los apoderados de la empresa demandada, contradiciendo lo establecido por el art. 365 del CPC, siendo nulos todos los actuados realizados en dicha audiencia al generarle indefensión.

Al respecto conforme se evidencia en obrados se tiene que por acta cursante de fs. 1124 a 1125 se llevó a cabo la audiencia preliminar, en la cual se encontraban ausentes la recurrente Jannet Rioja Valda en calidad de demandante, y Luis Miguel Mercado Rocabado en calidad de demandado, empero si se encontraban presentes sus abogados, a cuyo efecto después del informe de la secretaria de juzgado, intervino el abogado de la parte demandante quien indico que su patrocinada (la recurrente) no se presentó a la audiencia por que se encontraba delicada de salud, posteriormente el abogado de la parte demandada hizo su intervención indicando que él ya se apersono al proceso en calidad de apoderado y que tiene el poder adjunto en obrados, después de ambas intervenciones el juez A quo con la facultad conferida por el art. 365.II del Código Procesal Civil señalo nuevo día y hora de audiencia, ordenando que ambas partes  justifiquen su inasistencia, en el plazo de 3 días.

Continuamente vía reposición el abogado de la parte demandada solicitó al juez se revoque parte del auto que indica que ambas partes tienen que justificar su inasistencia tomando en cuenta que el demandado mediante su abogado, ya se apersono al proceso según memorial de 06 de marzo de 2014 en calidad de apoderados conforme al poder adjunto en obrados inscrito en FUNDEMPRESA en ese entendido el juez emitió un auto donde revoca la conminatoria para justificar la inasistencia de la parte demandada, toda vez que mediante el poder Nº 509/2016 cursante de fs. 670 a 673 vta., la Compañía Comercial Minera RICACRUZ otorga un poder en favor de Aldo Fimo Rojas Cáceres, y mantuvo subsistente la conminatoria respecto a la parte demandante siendo que ella sí tendría que justificar su inasistencia, conforme aconteció en el caso de autos, puesto que la demandante mediante memorial cursante de fs. 1128,  adjunto un certificado médico con el cual se dio por acreditada documentalmente su inasistencia y se dispuso la prosecución del proceso.

En ese contexto se puede evidenciar que no es evidente lo acusado por la recurrente siendo que como ya se dijo el juez de la causa aplicó correctamente el art. 365.II del Código Procesal Civil, suspendiendo la audiencia y señalando nuevo día y hora, ante la inasistencia de la parte demandante, quien posteriormente presentó memorial justificando dicha inasistencia, por cuanto se puede acreditar que no existió tal indefensión acusada, máxime si consideramos que en el memorial de justificación o en la audiencia posterior  la parte actora (recurrente) no hizo mención a dicho aspecto que ahora trae en casación, en ese entendido este tribunal establece que su reclamo no tiene asidero legal, motivo por el cual su reclamo deviene en infundado.

3.- De la revisión del recurso de casación se puede establecer que el reclamo formulado en el punto 3 está enmarcado a que se observó el poder notariado con el que intervinieron los apoderados del demandado, porque en dicho poder estaba la participación del abogado Aldo Fimo Rojas Cáceres, en la audiencia preliminar empero él no contaba con la suficiente potestad representativa para ello, toda vez que la persona colectiva demandada es RICACRUZ quien está compuesta por Isabel Argandoña y Luis Mercado Rocabado según los instrumentos legales que presenta de los cuales RICACRUZ otorga poder a Luis Miguel Mercado Rocabado quien se constituye en representante de la persona colectiva demandada, dicho representante de RICACRUZ otorga poder de representación para el juicio al abogado Rojas y otros, pero lo hace como representante de RICACRUZ y no específicamente como RICACRUZ por lo que tales abogados representan al representante legal de RICACRUZ  pero jamás representan a RICACRUZ, en ese entendido el Tribunal de alzada se conforma con indicar que dicho poder notariado es legal por el hecho de estar inscrito en el Registro de Comercio, como si ese hecho le daría validez y eficacia pertinente, ya que se debe cumplir con el voto formal del Código de Comercio cuando refiere a la otorgación de poderes por parte de los miembros del directorio de una sociedad comercial, misma que se relaciona con la exigencia de que todos los miembros que constituyen un directorio deben participar en el otorgamiento de un poder notariado especial y especifico a nombre de la sociedad, en consecuencia dicha actitud del Tribunal de alzada violatoria de la Ley Civil y Comercial hace su actuar nulo e irregular.

Sobre este reclamo y teniendo presente los fundamentos vertidos en el punto 3 tenemos a bien reiterar la doctrina desglosada en el punto III. 1, respecto a los principios que rigen a las nulidades procesales, los cuales nos ayudaran a responder el presente reclamo traído en casación, son el principio de convalidación referido a que toda nulidad en derecho procesal civil se convalida por el consentimiento, si la parte perjudicada ratifica el acto viciado expresa o tácitamente. Dicho principio tiene íntima relación con el de preclusión, que tiene lugar cuando las partes no ejercen en forma oportuna o legal los recaudos previstos por la ley adjetiva. Los procesos deben sustanciarse en forma ordenada, asi también las partes deben exponer sus reclamaciones dentro del tiempo y en la forma debida, esto por un elemental sentido de seguridad jurídica.

En ese contexto conforme el análisis del caso en concreto tenemos que la recurrente observa el poder emitido por Luis Miguel Mercado Rocabado, en favor del abogado Rojas y otros, manifestando que dicho poder no fue emitido por RICACRUZ en favor de los mencionados abogados, sino al contrario fue emitido por Luis Miguel Mercado Rocabado, además aduce que el Tribunal de alzada debió observar ese aspecto y no indicar que el poder está inscrito en el registro de comercio y en consecuencia es válido y eficaz, ya que el poder tendría que cumplir con lo indicado en el Código de Comercio respecto a la otorgación de poderes que debe ser realizado por todos los miembros de un directorio, por lo que dicho poder no debió hacerse valer en la audiencia preliminar, sin embargo de la revisión del presente caso tenemos que el poder que es observado por la recurrente no fue presentado en la audiencia preliminar, encontrándose en obrados conforme fotocopias legalizadas cursante de fs. 670 a 673 vta., presentado junto al memorial cursante de fs. 688 a 695 vta., donde Aldo Fimo Rojas Cáceres se apersonó al proceso y dicho apersonamiento fue aceptado por el Juez A quo, aspecto que no fue observado por la recurrente en su oportunidad, máxime si consideramos que de forma posterior a dicho apersonamiento la recurrente presentó varios memoriales y el proceso se desarrolló con normalidad, por lo que al no haberse opuesto al poder o haberlo observado a momento de su presentación, conforme a lo desarrollado en los principios que rigen las nulidades procesales,  se tiene que el acto procesal no puede ser abierto nuevamente, habiendo precluido su derecho de impugnar el poder, resultando inviable impugnar en casación causales que no fueron reclamadas oportunamente, en consecuencia el reclamo que trae la recurrente referente al poder con el cual se apersonaron los representantes de RICACRUZ, no tiene asidero legal motivo por el cual su reclamo deviene en infundado.

4. Del análisis del recurso de casación se tiene que el reclamo que se encuentra en el punto 4 esta enmarcado a observar que en el recurso de apelación se alegó que el juez A quo no valoró la prueba ni interpretó correctamente la ley contenida en los arts. 145, 186 del Código Procesal Civil  y por ende violó con ello lo previsto en el art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado en relación a los arts. 510 al 518 del Código Civil, cuando omitió aplicarlos a momento de interpretar el contrato base de la presente demanda aplicándolo de manera parcializada a favor del demandado, a cuya realidad se opone el juzgador de alzada con su incongruente e ilegal apreciación del agravio expuesto, cuando manifiesta que no se indicó ni especifico el articulado concreto del Código Civil generando con ello el juzgador de segunda instancia un vacío en su criterio jurisdiccional que impidió la formación de convicción a momento de resolver equitativamente la presente causa. 

Sobre el particular diremos que de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.2, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, toda vez que la resolución de segunda instancia, debe responder a la expresión de agravios, presentados por el apelante, en ese entendido de la revisión del presente proceso, se puede establecer, que el Auto de Vista resolvió aspectos que se encontraban en el recurso de apelación, específicamente sobre el reclamo que indica la recurrente en el cual  el auto de vista es incongruente y aprecio ilegalmente el agravio respecto a que el juez A quo no valoró la prueba ni interpreto correctamente la ley contenida en los arts. 145 y 186 del Código Procesal Civil en consecuencia violó lo previsto en el art. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado en relación a los arts. 510 y 518 del Código Civil cuando omitió aplicarlos a momento del contrato base de la demanda aplicándolo de manera parcializada a favor del demandado.

Al respecto el Tribunal de alzada expresó que en dicho reclamo no señala que cláusula contractual es acusada de mal interpretada y cuál es la interpretación judicial que se interpretó literalmente, también indica que en el reclamo no se precisó las razones argumentativas que hacen a la que considera cual debe ser la correcta interpretación de la verdadera común intención de las partes al contratar, ya que las medidas de las reglas de los arts. 510 a 518 del Código Civil, son generales y deben en lo especifico integrarse a cada contrato para determinar la intencionalidad subjetiva de las partes, dichas reglas fueron especificadas por la parte apelante quien concretizó adecuadamente cuales fueron las clausulas mal interpretadas y de qué manera según las reglas legales se vulneró la interpretación común de las partes con relación a lo resuelto, siendo que de modo general la recurrente alega que el juez no reconoció el cobro del 10 % de los ingresos por propaganda nacional que administró y se benefició la entidad demandada.

Así también el Tribunal de alzada indico que ese aspecto no es objeto de la demanda, que se resume en la obligación de rendir cuentas por el demandado y no así el cumplimiento de esa obligación en específico, habiendo el juez de instancia resuelto que tal obligación de rendir cuentas no está acreditada por exclusión del propio contrato de fs. 9 a 10 que en su cláusula tercera refiere a que la administración de la asociación accidental será “ dirigida por un directorio conformado por el igual de número de participantes de CIA COMERCIA MINERA RICACRUZ LTDA y de CANAL 15 LA CAPITAL debiendo adoptarse las decisiones que correspondan en reuniones de directorio cuyas determinaciones deberán ser estrictamente cumplidas”, como aspecto relevante que ha determinado la convicción judicial de no existir en la empresa demandada la obligación de rendir cuentas, por que tal rendición de acuerdo al contrato constitutivo de la asociación accidental se la encomienda no a uno de los asociados sino a un directorio que debe tener igual coparticipación de representantes de ambas empresas asociadas, como conclusión judicial que en si no ha sido apelada ameritando una falta evidente de agravio lo observado respecto al pago del 10 % de propaganda nacional en la medida que esa obligación no forma parte de la pretensión demandada y por lo mismo resulta irrelevante respecto a lo resuelto respecto a la carencia de obligación de rendir cuentas de la empresa demandada.


En ese contexto se puede establecer que el Tribunal de alzada resolvió el agravio presentado contra la sentencia, acusado por la recurrente infiriéndose que el Auto de Vista es congruente con el recurso de apelación, atendiendo a dicho reclamo formulado, no siendo evidente lo acusado por la recurrente, respecto a la supuesta incongruencia existente del auto de vista con el recurso de apelación y generando como consecuencia un vacío en el criterio jurisdiccional, toda vez que de la revisión del auto de vista impugnado se establece que de forma correcta indicó que los fundamentos del recurso de apelación no guardan una correcta argumentación jurídica con relación a como el juzgador tendría que interpretar la verdadera intención común de las partes, limitándose a manifestar que existió vulneración de los arts. 510 al 518 del Código Civil.  

Por lo que este Tribunal comparte el criterio emitido en el auto de vista recurrido en casación, máxime si consideramos que resolvió la situación jurídica, exponiendo los fundamentos que sustentaron su decisión, así también justificó jurídicamente los motivos que llevaron a que confirme la sentencia, en consecuencia actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso de autos, conforme lo manifestado en la doctrina desarrollada en el punto III.3, en ese entendido este tribunal establece que su reclamo deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no fueron analizadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1214 a 1219 vta., interpuesto por Empresa Chuquisaqueña XXI Comunicación Integral representado por Janet Rioja Valda; contra el Auto de Vista Nº SCCI-0133/2018 de 8 de mayo, cursante de fs. 1210 a 1212 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizú.