TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                        S A L A C I V I L



Auto Supremo: 97/2019

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: T 24 18 S

Partes: Pastora Durán Burgos. c/ Francisca Alejandro Martínez.

Proceso: Nulidad de Contrato. 

Distrito: Tarija.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 198 a 203, interpuesto por Pastora Durán Burgos contra el Auto de Vista Nº 73/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 190 a 193 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso ordinario de Nulidad de Contrato seguido por la recurrente contra Francisca Alejandro Martínez, Auto de concesión Nº 36/2018 de 7 de junio, cursante a fs. 210, Auto Supremo de admisión Nº 534/2018-RA de fs. 215 a 216 vta., todo lo inherente; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1.  Por memorial de demanda cursante de fs. 10 a 14, Pastora Durán Burgos, inició proceso sumario de nulidad de contrato; acción que fue dirigida contra Francisca Alejandro Martínez, quien una vez citada y emplazada, a través de memorial cursante de fs. 28 a 29, se apersonó, contestó en forma negativa, siendo que, por Auto de 13 de septiembre de 2014 cursante a fs. 44, se calificó el proceso como sumario de hecho y se abrió el plazo probatorio de 20 días; desarrollándose de esta manera el proceso hasta dictarse la Sentencia de 4 de enero de 2016, cursante de fs. 144 a 149, a través, del cual el Juez de Instrucción 5to., en lo Civil de la ciudad de Tarija declaró Improbada la demanda de fs. 10 a 14, con costas y costos.  

2. Resolución de primera instancia que al haber sido recurrida en apelación por Pastora Durán Burgos mediante memorial de fs. 150 a 153 vta., la Sala Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, emitió el Auto de Vista Nº 73/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 190 a 193 vta., por el cual Confirmó en todas sus partes la sentencia recurrida.

El Tribunal de segunda instancia absolvió el recurso de apelación bajo los siguientes argumentos; que en el caso de autos y revisada la sentencia impugnada, el A quo realizó un análisis respecto al contrato de anticresis y contrato de compra-venta suscrito entre Pastora Durán Burgos y Francisca Alejandro Martínez, sus alcances y sus efectos, la prueba testifical como la confesión judicial provocada a la parte demandante, llegando a la conclusión de que la demandante no demostró su pretensión, por lo que declaró improbada la demanda de fs. 10 a 14 por falta de prueba, el juez de primera instancia en la sentencia pronunciada fundamentó y motivó de manera detallada respecto a la pretensión de la parte demandante, respecto a las pretensiones contenidas en la demanda las mismas que son razonables y que tienen el respaldo legal expresado en la sentencia cuestionada, dando las razones jurídicas y fácticas por las cuales el juez de la causa declaró improbada la demanda de nulidad de contrato. En tal sentido no es evidente que el A quo incumplió con su deber de expresar las razones jurídicas que sustentaron su determinación.   

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN Y SU RESPUESTA

De las denuncias expuestas por la parte recurrente Pastora Durán Burgos, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, las siguientes:

En la forma.

1. Denunció que se transgredió los arts. 4 y 213 del Código Procesal Civil, 115.II y 117.I de la CPE., respecto al debido proceso, por la falta de motivación en la emisión de la sentencia y el Auto de Vista, como deber administrativo que demuestra que se trata de un acto reflexivo y no así un mero acto discrecional de la voluntad autoritaria.

2. Acusó que el Auto de Vista no fundamentó, ni motivó el fallo, en cuanto se refiere a los medios probatorios y los hechos controvertidos; pues, simplemente hizo una apreciación subjetiva y arribó a una conclusión personal, al respecto trae a colación la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 1020/2013 de 27 de junio.

En el fondo.

1. Refirió que se incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba instrumental de fs. 5 y vta., no se valoró correctamente el documento de anticresis, que aunque no haya sido protocolizado contiene las firmas originales de las partes. Las testificales de cargo fs. 61 a 62 b, no han sido valoradas ni contrastadas minuciosamente y sólo se aferra al documento denunciado de nulo. La confesión provocada de fs. 72 y vta, la demandada actuó dolosamente maquinando para que ella no pueda confesar, pese a encontrarse fuera del juzgado y lo hiciera mediante apoderada, asimismo maquinó para que el testigo Octavio Uribe no se presente a la audiencia. Aspectos que no se tomaron en cuenta por la autoridad al momento de su valoración, pues debió realizar un análisis exhaustivo para llegar a una conclusión lógica.

Petitorio.

Solicitó se case totalmente el Auto de Vista.

De la respuesta al recurso de casación.

La parte demandante solicitó se declare infundado el recurso de casación, confirmando la sentencia y Auto de Vista impugnados.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la motivación y fundamentación.

La Sentencia Constitucional Nº 0577/2012 de 20 de julio de 2012, determinó que la motivación de una Sentencia o cualquier otra resolución judicial se encuentra relacionada directamente con el derecho al debido proceso y tutela judicial efectiva y que la motivación no tiene que ser ampulosa sino puede ser breve, así lo dispone la señalada resolución constitucional: “En efecto, el deber de motivación de los fallos supone un elemento fundamental del debido proceso, conforme ha expresado la SC 0012/2006-R de 4 de enero, al indicar: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la Resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento…”

III.2. Sobre el principio de comunidad de la prueba.

Con relación al principio de comunidad de la prueba el Auto Supremo Nº 184/2015 de 11 de marzo, al referirse a los principios generales que rigen a las pruebas judiciales señaló: “…el principio de la unidad de la prueba”, que establece que el conjunto probatorio del proceso forma una unidad y como tal, debe ser examinado y merituado por el Órgano Jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, señalar sus concordancias, discordancias y concluir sobre el convencimiento global que se forme de ellas, es decir; que las pruebas deben ser apreciadas en forma conjunta de acuerdo al valor que les asigna la ley o a las reglas de la sana crítica. “Principio de la comunidad de la prueba”, establece que la prueba no pertenece a quien la suministra, es inadmisible pretender que esta favorezca a la parte que la alega al proceso, una vez incorporada legalmente al proceso, debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso al adversario”.

III.3. De la verdad material.

Sobre el aludido principio este Tribunal Supremo de Justicia orientó en sus diversos fallos como ser; Auto Supremo Nº 131/2016 que señaló: “…en este Estado Social, Constitucional de Derecho el rol que antes se le atribuía al Juez o Tribunal ha cambiado, pues, el proceso es un instrumento para que el Estado a través del Juez cumpla con su más alto fin, que es lograr la armonía social y la justicia material, ya que ahora los jueces y Tribunales deben estar comprometidos con la averiguación de la verdad material y la consolidación de la justicia material, interviniendo activa y equitativamente en el proceso, para lograr que la decisión de fondo esté fundada en la verdad real de los hechos (verdad material), pues hoy la producción de pruebas no es de iniciativa exclusiva de las partes, ya que el Juez tiene la posibilidad incluso más amplia de generar prueba de oficio que le revele la verdad material de los hechos, puesto que su actividad no está guiada por un interés privado de parte, como el de los contendientes quienes tiene su propia verdad, al contrario su interés al ser representante del Estado Social es público y busca el bienestar social, evitando así que el resultado del proceso sea producto de la sola técnica procesal o la verdad formal que las partes introducen al proceso, por lo que en conclusión, el Juez tiene la amplia facultad de decretar la producción de pruebas de oficio que considere necesarias y que resulta fiel expresión del principio de verdad material en procura de la justicia material, sobre los cuales se cimienta su nuevo rol de garante de derechos fundamentales.

En este entendido la averiguación de la verdad material resulta trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.”.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

En mérito al recurso de casación interpuesto, corresponde absolver los agravios planteados:

El recurrente a través de su recurso de casación denominado: “en la forma y en el fondo”, cuestiona la sentencia y el Auto de Vista, sin tomar en cuenta que la resolución de primera instancia al haber sido apelada, ya fue objeto de revisión y análisis por el Tribunal de Alzada; ante esa situación y siendo una copia del recurso de apelación, este Tribunal en observancia a la garantía de impugnación previsto en el art. 180.II de la CPE., y lo establecido en la SCP Nº 2210/2012 de 8 de noviembre, ingresa a considerar dicho recurso centrando su atención en el fallo de segunda instancia, sin que esto implique una limitante para revisar los demás actuados del proceso.

En la forma.

1. Respecto a la supuesta vulneración por la falta de motivación de las resoluciones de instancia, este Tribunal Supremo debe manifestar que el principio de verdad material se ha consagrado como uno de los principios de la justicia ordinaria plasmado en el art. 180.I de la CPE, asimismo el valor justicia es uno de los pilares del Estado y se encuentra consagrado por el art. 8.II de la CPE. Por otro lado y según la doctrina aplicable al presente caso descrita en el considerando III.1 la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En ese entendido y del examen del proceso, se tiene que la parte actora demandó nulidad del contrato de compra venta de un cuarto-habitación de 27 m2, ubicado en el interior del inmueble, en el Barrio Villa Avaroa, Avenida Mejillones, al amparo del art. 549 núm. 4) del Código Civil, por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. Por lo que el A quo producto del Auto de Vista de 12 de noviembre de 2015 de fs. 139 a 141 de obrados que anuló la Sentencia de fs. 117 a 118 vta., con el argumento de falta de fundamentación y motivación que justifique el decisorio arribado, pronunció la Sentencia de 4 de enero de 2016 cursante a fs. 144 a 149, donde efectuó una relación de los hechos, análisis, apreciación y valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme lo dispuesto por los arts. 1286 del Código Civil y 397 del Cuerpo Adjetivo Civil, máxime que el Juez de primera instancia motivó y fundamentó respecto a la pretensión de la parte demandante, dando las razones jurídicas y fácticas por las cuales declaró improbada la demanda de nulidad, confirmado por el Auto de Vista debidamente motivado y fundamentado. Por lo que el agravio de forma resulta ser infundado.

2. Respecto a que el Auto de Vista no fundamentó, ni motivó el fallo en cuanto se refiere a los medios probatorios y los hechos controvertidos, ya que simplemente hizo una apreciación subjetiva y arribó a una conclusión personal, el reclamo fue interpuesto también en el recurso de casación en el fondo, mismo que será analizado posteriormente.     

En el fondo.

1. El recurso de casación en el fondo va orientado a denunciar errónea apreciación de las pruebas aportadas al proceso. En ese entendido se pasa a continuación a realizar un examen de las mismas.

Con relación a la literal de fs. 5 y vta., referente a un documento privado de contrato de anticresis suscrito entre Pastora Durán Burgos y Francisca Alejandra Martínez, se debe precisar que para que el mismo tenga efectos legales, según lo establecido en el Código Civil en su art. 491 debe ser suscrito mediante documento público, registrado en Derechos Reales, por lo que, al ser un contrato privado no tiene valor legal. A contrario sensu de la documental de fs. 6 y 7, del cual se desprende un  contrato de compra venta de 9 de octubre de 2006, signada entre la parte actora y la demandada consistente en un cuarto-habitación, con una superficie de 27 m2 ubicado en el interior del inmueble del Barrio Villa Avaroa, Avenida Mejillones, por un precio libremente convenido de $us.800 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) con su respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública, el mismo tiene la eficacia probatoria que le asigna el art. 1297 del Código Civil, se tiene que el mismo constituye un acuerdo de voluntades de ambas partes, y conforme dispone el art. 519 del Código Civil debe cumplirse como si fuera ley entre las partes contratantes.

Ahora bien, de la interpretación del referido contrato efectuado por los suscribientes, se establece con meridiana claridad la cosa que se vende y el precio que se debe cancelar, consiguientemente y de acuerdo al art. 291 del mismo sustantivo civil, las partes tienen el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación adquirida.

De la misma forma al tratarse de un contrato de venta, la transferencia del cuarto-habitación se ha operado en el instante mismo en que los contratantes -vendedor y comprador- se pusieron de acuerdo en la cosa vendida y en el precio; es decir, la adquisición del dominio sobre el objeto de la venta se produjo con el consentimiento de los contratantes y el reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública que dio fe como funcionario público, cumpliendo con su obligación de manifestar a los sujetos contratantes los alcances del contrato a signar, verificar la identidad y capacidad de los interesados para realizar el acto jurídico, como es la obligación de la autoridad fedataria, garantizando a las partes la seguridad que tuvo el concerniente negocio jurídico. Por lo que el contrato se ejecutó de buena fe y obligan no sólo a lo que se ha expresado en ellos sino también a todos sus efectos conforme a su naturaleza y según la ley, como lo prescribe el art. 520 del Código Civil, habiendo concurrido en su formación los requisitos previstos por el art. 452 de la norma sustantiva civil.

Consiguientemente por lo expuesto supra la parte demandante no demostró la existencia del error esencial en la naturaleza y objeto del contrato para que se declare la nulidad conforme al art. 549 núm. 4) del Código Civil.

Referente a las declaraciones testificales de Pascuala Fernández de Castillo, Graciela Velásquez Tapia, Leidy Idania Leaño Fernández y Dayana Maribel Zúñiga Pereyra de fs. 61 a 62 B, las mismas no hacen referencia al error esencial, que incurrió la recurrente sobre la naturaleza del contrato, es decir, que al momento de la celebración del contrato la parte demandante haya tenido en su mente la celebración de un contrato distinto, ya que para invocar el núm. 4) del art. 549 del Código Civil, es preciso que no exista coincidencia de las partes respecto a la clase de contrato celebrado y que las partes hayan entrado en error sin ser inducidos. Por lo que las testificales no desvirtúan el documento de compra-venta de 9 de octubre de 2006.

Respecto a la confesión judicial de descargo de fs. 72 y vta., absuelta por Jeane Gisella Durán Alejandro en representación de la demandada, la misma fue debidamente motivada y fundamentada por el Auto de Vista Nº 73/2018 de fs. 190 vta. a 193 vta., en el considerando II, concluyendo que al amparo de los arts. 404 y 405 del Código de Procedimiento Civil, la confesión podrá realizarse por mandatario con poder notariado especial y explícito como aconteció en el presente caso de autos, por lo que el reclamo no tiene asidero legal.

Con relación al memorial presentado por el supuesto testigo Octavio Uribe Plaza, donde relató que fue él quien redactó el documento de anticresis, documento que constituiría principio de prueba que vincula todas las circunstancias y hechos expuestos en la demanda. De la revisión del proceso a fs. 97 a 98 se tiene el referido memorial donde Octavio Uribe Plaza, si bien, manifestó que fue su persona, fue quien, redactó el documento de anticresis, mismo que no incide en el contrato de venta, no es menos cierto que el aludido Licenciado en Derecho denunció que un funcionario de la FELCC, con mandamiento y una persona desconocida amenazaron a su persona a concurrir al Juzgado a efectos de prestar declaración como testigo, asimismo denunció actos de persecución, amenazas, amedrentamiento personal y vía telefónica por parte de la demandante Pastora Durán Burgos. Denunciando en definitiva que se violaron sus derechos reconocidos por la Ley Fundamental al no haber sido consultado para oficiar como testigo, ya que la testificación debe ser libre y voluntaria, solicitando que se le excluya de la lista de testigos del proceso. Por lo que la supuesta confesión que se cita de forma textual a continuación: “…mi persona es el que ha redactado el documento de anticresis”, misma que solo hace referencia de la existencia del documento, el cual si bien existe no desvirtúa el documento de 9 de octubre de 2006. Consiguientemente la denuncia de la recurrente que indicó que la parte contraria maquinó para que el testigo referido no se presente a la audiencia, no es adecuado a la realidad según la literal de fs. 97 a 98. Por lo que el reclamo no tiene asidero jurídico legal.  

Consiguientemente se dirá que las pruebas aportadas al presente proceso fueron valoradas de acuerdo al principio de verdad material y de la comunidad de la prueba según la doctrina aplicable al presente caso en el considerando III.2 y III.3, tomando en cuenta el documento de compra-venta de 9 de octubre de 2006 como elemento probatorio contundente para que los jueces de instancia acojan la demanda de nulidad de contrato.

De la contestación al recurso de casación.

La parte demandada señaló que el recurso debe ser declarado infundado. Se dirá que mediante Auto expreso se ha admitido el recurso de casación, tomando en cuenta la flexibilidad de criterios para considerar las acusaciones del recurrente, esto bajo orientación de la Sentencia Constitucional Nº 2210/2012 de 08 de noviembre. 

Por todas las consideraciones realizadas, corresponde emitir resolución para el recurso, conforme a lo previsto por el art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 198 a 203, interpuesto por Pastora Durán Burgos contra el Auto de Vista Nº 73/2018 de 2 de mayo, cursante de fs. 190 a 193 vta., pronunciado por la Sala Mixta Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. Con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado que contestó el recurso de casación, en la suma de Bs.1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Marco Ernesto Jaimes Molina.