TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                             S A L A   C I V I L 

       

Auto Supremo: 94/2019        

Fecha: 06 de febrero de 2019                

Expediente:        PT-9-18-S

Partes: Edmundo Edgar Arancibia Molina c/ Sulma Zulema Fernández Salazar.

Proceso: Nulidad de declaratoria de herederos ab intestato y de interdicto posesorio, cancelación de partidas en Derechos Reales emergentes de documentos anulados, reivindicación de bien inmueble y pago de daños y perjuicios.

Distrito: Potosí.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 295 a 306 vta., interpuesto por Sulma Zulema Fernández Salazar representada por Ronald Cossío Fernández, contra el Auto de Vista Nº 59/2018 de fecha 6 de abril, cursante de fs. 272 a 277, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, dentro del proceso ordinario de nulidad de declaratoria de herederos ab intestado y de interdicto posesorio, cancelación de partidas en Derechos Reales emergentes de documentos anulados, reivindicación de bien inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Edmundo Edgar Arancibia Molina contra la recurrente, la contestación al recurso que cursa de fs. 309 a 314; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 6 de junio de 2018 que cursa a fs. 314 vta.; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 521/2018-RA de 20 de junio que cursa de fs. 319 a 320 vta.; los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Edmundo Edgar Arancibia Molina por memorial de demanda que cursa de fs. 61 a 67 vta., inició demanda de nulidad de declaratoria de herederos ab intestato y de interdicto posesorio, cancelación de partidas en Derechos Reales emergentes de documentos anulados, reivindicación de bien inmueble y pago de daños y perjuicios; acción que fue interpuesta contra Sulma Zulema Fernández Salazar; quien una vez citada, por memorial de fs. 123 a 127 vta., contestó negativamente a la demanda e interpuso demanda reconvencional de usucapión decenal o extraordinaria; sin embargo como presentó dicho memorial de forma extemporánea esta fue declarada rebelde por Auto de fecha 4 de mayo de 2017 cursante a fs. 144 vta., que fue dejado sin efecto por Auto de fecha 10 de mayo de 2017 cursante a fs. 152 y vta.

Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Civil y Comercial 3 de la ciudad de Llallagua del Departamento de Potosí, mediante Sentencia Nº 31/2017 de fecha 23 de junio de 2017, cursante de fs. 217 a 225, declaró IMPROBADA la pretensión principal.

De igual forma, el juez de la causa, ante la solicitud de complementación de la sentencia que interpuso Sulma Zulema Fernández Salazar, pronunció el decreto de fecha 28 de junio de 2017 que cursa a fs. 229 vta., declarando “No ha lugar” a dicha solicitud.

2. Resoluciones que puestas en conocimiento de las partes, dio lugar a que Edmundo Edgar Arancibia Molina por memorial de fs. 234 a 240, y Sulma Zulema Fernández Salazar por memorial que cursa a fs. 242, interpusieran recurso de apelación el primero contra los fundamentos de la sentencia y la segunda contra el Auto Complementario.

3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil y Comercial del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, pronunció el Auto de Vista Nº 59/2018 de fecha 6 de abril que cursa de fs. 272 a 277, donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señalaron que efectivamente la parte demandante a tiempo de interponer la demanda habría acompañado prueba literal consistente en: Escritura Pública Nº 45/1921, por la cual se evidenciaría que Escolástica Vda. de Lozada, Juan Lozada y Eulalia L. de Zanabria transfirieron en favor de los esposos Rufino Arancibia y Claudina Blanco una casa y un canchón ubicado en el pueblo de Llallagua que mide 31 mts., por 35 mts., que fue registrado  en Derechos Reales bajo la Ptda. Nº 35, Folio 20, Libro Nº 16 de Propiedades “Bustillo” de fecha 26 de abril de 1929; Segundo Testimonio Nº 45/1921 en el que se habrían efectuado adiciones de apellidos maternos de los compradores Rufino Arancibia Andia y Claudina Blanco Sanabria y adición de superficie de 106 mts.2, además de adición de colindancias; Matriculación de propiedad; declaratoria de herederos a favor de Edmundo Edgar Arancibia Molina con relación a los bienes dejados al fallecimiento de Raymundo Arancibia Molina y de sus abuelos Rufino Arancibia Andia y Claudina Blanco Sanabria; Sentencia Nº 03/2012 por el que se condena a la demandada a tres años de reclusión por haberse demostrado el uso de instrumento falsificado (certificado de matrimonio). Medios probatorios que acreditarían la secuencia respectiva de registros del bien inmueble objeto de litis; sin embargo, observan que si bien de algún modo el Juez A quo consideró dicha documentación, empero no le habría otorgado el valor probatorio respecto a la pretensión formulada, toda vez que de manera confusa habría declarado probado ciertos aspectos, sin precisar coherentemente la eficacia legal del caso conforme a los arts. 1287 y 1289 del Código Civil, como tampoco habría efectuado un análisis congruente sobre los hechos que las literales citadas supra habrían demostrado con relación a las pretensiones, concluyendo en ese sentido que en el caso de autos existió una ausencia total de valoración ecuánime, toda vez que los documentos propuestos debieron tener una consideración de su contenido. Bajo ese razonamiento señalan que si bien en la demanda se hizo referencia y se cuestionó la declaratoria de herederos de la demandada, empero físicamente no existiría dicho documento en obrados, pues de manera referencial se habría adjuntando un documento en fotocopia simple, que originaría el derecho propietario respecto de la demandada, que al tener registro diferente al de los documentos presentados por el demandante, este hecho no tendría mayor relevancia.

Respecto a la acción reivindicatoria, señalan que en virtud a los documentos y Folios Reales de fs. 14 y 15, se habría acreditado que el demandante tiene inscrito a su nombre el bien inmueble de 106 mts,2, ubicado en la calle 10 de noviembre, extremo que no habría sido considerado por el Juez de la causa; en ese mismo entendido, señalan que la superficie que estaría detentando la demandada no está determinada correctamente.

De igual forma, dichas autoridades señalaron que si bien no se habría considerado el responde a la demanda y más propiamente la demanda reconvencional de usucapión, empero este hecho no habría impedido que la demandada asuma defensa en esas condiciones, por cuanto si habría participado de las audiencias preliminar y complementaria, como también en la inspección de visu, por lo que la parte demanda no habría vencido el juicio, ya que no habría respaldado ni desvirtuado la demanda incoada en los términos formulados, por cuanto vencer en juicio significaría otorgarle o reconocerle derechos, situación que habría acontecido. Con relación a la cancelación de inscripción en Derechos Reales sobre la parte asignada a Sulma Zulema Fernández, al no haberse presentado la declaratoria de heredera de la cual se pretendía la nulidad y posterior cancelación de inscripción, dedujeron que no existiría el objeto de la nulidad planteada, por lo que no existiría nada que considerar al respecto.

Finalmente los jueces de Alzada señalaron que no se habría hecho mayor énfasis con relación al tracto sucesivo, cuando en realidad correspondía al juez A quo considerar dicho extremo a fin de sustentar la determinación a la que arribó, pues al omitir realizar dicho análisis, afirmando que no habría antecedente dominial, habría ocasionado que no se aclare, ni se aprecie los documentos adjuntos a la demanda; omisión que habría generado la vulneración de lo dispuesto en el D.S. Nº 27957 que se refiere a las transmisiones y registros insertos en el folio real que permiten establecer a cabalidad el tracto sucesivo para establecer la titularidad del derecho propietario, que en el caso de autos sería el demandante.

Por lo expuesto el Tribunal de Alzada citado supra REVOCÓ la sentencia apelada y en su mérito declaró probada la demanda de reivindicación, disponiendo que en ejecución de sentencia la demandada restituya el bien inmueble de la Avenida 10 de noviembre Nº 41 de la ciudad de Llallagua que se encuentra matriculada bajo el Folio Real 5.02.3.01.0004981, plazo que será otorgado por el juez de la causa bajo conminatoria de disponerse el desapoderamiento. Manteniendo en lo demás incólume la sentencia. Sin costas por la revocatoria.

4. Fallo de segunda instancia, que puesta en conocimiento de las partes, ameritó que Sulma Zulema Fernández Salazar representada por Ronald Cossío Fernández, interponga recurso de casación, el cual se pasa a analizar:

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Después de hacer referencia a los documentos adjuntos por la parte demandante en calidad de prueba documental preconstituida, denunció que la declaratoria de herederos interpuesto por Edmundo y Edgar Arancibia Molina a la muerte de su madre Francisca Molina, habría sido efectuado con relación a otro bien inmueble, por lo que no habría constancia de la existencia de ningún derecho sucesorio del demandante con relación a Raimundo Arancibia Blanco sobre el bien inmueble objeto de litis, concluyendo de esta manera que la parte demandante carece de legitimación activa y de obrar por haber interpuesto acción reivindicatoria sobre un bien inmueble distinto al derecho sucesorio a la muerte de su madre, ya que este se encuentra inscrito en otro antecedente dominial (Ptda. 92, Folio 21 vta., Libro 16 de 21 de mayo de 1990).

2. De conformidad a lo dispuesto en el art. 1567 del Código Civil, aduce que en el presente caso, al haber acreditado el mismo demandante que sus abuelos Rufino Arancibia Andia y Claudina Blanco Sanabria, así como su padre Raimundo Arancibia Blanco habrían fallecido antes de la vigencia del actual Código Civil que data de 2 de abril de 1976; las pruebas aportadas por la parte demandante debieron ser aplicadas, valoradas e interpretadas con relación a los trámites de declaratoria de herederos descritas en el anterior Código Civil, de 1834, toda vez que la adquisición del derecho propietario por sucesión hereditaria habrían operado según y conforme a las disposiciones del Código Civil y demás leyes anteriores a la vigencia del actual Sustantivo Civil.

3. Acusa que en la acción reivindicatoria que interpuso la parte actora, que darían cuenta de la existencia del derecho de propiedad por efecto de la sucesión hereditaria, también debió aplicarse el anterior Código Civil, y no el actual como ocurrió en el caso de autos, extremo que habría ocasionado la vulneración de los arts. 122 y 123 de la CPE, y del debido proceso en sus elementos de legalidad, seguridad jurídica y derecho a la defensa, razón por la cual el Auto de Vista sería nulo. Extremos que habrían sido advertidos en su memorial de contestación al recurso de apelación, empero el Tribunal de Alzada no se habría referido a los mismos.

Por lo expuesto concluye que al haberse revocado en parte la sentencia de primera instancia y declararse probada la reivindicación interpuesta por la parte demandante aplicando normas del actual CC se habrían vulnerado normas constitucionales previstas en los arts. 13.IV, 56, 115, 119, 121 y 123.

4. Denuncia que al no haberse dado curso ni declarado probada las pretensiones del demandante con relación a la nulidad de declaratoria de herederos, nulidad del interdicto posesorio, cancelación en el registro de Derechos Reales, como tampoco se habría acreditado la existencia de fraude procesal y por tanto se mantendrían vigentes dichos actos, el Tribunal Ad quem no podría haber declarado probada la reivindicación.

5. Acusa la errónea aplicación de los arts. 1453.I y 105.II del Código Civil, con relación  a los arts. 1456, 1457 y 1458 del Código Civil, en razón a que el Tribunal de Alzada habría declarado probada la demanda reivindicatoria sin considerar que el demandante Edgar Edmundo Arancibia Molina juntamente con su hermano Freddy Arancibia Molina a la muerte y en representación de sus padres Raymundo Arancibia Blanco y Francisca Molina y a la muerte de sus abuelos paternos Rufino Arancibia Andia y Claudina Blanco Sanabria habrían adquirido el derecho de propiedad del inmueble ubicado en la Av. 10 de Noviembre Nº 41 de la ciudad de Llallagua que se encuentra registrado bajo la Ptda 354, Folio 20, Libro 16 de fecha 16 de abril de 1929 con Folio Real Nº 5.02.3.01.0004981 de 16 de mayo de 2016, sin identificar límites ni colindancias como herederos universales por sucesión hereditaria ab intestado, cuestionando el derecho sucesorio de la demandada, ahora recurrente, que habría adquirido  por sucesión hereditaria a la muerte de su esposo René Arancibia Torrez que resulta ser primo hermano del demandante, sucesión que es cuestionada por existir una sentencia condenatoria ejecutoriada por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado del certificado de matrimonio civil, en virtud al cual se habría hecho declarar heredera al fallecimiento de su esposo, logrando adquirir la posesión a través de un interdicto de adquirir la posesión y logrando inscribir su derecho en el registro de Derechos Reales en dos oportunidades, la primera en la Pdta. 37, folio 19 del Libro 16 de 24 de abril de 1986 y la segunda bajo la Ptda. Nº 35, folio 19 del Libro 16 de 26 de abril de 1929, donde también el demandante tendría inscrito su declaratoria de herederos.

Sin embargo, el Tribunal de Alzada realizando una interpretación errónea de los arts. 1453.I y 105.II del Código Civil, según la relación de hechos y la pretensión del demandante, no habría considerado que el demandante adquirió el derecho propietario por sucesión hereditaria en representación de sus padres Raymundo Arancibia y Francisca Molina a la muerte de sus abuelos Rufino Arancibia y Claudina Blanco, como tampoco habría considerado que el actor invoca la acción en su calidad de sucesor universal y que por tanto el bien que reclama pertenece al acervo hereditario y que está en poder de terceros, así como el hecho de que la ahora recurrente también habría adquirido el inmueble por sucesión universal a la muerte de su esposo; empero como los jueces de instancia confirmaron la sentencia de primera instancia respecto a la decisión de declarar improbada las pretensiones de nulidad de declaratoria de herederos, nulidad de interdicto de adquirir la posesión y cancelación de partida de registro en Derechos Reales, habría dejado latente el derecho sucesorio de la recurrente y por ende las inscripciones que esta habría realizado en Derechos Reales.

6. Denuncia que se habría declarado ilegalmente la reivindicación, pues no se habría considerado ni discutido el mejor derecho propietario entre el demandante y la recurrente, toda vez que la posesión de esta última provendría del derecho propietario que adquirió en su calidad de sucesora universal a la muerte de su esposo René Arancibia Torrez que resultaría ser el heredero legal de Rufino Arancibia y Claudina Blanco, derecho que al mantenerse latente por decisión de los jueces de instancia que declararon improbada la demanda de nulidad de declaratoria de herederos debió analizarse quien tiene mejor derecho.

En virtud a dichos reclamos solicita se case el Auto de Vista recurrido o en su defecto se anule dicha resolución.

De la respuesta a los recursos de casación.

Edmundo Edgar Arancibia Molina, por memorial que cursa de fs. 309 a 314, contesta al recurso de casación bajo los siguientes fundamentos:

En virtud a estas consideraciones solicita que se declare improcedente el recurso de casación de la parte demandada.

En razón a dichos antecedentes diremos que:

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

En mérito a la resolución a dictarse, corresponde desarrollar la doctrina aplicable.

III.1. De la aplicación del Código Civil Santa Cruz.

En lo concerniente a este punto, es importante señalar que este Tribunal Supremo de Justicia, en estricta aplicación de los principios constitucionales que rigen la jurisdicción ordinaria, como el de celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez, moduló el razonamiento asumido por la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentido de que no corresponde anular obrados (error procedimental) por una supuesta infracción de la Ley sustantiva como es el art. 1567 del Código Civil. En esa lógica es menester citar el Auto Supremo Nº  203/2015 de fecha 26 de marzo, que al respectó razonó lo siguiente: En el Segundo Punto del recurso acusan la violación del art. 1567 del Código Civil manifestando que el reconocimiento de derecho propietario en base a la Escritura Pública del 26 de noviembre de 1959 y la nulidad de documento de compra-venta de agosto de 1973 pretendido a través de la demanda reconvencional, debió haber sido dilucidada de acuerdo al Código Civil abrogado (Código Santa Cruz) y no con la legislación vigente, lo que daría lugar a la nulidad absoluta de todo el proceso; las disposiciones legales del Código Civil así como el art. 1567 del mismo cuerpo legal que se acusa de infringido, se tratan de normas de carácter sustantivo y no de orden procesal para disponer la nulidad del proceso, toda vez que este último aspecto solo puede darse por infracción de normas procesales y no así por inobservancia de disposiciones legales de naturaleza sustantiva, correspondiendo en todo caso este último ser acusado en recurso de casación en el fondo.

Si bien la ex tinta Corte Suprema de Justicia influida por el aspecto formal del Código adjetivo civil, en casos similares al presente solía anular los procesos como lo afirman los recurrentes al citar el A.S. Nº 089/2001; sin embargo debe tenerse presente que en la actualidad estamos ante una nueva Constitución Política del Estado que establece principios específicos que rigen la administración de justicia previstos en los arts. 178.I y 180.I, entre estos se destacan los principios de celeridad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, etc., mismos que obligan a impartir justicia material; dentro de ese contexto esta misma Sala del Tribunal Supremo de Justicia ha realizado la interpretación de las leyes sustantivas y procesales partiendo desde los principios y valores constitucionales que orientan la administración de justicia, modulando en muchos casos la línea jurisprudencial trazada por la Ex Corte Suprema de Justicia como dispone el art. 42.I num. 3) de la Ley 025.

Dentro de ese contexto, no corresponde anular todo un proceso por una supuesta infracción a la ley sustantiva (art. 1567 C.C.) como señalan los recurrentes; debiendo en todo caso tenerse en cuenta al momento de resolver un determinado asunto, el principio de iuria novi curia, conforme al mismo son las partes las que brindan los hechos, correspondiendo al Juez aplicar el derecho al caso concreto; por las razones expuestas, el reclamo respecto a este punto también deviene en infundado.”(El resaltado nos pertenece).

III.2. De los requisitos de la acción reivindicatoria.

Al respecto, corresponde precisar lo que el art. 1453 del Sustantivo Civil establece: “I. El propietario que ha perdido la posesión de una cosa puede reivindicarla de quien la posee o la detenta”, de lo señalado se deduce que la reivindicación al ser una acción real, tiene como objetivo la defensa de la propiedad y la respectiva posesión que emerge de ella, motivo por el cual, está dirigida contra aquella persona que tenga la posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título que le faculte para la posesión.

En ese entendido y toda vez que lo que se pretende recuperar con esta acción es la posesión de la cosa, ya el autor Arturo Alessandri R. en su libro Tratado de los Derechos Reales, Tomo II, pág. 257, señaló que: “Por la acción reivindicatoria el actor no pretende que se declare su derecho de dominio, puesto que afirma tenerlo sino que demanda la restitución de la cosa a su poder por el que la posee.”; en base a lo expuesto, resulta pertinente señalar que quien interponga dicha acción debe cumplir con ciertos requisitos que hacen procedente a la misma, que a decir del autor Alexander Rioja Bermúdez en su artículo “Mejor Derecho de Propiedad y Reivindicación”, son tres: “1. El derecho de dominio de quien se pretende dueño; 2. La determinación de la cosa que se pretende reivindicar y; 3. La posesión de la cosa por el demandado”.

Concordante con lo expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en el Auto Supremo Nº 556/2014 de 03 de octubre, razonó lo siguiente: “En cuanto a que existiría violación, interpretación errónea o aplicación indebida del art. 1453 del CPC, ya que no se habrían cumplido los requisitos esenciales para la reivindicación en  favor de Cirilo Aguilar Carazani, ya que en su calidad de heredero forzoso de Pedro Aguilar nunca habría poseído el inmueble en cuestión y por consiguiente tampoco habría sido despojado de la posesión material; al respecto es preciso mencionar que la reivindicación, está definida como la acción real que le asiste al propietario "no poseedor" frente al poseedor "no propietario", conforme señala el art. 1453 del CC, el Juez deberá determinar la reivindicación de la cosa de quien la posee o detenta, ya que la acreditación del derecho propietario conlleva la "posesión" emergente del derecho mismo, consiguientemente no necesariamente se debe estar en posesión corporal o natural del bien, habida cuenta que el propietario tiene siempre la "posesión civil".” (Lo subrayado es nuestro).

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos los fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales que sustentarán la presente resolución, corresponde a continuación dar respuesta a los reclamos  denunciados en el recurso de casación de fs. 295 a 306 vta., que fue interpuesto por la parte demandada Sulma Zulema Fernández Salazar.

1. En este primer acápite, acusa la carencia de legitimación activa y de obrar de la parte demandante por haber interpuesto acción reivindicatoria sobre un bien inmueble distinto al adquirido por sucesión hereditaria a la muerte de su madre, toda vez que dicho derecho se encontraría inscrito en otro antecedente dominial que es la Ptda. 92, Folio 21 vta., Libro 16 de fecha 21 de mayo de 1990.

En virtud al reclamo acusado, y con la finalidad de dar una respuesta clara y precisa, resulta pertinente realizar las siguientes consideraciones:

Del mismo modo, señaló que mediante trámite judicial, logró la declaratoria de herederos ab intestado de Rufino Arancibia y Claudina Blanco Sanabria, por derecho de representación respecto de su padre Raimundo Arancibia Blanco, por lo que su persona resultaría legítimo propietario del bien inmueble, acreditando de esta manera su participación como sujeto activo en la presente causa.

De estas consideraciones, se infiere que contrariamente a lo acusado por la recurrente, el demandante acreditó con prueba idónea su legitimación en la presente causa, toda vez que el bien inmueble objeto de litis al encontrarse inscrito a su nombre en el registro de Derechos Reales, este se convierte en público y por ende en oponible frente a terceros; sin embargo, si bien es cierto que entre las pruebas documentales que tienen la calidad pre constituidas, también adjuntó el demandante el Testimonio de declaratoria de herederos que cursa de fs. 22 a 24 vta., que demuestra que éste tramitó junto a su hermano Freddy Arancibia Molina la declaratoria de herederos a la muerte de su madre Francisca Molina Vda. de Arancibia, en virtud al cual fueron declarados herederos forzosos ab intestato de todos los bienes, acciones y derechos yacentes de la que en vida fue su progenitora, derecho sucesorio que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales bajo la Partida Nº 42, Folio Nº 21, Libro Nº 16 de fecha 21 de mayo de 1990; empero, esta prueba no puede desvirtuar la legitimación activa que ostenta el demandante sobre el bien inmueble objeto de litis que se encuentra ubicado en la Avenida 10 de noviembre Nº 41 de la ciudad de Llallagua, toda vez que entre los fundamentos que sustentan su demanda, en ningún momento el actor principal refirió que pretende reivindicar el bien inmueble que adquirió por sucesión hereditaria a la muerte de su madre o sobre el bien inmueble que se encuentra registrado en la Ptda. 42, Folio 21 vta., Libro 16 de 21 de mayo de 1990, pues fue bastante claro al señalar que el bien inmueble objeto de litis fue adquirido por sus abuelos paternos, sobre el cual adquirió derecho propietario en virtud a la sucesión hereditaria por representación al fallecimiento de su padre, razón por la cual el reclamo acusado en este punto no resulta evidente.

2. Sobre el reclamo referido al hecho de que las pruebas aportadas por la parte demandante debieron ser aplicadas, valoradas e interpretadas con relación a los trámites de declaratoria de herederos descritas en el anterior Código Civil de 1834, toda vez que la adquisición del derecho propietario por sucesión hereditaria habría operado según y conforme a las disposiciones del Código Civil, y demás leyes anteriores a la vigencia del actual Sustantivo Civil.

En lo que concierne a este reclamo, y rectificándonos en los fundamentos expuestos en el punto III.1 de la doctrina aplicable al caso de autos, debemos señalar que si bien el art. 1567 del actual Código Civil señala que los contratos y actos jurídicos celebrados de acuerdo a las disposiciones del Código Civil, y demás leyes anteriores a la vigencia de ese Código, se regirán por ellas; empero no se debe confundir la norma sustantiva con la adjetiva o procesal, toda vez que entre estas existen características específicas que las diferencian entre sí, como el hecho de que la acción y la relación procesal se regulan por la ley procesal del tiempo en el cual se forma el proceso. En ese contexto, no resulta lógico el pedido de la recurrente en sentido de que las pruebas de cargo, específicamente la declaratoria de herederos, sean valoradas e interpretadas conforme a los trámites de declaratoria de herederos descritas en el anterior Código Civil de 1834¸ cuando en realidad estos trámites, que fueron realizados por el demandante para acreditar su derecho propietario sobre el bien inmueble objeto de litis y por ende su legitimación activa en la presente causa, si bien se llevaron a cabo respecto a personas que fallecieron en los años 1927, 1964 y 1969, empero, el trámite como tal fue realizado en vigencia del actual Código Civil, por lo que no existe vulneración alguna del art. 1567 del Sustantivo Civil.

3. Como otro reclamo, la demandada en su calidad de recurrente denuncia que el Auto de Vista objeto de casación sería nulo, toda vez que considera que la acción reivindicatoria que fue interpuesta por el demandante debió regirse de acuerdo a lo dispuesto en el anterior Código Civil, y no así conforme a lo dispuesto por el actual Sustantivo Civil.

En virtud a lo reclamado, corresponde una vez más remitirnos a los fundamentos expuestos en el punto III.1. de la doctrina aplicable al presente caso, donde se dejó esclarecido que la nulidad de obrados sólo procede ante irregularidades o infracción de normas procesales y no así por violación de normas legales de carácter sustantivo, razón por la cual el solicitar la nulidad de obrados por infracción de una norma sustantiva no resulta procedente, máxime cuando la jurisdicción ordinaria se rige por principios como el de celeridad, eficacia, inmediatez, que entre otros, obligan a los Jueces y Tribunales a realizar una interpretación de las normas sustantivas y adjetivas, desde y conforme los valores constitucionales, tomando en cuenta además el principio iura novit curia, en virtud al cual las partes otorgan los hechos y el juez aplica el derecho al caso concreto.

Bajo esas consideraciones, el reclamo denunciado en este apartado deviene en infundado, no solo porque la nulidad de obrados no procede ante la vulneración de normas sustantivas, sino también, porque el derecho propietario que ostenta el demandante, independientemente de la sucesión hereditaria que dio origen a la misma y que fue tramitada en vigencia del Código Civil actual, fue registrada en Derechos Reales en fecha 16 de mayo de 2016, momento a partir del cual su derecho se hizo oponible frente a terceros; razones por las cuales la vulneración de los arts. 13.IV, 56, 115, 119, 121 y 123 de la CPE, no resultan evidentes.

4. En este acápite, corresponde referirnos a los extremos argüidos en los numerales 4, 5 y 6 del recurso de casación, donde la recurrente cuestiona la procedencia de la acción reivindicatoria que fue dispuesta en segunda instancia, toda vez que considera que el Tribunal de Alzada al no haber dado curso ni declarado probada la nulidad de declaratoria de herederos ni el interdicto posesorio, como tampoco dio curso a la cancelación del registro en Derechos Reales, no podría haber declarado probada la acción reivindicatoria, ya que dichos actos se mantendrían vigentes, es decir que se encontraría subsistente el derecho propietario de la demandada que habría adquirido por sucesión a la muerte de su esposo René Arancibia Torrez, derecho que habría registrado en Derechos Reales en dos oportunidades, la primera en la Pdta. 37, folio 19 del Libro 16 de 24 de abril de 1986 y la segunda bajo la Ptda. Nº 35, folio 19 del Libro 16 de 26 de abril de 1929, donde también el demandante tendría inscrito su declaratoria de herederos; sin embargo los jueces de segunda instancia, en franca vulneración de los arts. 1453.I y 105.II del Código Civil, no habrían considerado que al mantenerse vigente su derecho debió analizarse quien tendría mejor derecho propietario.

Respecto a lo acusado, debemos señalar que tal y como se desarrolló en el punto III.2. de la doctrina aplicable al caso de autos, al ser la acción reivindicatoria una acción real de defensa del derecho de propiedad y por ende de la posesión que emerge del mismo, es que está dirigida contra aquella persona que se encuentra en posesión de la cosa sin ostentar ningún derecho o título (art. 1453 del CC); en ese entendido, quien pretenda recuperar la posesión a través de esta acción, debe necesariamente cumplir con tres requisitos que establecen la procedencia de dicha acción, por lo tanto, amerita que a continuación se verifique si en el caso de Autos la parte actora cumplió o no con estos presupuestos.

En ese entendido, en lo que respecta a este tercer requisito de procedencia de la acción reivindicatoria, se infiere que la demandada se encuentra ocupando el bien inmueble objeto de litis en calidad de poseedora; empero, en caso de que lo ahora alegado sea evidente, es decir que la recurrente ostenta algún derecho sobre la casa, tiene la vía llamada por ley para hacer valer el mismo, pues al no existir en el presente caso prueba alguna que demuestre que ésta tiene derecho sobre el bien inmueble, no resulta lógico que se dilucide previamente cuál de las dos partes tiene mejor derecho, ya que para que eso ocurra en obrados debe existir prueba suficiente que permita hacer dicho análisis y no simples alegaciones sin prueba de respaldo.

De lo expuesto, se deduce que el demandante Edmundo Edgar Arancibia Molina, al haber cumplido con todos los requisitos que hacen procedente la acción reivindicatoria, el Tribunal de Alzada correctamente revocó en forma parcial la decisión de primera instancia y declaró probada la reivindicación, no existiendo en consecuencia vulneración alguna de los arts. 1453. I y 105.II del Código Civil, con relación  a los arts. 1456, 1457 y 1458 del mismo compilado civil, pues si bien mantuvo improbada la pretensión de nulidad de la declaratoria de heredera de la recurrente con relación a su esposo, así como la interdicción posesoria y no ordenó la cancelación del registro que ésta realizó en Derechos Reales; empero esta determinación, como ya se dijo supra, en nada perjudica a la recurrente, en principio porque en el presente caso ninguno de los sujetos procesales (demandante y demandada) presentaron dichos documentos, y segundo porque el derecho que supuestamente tendría la recurrente sobre el bien inmueble no se encuentra inscrito en ninguno de los asientos de titularidad sobre el dominio de la matrícula computarizada Nº 5.02.3.01.0004981, donde se halla registrado únicamente el derecho propietario que tiene el demandante por sucesión hereditaria a la muerte de su padre y abuelos paternos.

Por todo lo expuesto, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación fueron debidamente desvirtuadas, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia fallar en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 295 a 306 vta., interpuesto por Sulma Zulema Fernández Salazar representada por Ronald Cossío Fernández, contra el Auto de Vista Nº 59/2018 de fecha 6 de abril, cursante de fs. 272 a 277, pronunciado por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Con costas y costos.

Se regula los honorarios del Abogado profesional de la parte actora en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berríos Albizu.