TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 87/2019

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: SC-71-18-S

Partes: Irineo Campos Valdez c/ Isidro Amador Barro.

Proceso: Mejor derecho de propiedad y entrega de bien inmueble. 

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 308 a 313, interpuesto por Irineo Campos Valdez contra el Auto de Vista Nº 42/2018, pronunciado el 08 de febrero (fs. 304 a 306) por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho de propiedad y entrega de bien inmueble seguido por el recurrente contra Isidro Amador Barro; la respuesta de fs. 316 a 317, la concesión del recurso de fs. 318; el Auto Supremo de Admisión N° 531/2018-RA de 26 de junio de fs. 324 a 325 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Irineo Campos Valdez, al amparo de los arts. 86 y 1545 del Código Civil, y 56.I de la Constitución Política del Estado, planteó demanda ordinaria de mejor derecho de propiedad y entrega de bien inmueble bajo alternativa de desapoderamiento, con costas y daños y perjuicios, bajo los siguientes argumentos: Refiere, a) Ser propietario del terreno ubicado en la UV-144, Manzana 32, Lote Nº 19 de 367,20 m2, registrado en Derechos Reales bajo Matrícula 7012010015309; b) Isidro Amador Barro, aprovechando su condición de militar se introdujo a su propiedad falseando y utilizando documentos fraguados; y c) El demandado, a sabiendas de su derecho propietario, suscribió documento de transferencia con Lorgio Paz, a quien inició proceso penal sin poder recuperar su terreno (fs. 59 a 60 y 81). 

Isidro Amador Barro, interponiendo excepciones previas, responde y reconviene por usucapión, señalando: a) La existencia de denuncia y querella presentada al Ministerio Público en contra de Lorgio Vaca Paz, Lolita Daures Flores e Isidro Amador Barro, por los delitos de estelionato, falsedad material e ideológica, querella y denuncia que no habría prosperado por falta de pruebas; b) Por demanda de interdicto de recobrar la posesión, tampoco se habría demostrado la posesión sobre el terreno motivo de litis, y menos la perturbación quieta y pacífica; c) La demanda de reivindicación, desocupación y entrega de lote, fue declarada improbada, fallo confirmado por Auto de vista; d) Añade, que en esta cuarta demanda, no se demuestra cuáles son los motivos y/o los argumentos por los cuales cree que su derecho es el mejor.

Asimismo, opone excepción perentoria de prescripción, manifestando que según la documentación del demandante, su derecho propietario fue inscrito en Derechos Reales en fecha 31 de octubre 1985, siendo claro que el derecho del demandante ha prescrito pues nunca fue ejercido y al no hacerlo no cumplió la función social que manda la constitución y leyes civiles.

Reconviene por usucapión, reiterando los fundamentos de su excepción de prescripción, al estar en ocupación del inmueble desde el año de 1995 a la fecha, lo que acredita con las construcciones, y la instalación de los servicios básicos. (fs. 108 a 110). 

2. Asumida la competencia por el Juez Público en lo Civil y Comercial Nº 14, se pronuncia la Sentencia Nº 042/2017 de 14 de agosto (fs. 225 a 232), declarando PROBADA la demanda en cuanto a la entrega del inmueble, e IMPROBADA en cuanto al mejor derecho y los daños y perjuicios, disponiendo: 1) La entrega del inmueble objeto de litis en el plazo de 10 días, a su propietario Irineo Campos Valdez, bajo prevenciones de su desapoderamiento; y 2) Previa entrega o desapoderamiento, el demandante Irineo Campos Valdéz deberá pagar las mejoras necesarias del inmueble observadas en inspección judicial, que se tasaran en ejecución de sentencia.

De igual forma, se declaran IMPROBADAS la excepción de prescripción y la demanda reconvencional por usucapión.

3. Impugnada la resolución de primera instancia, el Tribunal de Apelación por Auto de Vista Nº 42/2018 de 08 de febrero (fs. 304 a 306), resuelve REVOCAR la Sentencia, declarando IMPROBADA la demanda de mejor derecho en todas sus partes y PROBADA la demanda reconvencional de usucapión, bajo los siguientes fundamentos:

a) Que si bien es cierto que el art. 1506 del CC establece que por efecto de la interrupción se inicia un nuevo periodo de la prescripción quedando sin efecto el transcurrido anteriormente; empero, el art. 1504 inc. 3) del mismo Código, establece que la prescripción no se interrumpe si el demandado es absuelto de la demanda, en este entendido, la interrupción mediante acción judicial que se hubiera realizado a Isidro Amador Barro, resulta ineficaz si la acción judicial ha sido desestimada.

b) Conforme a lo determinado por el art. 1504 inc. 3) del CC, la demanda de acción reivindicatoria presentada por Irineo Campos Valdez contra Isidro Amador Barro ha sido desestimada mediante el AS Nº 624 de 04 de diciembre de 2013; tampoco cursa en obrados sentencia ejecutoriada condenatoria contra Isidro Amador Barro que acredite la procedencia de la denuncia y querella por los delitos de falsedad material e Ideológica; menos prueba documental que acredite que se hubiera declarado probada la demanda de Interdicto de recobrar la posesión, de donde se concluye que las acciones judiciales interpuestas no producen el efecto de interrupción de la prescripción.

c) En lo referente al argumento del A quo, en el sentido de que el ingreso de la posesión de Isidro Amador Barro no hubiera sido de pacífica, dicho aspecto no sería evidente, pues el demandado a través del acta de audiencia de inspección judicial, no afirma haber ingresado al inmueble objeto de la litis a través de la figura del loteamiento o avasallamiento, sino por la compra de dicho inmueble pagando el valor de la construcción, bajo ese entendido, su ingreso al inmueble es de carácter pacífico, no pudiendo atribuirse un actuar ilícito realizado por una tercera persona.

d) Isidro Amador Barro cumple con los presupuestos normados por los arts. 110 y 138 del CC, pues las certificaciones de CRE Ltda., y SAGUAPAC Ltda., acreditan que el mismo tiene una posesión pacifica, pública y continuada de más de diez años sobre el inmueble objeto de litis.

CONSIDERANDO II:

DEL RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO

1. Interpretación incorrecta del art. 265.I del Código Procesal Civil.

Refiere que en el Considerando II del Auto de Vista, el Tribunal de apelación señalaría que por mandato del art. 265.I del Código Procesal Civil, “Debe circunscribirse, única y exclusivamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de Apelación y Fundamentación, interpretación que no sería correcta, pues al no existir los términos de única y exclusivamente en el citado artículo, su aplicación seria nula de pleno derecho, afectando la seguridad jurídica.

Añade, que la impugnación de Isidro Amador Barro, no hace otra cosa que exponer presuntos agravios sin fundamentación, donde el Tribunal de Apelación concede el Recurso y emite un fallo a favor del apelante, reconociéndole derechos que nunca tuvo, y todo sobre la base de una interpretación incorrecta del art. 265.I donde se tergiversó su contenido.

Haciendo referencia una vez más al Considerando II.2., señala que el terreno es susceptible de usucapión, empero, al encontrarse dentro la esfera del dominio privado con registro en DD.RR., desde el año 1985 bajo la Matricula Nº 7012010015309, se transgrede y violenta el derecho propietario del demandante, pues su registro es una garantía de conformidad a los arts. 1523, 1569, 1534 del CC, y no puede estar sujeto a disposiciones que si bien surgen de autoridades judiciales deben ser previamente conocidas en cuanto a la forma de adquisición, lo que no ocurriría en el Auto de Vista donde no existe una revisión prolija de antecedentes del expediente y la sentencia.

Concluye señalando, que en lo referente a la prescripción por efecto de la interrupción, no sería cierto que el art. 1504 del CC, consideró desde el punto de vista de la ineficacia por la inexistencia o acción judicial que haya sido desestimada, ya que en los procesos existen dos partes, el demandante y el demandado, y si en los casos han intervenido las partes en los actos jurídicos, han estado sometidos a la ley, por lo tanto se han usado las acciones y en este entendido cada una de las partes ha resuelto sus diferencias en procesos.

2. La inexistencia de los elementos de posesión pacífica y falta de plazo para operar la usucapión y la interrupción del plazo de prescripción y usucapión.

Refiere que el ingreso a la propiedad, no fue de forma pacífica y que la misma proviene del loteamiento como habría manifestado el demandado en su contestación de fs. 108 a 110 vta., donde reconocería la existencia de denuncias y querellas presentadas al Ministerio Público en contra de Lorgio Vaca Paz, Lolita Daures Flores e Isidro Amador Barro, por los delitos de estelionato, falsedad material e ideológica; de igual forma las demandas de interdicto de recobrar la posesión, radicado en el Juzgado Sexto de Instrucción en lo Civil y de reivindicación, desocupación y entrega del lote.

Añade que es relevante lo manifestado por el demandado, ya que habría señalado que ingresó a vivir y construir su vivienda en un lugar loteado, que el año 1999 apareció el dueño del terreno quien le hubiera ofertado 15.000, 10.000 y 7000, y como no tenía dinero, le habría propuesto al dueño, el pago de las mejoras y dejaría el terreno, lo que equivaldría al reconocimiento del derecho del demandante y esencialmente no haber sido su ocupación pacífica.

Agrega que si bien es cierto que el tiempo de posesión del demandado data de un periodo de 20 años, existieron interrupciones que impiden el plazo llano de los 10 años; por lo que existiendo interrupción, se produce el efecto del art. 1560 CC, iniciando un nuevo periodo de la prescripción quedando sin efecto el transcurrido anteriormente; asimismo, el demandado al no contar con ningún derecho propietario registrado en DD.RR., haría de su derecho propietario el mejor.

Citando los AS 296/1995 de 19 de septiembre, 365/1995 de 08 de agosto, 93/1990 de 28 de mayo, 25/1993 de 09 de febrero, 163/2005 de 10 de octubre, 131/2015 de 15 de junio y 276/2002 de 6 de septiembre; señala que la usucapión no se desarrolló en términos legales, al no haber ocurrido anteriormente ante el juez competente y querer hacer valer en el presente proceso, desvirtuando lo establecido en la Circular Nº 131/97 de 5 de noviembre y la Ordenanza Municipal Nº 059/06 que con carácter previo debe cumplirse.

Concluye señalando que el Auto de Vista, pretende hacer valer el hecho de que la obtención del terreno no fue a través del loteamiento sino por compra, sin justificar ni demostrar el contrato, recibo u otro documento, con que habría actuado lícitamente; tampoco indicaría el nombre de la tercera persona que les vendió dicha construcción, de lo que se infiere, que el Tribunal de Alzada negó la prueba de cargo presentada por Irineo Campos Valdés que fue ponderada y fundamentada legalmente por la autoridad de primera instancia, sin considerar la prueba de descargo de Isidoro Amador Barro, la que no tendría asidero legal por constituirse en dibujos de planos de ubicación, certificados vecinales, fotografías del interior del inmueble, que no tienen relevancia alguna.

Petitorio.

Solicita, que una vez producido los tramites y revisión de ley, se dicte Auto Supremo casando el Auto de Vista y se declare PROBADA la demanda principal.

DE LA RESPUESTA AL RECURSO DE CASACIÓN

Afirma que si el demandante no ejerció su derecho propietario y nunca estuvo en posesión del lote de terreno no sería culpa del demandado ni de las autoridades, quienes habrían obrado de buena fe y en apego a la ley. Añade que el demandante se aferra a la interrupción del transcurso del tiempo, la misma que no prosperó y tampoco habría logrado probar ninguna de las denuncias y demandas planteadas en su contra.

En cuanto a las certificaciones de SAGUAPAC Ltda., y CRE Ltda., demostrarían que se encuentra en posesión pacífica y continua del lote de terreno por más de diez años; asimismo, las declaraciones testificales afirmarían que vive por más de diez años en el inmueble; por la inspección judicial se habría comprobado la posesión del lote de terreno, la antigüedad de las mejoras, por lo que se demuestra el modo de adquirir la propiedad por usucapión.

Realizando una serie de cuestionamientos, refiere que nunca existió falsedad, violencia, avasallamiento, pues habría ingresado al terreno en forma pacífica y de buena fe, manteniéndose en el mismo por más de treinta años. 

Petitorio.

Solicita se declare INFUNDADO el recurso de casación y se determina PROBADA la reconvención por usucapión y sea con las formalidades de rigor y ley.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

1. De la interrupción de la prescripción.

En el Auto Supremo Nº 220/2012, de 23 de julio de 2012 se razonó respecto al art. 1503 del Código Civil, que dispone: " La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el juez sea incompetente". Recurriendo al criterio del Autor Luis Moisset de Espanés, “…señala que uno de los problemas más serios que se presentan en la doctrina y la jurisprudencia es el relativo al alcance y valor que debe darse al vocablo demanda. Para unos la demanda judicial a que hace referencia la norma y que interrumpe la prescripción no puede ser otra que la demanda tendiente al cobro de la acreencia, sin embargo, otros autores consideran que la palabra demanda, en un sentido más amplio, comprende todas aquellas peticiones judiciales que importen una manifestación de la voluntad del acreedor de mantener vivo su derecho, en ese sentido, el citado autor, anotando el criterio expuesto por la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, apunta que: "el término "demanda", no debe tomarse a la letra, y no excluye otros actos igualmente formales y demostrativos de la intención del acreedor de no permanecer en inactividad o silencio para el cobro de su crédito".

En resumen, podemos señalar que todo acto jurídico procesal que denote una manifestación de voluntad que acredite en forma auténtica que el acreedor no ha abandonado su crédito y que su propósito es no dejarlo perder, pudiera encontrarse inmerso dentro el término "demanda" y pudiera generar el efecto interruptivo previsto en el citado art. 1503 del Código Civil. Siendo en consecuencia tres los requisitos esenciales que el acto jurídico procesal debería reunir para que interrumpa la prescripción: 1) Ser deducido ante un órgano jurisdiccional; 2) Demostrar inequívocamente la voluntad del acreedor de lograr el cumplimiento de la obligación; 3) Ser notificado a quien se quiere impedir que prescriba”.

“Siendo la verdad material uno de los principios en que se funda la jurisdicción ordinaria, reconocido por el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, debe tenerse en cuenta que el acto preparatorio que reúna esos requisitos, de manera inequívoca pone de manifiesto la intención del acreedor de no abandonar o renunciar al ejercicio de su derecho, toda vez que es precisamente la inacción o abandono del ejercicio del derecho lo que da lugar a la prescripción, y cuando el interesado deduce un acto jurídico procesal que encierra los tres requisitos anotados anteriormente, pone de manifiesto su intención de ejercitar su derecho y no abandonarlo, aunque no lo haga a través de una demanda dirigida a ejercitar el derecho directamente, sino a preparar la demanda, pero con el mismo fin, cual es el de ejercitar el derecho subjetivo, dejando saber a su deudor expresamente que esa es su intención”.

La doctrina establece dos presupuestos para la prescripción, al respecto Díez-Picazzo y Gullón (Instituciones del Derecho Civil, Vol. I/1, pág. 282) señala que: “Pero el transcurso fijado en ley no es suficiente para perfilar la prescripción. Es uno de sus dos presupuestos. El otro lo constituye la falta de ejercicio del derecho.

La falta de ejercicio del derecho es la inercia o la inactividad del titular ante su lesión (p. ej., acreedor que no reclama el pago de la deuda, propietario que no impide que un tercero usufructúe su finca). No obstante, esta falta de ejercicio debe ir unida a una falta de reconocimiento del derecho por parte del deudor o sujeto pasivo de la pretensión que contra él se tiene”.

En virtud a lo expuesto, la prescripción para surtir el efecto extintivo del derecho debe transcurrir el tiempo determinado en ley, unido a la inactividad  del titular ante el incumplimiento de la obligación, y la ausencia de reconocimiento del derecho por parte del deudor, conforme establece los arts. 1492 y 1493 del Código Civil.

Teniendo la prescripción como base la inercia o inactividad del derecho, es lógico que el reclamo del derecho imposibilite su acaecimiento, interrumpiendo la prescripción, reponiendo el tiempo establecido debiendo contarse nuevamente por completo, que puede permitir, interrupción de por medio,  la duración de un derecho indefinidamente, conforme señala el art. 1506 de la norma Sustantiva Civil.

El art. 1503 del Código Civil, señala: “I. La prescripción se interrumpe por una demanda judicial, un decreto o un acto de embargo notificados a quien se quiere impedir que prescriba, aunque el Juez sea incompetente.

II. La prescripción se interrumpe también por cualquier otro acto que sirva para constituir en mora al deudor”.  En tal caso, la norma presenta dos escenarios de interrupción vía judicial y extrajudicial. La primera mediante actos desarrollados ante tribunales jurisdiccionales, aún incompetentes, y la otra, es oponer un acto que sirva para constituir en mora al deudor.

Ricardo J. Papaño, Claudio M. Kiper, Gregorio A. Dillon, Jorge R. Causse en su Obra Derechos Reales y Guillermo Borda, en su libro Tratado de Derecho Civil, Derechos Reales I, teorizan sobre la interrupción de la prescripción y establecen que: “…la interrupción significa una prescripción no cumplida, porque desde el momento en que el término legal ha transcurrido íntegramente, se produce ipso jure la adquisición del dominio y la prescripción ha consumado todos sus efectos.” (G. Borda); en ese mismo sentido se indica “…la interrupción de la prescripción actúa directamente sobre el elemento posesión (y no sobre el tiempo, como la suspensión), y priva a ésta del quinto requisito necesario para usucapir: la interrupción.  Como consecuencia de ello, el efecto de la interrupción es eliminar totalmente, como si no hubiera existido, la posesión anterior.  Lo expuesto significa, obviamente, que para que la interrupción tenga lugar no debe haberse cumplido el término de la prescripción.” (Papaño, Kiper, Dillon y Causse).

De lo manifestado se concluye que la interrupción de la prescripción únicamente es posible cuando el término de la misma (prescripción) está en curso, de ninguna manera resulta correcto afirmar que la prescripción ya operada pueda ser interrumpida, por actos posteriores a su consolidación.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurso planteado por Irineo Campos Valdez, contiene tres puntos de agravio, el primero, hace referencia a la aplicación nula y de pleno derecho de los términos: única y exclusivamente, dentro el contenido del art. 265.I del Código Procesal Civil, lo que afectaría la seguridad jurídica; el segundo, aunque expuesto de forma muy vaga, es concerniente a la falta de una revisión prolija de los antecedentes del expediente y la sentencia, pues al encontrarse registrado su derecho propietario no puede estar sujeto a disposiciones que si bien surgen de una autoridad judicial, deben ser previamente conocidas en cuanto a la forma de adquisición, lo que transgrediera y violentaría el derecho propietario del demandante; por último, y para este Tribunal, el punto principal del recurso, relacionado con la interrupción de la prescripción. 

1. En cuanto a la aplicación nula y de pleno derecho de los términos única y exclusivamente, dentro el art. 265.I del Código Procesal Civil.

El Considerando II del Auto de vista, ha momento de ingresar a analizar los agravios planteados en apelación, señaló: “…por mandato del art. 265.I del Código Procesal Civil, el Auto de Vista debe circunscribirse única y exclusivamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubiera sido objeto de apelación y fundamentación.”; líneas más abajo, precisa: “Los principios de pertinencia y congruencia previstos en la normativa de los artículos 265.I con relación al 261.I del Código Procesal Civil, fijan el marco jurisdiccional dentro el cual debe recaer la resolución de la Corte de apelación de segunda instancia, es decir, circunscribirla a lo resuelto por el juez en la resolución impugnada y a los puntos objeto de la expresión de agravios”.

De esta exposición, este Tribunal considera que no se afectó de ninguna manera la seguridad jurídica del recurrente, pues el Tribunal de Alzada a momento de ingresar a analizar el recurso de apelación, advirtió a las partes que no se apartará de lo resuelto por el juez de instancia y la pretensión del apelante, lo que de ninguna manera significa un agravio; por otra parte, el ahora recurrente, no puntualiza de qué forma la inclusión de los términos única y exclusivamente dentro el art. 265.I del Código Procesal Civil, harían nulo de pleno derecho la resolución de alzada, dado que lo resuelto por el Ad quem, guarda relación con el petitorio y encaja con el supuesto fáctico de la norma cuya aplicación se solicitó; estableciéndose que no se incurrió en vicios que deban ser sancionados con nulidad, ya que no se afectó los principios de congruencia y pertinencia que también inspiran el derecho a un proceso justo. 

2. En lo concerniente a la falta de revisión de los antecedentes del expediente y la sentencia, pues al encontrarse registrado su derecho propietario no puede estar sujeto a disposición, ya que debió previamente conocerse la forma de su adquisición.

Cabe precisar que este agravio no fue motivo de análisis en alzada, dado que el fallo de primera instancia le era favorable al ahora recurrente, donde el A quo estableció primero: que el ingreso al inmueble por el demandado, no fue en forma pacífica al provenir de un loteamiento, pues existiría una denuncia y querella presentada al Ministerio Público contra Lorgio Vaca Paz, Lolita Daures Flores e Isidro Amador Barro, por los delitos de estelionato, falsedad material e ideológica; de igual forma constaría las demandas de interdicto de recobrar la posesión y de reivindicación, desocupación y entrega del lote, actos que demostraron la inexistencia de una ocupación pacífica y exenta de perturbación; y segundo, que al no disponer el demandado de título propietario y contar el demandante con el mismo, impedía declarar probado el mejor derecho propietario, sin que ello impida la acción entrega del inmueble.

Ahora bien, el Ad quem, en base a los argumentos planteados en el recurso de apelación, precisó que por regla general, los bienes susceptibles de usucapión son aquellos que se encuentran dentro el comercio humano y que solo recaen dentro la esfera del dominio privado, estando excluidos los bienes de dominio público; en suma, en ningún momento desconoció el derecho propietario del demandante sobre el bien o su forma de su adquisición, pues el Tribunal de Alzada se enfocó en precisar si el usucapiente cumple o no con los presupuestos exigidos por los arts. 110 y 138 del CC, para adquirir el derecho propietario por usucapión; de igual forma, no podía pronunciarse sobre el mejor derecho propietario demandado por el recurrente, ya que este aspecto no fue motivo de impugnación en apelación, y por otra parte, para revocar la Sentencia y declarar probada la demanda reconvencional de usucapión, el Tribunal de apelación tomó en cuenta el título propietario del demandante, pues para producir el efecto extintivo de la usucapión de forma validada y eficaz, es indispensable integrar en la litis al titular del derecho propietario del bien inmueble que se pretende usucapir, y en este caso, la demanda reconvencional por usucapión fue dirigida contra Irineo Campos Valdéz quien ostenta la titularidad y hoy recurre en casación el fallo del Ad quem; en ese entendido, a más de no precisar de forma clara y específica cual el perjuicio ocasionado en este punto, este Tribunal rechaza el presente agravio. 

3. En cuanto a la interrupción de la prescripción.

a) Refiere, que si bien el demandado se encuentra en posesión del bien por un periodo de 20 años, existieron interrupciones que impiden el plazo llano de los diez años, pues se habrían presentado denuncias y querellas al Ministerio Público por los delitos de estelionato, falsedad material e ideológica, así como demandas de interdicto de recobrar la posesión y reivindicación, desocupación y entrega del lote, actos que interrumpieron y reiniciaron el periodo de la prescripción.

Ingresando al análisis de este inciso, el Tribunal de apelación precisó conforme el art. 1504 inc. 3) del CC, que la interrupción mediante acción judicial realizada a Isidro Amador Barro, es ineficaz, pues la acción reivindicatoria presentada por Irineo Campos Valdez contra Isidro Amador Barro, fue desestimada por el AS Nº 624 de 4 de diciembre de 2013, de igual forma, no cursaría Sentencia condenatoria ejecutoriada contra Isidro Amador Barro que demuestre la falsedad material e ideológica, así como tampoco, fallo que declare probada la demanda de interdicto de recobrar la posesión, y por ende estas acciones judiciales no habrían generado interrupción en la prescripción.

De la relación de antecedentes expuesta en los escritos de excepciones y respuesta a la demanda, el demandado hace referencia a estas tres acciones, empero, pone en claro que las mismas no causaron estado (fs. 93 a 95 y 108 a 110 vta.), lo que es cierto, ya que de la copia del AS Nº 624/2013 de 4 de diciembre (fs. 90 a 92), entre sus antecedentes, señala que la acción reivindicadora planteada por Irineo Campos Valdez, fue declarada improbada, fallo que a su vez fue confirmado por el Tribunal de Alzada; en cuanto a la denuncia de falsedad material e ideológica y la demanda de interdicto de recobrar la posesión, no cursa en obrados actuado alguno por el cual pueda establecerse la interrupción de la prescripción.

Por otra parte, del escrito de contestación a la demanda reconvencional de usucapión (fs. 116), Irineo Campos Valdez refiere en el punto uno, que desde el año 1993, a través de distintos procesos penales y civiles vino reclamando su derecho propietario; y en el punto dos, que el usucapiente es un simple detentador, pues primero, se encontraría ocupando el bien en base a un documento viciado de nulidad, al devenir de una compra fraudulenta realizada con Lorgio Vaca Paz y Lolita Suarez Flores y segundo, por una adjudicación mediante una ordenanza municipal que nunca se concretó, lo que no haría viable la usucapión; empero, estos argumentos tampoco fueron demostrados en el curso del proceso con prueba fehaciente que acredite tales aspectos. En suma, la decisión asumida por el Tribunal de Alzada es correcta, pues los procesos de referencia al no haber prosperado en su pretensión, no tienen el efecto interruptivo que busca la parte actora, por lo que corresponde declarar infundado este argumento.

b) Dentro este mismo punto, refiere que el usucapiente en su contestación a la demanda de mejor derecho, reconoce que ingreso a su propiedad a través de un loteamiento y que el año 1999, el propietario le oferto el terreno por 15.000, 10.000 y 7.000, y al no contar con ese efectivo, le habría propuesto al dueño el pago de las mejoras para dejar el terreno, estos actos equivaldrían el reconocimiento del derecho propietario del demandante y esencialmente no haber sido su ocupación pacífica.

De obrados, establecemos que estas declaraciones no fueron vertidas en la contestación a la demanda de mejor derecho, sino en la Audiencia de Inspección Judicial (fs. 166), donde el demandado manifestó ante la Autoridad Judicial: que vive en el inmueble desde el año 1993, que instaló el servicio de agua el año 1995, que en el lugar solo existía un cuarto haciendo más construcciones el año 1996, que antes vivía en alquiler en Rancho Viejo y que buscando un lote para vivir dio con ese lugar que estaban loteando y que le vendieron cobrándole solo el valor del cuarto construido y que fue así como ingreso y construyó su vivienda; hasta aquí, es claro que de las declaraciones prestadas por el usucapiente, el mismo no tomó posesión del bien como un loteador, sino que adquirió el bien producto de una compra, pagando solo por el cuarto construido, haciendo presumir que el demandado actuó de buena fe.

Dentro esta misma declaración, el usucapiente manifestó que el año 1999 apareció el dueño del terreno exigiéndole el pago de 15.000, 10.000 y posteriormente 7.000, y como no tenía dicha suma de dinero, propuso al propietario le pague las mejoras realizadas al bien y así abandonar el terreno; argumentos que evidentemente son un reconocimiento del derecho propietario a favor de Irineo Campos Valdez, lo que genera renuncia al tiempo ganado y el reinicio del cómputo de la usucapión a partir del año 1999; ahora bien, debemos tomar en cuenta que a la fecha de la interposición de la demanda de mejor derecho propietario el año 2015, el plazo de 10 años exigido por el art. 138 del CC, para adquirir la propiedad por la posesión continua fue alcanzado, pues reiniciándose el computo de la prescripción el año 1999 este fue cumplido el año 2009, más cuando la acción reivindicatoria planteada el año 2008, no fue procedente para interrumpir la prescripción el cómputo de la usucapión.

En definitiva, este Tribunal de Justicia considera que fue correcta la decisión asumida por la autoridad de Alzada, por lo que este motivo deviene en infundado.

c) Por último, acusa al Ad quem de hacer valer el hecho de que la obtención del terreno no fue a través de loteamiento sino por compra, sin justificar ni demostrar el contrato, recibo u otro documento con que habría actuado lícitamente el usucapiente, cuando las pruebas de descargo de Isidro Amador Barro estos no tendrían relevancia alguna.

A fin de resolver este motivo, vamos a remitirnos nuevamente al Acta Audiencia de Inspección Judicial, donde a momento de vertir estas declaraciones, Irineo Campos Valdéz estando presente en el acto, no objetó los mismos, más cuando hizo referencia a este contrato de venta en el escrito de contestación a la demanda reconvencional de usucapión de fs. 116; en consecuencia, al no haber sido tema de debate este punto, este Tribunal se ve impedido de emitir pronunciamiento alguno. De igual forma, objeta las pruebas presentadas por el usucapiente, acusando que las mismas carecen de relevancia; sin embargo, no precisa cuales serían las pruebas que carecen de objetividad para no hacer procedente lo demandado, incumpliendo con lo dispuesto por el art. 274.I num. 3) del CPC.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida del art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil declara INFUNDADO el recurso de interpuesto por Irineo Campos Valdez contra el Auto de Vista Nº 42/2018, pronunciado el 08 de febrero de 2018 por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

Se regulan los honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000.- para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.