TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                               S A L A    C I V I L                                                                                                        



Auto Supremo: 85/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: SC-92-18-S

Partes: Roberto Francisco Ruiz Pizarro c/Romoaldo Rodríguez Roca

Proceso: Reivindicación y pago de daños y perjuicios. 

Distrito: Santa Cruz

VISTOS: El recurso de casación de fs. 289 a 293, interpuesto por Roberto Francisco Ruiz Pizarro, contra el Auto de Vista Nº 226-18 de 02 de mayo de 2018, cursante de fs. 281 a 282 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en el proceso de Reivindicación y pago de daños y perjuicios; seguido por Roberto Francisco Ruiz Pizarro contra Romoaldo Rodríguez Roca, la concesión de fs. 299, el Auto Supremo de Admisión Nº 637/2018-RA de 18 de julio de fs. 306 a 307 vta., los antecedentes del proceso, y;

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial 11° de la capital del departamento de Santa Cruz, pronunció la Sentencia 242/2017 de 25 de octubre, cursante de fs. 261 a 264 de obrados, declarando IMPROBADA la demanda de reivindicación, desocupación  y entrega de inmueble interpuesta por  Roberto Francisco Ruiz  Pizarro; y, PROBADA la demanda reconvencional de recisión de contrato por lesión  de fs. 140  a 142 vta. planteada por Romoaldo Rodríguez Roca por consiguiente rescindido el contrato de 8 de mayo de 2015, de venta de inmueble suscrito entre Fructuosa Roca Ribera y Roberto Francisco Ruiz Pizarro, disponiendo la devolución de Bs. 90.000,00 (Noventa Mil 00/100 Bolivianos) en favor del demandante emergente  de la resolución descrita de la presente otorgándole un plazo de: “diez a partir de la ejecutoria de esta resolución” (sic).

Contra la referida determinación, Roberto Francisco Ruiz Pizarro interpuso  recurso de apelación por memorial de fs. 266 a 268 vta., resuelto por la Sala Sala Tercera Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar

del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien pronunció el Auto de Vista Nº 226-18 de 02 de mayo de 2018, cursante de fs. 281 a 282 vta., y el Auto de enmienda de 25 de mayo de 2018 de fs. 287, por el cual CONFIRMO la sentencia impugnada, bajo los siguientes argumentos:

Si bien es evidente que no se realizó la conciliación previa de acuerdo al art. 292 del código procesal civil; empero, este aspecto no habría sido observado por alguna de las partes en consecuencia constituiría un acto consentido, ya que  continuó con la tramitación de la causa hasta la emisión de la sentencia; por consiguiente en esa instancia no correspondería revisar, al haber precluído el plazo de acuerdo a la Sentencia Constitucional 1157/2003-R haciendo alusión al principio de preclusión, ya que fue a través de su propia impericia que se siguió el trámite.

Asimismo, en cuanto a la falta de realización de la audiencia intraprocesal, el ad quem constató del acta de audiencia preliminar de fs. 164 que el A quo cumplió  con el llamamiento a conciliación, previo a proseguir la audiencia preliminar, concluyendo en consecuencia que no son concurrentes las nulidades, denotando  que los argumentos para solicitar las nulidades de los actos procesales no contienen los presupuestos jurídicos previstos en la Sentencia Constitucional 0376/2015-S1 de 21 de abril, por consiguiente no existirían los fundamentos jurídicos para disponer la nulidad de los actos procesales.

Refiriéndose al art. 115 de la Constitución Política del Estado, señala que los principios constitucionales se dieron cumplimiento, ya que de la revisión de antecedentes advirtió la parte apelante fue notificado con todas las actuaciones del proceso de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en el proceso por lo que no existiría vulneración alguna de su derecho a la defensa.

Auto de Vista, contra el que, Roberto Francisco Ruiz Pizarro interpuso recurso de casación mediante memorial de fs. 289 a 293, objeto del presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1.- El Auto de Vista interpretó erróneamente sus reclamos.

El recurrente haciendo una copia de los agravios formulados en su recurso de apelación, considera que el Tribunal ad quem no consideró el hecho de que en audiencia preliminar de 19 de junio de 2017 de fs. 167 a 172, no existió tentativa de conciliación intraprocesal obligatoria, asimismo niega que haya operado el principio de la preclusión, con el argumento de que no habría observado oportunamente las nulidades que acuso en su alzada, interpretando de esta forma erróneamente sus reclamos.

En este entendido refiere que habría observado los principios de finalidad, trascendencia, convalidación, preclusión, protección y especificidad, negando que estos principios no hayan dado curso a la nulidad, pues el acto procesal no haría cumplido con su finalidad, que no hay utilidad sin un daño o perjuicio, que no han convalidado el acto, ya que desde su primer escrito  habrían  formulado su reclamo, situación que también ha hecho que no opere tampoco la preclusión; consecuentemente, discurre que debe de darse aplicación a la prerrogativa que goza el juzgador en virtud del art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y el art. 105.II del código procesal civil, citando sobre el debido proceso la Sentencia  Constitucional 0554/2015-S2 de 26 de mayo, para luego,  concluir que el auto de vista tuvo en cuenta los pagos que efectuó en el inmueble que ascenderían a $us. 97.000 (Noventa y siete Mil 00/100 Bolivianos), radicando ahí el daño que se le estaría causando por los vicios de nulidad incurridos por la arbitraria sentencia, por consiguiente el auto de vista resultaría nulo  al limitarse a estipular una suma de dinero que desconoce de dónde la extrae limitándose a señalar ininteligiblemente que  no se le estaría causando daño.   

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1.- De la Nulidad Procesal, su Trascendencia y Relevancia Constitucional.

Actualmente al tratar sobre las nulidades procesales debemos tener en cuenta que no se trata de un tema de defensa de meras formalidades, pues, las formas previstas por Ley no deben ser entendidas como meros ritos, sino como verdaderas garantías de que el proceso se desarrollará en orden y en resguardo del derecho de las partes a una justicia pronta oportuna y sin dilaciones (art. 115 de la CPE), por lo que, en materia de nulidades procesales, tanto la doctrina como las legislaciones han avanzado y superado aquella vieja concepción que vislumbraba a la nulidad procesal como el mero alejamiento del acto procesal de las formas previstas por ley, esto en función al nuevo Estado Constitucional de Derecho que rige en el país.

En este sentido, Eduardo J. Couture en su libro Fundamentos del Derecho Procesal Civil, señala sobre el principio de trascendencia, “…cuyo contenido nos expresa; que no hay nulidad de forma, si la desviación no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa de juicio, es así que las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación de los métodos de debate cada vez que esta desviación suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes.” (Las negrillas nos pertenecen).

De dicho antecedente, se infiere que “no hay nulidad sin perjuicio”, en ese sentido la jurisprudencia y la doctrina es unánime en el sentido de sostener que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen; en este entendido el Tribunal Constitucional Plurinacional ha establecido a través de la SCP Nº 0427/2013 de 3 de abril que: “…las nulidades de los actos procesales en el proceso civil -y en otras materias donde sea aplicable este cuerpo normativo- tienen un alcance conceptualmente diferente, si se interpreta y aplica desde el punto de vista del Estado legislativo o legal de Derecho (en el que impera la ley, en desmedro de la Constitución) y otro diametralmente contrario desde la perspectiva del Estado Constitucional de Derecho (en el que impera la Constitución como norma jurídica directamente aplicable y justiciable desplazando incluso a la ley y sus reglas).

En efecto, en el Estado Legislativo de Derecho, para la procedencia de las nulidades de actos procesales, bastaba que el procedimiento esté viciado por infracción o vulneración de normas procesales que los órganos jurisdiccionales hubieren cometido, es decir, las nulidades procesales, tenían únicamente relevancia meramente procesal.

En cambio, en el Estado Constitucional de Derecho, la procedencia de las nulidades de actos procesales, está condicionada únicamente si el procedimiento está o no viciado, por no haber hecho efectivo un derecho fundamental o garantía constitucional, es decir, las nulidades procesales tienen relevancia constitucional.

Bajo esta concepción, las nulidades de los actos procesales serán procedentes cuando se constate irregularidades, infracciones o vulneraciones de normas procesales que se presenten en el marco de un proceso, siempre que éstas a través de la invalidación de los actos procesales, aseguren a las partes del proceso los derechos al debido proceso o a la tutela judicial efectiva, caso contrario, si no garantizan esos derechos, entonces, la invalidación del acto procesal en cuestión a través de una nulidad procesal  no tienen relevancia constitucional. Un razonamiento jurídico distinto, esto es, entender que las nulidades procesales pueden hacer ineficaces e inválidos los actos procesales con la mera constatación de la vulneración de los requisitos y formas que expresa la ley procesal sin ninguna conexitud con la lesión o no a derechos fundamentales o garantías constitucionales, es retornar a la concepción del modelo Estado legislativo de Derecho ya sepultado.

En ese orden, estos dos fenómenos, no pueden tener consideración separada por los jueces, en una suerte de afirmar que corresponde a la jurisdicción ordinaria velar y considerar las nulidades procesales con relevancia meramente procesal y a la justicia constitucional las nulidades procesales con relevancia constitucional, porque, como ampliamente se refirió anteriormente, el cambio de paradigma en la potestad de administrar justicia en el Estado Constitucional de Derecho, se visualiza en que todos los jueces de la pluralidad de jurisdicciones reconocidas en la Constitución, deben partir de la norma jurídica fundamental, de sus normas constitucionales-principios, es decir, de los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales en su razonamiento jurídico cotidiano.”., de dicho entendimiento se puede inferir que a momento de analizar  el vicio que podría generar una nulidad de obrados corresponde, determinar la trascendencia  de dicho vicio, es decir, se debe constatar si se provocó una lesión evidente al derecho al defensa o la incidencia que podría tener en la decisión de fondo de la causa; existiendo la posibilidad de analizar la relevancia procedimental y constitucional, ya que ningún vicio procesal es absoluto para generar una nulidad en tanto no vulnere el derecho a la defensa.

En este sentido, en cuanto a la relevancia constitucional la SCP Nº 1062/2016-S3 de 3 de octubre de 2016, señaló: “Al respecto, la SC 1268/2010-R de 13 de septiembre, concluyó que: “Sobre la relevancia constitucional en los hechos alegados por el accionante, la jurisprudencia se pronunció al respecto en la SC 0995/2004-R de 29 de junio, … los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados (las negrillas son nuestras) (SSCC 0435/2007-R 0722/2007-R y 0768/2007-R, entre otras).

Lo contrario, significaría sujetar a la justicia constitucional a toda emergencia suscitada, tanto en procedimientos administrativos como judiciales, con los cuales no estén conformen las partes intervinientes, lo que no necesariamente implica vulneración de derechos y garantías que amerite la activación de las acciones de defensa que reconoce la Ley Fundamental, tomando en cuenta que el art. 109.I. de la CPE dispone: Todos los derechos reconocidos en la Constitución son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”; constituyendo las acciones de defensa, garantías destinadas a efectivizar el ejercicio pleno de derechos y demás garantías reconocidos, razón por la cual, los hechos denunciados deben necesariamente involucrar la vulneración material de los mismos”.

III.2.- De los Principios que Rigen las Nulidades Procesales.

La Ley Nº 025 con el fin de dar continuidad al proceso incorporó un nuevo régimen de nulidades procesales, mismo que debido a los reclamos formales expuestos en el recurso, resulta pertinente transcribir a continuación las partes que regulan dicho régimen; así en su art. 16 establece lo siguiente: I. “Las y los magistrados, vocales y Jueces, deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiere irregularidad procesal reclamada oportunamente y que viole su derecho a la defensa conforme a ley. II. La preclusión opera a la conclusión de las etapas y vencimiento de plazos”.

Por otra parte, el art. 17 del mismo cuerpo normativo establece: “II. En grado de apelación, casación o nulidad, los Tribunales deberán pronunciarse sólo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. III. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos.”

En correspondencia con lo normado por la Ley 025, el Código Procesal Civil - Ley Nº 439 establece las nulidades procesales con criterio aún más restringido, cuyas disposiciones legales se encuentran previstos en los arts.105 al 109, mismos que se encuentran vigentes desde la publicación de dicha Ley (25 de noviembre de 2013) por mandato expreso de su Disposición Transitoria Segunda numeral  4, normas (art. 105 a 109 de la ley Nº 439) que además reconocen en su contenido los principios procesales de la nulidad como ser: el principio de especificidad o trascendencia, convalidación, finalidad del acto y preclusión, que deben ser tomadas en cuenta por los Jueces y Tribunales de instancia a tiempo de asumir  una decisión anulatoria de obrados; principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado Plurinacional (art. 180), entendidos desde los principios constitucionales procesales de eficiencia, eficacia, inmediatez accesibilidad, y que se encuentran replicados en el espíritu de los preceptos normativos analizados supra (art. 16 y 17 de la Ley Nº 025 y arts. 105 al 109 del Código Procesal Civil).

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia en su diversos fallos, entre ellos el Auto Supremo Nº 329/2016 de 12 de abril, ha orientado que: “Precisamente por los fundamentos expuestos precedentemente, en razón al caso de Autos, corresponde a continuación referirnos de manera específica a algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nros. 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad. - Este principio se encuentra previsto por el artículo 105.I. del Código Procesal Civil, en virtud al mismo "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que, para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de finalidad del acto.- Partiremos señalando que este principio se encuentra íntimamente relacionado con el de especificidad o legalidad, pues en virtud a este, habrá lugar a la declaratoria de nulidad si el acto procesal no cumplió con la finalidad específica por la que fue emanada, y en contraposición a lo señalado, en el caso de que el acto procesal, así sea defectuoso, cumplió con su finalidad, no procederá la sanción de la nulidad.

Principio de Conservación.- Este principio da a entender que en caso de que exista duda debe mantenerse la validez del acto, esto en virtud a que se debe dar continuidad y efectos a los actos jurídicos sin importar el vicio que expongan, siempre y cuando, la nulidad no sea de tal importancia que lesione la calidad misma del acto.

Principio de Trascendencia.- Si bien resulta evidente que el alejamiento de las formas procesales ocasiona la nulidad o invalidez del acto procesal, empero esta mera desviación no puede conducir a la declaración de nulidad, razón por la cual se debe tener presente que para la procedencia de una nulidad tiene que haber un perjuicio cierto e irreparable, pues no hay nulidad sin daño o perjuicio “pas de nullite sans grieg”, es decir que, previamente a declarar la nulidad se debe tener presente el perjuicio real que se ocasionó al justiciable con el alejamiento de las formas prescritas. Y como decía Eduardo J. Couture: "... No existe impugnación de Nulidad, en ninguna de sus formas, sino existe un interés lesionado que reclame protección. La anulación por anulación no vale."

Principio de Convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta manera, este principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.”.

Principios y disposiciones legales marcan el límite de la actuación de los Jueces vocales y Magistrados en cuanto a las nulidades a ser decretadas estableciendo como regla general la continuidad de la tramitación del proceso hasta su total conclusión, siendo la nulidad una excepción que procede según dispone la Ley 025, bajo dos presupuestos legales indispensables; es decir cuando la irregularidad procesal viole el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de manera oportuna por la parte afectada, bajo sanción de operarse la preclusión en su contra; entendiendo que de este modo se restringe a lo mínimo las nulidades procesales y se busca la materialización de los principios que hoy rigen la administración de justicia previstos en la Constitución Política del Estado y replicados en las dos leyes de referencia, pretendiendo de esta manera revertir el antiguo sistema formalista.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

1.- El Auto de Vista interpreto erróneamente sus reclamos.

Sobre este reclamo donde el recurrente considera que el ad quem soslayó que en audiencia preliminar de 19 de junio de 2017 no existió tentativa de conciliación intraprocesal obligatoria y que interpretó erróneamente que operó el principio de la preclusión, debido a que no habría observado oportunamente las nulidades acusadas ante un incumplimiento de postulados de las nulidades procesales, no obstante de haber tomado en cuenta los principios de finalidad, trascendencia, convalidación, preclusión, protección y especificidad, por lo que debió darse aplicación al art. 17 de la Ley del Órgano Judicial y al amparo del art. 105.II del código procesal civil, pues acusa que el auto de vista  ahora recurrido también incurriría en nulidad al reconocer la suma señalada por el A quo, desconociendo de donde la extrajo, sin considerar los pagos que habría efectuado en el inmueble que ascenderían a $us. 97.000 (Noventa y siete Mil 00/100 Dólares Americanos), aspecto que le causaría daño.   

De la revisión de antecedentes se constata que Roberto Francisco Ruiz Pizarro planteó demanda de reivindicación, desocupación, entrega de inmueble y pago de daños y perjuicios, que corrida en traslado, Romoaldo Rodríguez Roca en su calidad de heredero de su madre Fructuosa Roca Rivera, se apersonó al proceso por memorial de fs. 140 a 142 vta., aclarando que en su inmueble no vive con nadie de nombre Fernando Roca Rodriguez sino su persona y su hermano Roberto Rodriguez Roca, asimismo contestó negativamente a la demanda y formuló demanda reconvencional por rescisión por lesión, aduciendo que el valor del inmueble es de $us. 129.533,95 (Ciento Veintinueve Mil Quinientos Treinta y Tres Mil 95/100 Dólares Americanos), suma superior a la que el demandante cancelo a su madre de Bs. 90.000 (Noventa Mil 00/100 Bolivianos), aprovechando así el estado de necesidad y la ignorancia de la misma, debido a su carencia de educación académica y por ser una anciana de 81 años de edad, circunstancia que  durante la etapa probatoria mediante el avalúo pericial practicado de fs. 221 a 242, lo cual arrojo como valor comercial de $us.128.890,43 (Ciento Veintiocho Mil Ochocientos Noventa 43/100 Dólares Americanos), valor de reposición de $us.130.513,04 (Ciento Treinta Mil Quinientos Trece 04/100 Dólares Americanos) y valor de venta rápida $us.108.276,96 (Ciento Ocho Mil Doscientos Setenta y Seis 96/100 Dólares Americanos), del bien inmueble objeto de Litis, ubicado en la zona norte/oeste UV 59 mza. 60, lote 5 en el barrio Brígida de la ciudad de Santa Cruz, sin que la parte demandante Roberto  Francisco  Ruiz Pizarro haya desvirtuado dicho aspecto, por lo que el juez a quo, dicto la Sentencia N° 242/2017 de 25 de octubre, de fs. 261 a 264, por la que, declaró probada la demanda reconvencional de recisión de contrato por lesión, dando por rescindido el contrato de 8 de mayo de 2015 por venta de inmueble, suscrito entre Fructuosa Roca Ribera y Roberto Francisco Ruiz Pizarro, en ese sentido dispuso la devolución de Bs. 90.000,00 (NOVENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) en favor del demandante  emergente; que a raíz de dicho fallo el ahora recurrente a través de su recurso de apelación se limitó a formular observaciones al trámite de la causa, denunciando la presencia de defectos procesales que considero provocarían la nulidad de obrados; que el Tribunal de Alzada desestimo al confirmar la sentencia, en razón a que la parte ahora recurrente no observo oportunamente dichos aspectos, operando así el principio de preclusión además de no adecuarse a los presupuestos para la procedencia de nulidad procesal:

No obstante de ello, el ahora recurrente reitera lo manifestado en su recurso de apelación y cuestiona al Ad quem que no habría considerado en la audiencia preliminar de 19 de junio de 2017, no existió tentativa de conciliación intraprocesal obligatoria, cuando de antecedentes se advierte que en audiencia preliminar de 2 de junio de 2017 de fs. 164 es decir antes del acto del que se limita a denunciar el recurrente, ya el juez de la causa llamó a conciliación a las partes en conflicto, aspecto que desde luego fue observado por el tribunal de apelación a momento de emitir el Auto de Vista. Adicionalmente en cuanto a que no habría operado el principio de la preclusión, no es evidente que el Tribunal ad quem haya efectuado una interpretación errónea, pues procedió a un análisis de la procedencia de nulidad de los actos  procesales observando los principios que rigen sobre el particular y que se hallan inmersos en el acápite III.2 de la presente resolución, por lo que el recurrente al insistir en la presencia de nulidades en el proceso, soslaya el hecho de que la nulidad constituye una excepción a no ser que se encuentre expresamente prevista por ley; y, cuando la irregularidad procesal vulnere el derecho a la defensa y que esa situación haya sido reclamada de forma oportuna por la parte afectada, criterios que no acontecen en el caso de autos.

Razones por las que al haberse advertido que el Auto de Vista N° 626-18 responde congruentemente a los puntos objeto de apelación, de forma fundamentada, sin que se haya vulnerado principios ni derechos constitucionales, tampoco norma legal que asiste a las partes, corresponde emitir resolución conforme lo establece el art. 220.II. del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I. núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 289 a 293, interpuesto por Roberto Francisco Ruiz Pizarro, contra el Auto de Vista Nº 226-18 de 2 de mayo de 2018, cursante de fs. 281 a 282 vta., pronunciado por la Sala Tercera Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia y Violencia Intrafamiliar del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

Con costas y costos.

Se regula honorario profesional en la suma de Bs. 1.000, para los abogados que respondieron a los recursos.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Juan Carlos Berrios Albizú.