TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                        S A L A   C I V I L



Auto Supremo: 84/2019

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: SC-78-18-S

Partes: Pamela Ramírez Rojas. c/ Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda. y Jubilados, Viudas y Trabajadores “ENFE” y/o presuntos propietarios.

Proceso: Usucapión decenal o extraordinaria.

Distrito: Santa Cruz.

VISTOS: El recurso de casación de fs. 180 a 185 vta., interpuesto por la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., a través de sus representantes legales Lizzette Flores Canelas, Edson Vargas Olmos y Marcelo Alfonso Siles Vargas, contra el Auto de Vista Nº 68/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 174 a 176,  pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de usucapión, seguido por Pamela Ramírez Rojas contra la entidad recurrente y Jubilados, Viudas y Trabajadores “ENFE”; respuesta de fs. 188 a 189 vta.; Auto de concesión de fs. 190; Auto Supremo de admisión Nº 622/2018-RA de fs. 196 a 197, y todo lo inherente:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

1. Pamela Ramírez Rojas, planteó demanda de usucapión decenal o extraordinaria por memorial de fs. 6 y vta., ampliando y modificando las colindancias de la superficie del terreno de 258 mts.2 que cursa a fs. 25 y vta., que aproximadamente viene viviendo con su familia desde el año 1995 en el terreno ubicado U.V., 84-B, manzano. 4 lote Nº 3 del Barrio Pantanal distrito Municipal Nº 7 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, teniendo una posesión real y pacifica durante 12 años, citándose y corriendo traslado a la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda. Representado por Luis Auza Macias y Jubilados, Viudas y Trabajadores “ENFE” representado por Carlos Alberto El Hage Mojica, en respuesta de fs. 61 a 62 vta., por la Sociedad Industrial de Cerámica Santa Cruz negando todos los extremos y señalando ser propietarios del inmueble rústico ubicado en la UV.84-B, Barrio Pantanal con superficie de 55.000 mts.2 debidamente registrado en DD.RR., bajo la matricula Nº 7.01.2.01.0004968.

2. El Juez Público Civil y Comercial Nº 4 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pronunció Sentencia Nº 160/2017 de 17 de agosto de fs. 142 a 144 vta., declarando IMPROBADA la demanda de usucapión decenal o extraordinaria.

3. Resolución de primera instancia que fue apelada por Pamela Ramírez Rojas, que por Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, pronunció el Auto de Vista Nº 68/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 174 a 176, que REVOCÓ la sentencia deliberando en el fondo PROBADA la demanda. Bajo el siguiente fundamento:

De lo que se contextualiza que el A quo no realizó una correcta apreciación del hecho que la accionante tiene una posesión, pacífica y continua por más de diez años conforme a lo dispuesto por el arts. 110 y 138 del Código Civil; que la accionante acreditó que ingreso en posesión con su familia al bien inmueble hace 17 años atrás según se acreditó en el acta de inspección judicial, asimismo abono certificaciones del agua y la luz, y el hecho de ser menor de edad, no le impide ejercitar la acción de adquirir su derecho propietario conforme a lo normado en los arts. 110 y 138 del CC, que al inicio de su demanda y admisión ya contaba con 26 años, demostrándose por la accionante una consolidada posesión de más de diez años.

4. Contra la referida resolución la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., a través de sus representantes legales interponen recurso de casación de fs. 180 a 185 vta., el cual se analiza.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN

De la revisión del recurso de casación de fs. 180 a 185 vta., interpuesto por la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., a través de sus representantes legales Lizzette Flores Canelas, Edson Vargas Olmos y Marcelo Alfonso Siles Vargas, la entidad recurrente expone como reclamos, los siguientes:

Forma.

1. Reclama violación del Ad quem al art. 333 del Código de Procedimiento Civil, ya que, por Auto 29 de octubre de 2010, el Juez de primera instancia perdió competencia, para emitir el respectivo Auto interlocutorio que declaró por no presentada la demanda, de tal modo que cualquier determinación posterior aquel actuado fue completamente ilegal y contrario a la ley.

Fondo.

Primer punto, denuncian violación, errónea y aplicación indebida de la ley por el Tribunal de Alzada al emitir un Auto de Vista simplista, efectuando una relación de hechos y de actuaciones que en su parecer jurídico no cuenta con fundamentación, argumentación valida en derecho al realizar una inadecuada interpretación de los arts. 4 y 138 del CC. al no cumplirse con los presupuestos legales de la norma.

Segundo punto, arguyen error de hecho por la parte de alzada sobre la valoración selectiva de la prueba, vulnerando el debido proceso y seguridad jurídica e incumpliendo el art. 1286 del CC, al no considerar de manera real y jurídica la prueba de todo lo obrado.

Petitorio.

Solicita que deliberando en fondo se case el Auto de Vista declarando improbada la demanda; o bien, Anule obrados hasta fs. 10.

Respuesta al recurso de casación.

Señala la demandante que con la admisión de su acción de 20 de julio de 2015, ella ya contaba con 32 años de edad, por lo que la empresa recurrente al apersonarse y en su contestación de la demanda no opone ningún argumento respecto a la edad de la demandante, argumentos de apelación que no merecieron pronunciamiento por la segunda instancia debido al principio de per saltum puesto para ese derecho, la entidad recurrente debió instar su apelación y agotar la segunda instancia, asimismo los demandados en ninguna de sus alegaciones mencionan que la demandante no cumplía con el art. 4 del CC, ya que la resolución de primera y segunda instancia debe responder a la petición de las partes y además el juzgador ha extendido su decisión más allá de los límites de la controversia sometida a su consideración.

Petitorio.

Se dicte el Auto Supremo confirmando el Auto de Vista.


CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la usucapión decenal o extraordinaria y sus requisitos.

Este Tribunal Supremo de Justicia, sobre la forma de adquirir la propiedad por usucapión decenal o extraordinaria en conformidad al art. 138 del Código Civil y los requisitos que hacen procedente a dicha acción, emitió una vasta jurisprudencia, correspondiendo en ese sentido, para tal efecto se cita el contenido del Auto Supremo Nº 986/2015 de 28 de octubre, que sobre este modo de adquirir la propiedad señaló: “…La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por solo la posesión continuada durante diez años.” acudiendo a la doctrina podemos citar a Carlos Morales Guillem, quien en su obra Código Civil, Comentado y Concordado en cuanto al tema de la usucapión refiere: “La usucapión es la prescripción adquisitiva del régimen anterior, o modo de adquirir la propiedad de una cosa por la posesión de la misma, durante un tiempo prolongado.” De todo lo referido se puede advertir que el elemento esencial en este tipo de acción es la posesión, criterio que se encuentra en consonancia con el aforismo "sine possesione usucapio contingere non potest" el cual significa "sin la posesión no puede tener lugar usucapión alguna", el art. 87 del citado Código, señala que la posesión consiste en el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, empero, a través de la doctrina y la jurisprudencia se ha establecido que para la procedencia de la posesión es necesario entre otros la existencia de dos elementos constitutivos, uno objetivo, el otro subjetivo: a) el corpus possessionis, es decir, el poder de hecho del sujeto sobre la cosa, el elemento material de la posesión, b) el ánimus possidendi o intención de actuar por su propia cuenta o de alegar para sí un derecho real sobre la cosa.

De lo que se concluye, que la posesión está integrada por dos elementos el corpus y el ánimus (objetivo y subjetivo), al respecto Ihering citado por Néstor Jorge Musto nos indica “…la determinación del elemento corpus depende fundamentalmente de la naturaleza de las cosas y de la forma habitual u ordinaria en que el dueño se comporta frente a ellas, según su especie y según el destino económico que cumplan (…), y lo mismo ocurre con los inmuebles que pueden estar defendidos por obstáculos materiales o, por el contrario, estar abiertos y libres, de modo que no se trata de posibilidades físicas sobre las cosas y de exclusión, también física, de injerencias de extraños, sino más bien de las invisibles barreras creadas por el orden jurídico que hacen posible el uso económico de las cosas, en orden a la satisfacción de las necesidades humanas”. En cambio respecto del ánimus, indica que se requiere de la presencia, en el sujeto, de una voluntad determinada, de tratar la cosa como si le perteneciera, como si fuera dueño. Al respecto Savigny, a tiempo de desarrollar la teoría subjetiva de la posesión, sostuvo que la misma se distingue de la mera tenencia por el hecho de que consta no solo del dominio físico sobre el objeto (o corpus) sino también de la voluntad de comportarse en cuanto a ese objeto como dueño y propietario (animus domini o “intención de tratar como propia la cosa que debe formar el objeto de la posesión”). A partir de esa postulación se conoce y acepta que la posesión supone la existencia de dos elementos que la componen: el corpus y el ánimus, referidos a la relación de hecho del hombre con las cosas y su provecho material sin dependencia o subordinación a otra voluntad”.

De lo expuesto en dicho Auto Supremo, se tiene que para ser viable la usucapión decenal, deben concurrir necesariamente ciertos requisitos, siendo uno de ellos la posesión, que según lo expuesto en el art. 87 del Código Civil, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que, una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismo sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; de igual forma corresponde señalar que los actos de tolerancia no sirven de fundamento para adquirir la posesión (art. 90 del CC.), pues se entiende que en los casos del detentador y tolerado, existe ausencia de animus domini, es decir de actos que solo le competen al dueño de la cosa.

Ahora bien, en el caso de que se acredite que existe posesión, en sus dos elementos, esta debe ser continuada durante 10 años, que implica que la posesión durante ese tiempo se ha ejercido ininterrumpidamente, de forma pacífica porque debe ser ejercida sin perturbaciones, ni alteraciones que signifiquen reclamos por parte del propietario o por un tercero, y de manera pública porque se ha efectuado según la naturaleza del bien, sin ocultar la misma frente al propietario. Reunidos esos caracteres o propiamente dicho requisitos, entonces, se habrá cumplido lo que señala el art. 87 del Código Civil.


III.2. De la valoración probatoria.

El art. 145 del Código Procesal Civil, bajo el nomen juris de “Valoración de la prueba”, establece: “I. La autoridad judicial al momento de pronunciar la resolución tendrá la obligación de considerar todas y cada una de las pruebas producidas, individualizando cuales le ayudaron a formar convicción y cuales fueron desestimadas, fundamentando su criterio. II. Las pruebas se apreciarán en conjunto tomando en cuenta la individualidad de cada una de las producidas y de acuerdo con las reglas de la sana crítica o prudente criterio, salvo que la Ley disponga expresamente una regla de apreciación distinta. III. En la valoración de los medios de prueba, la autoridad judicial, apreciará las mismas tomando en cuenta la realidad cultural en el medio probatorio”, acudiendo a la doctrina podemos citar José Decker Morales en su obra Código de Procedimiento Civil comentarios y concordancia señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”, así también, Víctor De Santo, en su obra “La Prueba Judicial” (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba“El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es“La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla.

Principios que rigen en materia civil, y orientan a los juzgadores en la labor valorativa del universo probatorio introducido al proceso en el sentido de que toda prueba una vez ofrecida por las partes y admitida por el Juez conforme a procedimiento, se convierte en prueba del proceso y no de una sola de las partes, esto con la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente también se aplica el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada, y que el juzgador debe tomar en cuenta, pues está en la obligación de apreciar y valorar las todas las pruebas en su conjunto que deben ser integradas y contrastadas, conforme mandan los arts. 1286 del CC, y 145 del Código procesal Civil, y dentro de los sistemas de valoración de la prueba conforme arroja la citada normativa procesal, permite el sistema de valoración probatoria de acuerdo a las reglas de la prueba tasada en los casos establecidos por ley, y en otros casos de acuerdo al sistema del prudente criterio o a las reglas de la sana crítica, esta última regentada bajo las directrices de la lógica, ciencia y experiencia.

III.3. De la aplicación del principio en caso de preclusión.

Principio de preclusión.- Es concordante con el principio de convalidación, este principio también recibe la denominación de eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos a Eduardo Couture en su obra fundamentos del Derecho Procesal Civil, mismo que define que la preclusión es la “Perdida extinción o consumación de una facultad procesal”, por su parte Luis Juarez Echegaray “afirma que la idea de la preclusión corresponde a un efecto, a una consecuencia, a un límite; la imposibilidad en que se encuentra las partes para ejercitar las facultades procesales más allá de las previsiones que el legislador tuvo en cuenta para concederlos o autorizarlos” de ello se infiere que los actos procesales deben darse en determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse las partes no podrán realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, produciéndose de esta manera la pérdida o extinción de la facultad procesal.

Si bien  los Jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente  vulneración al debido proceso con incidencia al derecho a la defensa, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.

Por lo expuesto, concluiremos señalando que no corresponden los rigorismos que tiendan a producir nulidades por anomalías o vicios procesales que no hayan sido reclamadas en su momento oportuno, toda vez que ha precluído.

CONSIDERANDO IV:

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Corresponde ingresar a considerar los reclamos expuestos en el recurso de casación:

Forma.

La empresa recurrente reclama violación del Ad quem al art. 333 del Código de Procedimiento Civil, ya que por Auto 29 de octubre de 2010, el Juez de primera instancia perdió competencia, para emitir el respectivo Auto interlocutorio que declaró por no presentada la demanda, de tal modo que cualquier determinación posterior aquel actuado fue completamente ilegal y contraria a la ley.

De la revisión de obrados en relación con el Auto de 29 de octubre de 2010 se desprende que la Juez de primera instancia declaró por no presentada la demanda de usucapión decenal de fs. 9, sin embargo a su vez por Auto de 16 de diciembre 2013 de fs. 17 a petición de la parte demandante declaró la reposición de la citada resolución y ordena proseguir con el trámite correspondiente, en audiencia preliminar la autoridad de primera instancia resuelve el incidente de fs. 120 a 127 vta., relacionada la citada resolución de fs. 139 vta. a 140, determinación que al ser rechazada no fue observada ni impugnada por los medios que establece la ley, habiendo precluido su derecho, como refiere en la doctrina aplicable III.3 con relación a este principio se ha determinado que está basada en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales, en sentido de que dicho reclamo no resulta pertinente para su consideración por haber precluido en la etapa procesal, para que la empresa recurrente observe tal punto, puesto que no se puede olvidar que conforme orienta al alusivo principio de preclusión, es decir, por regla general ningún sujeto procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, siendo que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo se considera que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías sustantivas o procesales le sean restituidas, razón por la cual, no amerita realizar mayores consideraciones al respecto por lo que deviene infundado tal observación.

Fondo.

Del análisis al recurso de casación en el fondo se desprende que todos los reclamos de forma armónica observan la valoración probatoria aludiendo: Primer punto, denuncian violación, errónea y aplicación indebida de la ley por el Tribunal de Alzada al emitir un Auto de Vista simplista efectuando una relación de hechos y de actuaciones que en su parecer jurídico no cuentan con fundamentación, argumentación válida en derecho que realizan una inadecuada interpretación de los arts. 4 y 138 del CC al no cumplirse con los presupuestos legales de la norma, como segundo punto, arguyen error de hecho por la parte de alzada sobre la valoración selectiva de la prueba, vulnerando el debido proceso y seguridad jurídica e incumpliendo el art. 1286 del CC, al no considerar de manera real y jurídica la prueba de lo obrado.

Los 2 puntos de controversia acusan que la demanda de usucapión decenal no resulta viable, al respecto es necesario enfatizar los presupuestos que requiere este tipo de acción, de acuerdo a lo vertido en el punto III.1 de nuestra doctrina aplicable, la usucapión es considerada como una forma de adquirir la propiedad en virtud a la posesión que debe ser ejercida durante el tiempo y condiciones previstas por ley, debiendo cumplir la parte que pretenda usucapir, con ciertos requisitos que son necesarios para su procedencia. De esta manera, refiriéndonos a la posesión, diremos que, es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, conforme lo señala el art. 87.I del Código Civil, posesión que debe estar compuesta de sus dos elementos como son el corpus y el animus, entendiéndose al primero como el dominio físico de la cosa y al segundo como la actitud y comportamiento frente al bien como verdadero dueño; asimismo, la posesión a la cual se hace referencia al margen de la concurrencia de los elementos señalados supra, esta debe ser pública, pacífica, continuada y no interrumpida por más de diez años; requisitos básicos para la procedencia de la usucapión decenal o extraordinaria.  

Del examen al Auto de Vista se advierte que sustenta su fallo en que la accionante afirmó haber ingresado en compañía de su familia al inmueble objeto de litis, y que está en posesión por 12 años, lo cual fue acreditado según la declaración de la testigo Elizabeth León en la audiencia de inspección judicial de fs. 135 vta., que declaró conocer a la demandante y que habría ingresado a vivir conjuntamente con su familia hace más 16 años atrás, de igual manera por certificados emitidos de la Cooperativa de Servicios Públicos 1ro de Mayo de fs. 24, que refieren que recién en fecha 10 de octubre de 2007 se efectuó la inscripción de la parte actora como socia según Certificación Rural de Electrificación de fs. 21 señalando que la Guindalina Rojas de Ramírez (madre de la demandante) instaló su conexión eléctrica en fecha 16 de abril de 2008 quien transfirió ese derecho a Pamela Ramírez Rojas en fecha 26 de abril de 2008, y como la demanda fue interpuesta en fecha 26 de octubre de 2010, si bien las certificaciones de fs. 21 y 24 no precisan el tiempo de posesión por más de diez años, empero si logran acreditar su quieta y pacifica posesión, pruebas que en conformidad con todo el elenco probatorio como ser la prueba testifical que fue producida en audiencia de inspección judicial, donde la autoridad de primera instancia realizó una correcta aplicación del principio de inmediación, ya que al interrogar a los vecinos llegó al convencimiento que la posesión es ejercida por más de 10 años, entendimiento que es corroborado por la documental de fs. 10, la cual demuestra la antigüedad de las construcciones, situación que no ha sido refutada o enervada por la empresa recurrente con ningún elemento probatorio, al contrario asumió una actitud totalmente pasiva durante toda la tramitación del proceso.

En consecuencia se puede concluir que el Ad quem cumplió con lo determinado en el punto III.2 donde claramente se estableció que la valoración probatoria es una actividad intelectiva realizada de todo el universo probatorio en aplicación del principio de unidad y comunidad probatoria, contrastando todos los elementos probatorios para determinar cuáles resultan trascendentales y esenciales, es así que la determinación asumida por los de instancia no puede ser modificada en base a simples alegaciones sin sustento objetivo.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 180 a 185 vta., interpuesto por la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., a través de sus representantes legales Lizzette Flores Canelas, Edson Vargas Olmos y Marcelo Alfonso Siles Vargas, contra el Auto de Vista Nº 68/2018 de 7 de marzo, cursante de fs. 174 a 176,  pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costa y costos.

Se regula horario profesional en la suma de Bs.1.000, para el abogado que responde al recurso.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berríos Albizu.