TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A  C I V I L 



Auto Supremo: 83/2019

Fecha:  06 de febrero de 2019

Expediente: LP 142 18 - S

Partes: Marcelo Erik Camacopa c/ Lorenzo Antonio Mamani Quispe y Hebe

           Lourdes Ortuño Ibáñez.

Proceso: Nulidad de Resolución de Declaratoria de Herederos, Nulidad de

               Escrituras Públicas, Cancelación, Rehabilitación y Pago de Daños y

               Perjuicios.

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 911 a 915 vta. de obrados, interpuesto Hebe Lourdes Ortuño Ibañez representada legalmente por Prudencio Zelada Saravia contra el Auto de Vista Nº 226/2018 de fecha 20 de julio, cursante de fs. 908 a 910, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre Nulidad de Resolución de Declaratoria de Herederos, Nulidad de Escrituras Públicas, Cancelación, Rehabilitación y Pago de Daños y Perjuicios seguido por la Marcelo Erik Camacopa contra Lorenzo Antonio Mamani Quispe y la recurrente, la contestación cursante de fs. 917 a 918 vta., la concesión de fs. 927 de obrados, el Auto de admisión del recurso de fs. 931 a 933 vta., los antecedentes del proceso; y:

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Juez Quinto de Partido en lo Civil Comercial de La Paz pronunció Sentencia Nº 58/2016 de fecha 29 de enero, cursante de fs. 830 a 839 de obrados, declarando PROBADA en parte la demanda de fs. 67 a 72, subsanada de fs. 74 a 78 vta. planteada por Marcelo Erik Camacopa sobre Nulidad de Resolución de Declaratoria de Herederos, Nulidad de Escrituras Públicas, cancelación, rehabilitación e IMPROBADA respecto al pago de daños y perjuicios; asimismo se declara IMPROBADA la demanda reconvencional planteada de fs. 88 a 89 vta. subsanada de fs. 102 a 104 por Lorenzo Antonio Mamani Quispe sobre Prescripción del derecho a la sucesión y Nulidad de Escritura Publica No. 580/2009; de igual forma se declara IMPROBADA la demanda Reconvencional sobre resarcimiento de daño planteada de fs. 92 a 93 subsanada de fs. 106 a 107 por Hebe Lourdes Ortuño Ibañez. Sin Costas por ser juicio doble.

En merito dispuso: 1.- Excluir de la sucesión a Susana Camacopa Mamani y Lorenzo Antonio Mamani Quispe, como consecuencia, se declaró la nulidad de la Declaratoria de Herederos, Resolución No. 230/2006 de fecha 27 de marzo de 2007 dictada por el Juez Cuarto de Instrucción en lo Civil, como la nulidad de Escritura Pública No. 377/07 de fecha 20 de abril de 2007, suscrita ante el Notario de Fe Pública - Dr. Roberto Riveros Villalba, así también declaró la Nulidad de la Escritura Pública No. 575/07 de fecha 23 de julio sobre Rectificación de Superficie suscrita por ante Notario de Fe Publica Dr. Roberto Riveros Villalba. 3.-Declaró la Nulidad de Escritura Pública de Compra Venta No. 625/2010 de fecha 01 de junio de 2010, suscrita ante la Notaria de Fe Pública - Dra. Patricia Ampuero Carrillo. 4.- Ordenó la cancelación del Folio Real No. 2.01.0.99.0120099 y la rehabilitación de la Partida No. 1093, Fojas 0584, inscripción de fecha 20 de julio de 1960 del libro capital B a nombre de Mariano Camacopa Calle y Eusebia Mamani de Camacopa.

Contra la referida resolución Hebe Lourdes Ortuño Ibañez representada legalmente por Prudencio Zelada Saravia, mediante memorial cursante de fs. 843 a 844, interpuso recurso de apelación, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 226/2018 de fecha 20 de julio, donde el Tribunal de Alzada en lo trascendental, resolución señaló que:

Resulta ilógico mantener la transferencia constituida en la Escritura Pública No. 625/2010 de 01 de junio, por cuanto la base de la misma es la Escritura Pública No. 327/2007 de 20 de abril, que resulta ser nula, por ende y de acuerdo a lo establecido en el adagio jurídico “Accesorium Sequitur Principale”, mismo que orienta que las cosas accesorias que dependan de las principales, correrán, material, ideal o jurídicamente la suerte de la principal, por lo que al declararse la nulidad de la Escritura base de la transferencia, no queda fundamento para mantener está vigente.

Así también, el hecho de que la recurrente hubiere efectuado la compra-venta de buena fe y que el vendedor en ese momento se hubiere presentado con documentos supuestamente legales, no es causal para mantener la transferencia vigente, por lo que el sustento de la transferencia ya se encontraba viciada de nulidad pues el vendedor no debió ingresar en la sucesión de Susana Camacopa Mamani, en consecuencia la escritura pública de la apelante adolece los mismos vicios de su predecesora, ya que de mantenerse vigente se desconocería de forma flagrante los derechos de sucesión de Susana Camacopa Mamani.

Respecto el incidente de nulidad acusado, si bien el mismo debió ser resuelto por el juez de instancia, esto da curso a que el tribunal de alzada rechace tal incidente,  ya que no resulta lógico pretender nulidad de actuados cuando no fueron impugnados en su debida oportunidad, al margen de que la apelante no fundamentó que derechos le fueron suprimidos con la infracción denunciada, extremo que repercute en el incumplimiento del principio de trascendencia, fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II.núm. 2 del Código Procesal Civil CONFIRMA la Sentencia Nº 58/2016 de 29 de enero, cursante de fs. 830 a 839 y auto de 25 de febrero de fs. 840 vta.

Contra el Auto de Vista la co - demandada Hebe Lourdes Ortuño Ibañez representada legalmente por Prudencio Zelada Saravia interpuso recurso de casación, mediante memorial, cursante de fs. 911 a 915 vta. de obrados, mismo que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II: 

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae en calidad de resumen las siguientes: 

1.- Acusa que el Auto de Vista emitido por el tribunal de alzada al confirmar la sentencia simplemente se limitó a repetir lo señalado en la misma, bajo el razonamiento que afirma no haberse demostrado la concurrencia de la causal de nulidad establecida en el art. 549 inc. 3 del Código Civil, motivo por el cual no existe congruencia en el auto de vista.

2.-  Manifiesta que el Auto de Vista no observa lo señalado por el art. 549 inc. 3 del Código Civil, pues existe prueba plena conforme lo demuestra el art. 1287 del Código Civil consistente en la matricula computarizada emitida por Derechos Reales, certificaciones emitidas por las Notarías de Fe Pública Nro. 028 y 44, informe de fs. 809 a 810, expedido por la Oficina de Derechos Reales; prueba que demuestra que el contrato celebrado por la recurrente con Lorenzo Antonio Mamani Quispe, mediante Escritura Pública Nro. 625/2010 de fecha 02 de junio, en la cual la recurrente adquirió en calidad de compra venta de Lorenzo Antonio Mamani Quispe el bien inmueble, ubicado en la calle cuba de la zona Miraflores, con una superficie de 259 m2 y fue legalmente inscrito bajo la matricula computarizada Nro. 2.01.0.99.0120099, hace plena prueba derechos reales con relación a la legalidad de la compra realizada del bien inmueble objeto de litis.

Por lo que solicita se case el Auto de Vista y se declare improbada la demanda principal.  

De la Respuesta al Recurso de Casación. 

Conforme a la revisión de obrados se puede establecer que mediante memorial cursante de fs. 917 a 918 vta. de obrados Alfonso trinidad Camacopa en calidad de heredero demandante contestó al recurso de casación bajo los siguientes argumentos:

Manifiesta que el recurso de casación presentado por la recurrente es improcedente por que no cumple con los requisitos previstos en el art. 274.I.núm. 3 del Código Procesal Civil, ya que no fundamenta como se habrían infringido normas procesales en la tramitación de la causa o hayan sido aplicadas erróneamente, lesionando la garantía del debido proceso, ya que de forma ambigua se queja del incumplimiento del deber de fundamentación, motivación haciendo simples citas de jurisprudencia, pero no identifica que agravio reclamado en apelación no fue respondido.

Alega que el Auto de Vista ha dado cabal respuesta a cada uno de los supuestos agravios denunciados en el recurso de apelación pese a eso la recurrente reitera el supuesto agravio en casación.

Que, si bien existen documentos públicos, pero estos no destruyen la existencia de ilicitud de la causa que afecta la nulidad de la fraudulenta venta por lo que un documento solo no garantiza la legalidad y licitud de un acto jurídico.

Fundamentos por lo que solicita se declare infundado el recurso de casación.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la Congruencia en las Resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014 y 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso”.

III.2. De la valoración de la prueba.

José Decker Morales en su obra CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL COMENTARIOS Y CONCORDANCIA señala que: “…producida la prueba, el juez comienza a examinarla, tratando de encontrar la existencia del hecho o hechos afirmados por las partes. Finalmente, de ese examen puede salir la verdad, cuando encuentre conformidad de los hechos afirmados, con la prueba producida; también puede suceder lo contrario, “todo depende de la eficacia de los elementos que se hayan utilizado en la investigación”. Este proceso mental Couture- llama “la prueba como convicción”.

Así también, Víctor De Santo, en su obra LA PRUEBA JUDICIAL (Teoría y Práctica), indica: Con relación al principio de unidad de la prueba, “El conjunto probatorio del proceso forma una unidad y, como tal, debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas (documentos, testimonios, etc.), señalar su concordancia o discordancia y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme”.

El principio de comunidad de la prueba es: “La prueba no pertenece a quien la suministra; por ende, es inadmisible pretender que sólo beneficie al que la allega al proceso. Una vez incorporada legalmente a los Autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o la inexistencia del hecho sobre el cual versa, sea que resulte favorable a quien la propuso o al adversario, quien bien puede invocarla”.

En este marco el Tribunal Supremo a través de diversos fallos,  entre ellos el Auto Supremo N° 240/2015 a orientado que: “…respecto a la valoración de la prueba, resulta loable destacar que es una facultad privativa de los Jueces de grado, el apreciar la prueba de acuerdo a la valoración que les otorga la ley y cuando ésta no determina otra cosa, podrán hacerlo conforme a su prudente criterio o sana crítica, según dispone el art. 1286 del Código Civil concordante con el art. 397 parágrafo I de su procedimiento.  Esta tarea encomendada al Juez es de todo el universo probatorio producido en proceso (principio de unidad de la prueba), siendo obligación del Juez el de valorar en la Sentencia las pruebas esenciales y decisivas, conforme cita el art. 397 parágrafo II del código adjetivo de la materia, ponderando unas por sobre las otras; constituyendo la prueba un instrumento de convicción del Juez, porque él decide los hechos en razón de principios de lógica probatoria, en consideración al interés general por los fines mismos del derecho, como remarca Eduardo Couture”.

CONSIDERANDO IV:  

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación, corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

1. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 1, está enmarcado a observar que el Auto de Vista emitido por el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia simplemente se limitó a repetir lo señalado en la misma, pero no se ha demostrado la concurrencia de la causal de nulidad establecida en el art. 549 inc. 3 del Código Civil, no existiendo congruencia en el auto de vista.

Sobre el particular diremos, de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.1, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, toda vez que la resolución de segunda instancia, debe responder a la expresión de agravios, presentados por el apelante, en ese entendido de la revisión del presente proceso, se puede establecer, que el Auto de Vista resolvió aspectos que se encontraban en el recurso de apelación, tales como:

a) Que conforme la Escritura Pública Nº 625/2010 de 1 de junio la apelante adquirió de Lorenzo Antonio Mamani Quispe en calidad de compra venta, el bien inmueble ubicado en la calle Cuba de la zona de Miraflores, con una superficie de 259 m2 inscrito bajo folio real Nº 2.01.0.99.0120099 corroborado a fs. 3, certificaciones de fs. 162 a 189 e informes de fs. 809 a 810 vta., de los cuales se demuestra que ha momento de la suscripción de la compra venta del bien inmueble, el vendedor (co demandado) estaba respaldado por documentos que le otorgaban legitimidad del derecho de propiedad, cumpliendo con las formalidades que conlleva un contrato de compra venta, detalle que no fue considerado en la sentencia, pues determinó que el contrato fue suscrito con causa ilícita, sin tomar en cuenta su buena fe en el momento de la adquisición, por cuanto el acto cumplía con los requisitos exigidos por la ley; al respecto el tribunal de alzada señaló que resulta ilógico mantener vigente la Escritura Pública Nº 625/2010 de 01 de junio, sobre la transferencia del bien inmueble objeto de litis, tomando en cuenta que su base se encuentra constituida en la Escritura Pública Nº 327/2007 de 20 de abril sobre la protocolización de la declaratoria de herederos que resultó ser nula, por ende no cabe fundamento para mantener la transferencia ya que lo sucedido jurídicamente a lo principal marca a lo accesorio, así también el hecho de que la apelante hubiese efectuado la compra-venta de buena fe no es causal para mantener la transferencia vigente, por cuanto su sustento se encontraba viciado de nulidad, pues el vendedor no debió ingresar  a la sucesión de Susana Camacopa Mamani, al hacerlo actuó contra el orden público y las buenas costumbres.

b) Sobre el agravio que se encuentra en el otrosí del recurso de apelación, en el cual la apelante suscita incidente de nulidad al afirmar que no fue notificada con la resolución Nº 213/2012 de fs. 255 a 256 vta., lo cual constituye un defecto de nulidad de obrados por causa de falta de comunicación procesal conforme al art. 106.I de la Ley N° 439; sobre este punto el tribunal de alzada señaló que el mismo debió ser resuelto por el juez de primera instancia, por lo que dicho tribunal rechazó el incidente planteado al resultar ilógico pretender la nulidad de actuados, que no fueron impugnados en su debida oportunidad, al margen de que la apelante no fundamentó los derechos que le fueron suprimidos con la infracción denunciada.

En ese contexto se puede establecer que el Tribunal de Alzada resolvió los agravios presentados en contra la sentencia, infiriéndose en consecuencia que el Auto de Vista es congruente con el recurso de apelación al atender todos los reclamos formulados, no siendo evidente lo manifestado por la recurrente en el entendido de que el tribunal de alzada al confirmar la sentencia simplemente se limitó a repetir lo señalado en la misma, razonamiento que afirma que no se ha demostrado la concurrencia de la causal de nulidad establecida en el art. 549 inc. 3 del Código Civil, por lo que de la revisión exhaustiva del auto de vista en contrastación con el recurso de apelación se tiene que contestó los reclamos acusados en apelación, cumpliendo con el principio de congruencia, aspecto que llevó a que dicho tribunal confirme la sentencia, por lo que este Tribunal establece que el Auto de Vista resolvió la situación jurídica, exponiendo los motivos que sustentaron su decisión, así también justificaron jurídicamente que en la sentencia se emitió un criterio  correcto, en consecuencia actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso de autos, por lo que este Tribunal establece que no es evidente lo acusado por la recurrente, motivo por el cual su reclamo deviene en infundado.

2. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el punto 2, está enmarcado a observar que el auto de vista no consideró lo señalado por el art. 549 inc. 3 del Código Civil, pues existe prueba plena conforme lo demuestra el art. 1287 del Código Civil, consistente en la matricula computarizada emitida por Derechos Reales, certificaciones emitidas por las Notarías de Fe Pública Nro. 028 y 44, informe de fs. 809 a 810, expedido por Derechos Reales; que demuestra el contrato celebrado por la recurrente con Lorenzo Antonio Mamani Quispe, mediante Escritura Pública Nro. 625/2010 de fecha 02 de junio sobre la compra venta del bien inmueble ubicado en la calle cuba de la zona Miraflores con una superficie de 259 m2 debidamente inscrito en derechos reales bajo matricula computarizada Nro. 2.01.0.99.0120099, documentación que hace plena prueba con relación a la legalidad de la compra realizada del bien inmueble objeto de litis.

Partiendo del citado antecedente y de la revisión de obrados se puede establecer que la prueba cursante en autos y mencionada por la recurrente consistente en matricula computarizada Nº 2.01.0.99.0120099 emitida por la oficina de derechos reales, certificaciones emitidas por las notarías de fe pública Nro. 028 y 44, informe de fs. 809 a 810 expedido por la oficina de derechos reales, demuestra la existencia del contrato de compra venta celebrado por la recurrente con Lorenzo Antonio Mamani Quispe, mediante Escritura Pública Nro. 625/2010 de fecha 02 de junio sobre el bien inmueble ubicado en la calle cuba de la zona Miraflores con una superficie de 259 m2, así también dichos documentos tienen plena fe probatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 1287 del Código Civil.

Sin embargo de lo descrito supra se debe establecer que si bien es evidente que la documentación adjunta por la recurrente en obrados sobre la transferencia realizada por Lorenzo Antonio Mamani Quispe en favor de ella, tiene pleno valor legal, empero se debe considerar que dicha transferencia deviene de un  supuesto derecho propietario que le asistía a Lorenzo Antonio Mamani Quispe (co-demandado), adquirido mediante Escritura Publica Nº 327/2007 de 20 de abril de 2007, consistente en la declaratoria de herederos realizada al fallecimiento de Susana Camacopa Mamani.

Consecuentemente de la revisión de la demanda se tiene que la pretensión principal del proceso era la nulidad de la declaratoria de herederos que se encuentra en la Escritura Pública Nro. 327/2007 de 20 de abril, que fue declarada probada en consecuencia se declaró nula dicha Escritura Pública, y por ende todos los actos jurídicos que devienen de la misma resultan nulos, dentro de ellos se encuentra la transferencia realizada por Lorenzo Antonio Mamani Quispe en favor de la recurrente.

En ese entendido se puede establecer que el Tribunal de Alzada, realizó una correcta valoración de la prueba llegando a la conclusión que lo dispuesto por el art. 549 inc. 3 del Código Civil, es aplicable al caso de autos, ya que el vendedor (Lorenzo Antonio Mamani Quispe), no tenía legitimación para ingresar a la sucesión hereditaria de Susana Camacopa Mamani, y al haberlo hecho, a consecuencia de esto al haber transferido  el bien inmueble motivo del proceso actuó en contra de  la normativa legal vigente.

Así también la recurrente debe tener presente, si bien es cierto que a consecuencia de la nulidad de la declaratoria de herederos, se está anulando su Escritura Pública de transferencia, sin embargo el Tribunal de Alzada está salvando sus derechos para que pueda hacerlos valer en la vía correspondiente y ante  autoridad competente, por cuanto la recurrente no quedaría en indefensión.

En ese entendido se puede establecer que no es evidente lo acusado en el recurso de casación, máxime si consideramos que lo indicado por la recurrente sobre la adquisición del bien inmueble de buena fe, no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico toda vez que no existe norma alguna que refiera a la buena fe en casos de nulidad, de dicho análisis se puede señalar que al no ser evidente lo acusado, su reclamo deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I.núm. 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 911 a 915 vta. de obrados, interpuesto Hebe Lourdes Ortuño Ibañez representada legalmente por Prudencio Zelada Saravia contra el Auto de Vista Nº 226/2018 de fecha 20 de julio, cursante de fs. 908 a 910, pronunciado por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sea con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000 (Mil 00/100 Bolivianos).

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.