TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

                                                                                S A L A   C I V I L 



Auto Supremo: 81/2019

Fecha: 06 de febrero de 2019

Expediente: LP-79-18-S.

Partes:  Honorina Buezo Ulloa Vda. de López c/ Luis Reynaldo Ayala Buezo y Ana

             María Magaly Blanca Vásquez.

Proceso: Nulidad de escrituras públicas, acción reivindicatoria y posesión

              restitutoria y pago de daños y perjuicios. 

Distrito: La Paz.

VISTOS: El recurso de casación cursante de fs. 1334 a 1337 de obrados, interpuesto Maria Teresa Lopez Buezo en calidad de heredera de Honorina Buezo Ulloa Vda. de López contra el Auto de Vista Nº S-129/2018 de fecha 16 de marzo, cursante de fs. 1331 a 1332 vta., pronunciado por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre nulidad de escrituras públicas, acción reivindicatoria y posesión restitutoria y pago de daños y perjuicios, seguido por la recurrente contra Luis Reynaldo Ayala Buezo y Ana María Magaly Blanca Vásquez, la contestación cursante de fs. 1339 a 1343 vta., el auto de concesión de fs. 1345 de obrados, el Auto de admisión del recurso cursante de fs. 1350 a 1351 vta., los antecedentes del proceso; y:

CONSIDERANDO I:

ANTECEDENTES DEL PROCESO

El Juez Público Civil y Comercial Cuarto de la Ciudad de La Paz, pronunció Sentencia Nº 665/2016, de fecha 02 de diciembre, cursante de fs. 1292 a 1304 vta. de obrados, declarando IMPROBADA la demanda ordinaria de nulidad de Escritura Pública Nº 487/2002, reivindicación del bien inmueble, más el pago de daños y perjuicios interpuesta por Honoria Buezo Vda. de López y María Teresa López Buezo e IMPROBADA la demanda reconvencional de acción negatoria, reivindicación de acciones y derechos de bien inmueble, más daños y perjuicios incoada por Luis Reynaldo Ayala Buezo sin costas por constituirse en un proceso doble.

Contra la referida resolución María Teresa López Buezo mediante memorial cursante de fs. 1311 a 1314 vta., interpuso recurso de apelación, en conocimiento del mencionado recurso la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció Auto de Vista S-129/2018 de fecha 16 de marzo, cursante de fs. 1331 a 1332 vta., donde el Tribunal de Alzada en lo trascendental de dicha resolución señaló que:

La sentencia fue emitida en fecha 02 de diciembre de 2016 realizando su notificación el 05 de diciembre del mismo año, aspecto contenido en la diligencia de fs. 1305, procediendo posteriormente a la presentación de memorial de fecha 05 de diciembre de 2016, en el cual se observa que tal circunstancia de la no emisión de la sentencia, no está probada más allá de considerar que una emisión de forma inoportuna, no conlleva su nulidad sino establece responsabilidad por la autoridad que no la emitió en su momento, aspecto que no concurrió en el caso de autos.

Así también el Tribunal de Alzada señaló que dentro la sentencia se establece claramente los parámetros probatorios del proceso, así como los ejercitados por las partes y de ellos se habría realizado la debida compulsa y análisis, efectuando motivación respectiva, siendo a criterio del juzgador, claras las conclusiones a las que arriba la autoridad jurisdiccional, con relación a que no se habría aceptado la solicitud de nuevo día y hora para la producción de las pruebas referentes a la parte apelante en función al art. 378 del Código de Procedimiento Civil, sobre este punto de acuerdo a lo indicado en el mencionado artículo se tiene que es una facultad del juez, no pudiendo confundirse con obligación, al efecto de la inobservancia de las partes para producir sus pruebas en cumplimiento de la carga probatoria que les asiste a las mismas y no así al juez, considerando que esta facultad se encuentra a criterio del juzgador, en cuanto refiere a la dificultad u obscuridad de las pretensiones cuando estas no sean claras.

Fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada de conformidad a lo previsto en el art. 218.II núm. 2) del Código Procesal Civil CONFIRMÓ la sentencia Nº 665/2016 de 2 de diciembre cursante de fs. 1292 a 1304 vta.

Contra el Auto de Vista María Teresa López Buezo interpuso recurso de casación, mediante memorial cursante de fs. 1334 a 1337 de obrados, mismo que obtiene el presente análisis.

CONSIDERANDO II:

DEL CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

De las denuncias expuestas por la parte recurrente, se extrae en calidad de resumen las siguientes:

1. Manifiesta que de la revisión del Auto de Vista Nº S-129/2018 de fecha 16 de marzo, el Tribunal de Alzada no ha realizado una revisión exhaustiva del proceso ya que se limitó a dar un análisis de la primera parte de la apelación interpuesta; haciendo hincapié a que la sentencia no habría sido emitida dentro del plazo establecido por ley y que no se habría considerado la recepción de pruebas testificales, o la audiencia de confesión provocada.

2. Acusa que el Tribunal de Alzada no justificó jurídicamente la sentencia, es decir de porque la sentencia es correcta, limitándose a realizar un relato sobre la facultad del juez de realizar una sana critica, cuando el recurso de apelación tenía por objeto que el Tribunal de Alzada enmiende los errores incurridos por el juez de primera instancia.

3. Alega que el Tribunal de Alzada no consideró que la sentencia incumplió con el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, ya que el demandado reconvencionista, en ningún momento ha ofrecido prueba alguna ni dentro de los 5 días que dispone el art. 379 del código de Procedimiento Civil, a diferencia de la recurrente que como heredera forzosa de su madre ofreció y ratificó la prueba procesal, sin embargo el Juez A quo en la sentencia no solamente acepta como presentadas  pruebas del demandado, sino también le otorga el valor correspondiente, en consecuencia el Auto de Vista no ha valorado conforme a derecho.

4. Indica que el Tribunal de Alzada, no ha considerado que el art. 474 del Código Civil, concerniente al error esencial, era la base de su demanda, ello tomando en cuenta que el fundamento de su pretensión versaba en el hecho de que su madre se encontraba privada del sentido de la vista y contaba con 79 años de edad, y aprovechándose de aquello los demandantes le hicieron suscribir el documento demandado de nulidad, al margen de que el Notario de Fe Pública tampoco consideró que tenía una heredera forzosa.

5. Expresa que dentro del Auto de Vista no se hizo referencia a ninguno de los puntos correspondientes al proceso, toda vez que producto de la demanda de nulidad se supone la reivindicación de la propiedad a favor de la madre de la recurrente por lo que el Auto de Vista carece de fundamentación legal, haciendo suponer que se trataría de otra demanda.

Por lo vertido solicita se case el Auto de Vista y se declare probada la demanda en todas sus partes e improbada la reconvención, sea con costas y costos correspondientes de ley.

De la respuesta al recurso de casación.

Conforme a la revisión de obrados se puede establecer que mediante memorial cursante de fs. 1339 a 1343 vta. de obrados Luis Reynaldo Ayala Buezo y Ana María Magaly Blanca Vásquez Valencia respondieron al recurso de casación bajo los siguientes argumentos:

Manifiestan que el recurso de casación incumple con lo señalado en la economía jurídica con relación a los medios de impugnación como es el recurso de casación, ya que además de ser confusa e incongruente, hace referencia a una interpretación errónea y aplicación indebida de la ley al señalar una supuesta falta de apreciación de la demanda, de las pruebas y demás actos que aparentemente fueron infringidos, debiendo ser declarado improcedente y en caso de ingresar al fondo deberá declararse infundado, pues alega la supuesta falta de la aplicación del art. 474 del Código Civil que versa sobre el error esencial, sin embargo no especifica en que consiste la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, que debió en el caso detallar y especificar las supuestas vulneraciones desde los presupuestos del error, limitándose a realizar apreciaciones subjetivas e impertinentes, hablando de error de forma genérica y no de forma específica por lo que no existe claridad y precisión sobre aquellas normas, en consecuencia incumple con los requisitos de admisibilidad que la ley dispone en cuanto la interposición del recurso de casación.

Con relación a la proposición de la prueba y art. 379 del Código de Procedimiento Civil, al respecto los recurrentes señalan que la prueba por su parte fue adjuntada al proceso con la contestación a la demanda y la reconvención, la misma aceptada por el Juez en calidad de prueba pre constituida, documentos que no fueron observados en su oportunidad por la demandante negando o reconociendo su autenticidad conforme señalaba el art. 346 núm. 2) del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia ante el silencio de la parte demandante se determina que las pruebas se tengan por reconocidas.

En cuanto a la falta de apreciación de la aplicación del art. 474 del Código Civil la recurrente no señala si se trataría de un error esencial en el objeto del contrato o en la naturaleza del contrato, y en base a tal determinación fundamentar y probar la existencia del mismo, siendo que la recurrente fundamenta y argumenta el error de forma genérica, al margen de hacer citas doctrinarias y jurisprudencia impertinentes al caso, con la finalidad de causar confusión, con fundamentos que son por demás subjetivos y hasta pusilánimes, que solo demuestran una incapacidad jurídica de la recurrente ya que dichos reclamos en su oportunidad fueron atendidos y fundamentados por el juez A quo y ratificados por el Tribunal de Alzada.

Fundamentos por los cuales solicita se declare infundado el recurso de casación en el fondo manteniéndose valida y subsistente la sentencia.

CONSIDERANDO III:

DOCTRINA APLICABLE AL CASO

III.1. De la congruencia en las resoluciones.

En mérito al principio de congruencia, toda resolución debe reunir la coherencia procesal necesaria, que en el caso de la apelación, encuentra su fuente normativa en el art. 265 del Código Procesal Civil, que se sintetiza en el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum”, que significa es devuelto cuanto se apela, con esto se establece el límite formal de la apelación en la medida de los agravios propuestos en la impugnación, en otras palabras, la función jurisdiccional del órgano de revisión en doble instancia se ve contenido a lo formulado en la apelación por el impugnante.

Al respecto, este Supremo Tribunal de Justicia a través de sus diversos fallos (Autos Supremos Nros. 651/2014, 254/2016) ha orientado que la congruencia de las resoluciones judiciales orienta su comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que: "El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…". Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala: “Que, Todo Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el Tribunal de Alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el Tribunal de Alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”

III.2. De la motivación y fundamentación.

Con respecto a la exigencia de la motivación y fundamentación de las Resoluciones como elemento constitutivo del debido proceso (entendido éste en su triple dimensión), el Tribunal Constitucional a través de sus reiterados fallos, entre estos, en la SC. 1365/2005-R de fecha 31 de octubre de 2005 ha establecido lo siguiente: ".....es necesario recordar que la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda Autoridad que conozca un reclamo, solicitud o que dicte una Resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una Resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió".

Esos entendimientos fueron adoptados también en otros fallos posteriores, como en la Sentencia Constitucional Plurinacional SCP 0903/2012 de fecha 22 de agosto de 2012 precisando que: "...la fundamentación y motivación de una Resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la Resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la Autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la Resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo". De la misma manera se tiene la SCP Nº 2210/2012 de 08 de noviembre de 2012, las mismas que al estar investidos de su carácter vinculante, son de obligatorio cumplimiento.

III.3. De los principios que rigen las nulidades procesales.

Con respecto a este tema tenemos algunos de los principios que regulan la nulidad procesal, los cuales ya fueron desarrollados en varios Autos Supremos emitidos por este Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos el Nº 158/2013 de 11 de abril, 169/2013 de 12 de abril, 411/2014 de 4 de agosto, 84/2015 de 6 de febrero, en virtud a los cuales diremos:

Principio de especificidad o legalidad.- Este principio se encuentra previsto por el artículo 105-I del Código Procesal Civil, en virtud a él "no hay nulidad sin ley específica que la establezca" (pas de nullité sans texte). Esto quiere decir que para declarar una nulidad procesal, el Juez ha de estar autorizado expresamente por un texto legal, que contemple la causal de invalidez del acto. Sin embargo, este principio no debe ser aplicado de manera restringida, pues, resulta virtualmente imposible que el legislador pudiera prever todos los posibles casos o situaciones que ameriten la nulidad en forma expresa, y siguiendo esa orientación la doctrina ha ampliado este principio con la introducción de una serie de complementos, a través de los cuales se deja al Juez cierto margen de libertad para apreciar las normas que integran el debido proceso, tomando en cuenta los demás principios que rigen en materia de nulidades procesales, así como los presupuestos procesales necesarios para integrar debidamente la relación jurídico-procesal.

Principio de Convalidación.- Partiremos señalando que convalidar significa confirmar, revalidar; en esa lógica, cuando se corrobora la verdad, certeza o probabilidad de una cosa, se está confirmando. De esta maneraeste principio refiere que una persona que es parte del proceso o es tercero interviniente puede convalidar el acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión); en otras palabras, si la parte que se creyere perjudicada omite deducir la nulidad de manera oportuna, vale decir en su primera actuación, este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a esta convalidación en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad que se interpreta como aquiescencia frente al acto irregular; por lo expuesto se deduce que la convalidación se constituye como un elemento saneador para los actos de nulidad.

Principio de preclusión.- Concordante con el principio de convalidación tenemos al principio de preclusión también denominado principio de Eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales. A este efecto recurrimos al Dr. Pedro J. Barsallo que refiere sobre el principio de preclusión que: “En síntesis la vigencia de este principio en el proceso, hace que el mismo reparte el ejercicio de la actividad de las partes y del Tribunal, dentro de las fases y periodos, de manera que determinados actos procesales deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia”. De ello se establece que el proceso consta de una serie de fases o etapas en las cuales han de realizarse determinados actos, por lo que una vez concluida la fase procesal, las partes no pueden realizar dichos actos y de realizarlos carecerán de eficacia, surgiendo así una consecuencia negativa traducida en la pérdida o extinción del poder procesal involucrado, pues se entenderá que el principio de preclusión opera para todas las partes.

De dichos principios y concordante con lo desarrollado en el anterior numeral, se deduce que los jueces y Tribunales que administran justicia, tienen el deber ineludible de velar porque se cumplan en el proceso los presupuestos procesales y se observen las garantías del debido proceso, pues si bien es evidente que tienen la facultad de anular de oficio, empero en virtud al principio constitucional de eficiencia de la justicia ordinaria, se encuentran obligados a compulsar los principios expuestos supra, es decir que la nulidad de oficio procederá cuando la ley así lo determine o exista evidente  vulneración al debido proceso en cualquiera de sus componentes, pues lo contrario significa un quebrantamiento al derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones que tienen las partes, los cuales se hallan consagrados en el art. 115-II de la Constitución Política del Estado, preceptos que se sustentan en el principio de celeridad consagrado en el art. 180.I de la referida norma, cuyo texto señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”.

III.4. Error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato.

Al respecto, podemos citar entre otros el Auto Supremo Nro. 921/2015 de 12 de octubre que sobre el tema, ha señalado: “…Para el caso de Autos nos interesa centrar nuestro razonamiento en el denominado error vicio, porque es el error propiamente dicho que afecta al proceso cognoscitivo del sujeto, dado que su voluntad interna se forma en base a un conocimiento equivocado o contrario a la realidad.

El error vicio según el Código Civil, puede ser esencial (art. 474), sustancial (art. Art. 475), o de cálculo (art. 476).

El error esencial, que es el que fundamenta la demanda, según lo previsto por el art. 474 del citado Código Civil, es el que recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato.

Al respecto el Tratadista Carlos Morales Guillen, anota que el error esencial llamado también error-obstáculo, impide la formación del consentimiento o concurso de voluntades, debido a que las partes no están de acuerdo sobre la naturaleza del contrato o sobre la identidad del objeto, de tal manera que hacen sus respectivas manifestaciones de voluntad, pensando que celebran contratos diferentes, o bien que se refieren a cosas distintas, lo cual impide que se forme el contrato.

De lo manifestado precedentemente se establece que el error esencial -que es el argüido por la parte demandante para la nulidad de los contratos de transferencia de inmueble- se da cuando éste recae sobre: a) la naturaleza del contrato; b) el objeto del contrato.

El error sobre el objeto del contrato, es el denominado error in corpore que recae sobre la identidad del objeto o de la cosa, así por ejemplo una de las partes tiene en mente la venta de un inmueble ubicado en una determinada zona y la otra concibe la compra de un bien ubicado en una zona distinta, en cuyo caso no se produce la integración de las voluntades para dar nacimiento al consentimiento.

En ese sentido la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió el Auto Supremo Nº 209, de 17 de junio 2010, a través del cual precisó que: “el error esencial es el concepto equivocado que se tiene de la realidad, consiste en creer verdadero lo que es falso, y viceversa. Atendiendo su gravedad y a los efectos que produce, los artículos 474, 475 y 476 del Código Civil, clasifican al error en: 1) esencial, 2) substancial y 3) de cálculo, respectivamente. Ciertamente el error esencial constituye causa de nulidad según establece el numeral 4) del artículo 549 del Código Civil, empero, éste debe recaer sobre la naturaleza del contrato o sobre el objeto del mismo; cuando una de las partes incurre en él, se dice que no hay acuerdo de voluntades. Cuando el error recae sobre la naturaleza del contrato, cada parte tiene en mira un negocio jurídico distinto, como cuando una entiende concurrir a un empréstito y la otra a una donación, o una entiende arrendamiento y la otra comodato, no hay ni empréstito ni donación, ni arrendamiento ni comodato, porque cada una de las partes ha querido algo diferente, razón por la cual sus voluntades no se han encontrado. En cambio, el error esencial sobre el objeto del contrato, es aquel que recae sobre la identidad del objeto, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra”.

CONSIDERANDO IV:  

FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN

Expuestos como están los fundamentos doctrinales que sustentan la presente resolución, a continuación, corresponde considerar los reclamos acusados en el recurso de casación.

1. Del análisis del recurso de casación se desprende que los reclamos formulados en los  puntos 1 y 2  están enmarcados a observar que en el Auto de Vista Nº S-129/2018 de fecha 16 de marzo, el Tribunal de Alzada no ha realizado una revisión exhaustiva del proceso ya que se limitó a dar un análisis de la primera parte de la apelación interpuesta; haciendo hincapié en que la sentencia no habría sido emitida dentro del plazo establecido por ley, y que no se habría considerado la recepción de pruebas testificales, o la audiencia de confesión provocada, así también refieren que el Tribunal de Alzada no justificó jurídicamente la sentencia, es decir de porqué la sentencia es correcta, limitándose a realizar un relato sobre la facultad del juez de realizar una sana critica, cuando el recurso de apelación tenía por objeto que el Tribunal de Alzada enmiende los errores incurridos por el juez de primera instancia.

Sobre el particular, diremos que de la compulsa de antecedentes y conforme la doctrina aplicable en el punto III.1, la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, toda vez que la resolución de segunda instancia, debe responder a la expresión de agravios, presentados por el apelante, en ese entendido de la revisión del presente proceso, se puede establecer, que el Auto de Vista resolvió aspectos que se encontraban en el recurso de apelación, tales como: a) Que el Juez A quo, no habría emitido la sentencia en forma oportuna emitiéndola fuera de plazo, habiendo perdido competencia; al respecto el Tribunal de Alzada manifestó que la sentencia fue emitida en fecha 2 de diciembre de 2016, notificando con la resolución en fecha 05 de diciembre de 2016, conforme la diligencia cursante a fs. 1305, presentando posteriormente el memorial en fecha 05 de diciembre de 2016, por lo que no es evidente lo acusado en apelación, al margen de que en caso de que la sentencia sea dictada de forma extemporánea no conlleva su nulidad, sino responsabilidad para la autoridad que no la emitió en su momento.

b) Con relación a que no se habría considerado las declaraciones testifícales, y menos aún señalado nueva fecha para la confesión provocada e inspección judicial pese a la solicitud de conformidad a lo establecido por el art. 378 del Código de Procedimiento Civil, al respecto el Tribunal de Alzada señaló que el mencionado artículo le otorga al juez una facultad de ordenar pruebas que no puede ser confundidas con una obligación, en consecuencia de la inobservancia de las partes para producir sus pruebas en cumplimiento de la carga probatoria.

c) Manifiesta que el juez habría valorado las pruebas de la parte demandada, pese a que no fueron ofrecidas dentro de los cinco días como establece la norma, sobre este agravio el Tribunal de Alzada indicó que las vulneraciones conexas a la valoración de la prueba, están enmarcadas a la compulsa de las pruebas existentes dentro del proceso realizadas conforme el art. 397 del Código de Procedimiento Civil y art. 1286 del Código Civil por lo que las pruebas introducidas en la causa fueron valoradas de forma conjunta y no así aislada ya que de no ser aplicada esta norma las pruebas no serían conducentes a la solución efectiva del problema en consecuencia no existiría objetividad ni una conclusión clara motivo por el cual se valoró la prueba aportada por ambas partes, esto bajo el criterio del juzgador.

d) Sobre el agravio concerniente a que la sentencia carece de una debida fundamentación, el Tribunal de Alzada manifestó que el juzgador realizó la motivación respectiva siendo claras las conclusiones arribadas por el juez referente a la demanda principal como a la reconvencional; en ese contexto se puede establecer que el Tribunal de Alzada resolvió los agravios presentados en contra de la sentencia,  infiriéndose que el Auto de Vista es congruente con el recurso de apelación, atendiendo todos los reclamos formulados, no siendo evidente lo manifestado por la recurrente en el entendido que solo hizo el análisis de la primera parte del recurso de apelación, cuando de la revisión exhaustiva del Auto de Vista en contrastación con el recurso de apelación se puede evidenciar la existencia de contestación a todos los reclamos acusados en apelación, cumpliendo con el principio de congruencia, aspecto que llevo a dicho tribunal confirmar la sentencia, de tal manera este Tribunal establece que el Auto de Vista resolvió la situación jurídica, exponiendo los motivos que sustentaron su decisión, así también justificaron jurídicamente que la sentencia es correcta, en consecuencia actuó de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso de autos, conforme lo manifestado en la doctrina desarrollada en el punto III.2, en ese entendido este tribunal establece que su reclamo deviene en infundado.

2. Del análisis del recurso de casación se desprende que el reclamo formulado en el  punto 3  está enmarcado a observar que el Tribunal de Alzada no consideró que la sentencia incumplió con el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, ya que el demandado reconvencionista, en ningún momento ha ofrecido prueba alguna ni dentro de los 5 días que dispone el art. 379 del código de Procedimiento Civil, a diferencia de la recurrente quien como heredera forzosa de su madre ofreció y ratificó la prueba procesal, sin embargo el Juez A quo en la sentencia no solamente acepta como presentadas pruebas del demandado, sino también le otorga el valor correspondiente, en consecuencia el Auto de Vista no realizó una valoración conforme a derecho.

Partiendo del citado antecedente y de la revisión de obrados se puede establecer de acuerdo a la doctrina desglosada en el punto III. 3, algunos de los principios que rigen a las nulidades procesales, los cuales nos ayudaran a dilucidar el presente reclamo son el principio de convalidación referido a que una persona que es parte del proceso puede convalidar un acto viciado, dejando pasar las oportunidades señaladas por ley para impugnar el mismo (preclusión), este hecho refleja la convalidación de dicho actuado, pues con ese proceder dota al mismo de plena eficacia jurídica, a este hecho en doctrina se denomina convalidación por conformidad o pasividad, principio que es concordante con el principio de preclusión también denominado principio de eventualidad que está basado en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, encontrando su fundamento en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que deben desarrollarse los actos procesales de manera que deben corresponder necesariamente a determinados momentos, fuera de los cuales no pueden ser efectuados y de ejecutarse carecen totalmente de eficacia.

En ese contexto en el caso de autos debemos considerar que si bien es cierto que la parte demandada no ofreció prueba después de la calificación del proceso ni dentro de los 5 días que dispone el art. 379 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo de la revisión de obrados se tiene que conforme al memorial cursante de fs. 1124 a 1135 vta. en su última parte, los demandados a momento de contestar la demanda y reconvenir, se ratifican en la prueba documental arrimada en obrados por su parte, dicho aspecto abre la posibilidad que el Juez A quo, pueda valorar esa prueba, continuando con la revisión de los actuados posteriores se puede evidenciar que la parte actora no realizó ningún tipo de observación u oposición sobre la ratificación de prueba realizada por los demandados, en ese entendido y tomando en cuenta que no se observó dicho aspecto de la ratificación de prueba en su oportunidad, se tiene que esa etapa procesal no puede ser abierta nuevamente, habiendo su derecho de impugnar precluido, resultando inviable impugnar en casación causales que no fueron reclamadas oportunamente, en consecuencia dicho reclamo no tiene asidero legal haciendo inviable su análisis.

3. Continuando con la dilucidación de lo acusado en casación, se tiene que el punto 4 está enmarcado a observar que el Tribunal de Alzada, no ha considerado que el art. 474 del Código Civil, concerniente al error esencial, era la base de su demanda, ello tomando en cuenta que el fundamento de su pretensión versaba en el hecho de que su madre se encontraba privada del sentido de la vista y contaba con 79 años de edad, y aprovechándose de aquello los demandantes le hicieron suscribir el documento demandado de nulidad, al margen de que el Notario de Fe Pública tampoco consideró que tenía una heredera forzosa.

Al respecto, y conforme a la doctrina aplicable en el punto III.2, se tiene que el error esencial sobre la naturaleza del contrato se da cuando las partes creen celebrar contratos distintos, es decir cuando ambas partes tienen en mente negocios jurídicos diferentes, y a consecuencia de ello las voluntades de las partes en lugar de integrarse se distancian y no dan nacimiento al consentimiento.

En el caso de autos de la descripción del memorial de la demanda, se puede establecer el planteamiento de la pretensión realizado por la parte actora en el entendido de que la demandante jamás dio plena voluntad para la transferencia del 50% del inmueble ubicado en la Calle Ingavi signado con el Nro. 739, consistente en una superficie de 455 m2, a favor de su sobrino Luis Reynaldo Ayala Buezo ya que ella estaba privada de la vista y no era capaz de leer los documentos que firmaba, al margen de ser una persona anciana de 79 años de edad.

De lo expresado se tiene que en el caso de autos no existió error esencial en la naturaleza del contrato por que ambas partes tanto la vendedora como el comprador tenían presente que se estaba realizando la transferencia de un bien inmueble, máxime si consideramos que tiempo después de la firma de la transferencia plasmada en la Escritura Pública Nro. 487/2005 de fecha 21 de agosto de 2002, la demandante realizó una aclaración de superficie con renuncia de usufructo del mismo bien inmueble mediante Escritura Pública Nro. 522/2002 de 3 de septiembre, que fue realizado por el abogado de confianza de Honorina Buezo Ulloa Vda. de López y no como manifestó en su demanda por esposa del demandado, así también se debe considerar que en obrados no cursa alguna documentación que evidencie que al momento de la suscripción de la transferencia la demandante sufría problemas con la vista hasta el punto de quedar privada de la misma, ya que si bien existe un informe médico de fecha 25 de abril de 2006 emitido por el Dr. Freddy Torrejón Rocabado que refiere“ no es posible establecer la antigüedad del estado de no videncia por no contar con historial médico y quirúrgico previo al examen realizado el día 29 de marzo de 2006 donde solo deben registrarse los hallazgos actuales”.

De dicho contexto, se puede inferir que no existe prueba que evidencie la ceguera de la demandante madre de la ahora recurrente a momento de la suscripción del documento del cual se pretende su nulidad ya que la emisión de dicho certificado es posterior a la suscripción del documento referido, así también se debe tener presente que justo por el periodo de tiempo de la celebración del contrato de transferencia la demandante realizó otros negocios jurídicos con diferentes personas a través de su abogado de confianza, que fue el mismo que realizó la minuta de transferencia de la cual se pretende su nulidad, de todo lo descrito se llega a la conclusión que la parte actora no reunió los presupuestos para la nulidad por error esencial, como ser la existencia de realizar un acto jurídico, y que dentro de ese acto jurídico exista una errónea interpretación de la verdad en la naturaleza del contrato, por lo que se establece que no es evidente lo manifestado por la recurrente ya que el art. 474 del Código Civil no es aplicable al caso de autos, motivo por el cual su reclamo deviene en infundado.

4. Del análisis del recurso de casación, se tiene que el punto 5 está enmarcado a observar que dentro del Auto de Vista no se hizo referencia a ninguno de los puntos correspondientes al proceso, toda vez que producto de la demanda de nulidad se supone la reivindicación de la propiedad a favor de la madre de la recurrente por lo que el Auto de Vista carece de fundamentación legal, haciendo suponer que se trataría de otra demanda.

Al respecto se debe considerar de la revisión del Auto de Vista el mismo hizo referencia a lo suscitado en la demanda, desde la consideración del recurso de apelación, tomando en cuenta que el Auto de Vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior que hubiere sido objeto de apelación y fundamentación, conforme ocurrió en el caso de autos, ya que el Auto de Vista dio respuesta a todos los agravios presentados por la recurrente en el recurso de apelación, resolviendo la situación jurídica, exponiendo los motivos que sustentaron su decisión con la fundamentación clara y precisa, que no implica que dicha fundamentación deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario la fundamentación deberá ser concisa y clara, integrando todos los puntos demandados (conforme doctrina desglosada en el punto III.2), situación dada en el caso de autos ya que el Tribunal de Alzada expuso las razones en las cuales basó y justificó su decisión, fundamentando su disposición en norma jurídica y jurisprudencia, llegando a la conclusión de que no son evidentes los argumentos sustentados en el recurso de apelación, habiendo en consecuencia el A quo emitido la resolución conforme a los datos del proceso y de acuerdo a las normas que rigen la materia, se establece que lo acusado por la recurrente no es evidente, ya que el Auto de Vista no carece de fundamentación legal, consecuentemente su reclamo deviene en infundado.

Consiguientemente, y toda vez que las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes, corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme lo prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.

POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 1334 a 1337 de obrados, interpuesto María Teresa López Buezo en calidad de heredera de Honorina Buezo Ulloa Vda. de López contra el Auto de Vista Nº S-129/2018 de fecha 16 de marzo, cursante de fs. 1331 a 1332 vta., pronunciado por la Sala Civil y  Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

Sea con costas y costos.

Se regula honorario profesional del abogado en la suma de Bs. 1.000.-

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Relator: Mgdo. Dr. Juan Carlos Berrios Albizú.